Decisión nº KP02-N-2014-000510 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 31 de Octubre de 2014
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Marilyn Quiñonez Bastidas |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Exp. Nº KP02-N-2014-000510
En fecha 23 de octubre de 2014, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, el oficio Nº 817, de fecha 7 de octubre de 2014, emanado del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipio Guanare del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, anexo al cual remitió el presente expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano S.E.C.P., titular de la cedula de identidad N° 9.252.313, asistido por la ciudadana Yodely del C.B.P., inscrita en el Instituto de Previsión social del Abogado bajo el N° 217.249, contra la GOBERNACION DEL ESTADO PORTUGUESA.
Posteriormente, en fecha 24 de octubre de 2014 es recibido por este Juzgado Superior el aludido escrito y sus anexos.
En tal sentido, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, pasa a pronunciarse sobre su admisibilidad, para lo cual observa:
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL
Mediante escrito presentando en fecha 18 de septiembre de 2014, la parte querellante, ya identificada, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial con base a los siguientes alegatos:
Que en fecha “01-01-1998” su representado ingresó a prestar sus servicios laborales, para la Gobernación del Estado Portuguesa como Maestro de Aula, hasta el “31-01-2010, con un tiempo de servicio de 22 años, 1 mes y 0 días.
Que, “(…) dicha relación de empleo público culminó mediante Decreto N° 308-A de fecha 31/01/2010.
Que, “(…) una vez finalizada la relación jurídica funcionarial, recib[io] [su] liquidación final, de prestaciones sociales, en fecha 21/05/2014, según recibo de liquidación final (…) por la Gobernación del estado (sic) Portuguesa, por un monto de (Bs. 135.035,48), con el cual se [le] pretende cancelar todos [sus] derechos laborales, funcionariales y contractuales, lo cual está muy alejado de la realidad, ya que los instrumentos jurídicos (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Sustantiva Laboral y Convenio Colectivo de los Trabajadores de la Educación ), no fueron debida y correctamente aplicados por el Ente Empleador (…)”.
Que “(…) de acuerdo al cálculo y determinación del salario integral, atendiendo a las regulaciones jurídicas aplicadas durante la prestación de sus servicios, se realiza una conjugación a los conceptos laborales que se adeudan, como lo son Antigüedad e intereses sobre la antigüedad (sic) (…) en donde las respectivas planillas de liquidación de prestaciones sociales, que sirven de sustento (…) no indican la forma u operación aritmética en que se debió realizar los respectivos cálculos, lo cual trajo como detrimento una GRAN Y SIGNIFICANTE DIFERENCIA en cuanto al total de [sus] prestaciones sociales (…)”.
Que la demanda se ejerce en base a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 89, numerales 1,2,3 y 4; artículos 92, Ley Orgánica del Trabajo (derogada) pero vigente para el momento de la relación jurídica funcionarial artículos 3,108,133,174, Ley del Estatuto de la Función Pública artículo 95, VII Convención Colectiva de Trabajo de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Adscritos a la Gobernación del Estado Portuguesa (Periodo 2014-2015), Clausula 7 de las bonificaciones anuales y la Clausula 29 de las prestaciones sociales, intereses y bonificación de fideicomiso.
Que demanda a la Gobernación del Estado Portuguesa, para que convenga en pagar o en su defecto sea condenado por este Tribunal, a cancelar la cantidad total de (Bs. 223.172,52) por concepto de diferencia de prestaciones sociales.
II
DE LA COMPETENCIA
Como punto previo, debe este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa.
En tal sentido, cabe resaltar que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la nueva Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37 482, de fecha 11 de julio del 2002. Esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su título VIII todo un proceso dirigido a controlar en vía jurídica el acto, actuación, hecho u omisión de la Administración Pública en ejercicio de la función pública y otorgó la competencia a los órganos que integran la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de las acciones a través de las cuales los funcionarios pueden hacer valer sus derechos frente a la Administración.
En efecto, la disposición transitoria primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, consagra que:
Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funciones el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia.
Por lo tanto, al constatarse de autos que el querellante ejerce la presente acción en virtud de haberse alegado una relación de empleo público para la Gobernación del Estado Lara, cuya relación dio origen a la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, se estima que se encuentra configurados los supuestos para que sea este Tribunal el que entre a conocer y decidir la presente causa. En consecuencia, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, declara su competencia para conocer en primera instancia el caso de autos, y así se decide.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Precisadas las anteriores consideraciones que sirven de fundamento a la parte querellante para ejercer el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, que la parte actora hace referencia a que interpone una acción por “reclamo y/o Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales (…)” aduciendo que el Ente querellado “(…) no indica la forma u operación aritmética en que se debió realizar los respectivos cálculos, lo cual trajo como detrimento una GRAN Y SIGNIFICANTE DIFERENCIA en cuanto al total de [sus] prestaciones sociales (…) [ por lo cual solicita que se le cancele] la cantidad total de (Bs. 223.172,52) por concepto de diferencia de prestaciones sociales.(…)”.
Ante tal situación, debe señalar este Juzgado Superior que vista la naturaleza fáctica de los hechos y los términos que han sido desarrollados por el querellante en el escrito libelar, así como el marco dentro del cual se produjo el Decreto N° 308-A de fecha 31/01/2010, es decir, la especial vinculación que une al querellante con la Gobernación del Estado Portuguesa, determinándose que se ha alegado la existencia de una relación de empleo público, lo cual constituyó precedentemente el fundamento para que este Tribunal declarara su competencia, es por lo que en el presente caso la aplicación normativa será la prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuyo procedimiento debe privar sobre el establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y así se decide.
