Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 1 de Junio de 2011

Versa la inconformidad de los recurrentes sobre la decisión del Tribunal de Primera Instancia en función de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal, Extensión San A.d.T., que otorgó medida cautelar sustitutiva de privación judicial preventiva de libertad a favor del ciudadano I.C., cambiando el lugar de reclusión, acordando la detención domiciliaria bajo vigilancia policial, al considerar que tal pronunciamiento debió expresar con lógica jurídica las razones o motivos que la determinaron e igualmente ser concordante con las actas que conforman el proceso; que nuestra jurisprudencia ha establecido que las figuras punibles y relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (drogas) en cualquiera de sus modalidades, son delitos de lesa humanidad, decisiones que tienen carácter vinculante para todos los tribunales de la República; que el Juez a quo al decidir obvió que el hecho punible endilgado al imputado de autos de beneficio económico del producto de la comercialización ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 69 de la derogada Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que afecta los legítimos intereses del Estado Venezolano, cuya pena oscila en el presente caso de diez (10) a veinte (20) años de prisión.

Planteado lo anterior, esta Corte Única de Apelaciones, a los efectos de una mayor claridad y sistematización del presente fallo, realiza, en primer término, algunas consideraciones sobre el derecho a la libertad.

Debe afirmarse, que en líneas generales la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, pero también es un derecho fundamental que funge como presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales el cual hace a los hombres sencillamente hombres.

De esto deriva que tal derecho, se encuentre estrechamente vinculado a la dignidad humana, y por ello cumple un papel medular en el edificio constitucional venezolano.

Si bien es cierto, que la libertad personal es la regla general, es el caso que el propio texto constitucional, permite que el mismo pueda verse limitado en ciertos supuestos excepcionales, como lo son los establecidos taxativamente en el numeral primero del artículo 44 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Uno de dichos supuestos es de orden judicial, lo cual constituye una garantía inherente e ineludible al mencionado derecho fundamental. La manifestación más importante de tal excepción dentro del proceso penal se ve materializada fundamentalmente en el instituto de medidas de coerción, específicamente en, -la privación judicial preventiva de la libertad –o prisión provisional- regulada en referencia a la legislación adjetiva penal, siendo esta la provisión cautelar mas extrema a que hace referencia el legislador adjetivo penal.

El Tribunal Español la define como: “El deber estatal de asegurarse el ámbito de libertad de los ciudadanos.”

En este mismo sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentado en reiteradas decisiones que la medida de privación de libertad, es la provisión cautelar más extrema a que hace referencia la legislación, tanto en el ámbito internacional, en los distintos pactos sobre derechos humanos que regulan la materia, como en el ámbito interno, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal.

De igual forma la referida Sala ha sostenido que la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, no significa el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas.

También, la misma Sala ha sostenido que los principios de presunción de inocencia y de libertad, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esa Sala y por los restantes Tribunales de la República por imperativo de la propia Constitución y, aún más allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal, lo que no significa que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance del proceso.

Tomando en consideración que la posibilidad excepcional de aplicar una medida de coerción personal debe interpretarse con carácter restrictivo, el Juzgador en cada caso en que se le plantee una solicitud de tal naturaleza, debe a.c.s. están o no, cumplidos los extremos de ley, por cuanto su resolución versa sobre el más trascendental de todos los derechos de la persona después del derecho a la vida, como es el derecho a la libertad; supuestos que constituyen las excepciones al principio establecido en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que consiste en que toda persona debe ser juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

La Sala pasa al efectuar un análisis detallado de las actuaciones que cursan ante esta Alzada y observa, que el presente caso tuvo su inicio por denuncia interpuesta en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, en fecha 29-09-1993 por el ciudadano E.O.M., ante la Jueza Segunda Penal M.C., en virtud de la cual señala que la denuncia se encuentra relacionada con la información que apareció en el Diario “El Nacional” de fecha 08 de septiembre de 1993, a través de la cual se señala que la Guardia Nacional, objeta el funcionamiento de varias casas de cambio que laboran en San Cristóbal, estado Táchira; que dicha denuncia señala que tales casas de cambio funcionan como fachada y que sus propietarios se encuentran vinculados al tráfico de drogas; que en acta policial de fecha 01-10-1993, suscrita por funcionarios de los Servicios Contra el Tráfico de Drogas de la Guardia Nacional, dejaron constancia que dicho despacho desde el mes de octubre de 1991 realizaron investigaciones de inteligencia y operaciones de campo, así como estudios y análisis e información documental relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dólares en el eje fronterizo colombo-venezolano, pudiendo constatar que existía una red que utilizaba como fachada para sus operaciones, un grupo empresarial de la zona del cual dependían una serie de casas de cambio ubicadas en la frontera, utilizando entidades bancarias venezolanas para sus transacciones en dólares, producto de la comercialización de la droga.

