Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 14 de Marzo de 2012
| Fecha de Resolución | 14 de Marzo de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito |
| Ponente | Juan Antonio Mostafa Perez |
| Procedimiento | Cumplimiento De Contrato De Arrendamiento |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO,
DEL TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
Valencia, 14 de marzo de 2012
201º y 153º
EXPEDIENTE Nº 13.511
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA
COMPETENCIA: CIVIL
MOTIVO: CUMPLIMIENTO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
PARTE DEMANDANTE: R.D.C.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.201.912
PARTE DEMANDADA: M.G.Z., de nacionalidad cubana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-82.276.879
Conoce este Juzgado Superior del recurso de apelación ejercido por la parte demandante, en contra de la decisión interlocutoria con fuerza de definitiva dictada en fecha 13 de febrero de 2012 por el Juzgado Sexto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Antes de entrar a emitir algún pronunciamiento sobre el mérito de la presente controversia, es menester para este juzgador revisar el iter procesal desarrollado en el tribunal de la causa, a los efectos de determinar su hubo algún menoscabo al ejercicio de las garantías constitucionales de las partes, que pueda comprometer la estabilidad del juicio.
En este sentido, se observa que la presente causa versa sobre una demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento intentada por la ciudadana R.D.C.C. en contra del ciudadano M.G.Z., en donde se pretende la entrega de un inmueble constituido por una casa ubicada en la urbanización los Caobos, destinada para vivienda.
En fecha 16 de mayo de 2011, el a quo ordena la suspensión de la causa hasta tanto el o los interesados den cumplimiento al procedimiento establecido en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto-Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.
El 16 de noviembre de 2011, la parte demandante mediante diligencia solicita al tribunal se sirva dar continuidad al procedimiento, lo que fue acordado por auto del 9 de diciembre de 2011 bajo el amparo de la decisión dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 1 de noviembre de 2011, expediente Nº 2011-000146.
Ciertamente, en la sentencia aludida por el a quo, la Sala dejó sentado lo siguiente:
…La interpretación del conjunto normativo no se opone al examen de la primera fase del proceso, es decir, a la etapa cognoscitiva por parte de los jueces de la República Bolivariana de Venezuela, sino a la ejecutiva que provoque el desalojo injusto de la vivienda o a una medida cautelar de secuestro que genere iguales resultados.
Por ello, entiende la Sala que no es la intención del Decreto Ley una paralización arbitraria de todos los procesos judiciales iniciados con anterioridad al Decreto, lo cual generaría una situación de anarquía judicial tan peligrosa como el mal que se pretende evitar a través de desalojos arbitrarios, sino más bien la correcta prosecución de los juicios hasta llegar a la fase de ejecución de sentencia, donde deberán suspenderse hasta tanto se apliquen y verifiquen los mecanismos procedimentales que establece el Decreto Ley. Se reitera que la intención c.d.D., de acuerdo a las normas citadas, es la suspensión de la ejecución material del desalojo o desocupación, y no impedir a los órganos de administración de justicia la aplicación de la Ley.
Es necesario destacar, que la Sala interpretó el Decreto-Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas y no la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas y mal podría hacerlo, toda vez que la Ley especial que regula los arrendamientos de vivienda fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 12 de noviembre de 2011, vale decir, en fecha posterior a la sentencia de la Sala de Casación Civil.
Al efecto, los artículos 94 y 96 de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, prevén:
Previo a las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias sobre inmuebles destinados a vivienda, asi como a todo proceso en el cual pudiera resultar una decisión judicial cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda, habitación o pensión, el arrendador del inmueble que pretendiere la demanda deberá tramitar, por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, el procedimiento descrito en los artículos subsiguientes.
Previo a las demandas judiciales por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias; el procedimiento administrativo que será aplicado es el establecido en el Decreto Nº 8.190 den Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, descrito en los artículos 7 al 10
Conforme a la norma trascrita, en materia de arrendamiento de viviendas es necesario agotar previamente la vía administrativa para acceder a la sede judicial, siendo que en el caso de autos no consta que las partes hayan agotado el procedimiento previsto en los artículos 7 al 10 del Decreto-Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas y como quiera que la sentencia de la Sala de Casación Civil, no debe ser aplicada a los casos de arrendamiento de viviendas debido a que la Ley que los regula es posterior a ella, es forzoso concluir que en el caso de marras se ha subvertido el orden público procesal con el consecuente menoscabo de la garantía constitucional del debido proceso, lo que determina que deba declararse la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la diligencia de fecha 16 de noviembre de 2011 presentada por la parte demandante, incluidos el auto de fecha 9 de diciembre de 2011 y la decisión interlocutoria con fuerza de definitiva dictada en fecha 13 de febrero de 2012 por el Juzgado Sexto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, debiendo mantenerse incólume el auto de fecha 16 de mayo de 2011 que ordenó la suspensión de la causa hasta tanto el o los interesados den cumplimiento al procedimiento establecido en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto-Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. ASI SE DECIDE.
Es pertinente advertir, que el arrendamiento de inmuebles destinados a viviendas es materia de interés público, habida cuenta del valor social de la vivienda como derecho humano garantizado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por ello, que es deber de esta alzada apercibir al Juzgado Sexto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, para que en lo sucesivo se abstenga de dar continuidad a las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias sobre inmuebles destinados a vivienda, si el arrendador del inmueble no ha tramitado por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda el procedimiento descrito en los artículos 7 al 10 del Decreto-Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, ASI SE DECIDE.
II
DECISIÓN
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo; Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: LA NULIDAD de todas las actuaciones posteriores a la diligencia de fecha 16 de noviembre de 2011 presentada por la parte demandante, incluidos el auto de fecha 9 de diciembre de 2011 y la decisión interlocutoria con fuerza de definitiva dictada en fecha 13 de febrero de 2012, debiendo mantenerse incólume el auto de fecha 16 de mayo de 2011 que ordenó la suspensión de la causa hasta tanto el o los interesados den cumplimiento al procedimiento establecido en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto-Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.
Notifíquese a las partes.
Se ordena remitir el presente expediente al tribunal de origen en la
oportunidad correspondiente.
Publíquese, regístrese y déjese copia
Dado, firmado y sellado en la sala de despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil doce (2012). Año 201º de la Independencia y 153º de la Federación.
J.A. MOSTAFÁ P.
EL JUEZ TEMPORAL
N.R.R.
LA SECRETARIA
En la misma fecha, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 3:15 p.m. previo el cumplimiento de las formalidades de Ley.
N.R.R.
LA SECRETARIA
Exp. Nº 13.511
JMP/NRR.-
