Decisión nº 291-10 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 28 de Julio de 2010

Fecha de Resolución28 de Julio de 2010
EmisorCorte de Apelaciones Sala 2
PonenteGladys Mejía Zambrano
ProcedimientoRecurso De Apelacion

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Sala 2

Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia

Maracaibo, 28 de Julio de 2010

200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : VP02-P-2008-007320

ASUNTO : VP02-R-2010-000488

Decisión N° 291-10

Ponencia de la Juez de Apelaciones Dra. G.M.Z.

Identificación de las partes:

Imputado: S.A.G..

Víctima: J.R.V.A.

Defensa: Abogada M.A.G.C., Defensora Pública Vigésima Octava Penal Ordinario e Indígena para la Fase de Ejecución, adscrita a la Unidad del Estado Zulia.

Representantes del Ministerio Público: Abogada MARIANGELIS ARAQUE DÍAZ, Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Delito: ROBO GENÉRICO FRUSTRADO, previstos y sancionado en el artículo 455 del Código Penal, en concordancia con el artículo 80 ejusdem.

Se recibió la causa en fecha 09 de Julio de 2010, se dio cuenta en Sala, y se designó ponente a la Juez Profesional que con tal carácter suscribe la presente decisión.

Han subido las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Abogada M.A.G.C., Defensora Pública Vigésima Octava Penal Ordinario e Indígena para la Fase de Ejecución, adscrita a la Unidad del Estado Zulia, en su carácter de defensora del sentenciado S.A.G., en contra de la decisión N° 334-10 dictada en fecha 07 de Junio de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual declara SIN LUGAR la solicitud formulada por la defensa, de desaplicación de la sujeción a la vigilancia de la autoridad.

Una vez recibida la causa en esta Sala y verificada la urgencia del caso, se declaró su admisibilidad en fecha 14 de Julio de 2010, en tal sentido, cumplidos como han sido los trámites procedimentales, este Tribunal Colegiado para resolver realiza las siguientes consideraciones:

PLANTEAMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

La recurrente esgrime, respecto a la declaratoria sin lugar, de la solicitud que hiciera ante el Tribunal de Instancia, de desaplicación de la sujeción de vigilancia a la autoridad del penado; que, la jurisprudencia ha sido conteste y uniforme en ratificar el criterio de la decisión ernada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Arcadio de Jesús Delgado, en cuanto a la ineficacia de la sujeción, en tal sentido, cita un extracto de decisión de fecha 10 de mayo de 2010, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, aduciendo la jurisprudencia es clara y no deja dudas al sentido limitativo a la libertad individual de la sujeción a la vigilancia, a su excesividad, es inefectiva para reinserción social del penado, es inútil e ineficaz. Entonces considera la defensa que los fundamentos de la recurrida no son suficientes y por demás se alejan de los criterios jurisprudenciales de nuestro m.T.d.J..

Igualmente, cita un extracto de otro criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de marzo de 2009 contenido en sentencia cuyo ponente fue el Magistrado Francisco Antonio Carrasqueño López, crieterio reproducido en decisiones del mismo Magistrado contenidos en sentencias número 332 y 333 ambas de fecha 07/05/2010.

PETITORIO: La defensora Pública solicita que, la presente apelación sea declarada con lugar en la definitiva, revocando el fallo apelado y se ordene se dicte una nueva decisión conforme a lo solicitado por la defensa, tal como lo establecen los criterios jurisprudenciales dictados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La Abogada MARIANGELIS ARAQUE DÍAZ, Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, da contestación al recurso de apelación de la siguiente manera:

La representación Fiscal arguye que, en el presente caso, ha quedado demostrado que el ciudadano S.A.G., cumplió efectivamente la pena de prisión que le fue impuesta, previos cómputos con redención, en fecha 14 de Mayo de 2010, por lo cual le fue librada inmediatamente boleta de excarcelación, a los fines de ser puesto en libertad inmediatamente, no obstante, considera, al igual que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que la aplicación de la Sujeción a la Vigilancia de la Autoridad Civil, aun cuando se trata de una pena accesoria, en algún momento tuvo como propósito hacer efectiva la reinserción del penado, a través de la supervisión que el mismo Código Penal delegó en los jefes civiles, pero su cumplimiento ha resultado iluso e ineficaz, puesto que la efectividad del mismo sólo depende de la persona que está sujeta a la vigilancia, vale decir, depende del penado, quien la ejecuta cuando se presenta ante la autoridad pública.