Con base a las circunstancias descritas fue ordenada orden de captura al ciudadano I.C.R., por encontrarlo incurso en la presunta comisión del delito de beneficio económico ilícito del producto de la comercialización ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (vigente para el momento de los hechos).

Posteriormente en fecha 06-04-2010, fue celebrada ante el Tribunal Segundo de Control de la Extensión San A.d.T., audiencia de captura con ocasión de la aprehensión del ciudadano I.C., acordando mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, dictada en fecha 13-03-1999, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 y 251 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, decretando como lugar de reclusión el Centro Penitenciario de Occidente.

Asimismo, en fecha 09 de marzo de 2011 el Juez a quo, en virtud de los escritos presentados por el abogado M.A.C.G., con el carácter de defensor del ciudadano I.C.R., quien solicitó el examen y la revisión de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad recaída sobre el mencionado imputado, decidió lo siguiente:

(Omissis)

Primero: Librar boleta de excarcelación a su sitio de reclusión y se ordena librar oficio al mismo, que el ciudadano I.C. Romero…permanecerá bajo detención domiciliaria con el contenido de la orden de traslado a la residencia señalada.

Segundo: Librar oficio al Director de la Policía del Estado (sic) Táchira, a fin que el mismo ordene el apostamiento policial en la residencia del imputado, pertenecientes al Comando Policial de San Antonio del áchira – estado Táchira.

Tercero: Notificar a las partes del proceso por razones de ley, debiéndose trasladar al imputado para imponerlo de la presente.

Todo lo anterior corresponde al acatamiento del texto constitucional y a los Derechos (sic) Humanos (sic) contentivos de principios que son de obligatorio cumplimiento y así se decide…

(Omissis)”

Considera esta Superior Instancia que las medidas de coerción personal, son instrumentos procesales que se imponen en el desarrollo del proceso penal, para restringir el ejercicio de los derechos personales o patrimoniales del imputado, con la finalidad de evitar los peligros de obstaculización al proceso y asegurar el efectivo cumplimiento de la posible sanción.

La privación judicial preventiva de libertad como medida cautelar, contemplada en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, sólo es aplicable si existe un hecho punible cuya acción penal no esté evidentemente prescrita; existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión de ese hecho punible; exista una presunción razonable de fuga, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación; requiriéndose además la debida motivación tal como lo exige expresamente el artículo 254 de la norma adjetiva penal.

Ahora bien, la revisabilidad como característica de las medidas de coerción personal, contemplada en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, significa que su imposición responde a una determinada situación de hecho existente al momento de adoptar la medida, que varía si las circunstancias que la motivaron sufrieron modificaciones a lo largo del proceso, lo que obliga a su sustitución o revocación.

Asimismo, esta Alzada ha indicado en anteriores decisiones, que toda resolución debe estar debidamente fundada; ahora bien, en el caso que nos ocupa, al estudiar el auto apelado se observa, que en fecha 09-03-2011 el Tribunal de Control N° 2, Extensión San A.d.T., otorga una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad al imputado de autos y cambia el lugar de reclusión, conforme al artículo 256 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo referencia al estado de salud que presenta el ciudadano I.C., considerando además, que aunque se encuentra acreditada la existencia de un hecho punible y fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible, puede pasar a un plano de menor interés el peligro de fuga, pues lo primordial a su entender, es buscar la recuperación de la salud del mencionado imputado.

