Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil Mercantil, del Transito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Merida, de 22 de Junio de 2009

Fecha de Resolución22 de Junio de 2009
EmisorJuzgado Superior Segundo en lo Civil Mercantil, del Transito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
PonenteDaniel Monsalve Torres
ProcedimientoCobro De Bolívares Ocasionados Accidente Tránsito

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:

JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA

"VISTOS" CON INFORMES DE LA PARTE ACTORA APELANTE.-

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

El presente expediente se encuentra en esta Alzada, en virtud de la apelación interpuesta el 6 de noviembre de 2006, por el abogado J.L.D.B., en su carácter de coapoderado judicial de la parte actora, ciudadana A.R.R.R., contra la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva dictada en fecha 11 de octubre del citado año, por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en el proceso seguido por la apelante contra los ciudadanos J.R.P.J. y A.H.M., por indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito, mediante la cual dicho Tribunal, actuando de oficio, con fundamento en el ordinal 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y las razones allí expuestas, declaró “CON LUGAR LA PERENCIÓN BREVE DE INSTANCIA […]” (sic) y dispuso que “No se hace pronunciamiento alguno de costas, por la índole parcial de este fallo” (sic). (Las negrillas son del original).

El conocimiento de la referida apelación correspondió por distribución a este Tribunal, el cual, mediante auto de fecha 30 de noviembre de 2006 (folio 134), dio por recibido el presente expediente, disponiendo darle entrada con su nomenclatura propia y el curso de ley, lo cual hizo en esa misma fecha, asignándole el Nº 02797.

De las actas procesales se evidencia que ninguna de las partes promovió pruebas en este grado jurisdiccional.

Mediante diligencia de fecha 25 de enero de 2007 (folio 135), el coapoderado judicial de la parte actora apelante, abogado J.L.D.B., consignó oportunamente escrito de informes ante esta Alzada, no haciéndolo la parte demandada, quien tampoco formuló observaciones a aquéllos.

Por auto de fecha 6 de febrero de 2007 (folio 138), este Tribunal advirtió a las partes que, de conformidad con el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, a partir de día siguiente a la fecha de dicha providencia comenzaría a discurrir el lapso para dictar sentencia en esta causa.

En auto del 9 de abril de 2007 (folio 139), este Juzgado, por encontrarse para entonces en lapso para dictar sentencia y de emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad de dos juicios de amparo que allí se indican, los cuales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, deben ser decididos con preferencia a cualquier otro asunto y, además, porque también se hallaban en estado de sentencia varios procesos más antiguos en materia interdictal y de protección del niño y del adolescente, que, según la Ley, igualmente son de preferente decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, difirió la publicación del fallo a proferir en esta causa para el trigésimo día calendario consecutivo siguiente a la fecha de esa providencia.

Mediante auto del 9 de mayo de 2007 (folio 140), este Tribunal dejó constancia que siendo esa la fecha prevista en el referido auto de diferimiento para dictar sentencia en esta instancia, no la profirió en esa oportunidad, en virtud de que para entonces se hallaba en lapso de emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad el juicio de amparo que allí se indica, así como también varios procesos más antiguos de las mismas materias antes indicadas.

Por auto del 3 de junio de 2009 (folio 143), este Tribunal, a los fines de decidir con mejor conocimiento de causa, acordó solicitar al Juzgado a quo un cómputo de los días transcurridos en el mismo desde el 2 de marzo de 2005, exclusive, fecha en que se admitió la demanda que dio origen a este procedimiento, hasta el 25 de abril de ese mismo año, inclusive, fecha en la cual la parte actora reformó totalmente dicha demanda; y desde el 26 de abril de 2005, exclusive, data en que el a quo admitió la referida reforma, hasta el 11 de octubre de 2006, inclusive, fecha en la que se publicó la sentencia recurrida.

El 11 de junio de 2009, se recibió y agregó al presente expediente oficio Nº 607, de fecha 4 del mismo mes y año, suscrito por el Juez a cargo del Tribunal de la causa, contentivo del cómputo solicitado en el auto mencionado en el párrafo anterior (folios 145 al 147).

Encontrándose la presente causa en estado para dictar sentencia en esta instancia, procede este Juzgado Superior a proferirla, en los términos siguientes:

I

DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

VERIFICADAS EN LA PRIMERA INSTANCIA

El presente procedimiento se inició mediante libelo (folios 1 al 4), presentado el 28 de febrero de 2005, el cual correspondió por distribución al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, por la ciudadana A.R.R., asistida por los abogados I.V.R. y J.L.D.B., mediante el cual, con fundamento en los artículos 1.173 y 1.185 del Código Civil; 157 del Decreto con fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en concordancia con el artículo 16, 588 y 590 del Código de Procedimiento Civil y las razones allí expuestas, interpuso contra los ciudadanos J.R.P.J. y A.H.M., formal demanda para que convinieran en pagarle o, en su defecto fuesen constreñidos por el Tribunal, la cantidad de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (antiguos) (Bs. 12.500.000,oo), por concepto de indemnización de daños y perjuicios materiales, sedicentemente ocasionados a un vehículo de su propiedad, en accidente de tránsito ocurrido el 25 de agosto de 2004, en la avenida “Centenario” de la ciudad de Ejido, Municipio Campo E.d.E.M..

Junto con el escrito libelar, la demandante produjo los documentos que obran agregados a los folios 5 al 66.

Mediante auto de fecha 2 de marzo de 2005 (folios 67 y 68), el prenombrado Tribunal --a cargo para entonces del Juez Provisorio, abogado A.B.-- por considerar que dicha demanda no es contraria “al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa en [sic] la Ley” (sic), la admitió cuanto ha lugar en derecho; y, en consecuencia, ordenó la citación de los demandados, ciudadanos J.R.P.J. y A.H.M., el primero en su carácter de conductor del vehículo involucrado en el accidente en referencia, y el segundo en su condición de propietario del mismo, para que comparecieran por ante ese Juzgado dentro de los veinte días de despacho siguientes a aquel en que constara en autos “las resultas de la última citación ordenada” (sic), mas tres días que les concedió como término de distancia, en cualquiera de las horas señaladas en la tablilla de ese Tribunal, a dar contestación a la referida demanda. Asimismo, ordenó se libraran los “Recaudos de Citación a la demandada [sic]”, disponiendo que debían anexarse a los mismos copia fotostática certificada del libelo de la demanda junto con la orden de comparecencia al pie para que quedaran en poder de los demandados y se remitieran al “Juzgado del Municipio Agua Blanca y San Rafael de Onoto del Estado Portuguesa” (sic), al cual comisionó para hacer efectivas tales citaciones. Igualmente, acordó la citación del codemandado J.R.P.J., para que compareciera por ante ese Juzgado en el segundo día de despacho siguiente a aquel en que haya tenido lugar la contestación de la demanda, a las nueve de la mañana, a fin que absolviera las posiciones juradas que le formulara la actora, disponiendo que ésta debía absolver las que aquél les formulara a las nueve de la mañana del segundo día de despacho siguiente a aquel en que el referido codemandado comenzara a absolver. Finalmente, a los fines de emitir pronunciamiento sobre la medida de embargo solicitada en el libelo, dicho Tribunal ordenó formar cuaderno separado.

En nota inserta al folio 68 del presente expediente, la Secretaria titular del Tribunal a quo dejó expresa constancia que “En la misma fecha se formó expediente, se le dio entrada bajo el N° 20878” (sic); que “no se libraron los Recaudos de Citación ordenados por cuanto no hay fotostatos para certificar” (sic) y que “se ordenó formar cuaderno separado de medida, pero no se formó el mismo por cuanto no hay fotostatos para la formación de dicho cuaderno” (sic). Finalmente, dicha funcionaria exhortó a la actora a consignar tales fotostatos mediante diligencia.

Por diligencia del 25 de abril de 2005 (folio 69), la demandante, ciudadana A.R.R., asistida por el abogado J.L.D.B., consignó escrito que obra agregado a los folios 70 al 73, por el cual, con fundamento en el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, procedió a reformar la demanda propuesta. Asimismo, produjo dos juegos de copias fotostáticas del referido escrito, a los fines de que se procediera a la “elaboración de las boletas de citación” (sic).

