Las sanciones y el derecho a elecciones: delito de extorsión

Este es un momento que exige, con todos los recursos a disposición, una vasta campaña política y de comunicación que recuerde dentro y fuera de Venezuela que el más básico y evidente de los derechos ciudadanos, el derecho al voto, ha entrado en fase de mayor peligro: se ha convertido en instrumento de una extorsión.Esa necesaria campaña de bería ser unánime: todos, sin excepción, los demócratas deberían abocarse a ella. Todas las organizaciones de la sociedad civil, especialmente los partidos políticos, y particularmente los asesores, políticos y parlamentarios que están participando en las negociaciones, están en la obligación de recordar, en voz muy alta, que las elecciones son un derecho consagrado en la Constitución: el más fundamental e insoslayable, el principio rector de la aspiración democrática.Violando la Constitución y las leyes, han declarado distintos representes de la dictadura de Nicolás Maduro que no habrá elecciones declaración que es un retrato de la ruindad y la desesperación, a menos que los gobiernos de otros países y organismos multinacionales levanten las sanciones en contra de personas y empresas delincuentes.Esa declaración, con desca ro extremo, vuelve a poner de bulto que el Consejo Nacional Electoral es un órgano partidista, que los poderes públicos son inseparables de la camarilla que pretende permanecer en el poder por tiempo ilimitado, que la dictadura de Maduro carece de escrúpulos, que en Venezuela la oligarquía gobernante viola la ley sin rubor ni contrapeso alguno.La cuestión es que la preten sión del gobierno, de que se levanten las sanciones, no es potestad de la oposición democrática: ni puede decretar las sanciones ni tampoco lo contrario. El anuncio del gobierno es otra prueba más de su crasa ignorancia de las leyes, del derecho internacional y de cómo funcionan las instituciones.Es importante recordar y repetir que las sanciones no fueron causadas por motivos políticos ni ideológicos. Ni tampoco, como intentan promover, que son sanciones contra Venezuela. Son respuestas a una serie de actos delictivos de carácter penal es decir, señalan a personas específicas, como violaciones de los derechos humanos asesinatos, torturas, represión desproporcionada, asociación o participación en actividades...

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