Estima la Sala, que la razón le asiste a la representación fiscal, ya que ciertamente para poder decretarse una medida de coerción personal menos gravosa como la acordada en el presente caso, el juez a quo debió analizar ponderadamente las circunstancias propias del caso en particular, y así concluir, en la existencia o no de peligro de fuga. La recurrida sólo se limitó a establecer tal y como se indicó ut supra que el peligro de fuga tomaba menor interés ante el estado de salud del imputado de autos, sin entrar a valorar que estamos ante la comisión de un hecho punible grave - beneficio económico producto de la comercialización ilícita de las sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 69 de la derogada Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en tal sentido, a criterio de la Alzada, el Juzgador no cumplió a cabalidad con la responsabilidad de razonar debidamente la decisión mediante la cual decretó la medida cautelar sustitutiva, puesto que para decidir, debe a.d.s. las circunstancias por las cuales se decretó la privación judicial preventiva de libertad, variaron para el momento de realizarse la revisión de esa medida.

Ahora bien, tal como lo expresan los recurrentes, efectivamente la decisión es inmotivada, pues el a quo no analizó si efectivamente los supuestos de hecho que motivaron la aplicación de la medida de privación judicial preventiva de libertad, habían variado; como tampoco consideró la pena que podría llegar a imponerse, ni el peligro de fuga; situación que analizó al momento de decretar privación judicial preventiva de libertad.

Esta Sala advierte, que el a quo únicamente puede sustituir la privación judicial preventiva de libertad, cuando los supuestos que la motivaron, puedan ser razonadamente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa, para lo cual debe a.p.s. las circunstancias bajo las cuales se decretó la misma han variado para el momento de la revisión de la medida.

En el presente caso, si bien es cierto, la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida, no es menos cierto, que el a quo en ningún momento estableció con base a los informes médicos recibidos, el porqué considera que el estado de salud del imputado de autos se encuentra en fase terminal.

En tal sentido, los integrantes de este Tribunal Colegiado consideran que efectivamente la Jueza a quo incurrió en falta de motivación, y por ende viola el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto y sancionado en el articulo 26 del texto Constitucional, ya que no argumentó las razones por las cuales decreto la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad a favor del ciudadano I.C..

Aunado a lo anteriormente señalado, nuestro más alto Tribunal de la República, se ha referido sobre los delitos de lesa humanidad, entre los cuales, se encuentran los contemplados en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 10 de diciembre de 2009, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en el expediente signado con el número 0923-09, caso J.M.R.M., refirió lo siguiente:

(Omissis)

Asimismo, la mencionada Corte de Apelaciones, tomando en cuenta que el delito investigado es considerado de lesa humanidad - el ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas-, consideró que al ciudadano J.M.R.M. no debía otorgársele ninguna de las medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, sino mantenerlo privado de libertad durante el proceso penal, para lo cual se apoyó en jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala Constitucional; decisión judicial correcta por cuanto los delitos contemplados en el artículo 31 de la referida Ley Orgánica, los cuales se refieren al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en todas modalidades, son catalogados por esta Sala como de lesa humanidad, desde su sentencia número 1.712/2001, caso: R.A.C. y otros, cuyo criterio ha sido ratificado en sentencias números 1.485/2002, caso: Leoner Á.F.C.; 1.654/2005, caso: I.A.C. y otro; 2.507/2005, caso: K.P.; 3.421/2005, caso: N.E.D.B. y 147/2006, caso: Zaneta Levcenkaite, entre otras), señalándose al respecto lo siguiente:

[…] Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado.

Al comparar el artículo 271 constitucional con el transcrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad, y así se declara.

Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron: Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad (...)

Por otra parte, en el Preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia (…)

Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal, estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes (...)

En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad.

A título de ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no suscrito por Venezuela, en su artículo 7 se enumeran los crímenes de lesa humanidad; y en el literal K de dicha norma, se tipificaron las conductas que a juicio de esta Sala engloban el tráfico ilícito de estupefacientes

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Ciertamente esta Sala Constitucional, mediante sentencia N° 635/2008 del 21 de abril, al admitir el recurso de nulidad interpuesto por las ciudadanas C.Y.C., T.G.M. y J.A.M., actuando en su condición de Defensores Públicos Penales en Fase de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas; suspendió temporalmente la aplicación del último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, según los cuales “Estos delitos no gozarán de beneficios procesales”, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva.

Empero, la cautelar referida supra en modo alguno debe entenderse como una negación del deber del Estado de investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad, tal como lo prescribe el artículo 29 constitucional, ni tampoco dicha cautelar puede derivar en un obstáculo para el ejercicio de la potestad jurisdiccional que ostentan los jueces y juezas con competencia en materia penal para que ponderen las circunstancias del caso en concreto y acuerden o nieguen la medida de privación judicial preventiva de libertad, con base en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; no obstante deberán los jueces y juezas en ejercicio de esta potestad desvirtuar motivadamente la presunción del “peligro de fuga” de los procesados por este tipo de delitos.