Por auto de fecha 26 de abril de 2005 (folios 75 y 76), el a quo se pronunció respecto a la reforma de la demanda propuesta, y por considerar que la misma no es contraria al “a la ley, al orden público y a las buenas costumbres” (sic), la admitió cuanto ha lugar en derecho por el procedimiento oral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto Ley de T.T., en concordancia con los artículos 859 y 865 del Código de Procedimiento Civil; y, en consecuencia, ordenó la citación de los demandados, ciudadanos J.R.P.J. y A.H.M., con el carácter antes expresado, para que comparecieran ante ese Juzgado dentro de los veinte días de despacho siguientes a aquel en que se dejara constancia en autos de “las resultas de la última citación ordenada” (sic), mas tres días que les concedió como término de distancia, en cualquiera de las horas señaladas en la tablilla de ese Tribunal, a dar contestación a la referida demanda. Asimismo, ordenó se libraran los “recaudos de citación a la parte demandada” (sic) y se anexaran a los mismos “copia fotostática certificada del libelo de la demanda original y su reforma” (sic) y de ese auto, junto con la orden de comparecencia al pie, para que quedaran en poder de los demandados, disponiendo, de conformidad con los artículos 218 y 345 del citado Código, entregar tales recaudos a la parte actora, a los fines que hiciera efectiva la citación de los demandados por intermedio de otro Alguacil o Notario de la “jurisdicción” (sic) donde éstos se encontraran domiciliados. Igualmente, dicho Tribunal acordó las posiciones juradas solicitadas para que fuesen absueltas por el codemandado J.R.P.J., a cuyo efecto ordenó su citación para que compareciera ante ese Juzgado en el segundo día de despacho siguiente a aquel en que haya tenido lugar la contestación de la demanda, a las nueve de la mañana. Asimismo, fijó oportunidad para que la demandante compareciera a absolver las posiciones que recíprocamente le formulara el susodicho litisconsorte. Finalmente, a los fines de emitir pronunciamiento sobre la medida de embargo solicitada en el libelo, dicho Tribunal ordenó formar cuaderno separado con copias certificadas del libelo de la demanda y su reforma, de los “documentos fundamentales de la acción” (sic), del referido auto, así como de cualquier otro instrumento que la actora considerara conveniente.

Por diligencia del 1º de junio de 2005 (folio 77), la demandante de autos, ciudadana A.R.R., asistida por el abogado J.L.D.B., expuso que consignaba en “diecisiete (17) folios útiles sendas copias fotostáticas del libelo de la demanda y el auto de admisión” (sic), a los fines de que se libraran “las correspondientes boletas de citación” (sic). Asimismo, expresó que “Las copias correspondientes a la Reforma de la Demanda están en el expediente” (sic).

En esa misma fecha --1° de junio de 2005-- (folio 78), la actora confirió poder apud acta a los profesionales del derecho I.V.R. y J.L.D.B..

Mediante auto del 22 de junio de 2005 (folio 79), el Tribunal de la causa, por observar que mediante la referida diligencia la demandante consignó “los fotostatos del libelo de la demanda y su reforma” (sic) a los efectos de la elaboración de los recaudos de citación de los demandados, ordenó la certificación y el libramiento de los mismos “en los términos del auto de fecha 26 de abril de 2005” (sic) e igualmente dispuso que, hecho lo cual, se entregaran a la parte demandante, quien debería recibirlos mediante diligencia.

Por auto de fecha 3 de agosto de 2005 (folio 80), el nuevo Juez Temporal del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, abogado J.C.G.L., se abocó al conocimiento de la presente causa; y, con fundamento en los artículos 14, 202 y 233 del Código de Procedimiento Civil, ordenó notificar de tal abocamiento a la parte actora, haciéndole saber que el proceso se reanudaría en el estado en que se encontraba para el momento en que el Juez Provisorio de ese Juzgado fue removido de su cargo, en el primer día de despacho siguiente a aquel en que constara en autos las resultas de la notificación ordenada, pasados que fueran diez días consecutivos. Asimismo advirtió que, una vez vencido el lapso señalado, comenzaría a correr el lapso establecido en el artículo 90 eiusdem. Finalmente, ordenó librar la correspondiente boleta de notificación, disponiendo que ésta debía practicarse en el domicilio procesal indicado por la demandante o, en su defecto, mediante su fijación en la cartelera de ese Tribunal.

Por diligencia del 16 de noviembre de 2005 (folio 82), el coapoderado actor, abogado J.L.D.B., en nombre de su mandante, se dio por notificado del abocamiento del prenombrado Juez Temporal a la presente causa.

Mediante diligencia del 5 de diciembre de 2005 (folio 83), el mencionado coapoderado de la parte actora solicitó al a quo ordenara la elaboración de los recaudos de citación de los demandados, en virtud que aún no habían sido librados; pedimento éste que fue denegado por dicho Tribunal en auto dictado el 9 del mismo mes y año (folio 84), por considerar que, en auto dictado el 22 de junio del mencionado año, cursante al folio 79 del presente expediente, se dispuso librar tales recaudos “en los mismos términos del auto de fecha 26-04-2005 [sic]” (sic) y hacer entrega de los mismos a la parte actora. Por ello, se instó a ésta para que, mediante diligencia, retirara los recaudos de citación en referencia.

En diligencia del 9 de febrero de 2006 (folio 85), el coapoderado actor, abogado J.L.D.B., dejó expresa constancia que recibió en ese acto los recaudos de marras, a los fines de hacer efectiva la citación de la parte demandada.

Por diligencia del 29 de marzo de 2006 (folio 86), el prenombrado profesional de derecho, con el carácter indicado, consignó copia fotostática de las actuaciones procesales requeridas por el a quo para la formación del cuaderno de embargo solicitado en el libelo, el cual éste ordenó abrir por auto dictado el 3 de abril del citado año (folio 87).

Mediante diligencia de fecha 22 de mayo de 2006 (folio 88), el abogado I.V.R., consignó ante el Tribunal de la causa instrumento poder que le fuera conferido, junto con el profesional del derecho J.L.D.B., por la demandante de autos, ciudadana A.R.R.R.. Asimismo, pidió se le hiciera entrega de “los recaudos contentivos del cuaderno de embargo” (sic), a los fines de gestionar la práctica del mismo.

El 2 de octubre de 2006, compareció ante la Secretaria del Tribunal de la causa el coapoderado actor, abogado J.L.D.B., y consignó la diligencia que obra al folio 92, que suscribió junto con dicha funcionaria, mediante la cual expresó que consignaba en ese acto “las boletas de citación” (sic) de los demandados, a los fines que fuesen librados nuevos recaudos, en virtud de que en ese Tribunal hubo “cambio de Juez” (sic) y no había sido posible citar a aquéllos. Finalmente, solicitó “el Avocamiento [sic] del ciudadano Juez” (sic); se dio por notificado del “Avocamiento” (sic) y pidió que, una vez librados los recaudos de marras, se nombrara correo expreso, a los fines de su traslado a la ciudad de Acarigua, Estado Portuguesa.

Mediante auto del 11 de octubre de 2006 (folio 120), el Tribunal de la causa ordenó realizar por Secretaría “un cómputo de los días de despacho trascurridos en el proceso, desde el día [sic] nueve (09) [sic] de febrero del 2006, exclusive, fecha en que el abogado en ejercicio Dugarte Barrios J.L. apoderado de la parte actora retira conforme los recaudos de citación de la parte demandada para hacer efectiva la misma a través de otro tribunal, tal como consta al folio 85 del expediente, hasta el día [sic] dos (02) [sic] de octubre de 2006, inclusive, a los fines de determinar si hay o no perención breve en la presente causa, conforme lo establecido en el ordinal 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. A los fines de determinar si hay o no perención de instancia por falta de impulso procesal de las partes” (sic).

En cumplimiento de lo ordenado en la referida providencia, la Secretaria titular del a quo, en nota de esa misma fecha --11 de octubre de 2006-- (folio 120), dejó constancia que, desde el 9 de febrero de 2006, exclusive, hasta el 2 de octubre de 2007, inclusive, transcurrieron “CIENTO SEIS DIAS (sic) DE DESPACHO (106)” (sic).