Así las cosas, tratándose el presente asunto de contenido funcionarial, cuya aplicación normativa e inmediata es la contenida en la Ley del Estatuto de la Función Pública, por ser ésta la encargada de regular todo lo relativo a la condición de funcionarios públicos, tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo, salvo las excepciones que la misma Ley establece, es que sus disposiciones deben ser correctamente desarrolladas y aplicadas por los Órganos jurisdiccionales a todas aquellas controversias que se originen en marco de esta especial materia; por lo que debe este Órgano jurisdiccional señalar que en el contencioso administrativo funcionarial existe un condicionamiento en el tiempo para ejercer determinada acción por disposición expresa del artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, norma ésta que es de obligatoria observancia, y que establece siguiente:
Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro del un lapso de tres meses contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto.
(Resaltado del Tribunal).
Así, tenemos que en el caso de autos, el hecho que dio origen a la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial por parte del ciudadano S.E.C.P., tiene lugar en fecha “21/05/2010” cuando acogió su “recibo de liquidación final” derivado de sus prestaciones sociales, emanado de la Gobernación del Estado Portuguesa en fecha 21 de mayo de 2014, por la cantidad de Ciento Treinta y Cinco Mil Cincuenta y Tres Bolívares con Cuarenta y Ocho Céntimos (135.053,48) tal como se desprende en el folio (04).
En este orden, es menester para este Tribual Superior traer a colación el criterio asentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 03 de octubre de 2006, mediante el cual dicha Sala estableció que toda acción o reclamo que surja como consecuencia de una relación de empleo público no puede hacerse valer por disposiciones normativas ajenas a la especialidad de la materia, y a la ley respectiva, ya que los lapsos procesales son materia de orden público; y ello supondría una violación al principio de legalidad y especialización que podría derivar en una situación de anarquía jurídica.
Por lo tanto, tal y como fuera señalado precedentemente, el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que toda acción que se ejerza con ocasión a la existencia de una relación de empleo público, sólo podrá ser ejercida válidamente dentro del lapso de tres (3) meses, contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a ello, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto; es por ello que la caducidad prevista en materia contencioso administrativa es un plazo que no admite interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente y cuyo vencimiento implica la extinción de la acción para ejercer el derecho que se pretende hacer valer y por ende, tal acción debe ser interpuesta antes de su vencimiento.
Es este sentido, importante resaltar que la acción procesal es concebida como el medio por excelencia para acceder a los órganos jurisdiccionales cuando existe la necesidad de satisfacer ciertas pretensiones jurídicas; por lo tanto, si se entiende la acción como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho para lograr por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos.
Este especial derecho de la acción procesal está previsto y garantizado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses; sin embargo, a pesar de existir la garantía de acceso a la administración de justicia, en algunos casos la Ley somete a ciertas condiciones o requisitos previos, la tutela judicial de las pretensiones que los justiciables deseen resguardar, entre ellos, condicionamientos de admisibilidad y que por lo general constituyen requisitos legales de orden público.
En consecuencia, la caducidad es por disposición legal, una condición cuya verificación debe ser procesada por el Tribunal ante el cual se interpone el recurso y una vez constatada la operación de la misma, deberá ser declarada la consecuencia jurídica prevista en la Ley, todo ello en virtud de que el Estado necesita por razones de estabilidad y seguridad jurídica, que las actuaciones de la administración pública adquieran firmeza en un momento dado, y por ello impone al recurso que pueda intentarse una doble limitación, la legitimación activa y la caducidad, en estudio para el caso de autos.
De tal manera que, observando esta Juzgadora de lo señalado por el propio querellante y de los recaudos anexados con su escrito libelar, que existe una fecha cierta a partir de la cual se debe computar el lapso para la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, a saber, el “21/05/2010” cuando acogió su “recibo de liquidación final” derivado de sus prestaciones sociales, emanado de la Gobernación del Estado Portuguesa en fecha 21 de mayo de 2014, por la cantidad de Ciento Treinta y Cinco Mil Cincuenta y Tres Bolívares con Cuarenta y Ocho Céntimos (135.053,48) tal como se desprende en el folio (04), se estima que al ser interpuesta la presente acción en fecha 18 de septiembre de 2014, según se desprende de la constancia de recibido en su sello húmedo del Tribunal del Municipio y Ejecutor de Medidas del Municipio Guanare del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa (folio 3) en su vuelto. Por consiguiente, se constata que transcurrió el lapso de caducidad previsto en la ley especial que rige la materia para ejercer el presente recurso contencioso administrativo funcionarial; por lo que este Tribunal Superior debe imperativamente aplicar lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en virtud de que en el presente caso transcurrieron más de tres (3) meses como se dejó establecido.
En consecuencia, visto que en el caso de autos se deduce la caducidad de la acción, resulta forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano S.E.P.C., de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y así se declara.
IV
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano S.E.C.P., titular de la cédula de identidad N° 9.252.313, asistido por la ciudadana Yodely del C.B.P., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 217.249, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA, por haber operado la caducidad.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión.
Notifíquese a la parte querellante de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil catorce (2014). Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
La Jueza,
M.Q.B.
El Secretario Temporal,
J.Á.C.H.
Publicada en su fecha a las 09:40 a.m.
D10.-
El Secretario Temporal,
L.S. La Jueza (fdo) M.Q.B.. El Secretario Temporal (fdo) J.Á.C.H.. Publicada en su fecha a las 09:40 a.m. El Secretario Temporal (fdo). El Suscrito Secretario del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Barquisimeto a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil catorce (2014). Años 204° y 155°.
El Secretario Temporal,
J.Á.C.