Tampoco podría pensarse que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al instituir en su artículo 29, la prohibición de aplicar beneficios que puedan conllevar a la impunidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, estaría derogando el principio de la presunción de inocencia, sino que al establecer la referida prohibición, se excepciona para esos casos el principio de juzgamiento en libertad, dada la magnitud del daño que dichos delitos conlleva y del bien jurídico tutelado en el tipo penal, como lo es la salud pública o colectiva en tanto derecho social fundamental conforme lo consagra el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que deben los jueces y juezas presumir, como se señaló, el “peligro de fuga” en los imputados por dichos delitos. La negativa judicial a otorgar beneficios procesales obedece a la necesidad de impedir que se obstaculice la investigación y que tales delitos puedan quedar impunes…”

En torno a lo anterior, esta Sala considera que ante la violación de una garantía constitucional como lo es la tutela judicial efectiva, específicamente por falta de motivación, lo procedente en tal caso es la nulidad del fallo de la instancia, de conformidad con los artículos 190, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal. Así las cosas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados N.I.B.P., Nerza Labrador de Sandoval, C.Y.G.U., O.E.V. de González, Joman A.S. y Yoleysa Porras Trejo, actuando con el carácter de Fiscales Undécimo y Décimo Provisorios del Ministerio Público en el estado Táchira, las dos primeras, y Fiscales Auxiliares Undécimos y Décimos del Ministerio Público en el estado Táchira, y en consecuencia se anula la decisión, de fecha 09-03-2011, dictada por el Juzgado en Funciones de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal, Extensión San A.d.T., mediante la cual, decretó medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, modificando el sitio de reclusión a favor del imputado I.C., por existir violación de garantías constitucionales y procesales previstas en el artículo 26 de la Constitución y 173 del Código Orgánico Procesal Penal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 190, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal, y se ordena que otro Juez de igual categoría y competencia conozca de la presente causa y emita el pronunciamiento respectivo, con prescindencia de los vicios aquí señalados, y así se decide.

En virtud de la decisión dictada por esta Alzada, queda el ciudadano I.C., con la medida de coerción personal vigente al momento que el Tribunal Segundo de Control de la Extensión San A.d.T., dictara el fallo recurrido en fecha 09 de marzo de 2011; asimismo, se ordena el traslado del mencionado ciudadano al Centro Penitenciario de Occidente con sede en S.A.d.T., así también se decide.

DECISION

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

Con lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados N.I.B.P., Nerza Labrador de Sandoval, C.Y.G.U., O.E.V. de González, Joman A.S. y Yoleysa Porras Trejo, actuando con el carácter de Fiscales Undécimo y Décimo Provisorios del Ministerio Público en el estado Táchira, las dos primeras, y Fiscales Auxiliares Undécimos y Décimos del Ministerio Público en el estado Táchira, contra la decisión dictada en fecha 09 de marzo de 2011, por el abogado R.E.H.C., Juez de Primera Instancia en función de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal, Extensión San A.d.T., mediante la cual, decretó medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, modificando el sitio de reclusión a favor del imputado I.C., conforme al artículo 256 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal.

Anula la decisión señalada en el punto anterior.

Se ordena que otro juez de igual categoría y competencia dicte un nuevo pronunciamiento, con prescindencia de los vicios observados.

En virtud de la decisión dictada por esta Alzada, queda el ciudadano I.C., con la medida de coerción personal vigente al momento que el Tribunal Segundo de Control de la Extensión San A.d.T., dictara el fallo recurrido en fecha 09 de marzo de 2011; asimismo, se ordena el traslado del mencionado ciudadano al Centro Penitenciario de Occidente con sede en S.A.d.T..

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de audiencias de la Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, al primer (01) días del mes de junio de dos mil once. Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

Los Jueces de la Corte,

L.H.C.

Presidente

H.P.A.L.P.R.

Juez Ponente

María Nélida Arias Sánchez

Secretaria

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

María Nélida Arias Sánchez

Secretaria

Aa-4548/2011/LPR/Neyda.-