También en esa misma fecha --11 de octubre de 2006--, el a quo dictó la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva apelada, mediante la cual dicho Tribunal, actuando de oficio, en la parte dispositiva de la misma, con fundamento en el ordinal 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y las razones allí expuestas, declaró “CON LUGAR LA PERENCIÓN BREVE DE INSTANCIA […]” (sic) y dispuso que “No se hace pronunciamiento alguno de costas, por la índole parcial de este fallo” (sic). (Las negrillas son del original).

Por diligencia presentada el 31 de octubre de 2006 (folio 126), la demandante, asistida por el abogado A.O.M.V., solicitó ante el a quo expidiera copia certificada de la totalidad del presente expediente, incluyendo su carátula.

Mediante diligencia de fecha 6 de noviembre de 2006 (folio 128) el profesional del derecho, J.L.D.B., en su carácter de coapoderado actor, interpuso oportunamente recurso de apelación contra la referida sentencia, el cual, mediante auto del 23 de noviembre de ese mismo año (folio 131), fue admitido en ambos efectos y, en consecuencia, remitió al Juez Superior distribuidor de turno el presente expediente, cuyo conocimiento, como antes se expresó, correspondió a este Tribunal.

II

TEMA A JUZGAR

Planteada la controversia cuyo reexamen ex novo fue elevado por vía de apelación al conocimiento de este Tribunal de Alzada, considera el juzgador que la cuestión a dilucidar en este grado jurisdiccional se reduce a determinar si en el caso de especie se consumó o no la perención de la instancia, como lo declaró el a quo con fundamento en el ordinal 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en la parte dispositiva de la sentencia recurrida y, por ende, si ésta debe ser confirmada, revocada, modificada o anulada.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinado el thema decidendum de la presente sentencia, procede seguidamente el juzgador a emitir decisión expresa, positiva y precisa al respecto, lo cual hace sobre la base de los motivos de hecho y de derecho que se exponen a continuación:

  1. Nuestro legislador procesal, con el propósito de evitar que se eternicen las causas por falta de impulso de los interesados, ha consagrado la figura de la perención de la instancia, la cual constituye una sanción para la inactividad de las partes que, después de iniciado el procedimiento mediante la proposición de la demanda, negligentemente se abstienen de dar debido impulso al proceso para que éste llegue a su destino final y normal que es la sentencia.

    En efecto, en nuestro sistema procesal civil la perención de la instancia se encuentra expresamente regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que entró en vigencia el 16 de marzo de 1987, el cual, in verbis, expresa:

    "Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

    También se extingue la instancia:

    1 Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

    2 Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

    3 Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la Ley le impone para proseguirla".

    Conforme al texto de la disposición legal precedentemente transcrita, la cual, ex 22 del Código de Procedimiento Civil, resulta aplicable al presente procedimiento oral, tres son las modalidades de la perención de la instancia:

    1. la perención genérica ordinaria por mera inactividad procesal de cualquiera de las partes, que es aquella que se consuma por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento;

    2. la perención por inactividad citatoria que opera por el incumplimiento del actor de sus cargas y obligaciones legales para que sea practicada la citación del demandado; y

    3. la perención por irreasunción de la litis, que es aquella que se produce cuando los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa en suspenso por el fallecimiento de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraban, ni dado cumplimiento a las obligaciones que les impone la ley para proseguirla.

    El artículo 269 eiusdem dispone que la perención se verifica de derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse de oficio por el Tribunal.

    Es de advertir que las normas que rigen la perención de la instancia son de eminente orden público, no pudiendo en consecuencia ser subvertidas en modo alguno por el Juez, ni aun con la aquiescencia expresa o tácita de la partes; y que, dado el carácter sancionatorio de la perención, las causas legales que la determinan son taxativas, no siendo por ende dable su aplicación analógica o extensiva.

    La perención por inactividad citatoria, contemplada en los ordinales 1º y 2º del precitado artículo 267 del vigente Código de Procedimiento Civil, se consuma cuando el actor, dentro del término de treinta días contados a partir de la admisión de la demanda o su reforma, según el caso, incumple las obligaciones que la ley le impone para lograr la citación del demandado o demandados.

  2. Desde la entrada en vigencia del mencionado Código Ritual, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, han surgido criterios diversos sobre el sentido y alcance de las normas contenidas en los ordinales 1º y 2º de su precitado artículo 267.

    Así, en sentencia de fecha 22 de abril de 1992 (caso: E.S.C. y otra contra El Porvenir Entidad de Ahorro y Préstamo), dictada por la antigua Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, bajo ponencia del Magistrado Dr. R.P.B., se estableció:

    "La única obligación establecida por ley, a cargo de la parte, para lograr la citación es el pago de los aranceles, pues las actuaciones subsiguientes corresponde realizarlas al Tribunal, de acuerdo al artículo 218 señalado acertadamente como aplicable por el recurrente. En consecuencia, el demandante dio cumplimiento a su obligación legal al pagar los derechos fiscales, y cumplida esa actividad no comienza a contarse nuevo lapso de treinta días para la perención, como lo decide la recurrida, pues la disposición aplicada se refiere a treinta días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda, y no a partir de cualquier otra fecha".

    La doctrina de Casación vertida en el fallo antes transcrito parcialmente, de que las únicas obligaciones legales a cargo del actor están constituidas por el pago de los derechos fiscales por compulsa y citación, fue reiterada por la misma Sala mencionada en sentencias de fechas 31 de marzo de 1993 (caso: A.L.S. contra C.A. Inmuebles La Primicia), 19 y 27 de octubre de 1994, y del 8 de febrero de 1995.

    Posteriormente, en fallos dictados el 26 de abril de 1995 (caso: Ernesto Estévez León contra Asesoría Integral de Sistemas Industriales y Tecnología de Alimentos, C.A.) y 29 de noviembre del mismo año, la prenombrada Sala modificó la doctrina a que se ha hecho referencia; y al efecto sostuvo que, aun cuando el actor cancelara los derechos arancelarios previstos en la Ley, se producía la perención de la instancia si éste no consignaba ante el Tribunal de la causa la información pertinente para que fuese practicada la citación de la parte demandada.

    Mas, sin embargo, en sentencia proferida el 6 de agosto de 1998, la antigua Sala de Casación Civil abandonó la doctrina sustentada en las sentencias referidas en el párrafo anterior, y retomó, ampliándola, la que había modificado en virtud de tales fallos. En esta decisión, entre otras argumentaciones, se expresó:

    "Por tanto, las normas atinentes a la perención de interpretación restrictiva, por su naturaleza sancionatoria, a juicio de la Sala y con vista al contenido del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, basta con que el recurrente cumpla con alguna de las obligaciones que la ley le impone a los fines de practicar la citación del demandado, antes referidas, para que no se produzca la perención ya que las actuaciones subsiguientes, como se expuso en el fallo del 22 de abril de 1992, antes citado, corresponden íntegramente realizarlas al tribunal de la causa de conformidad con lo indicado en el artículo 218 ejusdem; y sin que la parte tenga ingerencia alguna en esas actuaciones subsiguientes, sino que las mismas están a cargo del tribunal.

    El ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil tiene como supuesto de hecho para que se produzca la perención de la instancia, que el actor no cumpla con las obligaciones que la ley le impone para que se practique la citación del demandado. La mención de la palabra obligaciones en la norma en comento está en plural. Por argumento en contrario, como ante se refirió, si el actor cumple con alguna de las obligaciones que tiene a su cargo, es evidente que no opera la aplicabilidad del supuesto de hecho del ordinal 1º del artículo 267, el cual exige para aplicar la sanción allí prevista que no se cumpla con las obligaciones.

    Podría sostenerse que el desideratum perseguido por el legislador era y es sin duda alguna que la actora activara la prosecución del juicio. Pero a criterio de la Sala la interpretación que cabe del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y la cual se hace en el presente fallo, no deja lugar a dudas, en lo atinente a que si el actor cumple con alguna de las obligaciones que tiene a su cargo, entonces no se producirá la perención de la instancia.

