Decisión nº S-N de Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 4 de Febrero de 2010
| Fecha de Resolución | 4 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Cesar Mata Rengifo |
| Procedimiento | Medida De Secuestro Y Embargo Preventivo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 4 de Febrero de 2010
199º y 150º
ASUNTO: AH18-X-2010-000011
Abierto el Cuaderno de Medidas en el juicio que por Acción de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, intentara la ciudadana S.C.L., contra M.E.G.P..-
Con vista a la solicitud de medida de Prohibición de Enajenar y Gravar que formulara la parte actora en su escrito libelar, al respecto, alegó sus apoderados judiciales, lo que a continuación se transcribe:
…con fundamento en lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y a los efectos de garantizar el pago de los honorarios, pido al Tribunal se sirva acordar medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el 50% del inmueble a rematarse y sobre el cual se practicó el avalúo…
- I -
MEDIDA NOMINADA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR
El decreto de una medida cautelar exige para su procedencia, previa una sustanciación sumaria, la existencia de una probabilidad que tiene el derecho reclamado de ser reconocido en la sentencia definitiva, lo que debe ser evaluado con base, en el presente supuesto, de los documentos acompañados. Por ello, se requiere una técnica de valoración que no generalice, porque tal situación colocaría a la parte afectada por la medida en estado de indefensión, ante la incertidumbre de cual fue la prueba que sirvió de sustento a la presunción grave del derecho que se reclama.
La característica esencial de las medidas cautelares es su instrumentalidad. Su definición ha de buscarse más que sobre la base de criterio ontológico, en un criterio teleológico: no en la cualidad declarativa o ejecutiva de sus efectos, sino en el fin, que es la anticipación de los efectos de una providencia principal al que su eficacia está preordenada. La característica esencial de las providencias cautelares es su instrumentalidad.
Instrumentalidad en el sentido que ellas no son nunca fines en sí mismas ni pueden aspirar a convertirse en definitivas; instrumentalidad también en el sentido de ayuda y auxilio a la providencia principal. La providencia instrumento interviene el asunto, a la espera que definitivamente lo intervenga la providencia subsecuente. Y, por eso, el concepto denota dos elementos, precaución y anticipación, aún cuando ya el primero de ellos entraña la significación, del segundo. El concepto de instrumentalidad de Calamandrei puede definirse en esta frase: ayuda de precaución anticipada y provisional.
La instrumentalidad es hipotética, porque sólo existe en la hipótesis que el contenido de la providencia principal sea en favor del que ampara la medida cautelar; y diríamos aún más, que es hipotética también en la hipótesis que se dé el juicio principal futuro. En este caso, la medida cautelar tiene una instrumentalidad eventual; está destinada a precaver el resultado práctico de un juicio futuro y eventual al cual están preordenados sus efectos. Presentan una anticipación mucho mayor a lo que de por sí le es propia a toda medida cautelar, llegando a decretarse antes de que exista el juicio, en virtud de una disposición legal especial. La relación de instrumentalidad, por tanto, es genérica y eventual, en contrario a las medidas preventivas típicas (Art. 588 del Código de Procedimiento Civil) que están dirigidas en sus efectos, no sólo a un juicio cierto, sino a un juicio ya existente. Sus efectos duran hasta que se produzca la sentencia definitiva del juicio, futuro eventual, y podríamos llamarlas igualmente, medidas asegurativas anticipadas o, cautela preconstituida.
Así las cosas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, prevé dos requisitos de procedibilidad de las medidas preventivas, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora). Añádese la pendencia de una litis en la cual se decreta la medida, lo cual denota el carácter eminentemente judicial que caracteriza las medidas cautelares.
Con respecto a la presunción grave del derecho que se reclama, la misma radica en la necesidad que se pueda presumir, al menos, que el contenido de la sentencia definitiva del juicio reconocerá, como justificación de las consecuencias limitativas que acarrea la medida cautelar, el decreto previo ab initio o durante la secuela del proceso de conocimiento- ¬de la medida precautelativa. Es menester, para el decreto de medidas cautelares, un juicio de valor que haga presumir la garantía de que la medida preventiva va a cumplir su función, instrumental izada, de asegurar el resultado práctico de la ejecución forzosa o la eficacia del fallo, según sea su naturaleza; y ello depende de la valoración de los alegatos esgrimidos en la demanda.