Quien contesta aduce que, la decisión citada por la defensa en su Recurso es clara, cuando expresa que efectivamente la sujeción a la vigilancia de la autoridad civil es una pena ineficaz, pero no es menos cierto, que el argumento esgrimido por la sala constitucional en lo que respecta a que dicha pena resulta excesiva, al extender de hecho el tiempo de condena, ya no bajo Privación de Libertad, pero si bajo condiciones que limitan el libre ejercicio de la libertad, pues le presentación periódica por una cuarta parte de la pena impuesta, ante la autoridad civil, corresponde a una limitante indiscutible de la libertad, que por otro lado irrumpiría en algunos casos, con el límite de pena a imponer, establecido constitucionalmente en el artículo 44 ordinal 3° de nuestra Carta Magna.

PETITORIO: La Vindicta Pública solicita que, se tome en consideración los fundamentos antes señalados y se dicte la decisión correspondiente.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Una vez estudiados los argumentos de la recurrente, y del escrito de contestación, y revisadas las actuaciones que conforman la presente causa, esta Alzada observa:

Que la Defensora Pública, interpone el recurso de apelación contra la resolución N° 334-10 dictada en fecha 07 de Junio de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual declara SIN LUGAR la solicitud formulada por la defensa, de desaplicación de la sujeción a la vigilancia de la autoridad.

Ahora bien, esta Sala observa que a los folios ciento ochenta y siete (187) al ciento ochenta y ocho (188) de la causa, corre inserta la resolución, objeto de estudio, en la cual, la Jueza de Instancia, establece:

Del corolario anterior se observa que nuestro M.T., aun cuando considera que la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad es excesiva de la pena que causa el delito, no deja al criterio del juez la desaplicación de esta pena accesoria, porque entiende que la pena debe ser entendida como un concepto único y complejo, el cual incluye tanto la principal como las accesorias, por lo tanto no se debe considerar que la sujeción a la vigilancia de la autoridad, es contraria al espíritu del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que en caso que se desaplique, mediante fundamentación de inconstitucionalidad de dichas normas, debe realizarse por Control Difuso.

Cabe destacar que la jurisprudencia citada por la defensa sólo tiene efecto para el caso concreto, no erga omnes, como debe ocurrir en el control difuso, por lo que considera esta juzgadora que la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad es una pena no corporal, de carácter accesorio, que es complementaria de la pena de presidio y de prisión y persigue un objetivo preventivo, el cual consiste, en teoría, en reinsertar socialmente al individuo, por cuanto queda a responsabilidad del penado, que ya cumplió presentarse ante el Jefe Civil, para cumplir con la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad, por lo que se DECLARA SIN LUGAR desaplicación de los artículos 13 ordinal 3° y 22 del Código Penal.

Por los fundamentos antes expuestos este JUZGADO TERCERO EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD, de la Abogada M.A.G., Defensor Publico N° 28, actuando en su carácter de defensora del penado S.A.G., Indocumentado, en consecuencia, ordena el cumplimiento de la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad ante el Jefe Civil que le corresponde, tal y como lo establece los artículos 13 ordinal 3° y 22 del Código Penal, y una vez cumplida se procederá a Declarar Extinguida la Responsabilidad Criminal por incumplimiento de las penas principal y accesoria.

Al analizar todas y cada una de las actas que integran la presente causa se evidencia que, el Juzgado Tercero de Primera Instancia con Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 14-05-10, declaró el cumplimiento de la pena principal, a favor del ciudadano A.S.G., ordenando su libertad inmediata, así como el cumplimiento de la Sujeción a la Vigilancia por parte de la autoridad.

En tal sentido, el artículo 13 del Código Penal, en cuanto a las penas accesorias de la de presidio, señala lo siguiente: “…(omissis)…3. La sujeción a la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte del tiempo de la condena, desde que ésta termine.”