    La Sala con base a lo antes expuesto, abandona su doctrina contenida en sentencias (sic) del 26 de abril de 1995 (Ernesto Estévez León contra Asesoría Integral de Sistemas Industriales y Tecnología de Alimentos, C.A.), en la cual sostuvo que aún cuando el actor cancelara los derechos arancelarios previstos en la ley se producía la perención de la instancia si no consignaba ante el tribunal de la causa la información pertinente para que fuese practicada la citación de la parte demandada; pues se reitera que a los efectos de lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, para que no se produzca la perención de la instancia que dicha norma contempla, basta con que la parte actora cumpla con alguna de las obligaciones que le impone la ley, en lo relativo al pago de los aranceles para la práctica de la citación y subsiguiente emisión de la compulsa. Sin que sea una obligación legal atribuible al actor el informar al tribunal acerca de la dirección o domicilio del demandado, pues a lo sumo sería una carga, muy distinta a una obligación. Cualquier irregularidad en relación con la práctica de la citación personal del demandado, conforme lo señalado en el artículo 215 ejusdem, por cuanto el actor instó a citar al demandado en otro lugar que no fuera su domicilio, frustrando con ello la citación personal, lo que podría acarrear sería un vicio en la citación sujeto a una posible reposición de la causa si la parte afectada no convalidó el mismo.

    Igualmente, la Sala con base a los razonamientos expuestos en esta decisión, y a lo indicado en un fallo del 10 de marzo de 1998 (Alfredo A.C.E. y otra contra Centro de Rehabilitación Odontológica Cendero, S.R.L.), ratifica el abandono de su doctrina contenida en fallo del 29 de noviembre de 1995 (Juan A.N.L. y otra contra J.H.J. y otra) (omissis).

    La Sala ahondando en la materia, considera que una vez el demandante cumpla con alguna de las obligaciones que le impone la ley para practicar la citación del demandado, deja de tener aplicación el supuesto de hecho del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y no se producirá la perención breve de la instancia allí prevista; sino que en ese caso de no mediar actividad procedimental de las partes por el transcurso de un (1) año, se producirá entonces la perención de que trata el encabezamiento del artículo 267.

    En relación con la doctrina contenida en el fallo del 29 de noviembre de 1995 la cual aquí se abandona, la Sala encuentra que la única exigencia de que trata el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil para que no se produzca la perención, es que el actor no cumpla con todas las obligaciones que tiene a su cargo. Por ende, al cumplir al menos con alguna de ellas ya no opera el supuesto de hecho de la norma. Además de que luego del pago del arancel judicial respectivo para la citación del demandado las actuaciones subsiguientes corresponden realizarlas íntegramente al tribunal, pues el Alguacil es el único que puede proceder a practicar la citación. A lo sumo y sin que su falta haga que se produzca la perención, la parte actora podría solicitar que se le entregue la compulsa, lo cual no sucedió en el caso de autos, para practicar la citación a través de otro Alguacil o Notario Público, según las previsiones del artículo 345 ejusdem.

    Por tanto, si las actuaciones subsiguientes a ser realizadas luego del pago de la planilla de arancel judicial para el libramiento de la compulsa y boleta, así como para el traslado del Alguacil escapan del control de la parte actora, es imposible sostener que entre cada hecho para la citación, como erróneamente se estableció en la sentencia del 29 de noviembre de 1995 aquí abandonada, no debe mediar un lapso de treinta (30) días sin que pueda ser causal de perención de la instancia que el actor, luego de cumplir con alguna de las obligaciones que le impone la ley, abandone el íter procesal de no realizar el acto inmediato subsiguiente, pues justamente esos actos en gran medida, si no todos, dependen del comportamiento y actuación de los funcionarios del tribunal.

    En resumen, la doctrina de la Sala en la materia es que para que se produzca la perención de la instancia contemplada en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el actor debe incumplir con todas las obligaciones que la ley le impone para practicar la citación del demandado. Asimismo, que una vez el actor cumpla con alguna de sus obligaciones no tiene ya aplicación la perención breve de que trata el citado ordinal 1º del artículo 267, pues las actuaciones subsiguientes para la citación del demandado corresponden al tribunal de la causa y no tiene que mediar un lapso de treinta (30) días en el íter procesal, sino que para que se produzca la perención de la instancia tendría que transcurrir un año sin que medie la ejecución de algún acto de procedimiento por las partes (omissis)" (las mayúsculas son del texto reproducido y las negrillas son añadidas por esta Superioridad).

    Debe señalarse que, en virtud del principio de la gratuidad del proceso jurisdiccional consagrado en los artículos 26, único aparte, y 254, in fine, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que entró en vigor desde su publicación en la Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 1999, la doctrina jurisprudencial de Casación vertida en el fallo supra inmediato transcrito parcialmente, según la cual las únicas obligaciones legales a cargo del actor para la práctica de la citación son las arancelarias, perdió vigencia. Por ello, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 6 de julio de 2004, en el juicio seguido por el ciudadano J.R.B.V., contra la sociedad de comercio Seguros Caracas Liberty Mutual, bajo ponencia del Magistrado Dr. C.O.V., estableció nueva doctrina al respecto, en los términos siguientes:

    (Omissis)

    A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos.

    Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los jurisdicentes de instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación contemplada en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, ya que –al parecer- no ha sido sometido a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (cargas) que impone la Ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, para dilucidar –contrariamente a lo que ha venido afirmado la casación- esto es, que sí es procedente la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1º destinadas al logro de la citación, NO SON SOLAMENTE DE ORDEN ECONÓMICO.

    El precitado artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial señala:

    ‘Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto.

    El Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, respectivamente fijarán, periódicamente, mediante resolución el monto de los gastos de manutención y de hospedaje que habrán de pagar los interesados’.

    En ese sentido, es imperante profundizar sobre razonamientos valederos tanto para la emergencia arancelaria como para la actual concepción de la gratuidad en la justicia, con mayor fundamento para esta última:

    Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.

    En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial, normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.

    Conforme al contenido del artículo 2 de la Ley Arancel Judicial, el arancel se constituía en un ingreso público que tenía por objeto coadyuvar en el logro de la mayor eficiencia del Poder Judicial, permitiendo que dicho tributo fuese proporcional y facilitara el acceso a la justicia de todos los sectores de la población; y como tal ingreso público, quedaba dentro de la clasificación que el legislador ha consignado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional como rentas ordinarias.

    Empero, al lado de esta derogada obligación tributaria (ingreso público, según el art. 2 de la Ley de Arancel Judicial, que era percibido por los institutos bancarios con convenio con la hoy suprimida Oficina Nacional de Arancel Judicial), están las obligaciones PREVISTAS EN LA MISMA LEY DE ARANCEL JUDICIAL QUE NO CONSTITUYEN INGRESO PÚBLICO NI TRIBUTOS NI SON PERCIBIDAS POR LOS INSTITUTOS BANCARIOS en sus oficinas receptoras de fondos nacionales, es decir, obligaciones que no son aranceles judiciales y, por ende, dichas obligaciones que pueden ser o no dinerarias NO SON DESTINADAS A COADYUVAR EL LOGRO DE LA EFICIENCIA DEL PODER JUDICIAL NI A PERMITIR EL ACCESO A LA JUSTICIA (art. 2 de la Ley de Arancel Judicial) NI A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL (art. 42, ord. 4º de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional) las cuales mantienen plena vigencia.

    Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo –además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione- los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro.

