Decisión de Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Bolivar, de 4 de Febrero de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar

ASUNTO: FP11-G-2014-000010

En la demanda incoada por el ciudadano M.L.D.S.A., titular de la cédula de identidad Nº V-12.763.798, representado judicialmente por los abogados W.N. y M.E.L., Inpreabogado Nros. 182.793 y 192.160, respectivamente, contra el acto que puso fin a la relación de trabajo que lo vinculó con la empresa C.V.G. PROMOCIONES FERROCA, S.A. (C.V.G. FERROCASA), contenido en la P.A. Nº PRE/104/2013 dictada por el Presidente el cuatro (04) de octubre de 2013; procede este Juzgado Superior a pronunciarse sobre su competencia con la siguiente motivación.

1. DE LA COMPETENCIA

   I.1. Observa este Juzgado que en el caso analizado el ciudadano M.L.D.S.A. impugna la manifestación de voluntad de poner fin a la relación laboral que lo vinculó con la empresa C.V.G. PROMOCIONES FERROCA S.A. (C.V.G. FERROCASA), en virtud de la prestación de servicios como Jefe de Compras contenida en la p.a. Nº PRE/104/2013 dictada por el Presidente el cuatro (04) de octubre de 2013, alegando que se encuentra viciada de nulidad por cuanto no es un funcionario público sometido a las normas estatutarias sino que su prestación de servicios se encuentra regulada por la legislación ordinaria laboral, se citan los alegatos invocados:

   En fecha 26 de enero de 2012, mi representado ingresó a prestar servicios subordinados y directos para la Sociedad Mercantil C.V.G. PROMOCIONES FERROCA, S.A. (C.V.G. FERROCASA) …desempeñando el cargo de Jefe de Compras, adscrito inicialmente a la Gerencia de Administración y Finanzas de CVG Ferrocasa, en la sede principal de la empresa ubicada en la Carrera El Miamo c/c Calle Caicara, Centro Empresarial Ferrocasa, Torre A, Mezzanina, Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar, bajo la modalidad de un contrato de trabajo a tiempo determinado, tal como de evidencia de copia de la constancia de trabajo emitida por CVG Ferrocasa en fecha 02/07/2013, marcado ‘B’.

   El 05 de noviembre de 2013, mi mandante el ciudadano M.D.S., fue despedido injustificadamente cuando me notificado de la P.A. Nº PRE/104/2013 de fecha 04/10/2013 dictada por la Presidencia de CVG Ferrocasa, mediante la cual resolvió removerlo del cargo de Jefe de Compras adscrita a la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Seguridad Presidencia, y de cualquier otro cargo que ostente dentro de CVG Promociones Ferroca, S.A (CVG FERROCASA), a pesar que ese día 05/11/2013 estaba reincorporándose de un reposo médico de veintiún (21) días calidado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y sin que mediara la correspondiente calificación del despido o autorización para el despido emitida por la Inspectoría del Trabajo, por lo tanto mi representado fue objeto de un despido injustificado cuando siendo las 10:13 horas de la mañana de ese día, el ciudadano DA SILVA quien estaba prestando servicios en la entrada de la compañía en tareas de vigilante (obsérvese antecedentes de desmejoras en las condiciones de trabajo o limbo laboral=despido indirecto ocurrido desde el 04/07/2013) fue requerido al despacho de la Gerente de Recursos Humanos Abg. N.P., junto a ella se encontraba el supervisor inmediato del Sr. Da Silva (en este caso el Gerente de Seguridad), y le impuso a mi poderdante de la remoción del cargo de Jefe de Compras de CVG Ferrocasa. Cabe señalar, que mi representado desde la fecha de ingreso a la empresa hasta la fecha de la remoción prestó un tiempo de servicio de 1 año, 9 meses y 9 días…

   De lo narrado puede apreciarse, que el despido es injustificado e ilegal, CVG Ferrocasa con su proceder ha configurado hechos y elementos que son írritos violatorios a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras vigente. Asimismo, el patrono viola el Decreto Presidencial de la Inamovilidad Laboral Nº 9.322, dictado en fecha 27/12/2012 por el Poder Ejecutivo Nacional, al haber emitido el procedimiento de calificación del despido que debe conocer la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción para que previo a la verificación de los elementos probatorios ésta autorizara el despido justificado del trabajador, ya que mi mandante se encontraba amparado de inamovilidad laboral y pertenece a la nómina fija cuyo ingreso a la compañía se produjo por una relación de trabajo continua en el tiempo ante la celebración de contratos a tiempo determinado y la eficiencia y eficacia en sus tareas fue lo que dio pie a su ingreso como personal fijo conforme a la LOT (derogada) y la reciente LOTTT del 07/05/2012, y así solicito sea declarado.