En el marco de las observaciones anteriores, resulta oportuno traer a colación la Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 940, de fecha 21-05-07, la cual de manera pacífica ha sido reiterada en sucesivas ocasiones por dicha Sala, quien respecto a esta norma procesal, establece lo siguiente:

“Ahora bien, la Sala observa que la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad es excesiva de la pena que causa el delito. La sujeción a la vigilancia de la autoridad, a pesar de que no es una pena principal, restringe la libertad plena a la que tiene derecho el penado luego de cumplida la pena principal, por lo que la misma, a juicio de esta Sala, se convierte en excesiva.

En efecto, la consecuencia natural del cumplimiento de la pena corporal es que se acuerde la libertad plena. Sin embargo, esta plenitud no es alcanzada por el ciudadano que cumplió su pena principal, por cuanto debe sujetarse a una pena accesoria que, en fin, se trata de una extensión de hecho de la condena privativa de libertad, pudiendo exceder con creces la privativa de libertad a la pena máxima establecida constitucionalmente en el artículo 44.3 in fine de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ya que en efecto, con la sujeción a la vigilancia de la autoridad, se subordina a un ciudadano, que ya ha cumplido su pena privativa de libertad, a una libertad condicionada, que es una especie de restricción de la libertad, contraria a la libertad plena a la cual tiene derecho el penado una vez cumplida la pena de presidio o prisión.

En efecto, a juicio de la Sala, la sujeción de vigilancia a la libertad obliga al penado a dar cuenta a los respectivos Jefes Civiles de Municipio sobre el lugar donde resida o por donde transite, lo que equivale a un régimen de presentación que limita, a todas luces, la libertad individual.

Para la Sala, basta el cumplimiento de la pena de presidio o de prisión para justificar la privación de libertad de una persona, el que se restrinja por extensión la libertad plena a través de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, es contrario al espíritu del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Se insiste, esa extensión de hecho, podría ir más allá de lo establecido en la Carta Magna, respecto al límite que debe tener toda pena que prive, de algún modo, la libertad plena del individuo. En efecto, de acuerdo con el artículo 44.3 in fine constitucional las penas privativas de libertad no excederán de treinta años, por lo que, verbigracia, si una persona es condenada a cumplir la pena de presidio por treinta años, no debería -por existir esa limitante y por tratarse de una especie de restricción de libertad-, estar sujeta a un cuarto de la pena bajo la sujeción a la vigilancia de la autoridad, ya que ello se convertiría en una extralimitación de lo señalado en la Carta Magna.

Lo anterior demuestra que la sujeción a la vigilancia de la autoridad es una pena excesiva, por lo que no cumple con las exigencias del derecho penal moderno.

Además, cabe acotar que el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas desaplicó los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, los cuales prevén la pena de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, al considerar que dicha figura penal “...además de estar completamente en desuso, es violatoria a los derechos humanos más intrínsecos del penado”. Adicionalmente, vale otra reflexión.

En la práctica la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad siendo una pena de auto ejecución su eficacia depende de las persona sujeta a la misma; ahora bien, toda vez que su eficacia depende de la propia presentación del penado ante la autoridad pública, aunado a lo cual debe tomarse en cuenta, tal como lo sostuvo el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que las condiciones geográficas de las ciudades venezolanas han cambiado sustancialmente en los últimos años, convirtiéndose en grandes urbes cosmopolitas en las cuales existen varios Jefes Civiles, resultando imposible, por lo tanto, que dichos funcionarios pudiesen ejercer algún tipo de control sobre los penados que están sometidos a esa pena accesoria, es lógico concluir que con ella no se hace efectiva la reinserción social del penado.

Esa inutilidad ya ha sido advertida por la Sala, al darse cuenta sobre la inconveniencia de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia a la autoridad, respecto a la figura de los Jefes Civiles, en sentencia N° 424 del 6 de abril de 2005 (caso: M.Á.G.O.). La Sala estableció que:

... la figura de la primera autoridad civil del Municipio, que fue el funcionario que el legislador penal de 1926 habilitó, probablemente, de acuerdo con las disponibilidades y concepciones de la época, para el ejercicio del referido control, viene a ser, entonces, el equivalente a la figura actual del delegado de prueba, que se ha desarrollado, fundamentalmente, a partir de la vigencia de leyes penales complementarias como las de Régimen Penitenciario de 1981 (artículo 76), Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena, de L.P. bajo Fianza (artículo 15), de Beneficios en el P.P. (artículo 18) y, por último, el Código Orgánico Procesal Penal (artículo 496). En el orden de las ideas que acaban de ser expresadas, se concluye que, por virtud de interpretación progresiva del artículo 22 del Código Penal, debe entenderse que el control postinstitucional del penado, incluso la vigilancia a la autoridad a la cual éste haya quedado sometido, de acuerdo con los artículos 13 y 15 eiusdem, está a cargo, en primer término, del Juez de Ejecución y el ejercicio efectivo e inmediato de dicho control corresponde al delegado de prueba que será designado por el Ministerio del Interior y Justicia, de acuerdo con el artículo 497 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras no entre en vigencia la ley que desarrolle el artículo 272 de la Constitución.

No obstante, esta Sala considera que, a pesar de que la función que estableció el Código Penal a los Jefes Civiles fue absorbida jurisprudencialmente por los delegados de prueba, esa solución no ha sido definitiva, en virtud de que ello no ha resuelto la ineficacia de la pena de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, por cuanto queda a responsabilidad del penado, que ya cumplió su pena privativa de libertad, acudir a los delegados de prueba, en aquellos casos que transite por varios lugares; resultando iluso el quebrantamiento de la condena previsto en el artículo 262 del Código Penal, que establece una sanción para el incumplimiento de la pena accesoria de la sujeción a la vigilancia de la autoridad; al no existir un mecanismo de control que permita supervisar el cumplimiento de la sujeción a la vigilancia de la autoridad. Por lo tanto, al no existir ese mecanismo, la pena accesoria deviene, además de excesiva, en ineficaz.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional introduce un cambio de criterio, en relación a la doctrina asentada respecto a la desaplicación de los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, por lo que, en conclusión, se estima, con la argumentación explanada, que se encuentra ajustada a derecho la decisión dictada el 4 de septiembre de 2003, por el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que desaplicó la sujeción a la vigilancia de la autoridad civil del penado A.C.S.. Así se decide…”.

De conformidad con lo precedentemente expuesto, quienes aquí deciden, determinan que la Jueza de Instancia, inobservó el contenido del criterio ut supra señalado, emanado de nuestra M.S., con carácter vinculante y por ende de estricto cumplimiento para los Tribunales del país, ajustable al caso de marras, donde lo correspondiente en derecho era declarar con lugar la solicitud de la defensa de autos, de la desaplicación de los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, los cuales establecen la pena de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, de conformidad con la jurisprudencia citada, tal como lo expuso la Representante de la Defensa en su escrito de apelación.

Por lo que concluyen los miembros de esta Alzada, que de acuerdo a las exposiciones antes esbozadas, se desprende que le asiste la razón a la Defensora Pública, y debe proceder en derecho la declaratoria CON LUGAR del recurso interpuesto, y en consecuencia se ANULA la recurrida, remitiéndose la causa a un Tribunal de Instancia de la misma fase procesal, a fin de que resuelva la petición de la defensa, sin los vicios presentes en el fallo anulado, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada M.A.G.C., Defensora Pública Vigésima Octava Penal Ordinario e Indígena para la Fase de Ejecución, adscrita a la Unidad del Estado Zulia, en su carácter de defensora del sentenciado S.A.G.; SEGUNDO: NULA la decisión N° 334-10 dictada en fecha 07 de Junio de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia; TERCERO: ORDENA la remisión de la causa a un Tribunal de Instancia de la misma fase procesal, a fin de que resuelva la petición de la defensa, sin los vicios presentes en el fallo anulado, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal

Publíquese, regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo, y remítase la causa en la oportunidad legal correspondiente.

LOS JUECES DE APELACIONES

DR. J.J.B.L.

Juez de Apelación /Presidente

DRA. G.M.Z.D.. R.R.R.

Juez de Apelación/Ponente Juez de Apelación

ABOG. M.P.

La Secretaria,

En la misma fecha se publico la anterior decisión, se notificó y se registró bajo el Nº 291-10, del libro copiador de Autos llevado por esta Sala en el presente mes y año, se compulso por Secretaría copia certificada en archivo.-

ABOG. M.P.

La Secretaria

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