    Nadie osaría discutir ni poner en duda que el contenido del artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, constituye una obligación que el demandante debe satisfacer cuando la citación del demandado haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros del lugar o recinto donde el Tribunal tiene su sede, ni nadie podría afirmar que el contenido económico de esta obligación pueda ser calificado de arancel judicial o ingreso público tributario. En efecto, lo que se pague por transporte, hospedaje o manutención del funcionario judicial Alguacil (en caso de citación para la contestación de la demanda) no está destinado a coadyuvar al logro de la eficiencia del Poder Judicial ni para que todos tengan acceso a la justicia ni tampoco era pagado en las instituciones bancarias con las cuales la extinta Oficina Nacional de Arancel Judicial había celebrado convenios para la percepción de los tributos. Los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede el Tribunal, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante –según el caso- ya que se repite, no responde al concepto de ingreso público de carácter tributario, y cuyos montos ingresan al patrimonio del transportista, hotelero o proveedor de estos servicios. No ingresaban al patrimonio nacional que administraba la extinta Oficina Nacional de Arancel. De allí que, tales obligaciones a cargo del demandante para la obtención de la citación, como se indicó, tienen plena vigencia en todos los procedimientos que hoy están exentos de la obligación tributaria (ingreso público) que estaba prevista en la Ley de Arancel Judicial, en razón de la justicia gratuita garantizada por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    Dentro de las normas presupuestarias del extinto Consejo de la Judicatura no existían partidas destinadas (ni hoy existen en el Presupuesto del Poder Judicial) para satisfacer estos gastos en que necesariamente habrían de incurrir los funcionarios o auxiliares de justicia, cuando hayan de practicar diligencias fuera de la sede el Tribunal, Registro o Notaria, ni existe norma alguna que imponga a estos funcionarios a soportar en su patrimonio tales gastos, habida cuenta que tales diligencias, como se indicó, son del único y exclusivo interés de los peticionantes o demandantes, salvo aquellos que son inherentes al funcionamiento del tribunal, para lo cual si existe una partida poco significante, que se le otorga a los alguaciles para transporte de esas diligencias.

    Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación a más de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones, independientemente de la gratuidad contemplada en la Constitución, ya que ésta (la gratuidad) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario. El Estado está facultado para establecer exenciones o exoneraciones tributarias, pero no para obligar a los particulares (transportistas, hoteleros o prestadores de servicios de manutención, etc.) a soportar la gratuidad de los juicios. De manera, pues, que tales sumas de dinero para pagar transporte, hospedaje o manutención no responden a la definición de ingreso público ni de tributo a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial, ni al de renta ordinaria previsto en el ordinal 4º del artículo 42 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía de consecuencia, no vulnera la gratuidad de la justicia consagrada en el vigente texto Constitucional.

    Las razones que avalan la afirmación anterior, radican en lo siguiente: Los pagos que se hagan por transporte, por manutención y por hospedaje se le hacen directamente al funcionario para ser invertidos en el servicio que personas particulares han de recibir o directamente lo hará el interesado, al transportista, al hotelero o restaurant o fonda proveedora de alimentos. No se liquidan planillas como ocurría con el arancel judicial y con toda otra renta, ni se pagan en oficinas receptoras de Fondos Nacionales. En este orden de ideas, y según sean proveídos los conceptos de transporte, manutención y hospedaje por el demandante, interesado en el cumplimiento de la diligencia al funcionario judicial (alguacil en el caso de citación para la contestación de la demanda), nos revelaría una relación de derecho privado entre el que suministra el transporte (el interesado) y el prestador de servicio de transporte, de manutención y de hospedaje, configurándose típico ̀acto de comercio ́, objetivo definido en los ordinales 6 y 9 del artículo 2 del Código de Comercio. Mientras que la relación que existía entre el particular que pagaba o liquidaba el arancel judicial (entendido como ingreso público o tributo, tal como lo definía el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial), y el Estado, daba paso a una relación de derecho público. De manera, pues, que existía una marcada y notoria diferencia en la naturaleza jurídica de ambas relaciones, pero que coincidían en que ambas estaban impuestas o previstas por la Ley para el logro de la citación, las cuales debían ser cumplidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de admisión de la demanda por la parte del demandante interesado, so pena de que operara la perención de la instancia o extinción del proceso. Con lo dicho no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días.

    No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público.

    Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.

    Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide. (omissis)

    (http://www.tsj.gov.ve) (Las mayúsculas y negrillas son del texto copiado).

    Como puede apreciarse, según la nueva doctrina jurisprudencial sobre la perención de la instancia por inactividad citatoria, establecida en la sentencia supra inmediata transcrita parcialmente, la cual ha sido reiterada en fallos posteriores, las obligaciones y cargas procesales que, so pena de perención, debe cumplir el actor dentro del lapso de treinta días siguientes a la admisión de la demanda o su reforma, según el caso, para la práctica de la citación del demandado, en virtud del principio constitucional de gratuidad del proceso judicial, quedaron reducidas a dos, a saber: 1) suministrar información respecto a la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar; y 2) cubrir los gastos de transporte o traslado, manutención y hospedaje del funcionario judicial encargado de la práctica de dicho acto de comunicación procesal, cuando el mismo haya de cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros del local sede del Tribunal, de conformidad con el artículo 12 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Arancel Judicial. Sin embargo, estima este juzgador de alzada que, además de las referidas cargas y obligaciones procesales, corresponden al demandante las siguientes: a) la de suministrar el importe necesario para la elaboración de los fotostatos requeridos a los efectos de la expedición de las compulsas del libelo de la demanda y de su orden de comparecencia; b) la de entregar oportunamente los recaudos de citación, cuando ésta hubiere de practicarse, a solicitud suya, mediante otro Alguacil o Notario, de conformidad con los artículos 218, parágrafo único, y 345 del Código de Procedimiento Civil; y c) la de solicitar al Juez de la causa la práctica del emplazamiento cartelario del demandado en los supuestos a que se contrae el artículo 223 eiusdem.

    Por otra parte, es de advertir que para que no se consuma la perención de la instancia por inactividad citatoria in commento, basta que el actor o su apoderado, dentro del lapso de treinta días siguientes a la admisión de la demanda o su reforma, según el caso, cumpla una cualquiera de las cargas procesales u obligaciones legales antes indicadas, tal como así lo sostuvo la antigua Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia en la precitada sentencia de fecha 6 de agosto de 1998, al interpretar literal y a contrario sensu el sentido y alcance de la norma contenida en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, interpretación ésta que, en criterio de este juzgador, igualmente resulta aplicable, mutatis mutandi, a la disposición consagrada en el ordinal 2º del mismo artículo.

    En lo que respecta al modo de computar el lapso de treinta días previsto en los ordinales 1º y 2º del tantas veces mencionado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la antigua Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia dictada el 25 de octubre de 1989, bajo ponencia del Magistrado Dr. C.T.P. (†), al interpretar el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, estableció que la referida dilación procesal debía computarse por días calendario y consecutivos. En efecto, en las partes pertinentes de ese fallo se expresó lo siguiente:

    (Omissis)

    A la luz de los razonamientos que preceden, habida la consideración, además de la absoluta prohibición de actuación del Tribunal fuera de días y horas hábiles de despacho, que no fueren habilitadas con anticipación propiamente en día de Despacho, a juicio de la Sala, el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil debe interpretarse en el sentido de que por regla general y salvo casos excepcionales más abajo enumerados, los términos y lapsos a los cuales se refiere dicho artículo, deben computarse efectivamente por días consecutivos en los cuales el Tribunal acuerda dar despacho, no siendo computables a esos fines aquellos en los cuales el juez decide no despachar, ni los sábados, ni los domingos, ni el Jueves y Viernes Santos, ni los declarados días de Fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, ni los declarados no laborables por otras leyes.

    (omissis)

    Por lo consiguiente, con la adopción de la regla general para el cómputo de las dilaciones procesales por días consecutivos, manteniéndose la prohibición absoluta de no despachar, sino en los días y horas prefijados para ello, pero sin la posibilidad de las partes de ejercer en cualquier estado y grado de la causa, en forma cabal y sin cortapisa alguna, su derecho constitucional de defensa, el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil vigente, a juicio de la Sala, colide el referido derecho consagrado en el artículo 68 de la Constitución Nacional y, de conformidad con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, este Alto Tribunal se aparta de la interpretación meramente literal del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. (sic) y a tal efecto, respecto del cómputo para los lapsos y términos del proceso civil en Venezuela, establece las siguientes normas aplicables a los procesos a partir de la fecha de la publicación de esta sentencia:

    Conforme a los principios que se dejan establecidos, solamente son computables por días calendarios y consecutivos, los siguientes lapsos o términos a los cuales se refiere el vigente Código de Procedimiento Civil; los referidos a años o a meses a los cuales alude el artículo 199; el artículo 231 (emplazamiento por edictos) por preceptuarlo así expresamente dicha norma; el artículo 251 referente al único diferimiento para la publicación de la sentencia; los de la perención de la instancia previstos en el artículo 267; el consagrado en el artículo 317 para la formalización del recurso de casación; los establecidos en los artículos 318 y 319 relativos a la sustanciación y decisión del recurso de casación; el del artículo 335 (término para intentar la invalidación); el del artículo 374 (suspensión de la causa por motivo de tercería) por disponerlo así en forma expresa; el establecido en el artículo 386 (suspensión por cita de saneamiento y garantía); el de la oportunidad de dictar sentencia previsto en el artículo 515; los establecidos para dictar sentencia interlocutoria o definitiva de segunda instancia prefijados en el artículo 521; el del parágrafo cuarto del artículo 614 (lapso de sentencia para los árbitros); y los de los artículos 756 y 757 referentes a los actos reconciliatorios en el procedimiento de divorcio o de la separación de cuerpos (omissis)

    (sic) (Las mayúsculas y cursivas son propias del texto copiado) (Pierre Tapia, O.R.: “Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, vol. 10, año 1989, p. 143-171).