   Ante tales infracciones CVG Ferrocasa por estar incurso en hechos o actos de simulación o fraude de la relación de trabajo, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral, debe imponérsele una multa no menor del equivalente de 120 unidades tributarias, ni mayor del equivalente a 360 unidades tributarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 535 de la LOTTT, y así solicito sea declarado.

   Ante tal omisión del procedimiento de calificación del despido por parte de CVG Ferrocasa, lo injustificado e ilegal del despido del cual ha sido objeto mi mandante, atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 425 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), es por lo que ocurro por ante su competente autoridad Ciudadano Juez, para interponer la presente demanda y solicitar la restitución de la situación jurídica infringida, mediante el reenganche del ciudadano M.D.S., antes identificado, el pago de los sueldos y demás beneficios dejados de percibir, desde la fecha del ilegal e írrito despido ocurrido el 05 de noviembre de 2013, hasta la fecha del reenganche efectivo, y así solicito sea declarado…

   De lo transcrito se observa que la p.a. fue dictada bajo una errada interpretación de los hechos cursantes en el expediente de personal llevado por la Gerencia de Recursos Humanos de CVG Ferroca, S.A. y errada interpretación del derecho establecido en la Constitución y a la legislación aplicable a los trabajadores de las empresas del Estado, incurriendo en un falso supuesto de hecho y de derecho de una relación funcionarial existente entre las partes, vale decir, de empleo público, de que el cargo que ostentaba mi representado como Jefe de Compras es de libre nombramiento y remoción para la separación del cargo, porque sus funciones le eran encomendadas por el Presidente y que solo basta la aprobación del Presidente de la compañía, lo cual es falso.

   Por ello traigo a colación que los contratos de trabajo que suscribió mi mandante con la empresa CVG Ferrocasa, fue inicialmente bajo la modalidad de contrato de trabajo a tiempo determinado con fundamento a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo (de ese entonces) y posteriormente, se celebró el contrato de trabajo a tiempo indeterminado motivado a reconocer y aplicar las mejoras derivadas de la implementación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) del 07/05/2012, en cuanto a jornada de trabajo y las normas que contemplan las nuevas causas justificadas de despido por hechos del trabajador y de causas justificadas de retiro por hechos del patrono (Arts. 79 y 80 eiusdem), tal como se observa de la Cláusula Cuarta y Sexta de ese contrato anexo marcado ‘C’.

   En dicho contrato se reconoce incluso la retroactividad del derecho a su estabilidad en el trabajo, el ingreso del Sr. Da Silva no fue por los procedimientos establecidos en la Ley del Estatuto de la Función Pública, por lo que cualquier otro procedimiento distinto al establecido en la LOTTT con el que se pretenda finiquitar la relación de trabajo o aplicar cualquier forma de despido no prevista en esa legislación es nula, verbigracia, que un trabajador amparado de inamovilidad laboral, la empresa para despedirlo dicte un acto administrativo en razón de una relación funcionarial por empleo público basado en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, con el propósito de desvirtuar el verdadero procedimiento previsto en la legislación ordinaria, como es el de la solicitud de autorización del despido que debió agotar CVG Ferrocasa ante la Inspectoría del Trabajo competente.

   Por los motivos antes descritos, es por lo que se solicita la declaratoria de nulidad de la P.A. por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad porque fue dictado en contravención a lo establecido en el artículo 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al artículo 422 del DLOTTT y artículo 107 del Decreto Nº 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública vigente, incurriendo la empresa CVG Ferrocasa en hechos o actos de simulación o fraude de la relación de trabajo, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral, establecido en el artículo 535 del DLOTTT…

   Razones por las cuales, no es aplicable el caso aquí planteado, la sujeción de normas de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por ello niego, rechazo y contradigo que mi mandante sea un empleado o funcionario público; niego que sea un personal de confianza de los establecidos en el artículo 21 del mismo texto legal; niego, rechazo y contradigo que el cargo de Jefe de Compras, adscrito a la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Seguridad sea un cargo de libre nombramiento y remoción conforme a la Ley de Administración Pública o la Ley del Estatuto de la Función Pública; niego, rechazo y contradigo la existencia de una relación funcionarial por empleo público que pretende establecer la Presidencia de CVG Ferrocasa en el acto que hoy impugno para cesar la continuidad de mi mandante en la empresa

   (Destacado añadido).