En lo que respecta al fumus periculum in mora, es decir, la otra condición de procedibilidad inserida en este artículo bajo comento sea, el peligro en el retardo concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de procedibilidad de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase “cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia”.
El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
En lo que respecta a los requisitos mencionados, este Juzgador pudo evidenciar que, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), emana del siguiente recaudo: 1°) acta de asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil Agropecuaria cazorla C.A, celebrada en fecha 28 de julio de 2009, correspondiente al registro Mercantil No. 208980 perteneciente a la empresa Agropecuaria Cazorla C.A, donde el socio ciudadano S.G.P., le vende todas sus acciones a la ciudadana M.E.G.P. (folio 297 al 299) Así se establece.
Con base en los razonamientos antes expuestos, este Sentenciador realizó un análisis exhaustivo de las actas que conforman el presente expediente en su totalidad, pudiendo evidenciar que, si bien los alegatos esgrimidos por la parte accionante en su escrito libelar, a los fines del decreto de las medidas peticionadas, se encuentran debidamente subsumidos los hechos con el derecho, de dichos alegatos surge, al menos a criterio de este Juzgador, la presunción grave que el demandado pueda burlar o desmejorar una eventual sentencia condenatoria, que hagan irrisoria la ejecución del fallo que pudiera ser dictado en esta causa.
Empero, en su actividad Jurisdiccional y del análisis de las actas que conforman las actas del presente expediente y, muy especialmente, de los recaudos acompañados al libelo de demanda, este Juzgador ha llegado al convencimiento que, la medida cautelar peticionada en el presente juicio, se encuentra sustentada en fundamentos jurídicos suficientes que la haga idónea para obtener, a través de esta vía, la garantía que no quede ilusoria la ejecución del fallo, en los alegatos esgrimidos por la parte accionante, y por ello considera procedente la pretensión de decretar medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien inmueble propiedad de la parte demandada. Así se decide
D E C I S I Ó N:
Decreta Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el 50% de los derechos de propiedad que le corresponde a la parte demandada sobre: Una parcela de terreno, distinguida con el número uno (01), del lote Letra “E”, ubicada en la urbanización Lomas de La Lagunita, en el sitio denominado Caicaguana en Jurisdicción del Municipio El Hatillo del Estado Miranda, con una superficie de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS CON SESENTA Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS (951,65 m2) y cuyos linderos y medidas son los siguientes: Norte: Al cual da uno de sus frentes con la Segunda Avenida Oeste en cincuenta y seis metros con veinticuatro centímetros (56,24 mts), Sur: Con la parcela Nro. 23, en dieciocho metros con cuarenta centímetros (18,40 mts), Este: Con la parcela Nro. 2, en veinticinco metros (25 mts), Oeste: El cual da su otro frente con la Avenida Circunvalación en una línea quebrada compuesta de dos rectas, la primera de once metros con setenta y ocho centímetros (11,78 mts) y la segunda en treinta y un metros con setenta y cinco centímetros (31,75 mts) y Noreste: Un arco de círculo con una cuerda de dos metros con diez centímetros (2,10 mts) que une los linderos Norte y Oeste en la intersección de las dos nombradas avenidas, y la casa sobre él construida, inmueble este que es propiedad de la sociedad mercantil Agropecuaria Cazorla, C.A, según consta de documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Quinto Circuito del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 20 de febrero de 1987, bajo el N° 1, Tomo 11, Protocolo Primero, en lo relativo al terreno y en lo que respecta a la casa, por Título Supletorio evacuado por ante el Juzgado Quinto en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 03 de abril de 1989, protocolizado por ante la Oficina Subalterna del quinto Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, el día 10 de agosto de 1989, bajo el Nro. 40, Tomo 20, Protocolo 1, cuya titularidad de las acciones que conforman el capital de la empresa, se divide en dos mitades, correspondiendo un cincuenta por ciento (50%), al demandante R.C.P. y el otro cincuenta por ciento (50%) al demandado M.E.G.P.”
A los fines de hacer efectivo el decreto de las medidas cautelares decretada en esta providencia, se ordena oficiar lo conducente al Registrador Subalterno respectivo, haciéndole la participación de Ley. Cúmplase.-
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los 4 de Febrero de 2010. 199º y 150º.
El Juez,
Dr. C.A.M.R.
La Secretaria
Abg. Inés Belisario Gavazut
En esta misma fecha, siendo las 9:06 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria
Abg. Inés Belisario Gavazut
Asunto: AH18-X-2010-000011
CAM/IBG/Maira.