    Estima el juzgador que el criterio jurisprudencial vertido en el fallo precedentemente transcrito parcialmente perdió vigencia desde el 1º de febrero de 2001, fecha en que se profirió la sentencia distinguida con el Nº 80, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso: J.P.B. y otros), bajo ponencia del Magistrado Dr. A.G.G. (†), aclarada en decisión Nº 00-1435, del 9 de marzo del citado año, dictada por el mismo magistrado mencionado (vide: http://www.tsj.gov.ve), mediante la cual se anuló parcialmente el precitado artículo 197, cuyo tenor, según lo establecido en el dispositivo de la primera sentencia indicada, es actualmente el siguiente:

    Los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios consecutivos excepto los sábados, los domingos, el Jueves y el Viernes santo, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el Tribunal disponga no despachar.

    En efecto, en la decisión aclaratoria del mencionado fallo, la prenombrada Sala expresó lo que a continuación se transcribe:

    (Omissis) cuando esta Sala anuló parcialmente la norma in comento lo hizo atendiendo al derecho a la defensa y al debido proceso, pero -se insiste-, sin desconocer la existencia del derecho a la celeridad procesal consagrado en el citado artículo 26 de la Constitución, motivo por el cual, entendiendo al Código de Procedimiento Civil como un conjunto sistemático de normas, donde los términos o lapsos pautados para realizar las actuaciones procesales se crearon en principio para ser computados por días calendarios continuos, la formalidad de que el término o lapso procesal para la realización de un determinado acto sea computado atendiendo a que el tribunal despache, debe ser entendido para aquellos casos en que efectivamente se vea inmiscuido de forma directa el derecho a la defensa de las partes.

    De forma que, será la naturaleza de las actuaciones procesales las que distinguirán si el cómputo del término o lapso se realizará por días calendarios continuos sin atender a las excepciones previstas en el artículo in comento, o, si por el contrario, deberán hacerse únicamente en función de que el tribunal despache. En virtud, de que esta Sala considera que el ejercicio oportuno de los derechos adjetivos que les asiste a las partes en un proceso -oportunidad que sólo puede verificarse si el tribunal despacha- forma parte de la esfera esencial del derecho a la defensa y al debido proceso.

    Por lo cual, si la naturaleza del acto procesal implica, que para que se cumpla cabalmente el derecho a la defensa y al debido proceso, éste deba ser realizado exclusivamente cuando el tribunal despache, en virtud de que sólo así las partes pueden tener acceso al expediente o al juez para ejercer oportunamente -entiéndase de forma eficaz- su derecho a la defensa, indudablemente que los términos o lapsos procesales para la realización de tales actos se computarán en función de aquellos días en que el tribunal acuerde despachar.

    En consecuencia, estima esta Sala que la aplicación del artículo 197, y como tal, el considerar para el cómputo de los términos o lapsos los días en que efectivamente despache el tribunal, no puede obedecer a que se esté ante un lapso o término ̀largo o corto ́, sino en atención a que el acto procesal de que se trate involucre o de alguna manera afecte el derecho a la defensa de las partes; en contraposición a aquellos que con su transcurrir no lo involucren.

    Así por ejemplo, el lapso procesal establecido para contestar la demanda o los términos o lapsos procesales establecidos para ejercer oposición a cualquier providencia judicial, deben ser computados por días en que efectivamente el tribunal despache, en virtud de que la naturaleza de tales actos se encuentran vinculadas directamente con el derecho a la defensa y al debido proceso.

    Por otro lado, también se puede mencionar que los términos o lapsos procesales establecidos para ejercer cualquier acto de impugnación ante el tribunal de instancia; tales como, recurso de hecho, recurso de queja, recurso de regulación de competencia o apelación, también deben ser computados por días en que efectivamente el tribunal despache.

    En ese mismo orden de ideas, y en atención a los términos en que ha sido planteada la presente solicitud, esta Sala establece que, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva, los lapsos para sentenciar así como el de prórroga contemplado en los artículos 515, 521 y 251 del Código de Procedimiento Civil, deben ser computados por días calendarios consecutivos sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem.

    El lapso para la formalización, contestación, réplica y contrarréplica del recurso de casación establecidos en los artículos 317 y 318 del mismo texto legal, deben ser computados por días calendarios consecutivos sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem.

    Los lapsos para los actos conciliatorios consagrados en los artículos 756 y 757 eiusdem, así como el lapso para la comparecencia a través de edictos previsto en el artículo 231 de dicho texto legal, y los lapso (sic) de carteles, tales como, los previstos en los artículos 223, 550 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, serán computados por días calendarios consecutivos, sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem.

    El lapso para proponer la demanda después que haya operado la perención previsto en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, igualmente serán computado por días calendarios consecutivos sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem.

    El lapso que tiene la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal para sentenciar, así como el que tiene el Juez de Reenvío, establecido en los artículos 319 y 522 del texto que rige la materia serán computados por días calendarios consecutivos, sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil.

    El lapso para intentar la invalidación contemplado en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, será computado conforme a la regla prevista en el artículo 199 eiusdem, por tratarse de un lapso cuya unidad de tiempo es mensual.

    Los lapsos para la suspensión de la causa principal, según lo pautado en los artículos 374 y 386 del Código de Procedimiento Civil, serán computados por días calendarios continuos, sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem.

    El lapso de treinta días para la evacuación de las pruebas contemplado en el artículo 392 íbidem, así como el lapso para su promoción, admisión y oposición será computado por días en que efectivamente el tribunal despache, en atención a lo dispuesto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, por encontrarse vinculada directamente la naturaleza de dicho acto al derecho a la defensa y al debido proceso de cada una de las partes. El lapso para que los árbitros dicten sentencia según lo dispuesto en el artículo 614, parágrafo cuarto, del Código de Procedimiento Civil, se computará por días calendarios consecutivos sin atender a las excepciones previstas en el artículo 197 eiusdem.

    Y, por último el término de la distancia debe ser computado por días calendarios consecutivos, sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide (omissis)

    (sic). (Las cursivas y negrillas son propias del texto copiado). (http://www.tsj.gov.ve).

    En virtud de lo dispuesto en el nuevo texto del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil; y en atención a que el lapso de treinta días previsto en los ordinales 1º y 2º del artículo 267 eiusdem, está directamente vinculado con el ejercicio del derecho de defensa y al debido proceso de la parte actora, toda vez que dentro de esa dilación procesal, ésta, por sí o por intermedio de apoderado judicial, debe cumplir, so pena de perención de la instancia, las cargas y obligaciones procesales tendentes a lograr la citación del demandado para la contestación de la demanda, referidas ut supra, así como dejar constancia de tales actuaciones, mediante escrito o diligencia presentadas ante el Secretario del Tribunal, a los fines de que sean agregadas al expediente de la causa; y por cuanto la consignación y recibo de los escritos o diligencias de las partes, por mandato de lo dispuesto en los artículos 187, 191 y 192 ibidem, necesariamente deben efectuarse en el local sede del Tribunal, en días y horas de despacho; y en razón de que el lapso procesal de marras no se encuentra comprendido en las excepciones indicadas en la decisión aclaratoria dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 9 de marzo de 2001, precedentemente transcrita parcialmente, este juzgador considera que ese lapso debe computarse por DÍAS CONSECUTIVOS DE DESPACHO.

    En razón de lo expuesto, este Tribunal Superior, una vez más, acoge parcialmente, como argumento de autoridad, ex artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, la doctrina jurisprudencial de casación establecida en los precitados fallos de fechas 6 de julio de 2004 y 6 de agosto de 1998, y a la luz de sus postulados y de las consideraciones adicionales hechas anteriormente por esta Superioridad, procede a decidir la cuestión incidental sub lite, a cuyo efecto observa:

    Constata este operador de justicia que, en el dispositivo de la sentencia recurrida, el Juez a quo, actuando oficiosamente, declaró “CON LUGAR LA PERENCIÓN BREVE DE INSTANCIA de este proceso” (sic), conforme lo establecido en el ordinal 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por negligencia de la parte actora al no haberle dado impulso procesal a la citación de la parte demandada, ya que no cumplió con las obligaciones que le impone la ley para que se hubiese practicado dicha citación conforme a la ley” (sic) y dispuso que “No se hace pronunciamiento alguno de costas, por la índole parcial de este fallo” (sic). Estas decisiones fueron proferidas con base en la motivación que, por razones metodológicas, se reproduce a continuación:

    (omissis)

    El Tribunal para decidir observa:

    Toda instancia se extingue conforme lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ya que específicamente el ordinal 2º del artículo 267 ejusdem, establece:

    ‘…Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

    La perención de instancia es la extinción de un proceso que se produce por su paralización, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones legales que la determinan.-

    El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) [sic] y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. Después de un período de inactividad procesal, el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal.-

    La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo, declarando su contenido y haciéndolo cumplir.-

    Sin lugar a dudas, con la presentación de la demanda y su admisión, se genera la ‘instancia’ [sic] y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de perención a que se refiere el ordinal 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto del cómputo realizado por secretaría, se desprende que desde el día------------------------[sic]

    veintidós de marzo, exclusive, fecha en que se admitió la demanda y se libraron recaudos de intimación [sic] al demandado en el proceso, tal y como consta de los folios 06 y 07 del expediente, los cuales se le entregaron a la alguacil para que los hiciera efectivos conforme a la ley, hasta el día de hoy, inclusive, excluyendo de dicho cómputo el lapso transcurridos en las vacaciones judiciales de diciembre, comprendidas entre el 23 de diciembre del 2.004 [sic] al 07 [sic] de enero del dos mil cinco, ambas fechas inclusive, transcurrieron en este Juzgado TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE (387) [sic] DÍAS CONSECUTIVOS, desprendiéndose del mismo que en este proceso si [sic] se ha operado la perención breve de instancia de este proceso, de conformidad con el ordinal 1º y 2º del artículo 267 in comento, ya que de la revisión que se hiciera de las actas que conforman el expediente, se observa que la parte actora no le dio impulso procesal para la intimación [sic] de la parte demandada, ya que en el expediente no consta ninguna diligencia donde el demandante le hubiese dado impulso procesal para la práctica de dicha intimación, [sic] no habiendo cumplido con las obligaciones que le impone la ley, debiendo este Juzgador de oficio declarar la perención breve de esta instancia, de conformidad con el ordinal 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Y ASÍ SE DECIDE.- (omissis)

    (sic). (folios 123 y 124) (Las mayúsculas y negrillas son propias del texto copiado).

    Como puede apreciarse, el a quo fundamentó fácticamente su sentencia exponiendo que “[…] del cómputo realizado por secretaría, se desprende que desde el día ---------- [sic] veintidós de marzo, exclusive, fecha en que se admitió la demanda y se libraron recaudos de intimación [sic] al demandado en el proceso, tal y como consta de los folios 06 y 07 del expediente, los cuales se le entregaron a la alguacil para que los hiciera efectivos conforme a la ley, hasta el día de hoy, inclusive, excluyendo de dicho cómputo el lapso transcurridos en las vacaciones judiciales de diciembre, comprendidas entre el 23 de diciembre del 2.004 [sic] al 07 de enero del dos mil cinco, ambas fechas inclusive, transcurrieron en este Juzgado TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE (387) [sic] DÍAS CONSECUTIVOS, desprendiéndose del mismo que en este proceso si [sic] se ha operado la perención breve de instancia […]” (sic) (Negrillas añadidas por esta Superioridad).

    Es evidente que los referidos motivos fácticos expuestos por el a quo pretendiendo justificar su decisión declaratoria de perención, no se corresponden con la realidad procesal que se desprende del expediente de la presente causa, ya que los hechos y actuaciones procesales que allí se señalan habrían acontecido en el año 2004 y enero del 2005, es decir, con anterioridad a la existencia de este juicio, el cual, como se expresó en la parte expositiva de este fallo, se inició el 2 de marzo de 2005, fecha en que se admitió la demanda propuesta. Además, en los folios 6 y 7 del presente expediente no se encuentra inserto el referido auto de admisión --como se señala en la recurrida--, sino en el folio 67.

    Por otra parte, se observa que en el fallo de marras se hace referencia que en esta causa se libraron “recaudos de intimación al demandado” (sic), lo cual tampoco se corresponde con la verdad procesal que dimana de los autos, pues, de los mismos se evidencia que, por tratarse de un procedimiento oral cuyo objeto es una pretensión de indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito, de conformidad legal lo que el a quo dispuso en el auto de admisión de la demanda fue la citación de los demandados para la contestación de la misma, y no la “intimación” (sic) de los demandados.

    En el supuesto de que los indicados fuesen simples errores de referencia presentes en la sentencia de marras, en criterio de este Tribunal, el Juez de la causa, al juzgar en la forma en que lo hizo, habría incurrido en otros lamentables errores, consistentes en que procedió a computar el lapso de perención breve por días calendarios consecutivos, cuando lo correcto era hacerlo por días de despacho, y que efectuó el correspondiente conteo a partir de la fecha de admisión de la demanda, exclusive, olvidando que ésta fue objeto de reforma total, por lo que el dies a quo de dicho lapso, de conformidad con la norma consagrada en el ordinal 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sería la fecha de admisión de tal reforma, es decir, el 26 de abril de 2005.

    En adición a lo expresado, cabe señalar que el Juez de la causa, en la sentencia recurrida, aseveró que la actora omitió dar impulso procesal para la “intimación” (sic) de la parte demandada y cumplir con las obligaciones que la ley le impone a tal efecto, concluyendo que por ello se produjo la perención breve de la instancia; decisión ésta que, en criterio de esta Superioridad, no se encuentra ajustada a derecho.

    En efecto, a los fines de verificar si en esta causa se produjo o no la perención de la instancia, en su modalidad de perención por inactividad citatoria, consagrada en los ordinales 1º y 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como se decidió en la recurrida, este sentenciador de alzada procedió a examinar detenidamente las actas procesales que conforman el presente expediente, constatando que la demanda propuesta en este proceso fue admitida el 2 de marzo de 2005, según así consta del correspondiente auto inserto al folio 67. En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en los artículos 197 y 199 eiusdem, a partir del día despacho inmediato siguiente a esa fecha, de conformidad con lo prevenido en la norma procesal contenida en el precitado ordinal 1º del artículo 267 ibidem, comenzó a discurrir el lapso de treinta (30) días (de despacho), previsto en esta misma disposición legal, a los fines de que la parte actora cumpliera con las obligaciones y cargas procesales que le impone la ley para la práctica de la citación de los demandados; dilación procesal ésta que, según consta del cómputo contenido en oficio Nº 607, emanado del Tribunal de la causa, que obra agregado a los folios 145 al 147, habría vencido el día martes, 26 de abril de 2005.

    Ahora bien, se evidencia de las actas procesales que el indicado lapso de perención se interrumpió el 25 de abril de 2005 --que correspondió al vigésimo noveno día de despacho siguiente a la fecha de admisión de la demanda, exclusive--, en virtud de que en esa oportunidad la demandante de autos, ciudadana A.R.R.R., asistida por el abogado en ejercicio J.L.D.B., mediante escrito que obra a los folios 70 al 74 del presente expediente, procedió a reformar la demanda propuesta. Y en razón de que tal reforma fue admitida por el Tribunal de la causa por auto dictado el 26 de ese mismo mes y año (folios 75 al 76), a tenor de lo dispuesto en los artículos 197 y 199 del Código de Procedimiento Civil, a partir del día despacho inmediato siguiente a la fecha de esa providencia, de conformidad con lo prevenido en la norma procesal contenida en el ordinal 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, comenzó nuevamente a discurrir, sin solución de continuidad, el lapso de treinta (30) días (de despacho), previsto en esta misma disposición legal, a los fines de que la parte actora cumpliera con las obligaciones y cargas procesales que le impone la ley para la práctica de la citación de los demandados; plazo éste que, según se evidencia del cómputo contenido en el referido oficio Nº 607, emanado del Tribunal de la causa, habría vencido precisamente el día viernes, 17 de junio de 2005.

    Ahora bien, se evidencia de los autos que el 1° de junio de 2005 --el cual correspondió al décimo noveno día de despacho de dicho lapso--, la prenombrada ciudadana A.R.R.R., asistida por el abogado J.L.D.B., mediante diligencia que obra agregada al folio 77 del presente expediente, expuso: “Consigno diecisiete (17) folios útiles sendas copias fotostáticas del libelo de la demanda y el auto de admisión, a los fines de que se libren las boletas [sic] de citación. Las copias correspondientes a la Reforma de la Demanda [sic] están en el expediente” (sic).

    Observa el juzgador que, ni en la referida diligencia ni en nota posterior, la Secretaria del Tribunal de la causa dejó expresa constancia del recibo de los fotostatos del libelo de la demanda y su auto de admisión que la demandante dijo haber consignado en ese acto, a los efectos de que se libraran las “boletas de citación” (sic) de los demandados. No obstante ello, ha de tenerse como cierta tal afirmación de hecho, según así se desprende del auto de fecha 22 de junio de 2005, dictado por el referido Juzgado, mediante el cual, en atención a lo expuesto por la demandante en la diligencia de marras, dispuso librar los correspondientes recaudos de citación de los demandados, en los términos que se reproducen a continuación:

    (omissis)

    Visto que mediante diligencia de fecha 01 de junio de 2005, la ciudadana A.R.R., parte demandante, asisitida por el abogado JOSE [sic] L.D., consigno [sic] los fotostatos del libelo de la demanda y su reforma para los recaudos de citación que han de librarse en la presente causa a los ciudadanos JOSE [sic] R.P.J. [sic] Y [sic] A.H. [sic] MARQUEZ [sic], demandados en el presente juicio. En consecuencia Certifíquese [sic] las copias consignadas, de conformidad con el artículo 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, se autoriza a la alguacil titular del Tribunal A.R., para la elaboración y confrontación de los fotostatos, quién estando presente aceptó el cargo y prestó el juramento de ley, líbrense los recaudos de citación, en los mismos términos del auto de fecha 26 de abril de 2005, y entréguese a la parte demandante una vez que los retire mediante diligencia. (omissis)

    (sic) (folio 79) (las mayúsculas son propias del texto copiado)

    De lo expuesto se concluye que, dentro del lapso a que se contrae el tantas veces mencionado ordinal 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la actora cumplió con una de las cargas procesales que le correspondían legalmente para la práctica de la citación de los demandados, como es la de suministrar los fotostatos necesarios para la ejecución de dicho acto de comunicación procesal. En consecuencia, considera el juzgador que con tal actuación la demandante de autos interrumpió el decurso de dicho lapso de perención, por lo que ésta, en su modalidad de perención por inactividad citatoria, no se consumó en el caso de especie, como erróneamente lo declaró el Tribunal a quo, en la sentencia recurrida, y así se declara.

    Considera este operador de justicia que, según lo revela las actas procesales que integran el presente expediente, ciertamente, hubo falta de impulso procesal por parte de la actora para lograr la citación de los demandados, pues ella asumió la carga de gestionar la práctica de dicho acto de comunicación procesal por intermedio de otro Alguacil o Notario, como lo faculta los artículos 218 y 345 del Código de Procedimiento Civil, y a tal efecto, en fecha 9 de febrero de 2006, recibió las correspondientes compulsas con sus órdenes de comparecencia. Sin embargo, no consta que esos recaudos hayan sido presentados a tal fin ante un Tribunal u Oficina Notarial competentes, sino que se evidencia de los autos que, por el contrario, los mismos fueron devueltos mediante diligencia consignada en fecha 2 de octubre de 2006, por el coapoderado actor, abogado J.L.D.B., a los fines de que fuesen librados nuevos recaudos, fundamentando esa solicitud en que el Tribunal de la causa “hubo cambio de Juez” (sic) y que “no se ha podido citar” (sic) a los demandados.

    No obstante, estima este jurisdicente que esa conducta omisiva de la parte demandante lo que, en todo caso, podría haber dado lugar es a que se consumara la perención anual de la instancia, consagrada en la norma contenida en el encabezamiento del precitado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, si la inactividad procesal se hubiese prolongado por un año o más; lo cual en el caso sub iudice tampoco aconteció, debido a que, desde el 9 de febrero de 2006, fecha en que, mediante diligencia inserta al folio 85, el coapoderado actor, abogado J.L.D.B., dejó constancia que recibió los recaudos de citación de los demandados y, por ende, se produjo el último acto de impulso procesal de la parte demandante, hasta el 11 de octubre del mismo año, fecha en que el quo profirió la sentencia recurrida, sólo transcurrieron ocho meses y dos días.

    Por otra parte, es de advertir que, obviamente, tampoco se produjo en el presente proceso la denominada perención por irreasunción de la litis, prevista en el ordinal 3º de la misma disposición legal, ya que no consta en autos la existencia de uno de los requisitos que determinan su procedencia, como es el fallecimiento de alguna de las partes.

    No habiéndose, pues, consumado la perención de la instancia en ninguna de sus modalidades en esta causa, a este Tribunal no le queda otra alternativa que declarar con lugar la apelación interpuesta y, en consecuencia, revocar en todas y cada una de sus partes la sentencia apelada; pronunciamientos éstos que hará en la parte decisoria de la presente sentencia.

    IV

    DISPOSITIVA

    En fuerza de las consideraciones que anteceden, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, actuando en sede del tránsito, dicta sentencia en la presente causa, en los términos siguientes:

PRIMERO

Se declara CON LUGAR la apelación interpuesta el 6 de noviembre de 2006, por el profesional del derecho J.L.D.B., en su carácter de coapoderado judicial de la parte actora, ciudadana A.R.R.R., contra la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva dictada en fecha 11 del octubre de ese mismo año, por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en el presente proceso, seguido por la apelante contra los ciudadanos J.R.P.J. y A.H.M., por indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito, mediante la cual dicho Tribunal, actuando de oficio, con fundamento en el ordinal 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y las razones allí expuestas, declaró “CON LUGAR LA PERENCIÓN BREVE DE INSTANCIA […]” y dispuso que “No se hace pronunciamiento alguno de costas, por la índole parcial de este fallo” (sic). (Las negrillas son del original). En consecuencia, se REVOCA en todas y cada una de sus partes la sentencia apelada.

SEGUNDO

Dada la índole de este fallo, no se hace especial pronunciamiento sobre costas.

Queda en estos términos REVOCADO el fallo apelado.

Por cuanto esta sentencia se publica fuera del lapso legal, debido al exceso de trabajo que confronta este Tribunal en virtud de su múltiple competencia material y los numerosos procesos de amparo constitucional que han cursado en el mismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil y a los fines allí indicados, se ordena notificar de ello a la parte actora o a sus apoderados judiciales.

Publíquese, regístrese y cópiese.

Bájese el expediente en su oportunidad al Tribunal de origen. Así se decide.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Mérida, a los veintidós días del mes de junio de dos mil nueve.- Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

El Juez,

D.F.M.T.

El Secretario Temporal,

Joselit R.C.

En la misma fecha y siendo las nueve y cuarenta minutos de la mañana, se publicó la anterior decisión, lo que certifico.

El Secretario Temporal,

Joselit R.C.

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