   I.2. Al respecto, destaca este Juzgado que en el caso analizado el recurrente impugna la manifestación de voluntad de poner fin a la relación laboral que lo vinculó con la empresa C.V.G. Ferroca S.A., empresa perteneciente a la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), en la cual la República ejerce un control decisivo y permanente en cuanto a su dirección y administración, es decir, una persona jurídica de derecho público constituida de acuerdo a las normas de derecho privado y el personal a su servicio se encuentra regido por la legislación laboral ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que reza:

   Las empresas del Estado se regirán por la legislación ordinaria, por lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y las demás normas aplicables; y sus trabajadores se regirán por la legislación laboral ordinaria

   (Destacado añadido).

   Se destaca que la competencia de este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra delimitada a las reclamaciones que formulen los funcionarios públicos regidos por la Ley del Estatuto de la Función Pública, más no las formuladas por los trabajadores de las empresas del estado que se encuentran regidos por las disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, según lo dispone el artículo 93.1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 25.6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que disponen:

   Artículo 93 (LEFP). “Corresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes:

   1. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública”.

      Artículo 25 (LOJCA). “Competencia. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de…

   6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la Ley” (Destacado añadido).

      En este orden de ideas, resalta este Juzgado que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha sentado reiterada jurisprudencia estableciendo que el personal de las empresas del estado no tiene la condición de funcionarios públicos ni sus relaciones de trabajo se encuentran amparadas por las normas contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino que las personas que prestan servicios en ella se encuentran regidos por las disposiciones contenidas en la legislación laboral y la consecuente competencia de los Tribunales del Trabajo para el conocimiento de los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales de conformidad con el artículo 29.2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, citándose la sentencia Nº 34 dictada por la Sala Especial Primera de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el siete (07) de agosto de 2013, que dispuso:

      “En ese sentido, para determinar cuál es el tribunal competente para conocer de la presente demanda es necesario analizar a la luz de lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública sobre las empresas del Estado, la cual nos indica en su artículo 102 que: “…son personas jurídicas de derecho público constituidas de acuerdo a las normas de derecho privado…”; de la misma forma en cuanto al régimen jurídico aplicable, establece en su artículo 107 que: “…Las empresas del Estado se regirán por la legislación ordinaria, por lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y las demás normas aplicables; y sus trabajadores se regirán por la legislación laboral ordinaria…”.

      En el presente caso, se observa que la querella se interpone a los fines de solicitar, en principio, la nulidad del acto administrativo mediante el cual se puso fin a la relación laboral existente entre la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), y la ciudadana L.D.C.V.A., asimilando erróneamente a ésta, a una funcionaria de carrera regida por la Ley del Estatuto de la Función Pública. Accesoriamente, se solicitó en dicha demanda una medida cautelar innominada con el objeto de dar protección a la trabajadora despedida e igualmente solicitó el pago de indemnización equivalente al último sueldo devengado, “cesta ticket” y demás beneficios derivados de la relación laboral.

      Esta Sala Especial Primera observa que, en el caso bajo examen el objeto principal de la demanda no es la nulidad del acto administrativo emanado de la empresa del Estado como alega el apoderado judicial del demandante, mediante el cual se puso fin a la relación de trabajo, sino contra su despido, y aun cuando la demandada sea una empresa del Estado (CADAFE) sus empleados no son funcionarios públicos, ni sus relaciones de trabajo están amparadas por la normativa contenida en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino que se trata de una institución de derecho privado y las personas que prestan los servicios en ella se encuentran regidas por las disposiciones contenidas en la Legislación Laboral, en conformidad con las normas y jurisprudencia citadas.

      En ese sentido, la Sala Plena en sentencia número 49 de fecha 11 de junio de 2009 (caso: H.E.A.R., Vs. la Empresa Mercado de Alimentos C.A. [MERCAL]) señaló:

      … Al respecto, se observa que los actos administrativos son manifestaciones de voluntad de la Administración, por lo que necesariamente deben emanar de autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, no obstante, el supuesto acto recurrido en el presente caso, fue suscrito por el ciudadano Tcnel. (E) F.O.G., en su carácter de Presidente de la empresa Mercal, C.A., y no como de manera confusa ha pretendido hacerlo ver la parte recurrente, que lo hizo en su carácter de Ministro del Poder Popular para la Alimentación.

