Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Yaracuy, de 26 de Marzo de 2010
| Fecha de Resolución | 26 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Wendy Yanez Rodriguez |
| Procedimiento | Liquidacion Y Particion De Comunidad Conyugal |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL T.D.L.C.J.
DEL ESTADO YARACUY
EXPEDIENTE Nº 5826
PARTE DEMANDANTE Ciudadano S.N.F.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.113.184 y de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE
R.D.S.S.,
Inpreabogado N° 100.976 (folio 21 Y 22)
PARTE DEMANDADA Ciudadana M.A.D., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 17.156.222 y domiciliada en la Urbanización Prados del Norte, casa N° 607, Municipio Independencia del Estado Yaracuy.
MOTIVO
LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL
La presente demanda fue suscrita y presentada por el ciudadano S.N.F.P. contra la ciudadana M.A.D., por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, fundamentando la acción en los artículos 173 y 175 del Código Civil Venezolano, en concordancia con los artículos 1680, 1681, 1682 y 1683 ejusdem y estima la demanda en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 185.000,00), o lo que es lo mismo en la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES UNIDADES TRIBUTARIAS (Bs. 3.363,63 U.T.)
Cumplidos los trámites de la distribución la misma fue recibida en este Tribunal en fecha 17 de diciembre de 2009, constante de cinco (5) folios útiles y dos (2) anexos.
Por auto de fecha 8 de enero de 2010, se admite la demanda, ordenándose al respecto la citación de la demandada, ciudadana M.A.D., ya identificada.
Al folio 19 consta escrito presentado por el ciudadano R.D.S.S., Inpreabogado N° 100.976, mediante el cual procedió a consignar Poder Especial otorgado por el demandante de autos, ante la Notaría Pública Trigésima Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 4 de marzo de 2010, quedando autenticado bajo el N° 17, tomo 23, de los Libros respectivos. Quedando debidamente agregado a los autos por auto de fecha 16 de marzo de 2010.
Seguidamente en fecha 17 de marzo de 2010 el alguacil del Tribunal consignó boleta de citación librada a la parte demandada de autos, sin firmar, por cuanto señala que la parte demandante no proveyó el traslado para la practica de la misma, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial.
AL RESPECTO EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA LO SIGUIENTE:
Los procesos son una serie de actos coordinados para el logro de un fin determinado, y en sentido procesal, es el camino a seguir para resolver las controversias que se llevan a los estrados judiciales. El objeto del mismo es la pretensión procesal o petición que formula el demandante al juez o jueza para que dicte una resolución que, con autoridad de cosa juzgada, ponga fin de una manera definitiva e irrevocable al litigio planteado. Siendo así que la sentencia definitiva pronunciada por el juez o jueza constituye el modo normal de terminación del proceso, sin embargo, existen otros modos de llegar a esta etapa, los cuales son excepcionales o especiales por su esencia como la transacción, conciliación, desistimiento, convenimiento o perención.
En el caso bajo estudio, se plantea que el alguacil del Tribunal consigna boleta de citación de la parte demandada en fecha 17 de marzo de 2010, sin firmar, por cuanto señala que la parte demandante no proveyó el traslado para la practica de la misma, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, tal como consta al vuelto del folio 24; consignación ésta realizada tomando en cuenta la fecha 8 de enero de 2010, cuando por auto dictado por el Tribunal se admitió la demanda e igualmente se ordenó librar la respectiva boleta de citación.
Define la Doctrina Venezolana que el fundamento de la perención es la presunción iuris et de iure de abandono de la instancia, por la inactividad de las partes por el tiempo establecido en la ley. La razón de la misma es que el Estado, después de un periodo de inactividad prolongado, entiende librar a los propios órganos de administración de justicia de la necesidad de proveer las demandas y de todas las obligaciones derivadas de la relación procesal. La perencion tiene por efecto la extinción de la instancia, es decir, la anulación del proceso, dejando viva la acción, por lo que el demandante podrá intentarla nuevamente pasados noventa días que se hay verificado su declaración.
A su vez el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece que:
TODA INSTANCIA SE EXTINGUE POR EL TRANSCURSO DE UN (1) AÑO SIN HABERSE EJECUTADO NINGUN ACTO DE PROCEDIMIENTO POR LAS PARTES"
Asimismo el M.T. de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido que: “La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil... La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la carrera procesal...”
Ahora bien, en cuanto a la perención breve se contempla tres casos en el articulo 267 ejusdem, y a diferencia de la perención ordinaria que esta fundada en la presunta voluntad de las partes de abandonar la instancia, la perencion breve se da por el incumplimiento por las partes de ciertos actos de impulso del procedimiento, por cuanto su propósito es imponer la pronta integración de la relación procesal con el llamamiento a causa al demandado, tal como lo establece el articulo 267 ejusdem en sus ordinales 1º.2º.y 3º.
En el caso bajo estudio se toma en cuenta lo establecido en el artículo 267 ejusdem en su ordinal 1º que reza:
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos los treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…
Este ordinal tiene como supuesto de hecho para que se produzca la perencion de la instancia, que el actor no cumpla con sus obligaciones que la ley le impone para que se practique la citación del demandado. El cómputo de los treinta días comienza desde el momento en que nace para el demandante la obligación de gestionar la citación del demandado. El propósito de las perenciones breve es forzar la pronta integración de la relación procesal con el llamamiento a causa al demandado., bajo una amenaza de perencion, se logra una activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un tiempo muy largo, de modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estimulo en que se encuentran las partes de realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
Define el autor A.R.R. que las perenciones breves producen el mismo efecto de la perencion ordinaria, pero se diferencian de ella en que las primeras se declaran por la presunta voluntad de las partes de abandonar la instancia, en cambio, en las segundas se basan en el incumplimiento por las partes de ciertos actos de impulso del procedimiento, como el incumplimiento por el autor de una carga de gestionar la citación del demandado en el plazo establecido en la ley.
Asimismo El M.T. de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido en sentencia de fecha 6 de julio de 2004 de la Sala de Casación Civil lo siguiente:
...Las normas atinentes a la perención de interpretación restrictiva, por su naturaleza sancionatoria, a juicio de la Sala y con vista al contenido del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, basta con que el recurrente cumpla con alguna de las obligaciones que la ley le impone a los fines de practicar la citación del demandado, antes referidas, para que no se produzca la perención, ya que las actuaciones subsiguientes, como se expuso en el fallo del 22 de abril de 1992 antes citado, corresponden íntegramente realizarlas al tribunal de la causa de conformidad con lo indicado en el artículo 218 eiusdem; y sin que la parte tenga ingerencia alguna en esas actuaciones subsiguientes, sino que las mismas están a cargo del tribunal.
(...Omissis...)
El ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (sic) tiene como supuesto de hecho para que se produzca la perención de la instancia, que el actor no cumpla con las obligaciones que la ley le impone para que se practique la citación del demandado. La mención de la palabra obligaciones en la norma en comento está en plural. Por argumento en contrario, como antes se refirió, si el actor cumple con alguna de las obligaciones que tiene a su cargo, es evidente que no opera la aplicabilidad del supuesto de hecho del ordinal 1º del artículo 267, el cual exige para aplicar la sanción allí prevista que no se cumpla con las obligaciones...’
.
(...Omissis...)
Ratificando la doctrina antes expuesta, la Sala observa que la recurrida asentó que la demanda se admitió el 23 de julio de 1997, y el 30 de julio de 1997, siete (7) días después, la actora canceló la planilla de arancel judicial para practicar la citación de los co-demandados. Por tanto, a criterio de la Sala, la actora cumplió con las obligaciones que la ley le impuso para citar a los co-demandados dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión del libelo; actuación suficiente para evitar la sanción de que trata el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuyo supuesto de hecho, ciertamente, la alzada infringió, por falsa aplicación, al decretar la perención de la instancia, pues al haber la actora cumplido con las obligaciones a su cargo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión de la demanda, era improcedente decretar la perención de la instancia en el proceso....” (Lo subrayado es de lo transcrito)
………Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide.
Ahora bien, se evidencia de las actas procesales que conforman la presente causa que la demanda fue admitida en fecha 8 de enero de 2010 (folio 17), ordenándose la citación de la demandada. Asimismo se desprende de autos, que el alguacil del Tribunal posteriormente, en fecha 17 de marzo de 2010, consignó boleta de citación librada a la parte demandada, sin firmar, y con su respectiva compulsa, motivado a que la parte demandante no proveyó el traslado para la practica de la misma, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial.
Es de hacer notar que al margen de las presentes actuaciones y habiendo transcurrido sobradamente más de treinta (30) días continuos, desde la fecha en que admitió la demanda y con ello se ordenó librar la debida boleta de citación, hasta la fecha en que fue consignada en autos la misma por parte del alguacil del Tribunal, sin que la parte actora haya dado cumplimiento a las obligaciones que la ley le impone y en especial a la contemplada en el articulo 12 de la Ley de Arancel Judicial, en los términos señalados en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, esto es, dejar constancia en el expediente, dentro del lapso de treinta días siguientes a la admisión de la demanda, haber puesto a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la respectiva citación; es por lo que considera quien Juzga que en el presente caso están dados los supuestos de procedencia de la Perención Breve consagrados en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil Y ASÍ SE DECIDE.
Por los razonamientos anteriormente explanados, a la luz del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil los jueces deben procurar acogerse a la doctrina casacionista establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, esta operadora de justicia considera perfectamente aplicable al caso bajo estudio los criterios jurisprudenciales in comento, por lo que inexorablemente este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T.d.l.C.J. del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley de conformidad con el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil;
DECLARA:
LA PERENCIÓN BREVE, en el presente juicio de LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, incoado por el ciudadano S.N.F.P., contra la ciudadana M.A.D., ambos plenamente identificados.
No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Se ordena la devolución de los originales cursantes en autos dejándose copia certificada en su lugar, una vez la parte provea los emolumentos necesarios para las mismas.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho de este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T.d.l.C.J. del Estado Yaracuy. En San Felipe a los 26 días del mes de marzo de 2010. Años: 199° y 151°.
La Jueza,
Abg. W.Y.R.
La Secretaria Temporal,
Abog. I.M.
En esta misma fecha y siendo las 12:10 p.m. se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,
Abog. I.M.