      Siendo así, en el presente caso no se recurre la nulidad de un acto administrativo, sino que se ha interpuesto una querella contra el despido del recurrente que puso fin a la relación de trabajo que mantenía con la empresa del Estado Mercal, C.A., es decir, una decisión de naturaleza laboral emanada de una empresa del Estado registrada bajo las normas de derecho privado, por lo que las personas que en ella prestan sus servicios están sometidas a la legislación ordinaria, en concreto, a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, tal como lo sostuvo la Sala Político Administrativa mediante sentencia número 4.260 de fecha 16 de junio de 2005 (caso: F.E.R.A. contra la empresa C.V.G. Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA), en la cual expuso lo siguiente:

      ‘(…) en atención al régimen jurídico laboral existente, los empleados de una empresa del Estado no se encuentran amparados por el régimen aplicable a los funcionarios públicos consagrado en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino en la Ley Orgánica del Trabajo;

      Ahora bien, a los fines de determinar la competencia para conocer del caso de autos, la Sala debe advertir que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone en el artículo 29 lo siguiente:

      ‘Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:

      1. Los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje.

      (Omissis)

      4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social...’. (Destacado de la Sala).

      La norma supra transcrita establece los supuestos en los que corresponde a los Tribunales del Trabajo la competencia para conocer y decidir determinados asuntos; en este sentido, al no estar amparado el recurrente, por el régimen estatutario ni ostentar el carácter de funcionario público, siendo que la naturaleza del conflicto planteado es laboral y no funcionarial, la jurisdicción competente corresponde a la jurisdicción laboral, Finalmente, es importante señalar que el accionante identificó erróneamente la comunicación signada con el N° GRH/740/04 de fecha 4 de octubre de 2004, emanada del Gerente de Recursos Humanos de la sociedad mercantil C.V.G. ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A. (EDELCA), como un acto administrativo, siendo que, lo que informaba era la suspensión de un beneficio de carácter laboral como sería su jubilación, situación ésta que constituye una pretensión de carácter laboral. (…)’. (Resaltado del original).

      Así, de la sentencia transcrita, se deduce que a los empleados que laboran para empresas del Estado les es aplicable la Ley Orgánica del Trabajo, y no el régimen contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, lo que recientemente fue reconocido en el novísimo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.890 de fecha 31 de julio de 2008, no aplicable ratio temporis al presente caso- cuyo artículo 107 expresamente contempla que los trabajadores de la empresas del Estado ‘…se regirán por la legislación laboral ordinaria…’, lo que refuerza la convicción de esta sentenciadora.

      Ahora bien, visto que en el presente caso el recurrente acciona contra su despido por parte de la empresa del Estado Mercal, C.A., el cual puso fin a la relación laboral que existía entre ambos, conforme al razonamiento antes expuesto, esta Sala declara que la competencia para conocer de la presente causa corresponde a la jurisdicción laboral, en este caso el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. Así se decide…

      (mayúsculas del original).

      En atención a las normas citadas y a los criterios jurisprudenciales acogidos, esta Sala Especial Primera de la Sala Plena considera que en el caso de las demandas ejercidas con ocasión de relaciones de trabajo contra las empresas del Estado, como en el caso concreto, la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), su conocimiento y decisión corresponde a los tribunales del trabajo.

      Visto lo anterior, atendiendo al referido criterio atributivo de competencia esta Sala Especial Primera de la Sala Plena concluye que corresponde al Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, conocer la demanda interpuesta por el abogado V.R.G.V., en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana L.D.C.V.A., contra el acto contenido en el Memorando signado con el número 17754-1000-269, de fecha 18 de septiembre de 2008, mediante el cual se le notifica la separación del cargo de Supervisor de Procesos Comerciales de la empresa CADAFE, Región 7, zona Mérida, a partir del 31 de octubre de 2009” (Destacado añadido).

      De conformidad con las disposiciones jurídicas citadas y el precedente jurisprudencial invocado dictado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en razón que se demanda el acto mediante el cual se puso fin a la relación de trabajo que vinculó al demandante con una empresa del estado (C.V.G. Ferrocasa), cuya prestación de servicios se encuentran sometida a la legislación laboral, este Juzgado se declara Incompetente para el conocimiento de la demanda incoada por el ciudadano M.L.D.S.A. contra el acto mediante el cual se puso fin a la relación de trabajo que lo vinculó con la empresa C.V.G. PROMOCIONES FERROCA, S.A. (C.V.G. FERROCASA), contenido en la P.A. Nº PRE/104/2013 dictada por el Presidente el cuatro (04) de octubre de 2013 y Declina la competencia en el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión territorial Puerto Ordaz. Así se decide.

2. DISPOSITIVA

   En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley se declara: