Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de Sucre (Extensión Carupano), de 26 de Enero de 2011
| Fecha de Resolución | 26 de Enero de 2011 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio |
| Ponente | Edda Perez |
| Procedimiento | Nulidad De Acto Administrativo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio del Trabajo del Estado Sucre extensión Carúpano
Carúpano, veinticinco de enero de dos mil once
200º y 151º
ASUNTO: RP21-N-2011-000001
Parte Recurrente: S.G., venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, portador de la cédula de identidad Nº. 12. 557. 922, domiciliado en el Municipio Valdez, del estado Sucre
Apoderado de la parte Recurrente: R.E.P.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. 5.906.828, abogado en ejercicio, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº.56.474,
Parte Recurrida: INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO SUCRE-CARUPANO.
Motivo de la Acción: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
En fecha 20 de los corrientes, fue recibido el presente expediente, contentivo de Recurso de Nulidad de Acto Administrativo, presentado por el Abog. R.E.P.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.906.828, abogado en ejercicio, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 56.474, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano S.G., venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, portador de la cédula de identidad Nº. 12. 557. 922, con domicilio en el Municipio Valdez, del estado Sucre, carácter el suyo que se evidencia de Instrumento Poder ( folios 7 y 8), otorgado en fecha 28 de abril de 2010, por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Valdez del estado Sucre ( con funciones Notariales), autenticado bajo el Nº 41, Tomo 04, de los Libros llevados por la citada Oficina de Registro, contra el Acto Administrativo de efectos particulares, Nº 81-09, de fecha 05 de febrero del año 2010, cursante a los folios 86 al 89, dictado por la Inspectoría del Trabajo de esta ciudad, que declara Con Lugar la Solicitud de Calificación de Falta, interpuesta por ante el mencionado Organismo por la empresa NAVIERA OCCIDENTAL S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 05 de febrero de 1996, bajo el Nº. 47, Tomo 12- A; el cual fue ejercido por ante ese Juzgado de Municipio, a los solos efectos de interrumpir la caducidad de la acción; este Tribunal observa y pasa a decidir en los siguientes términos:
En fecha 09 de agosto de 2010 fue presentada la presente Nulidad por ante la U.R.D.D. de Barcelona, correspondiéndole el conocimiento de la misma al Juzgado Segundo del Municipio S.B.d. la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el cual en fecha 20 de septiembre de 2010 se declara Incompetente para conocer del mismo (folios 92 al 94) y ordena la remisión del expediente al Juzgado Superior del Trabajo en Cumaná estado Sucre, quien lo recibe en fecha 29 de noviembre de 2010 y en fecha 09 de diciembre de 2010, Declina la competencia a este Juzgado de Juicio del Trabajo (folios 99 al 101).
Este Tribunal para pronunciarse en relación a la competencia para conocer de la presente causa, hace las consideraciones de Ley; Según la Doctrina, La Competencia, es la medida de la jurisdicción que puede ejercer el Juez, es “la capacidad del Órgano del Estado para ejercer la función jurisdiccional” o es “la aptitud del Juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado”, empero, aquí resulta oportuno proceder a transcribir la doctrina reciente de la Sala Constitucional de nuestro Alto Tribunal de Justicia, en materia competencial, y que resulta ser vinculante, cuando se trata de este tipo de actos administrativos de efectos particulares emanados de las Inspectorías del Trabajo, lo cual se hace como a continuación se copia:
“De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación.
En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.
Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.
Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:
1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.
2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. Así se declara. (Cursivas de esta Jurisdicción de Primera Instancia.) (Tribunal Supremo de Justicia; Sala Constitucional; Sent. Nº 955; Exp. 10-0612; de fecha: 23/09/2010; Ponente: Mag. Dr. F.A.C.L..)
Se evidencia de lo anteriormente transcrito que de conformidad con el examen efectuado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la referida decisión concerniente al artículo 25 numeral 3° de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio del 2010, la competencia para conocer las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, esta atribuida a la jurisdicción laboral.
Ahora bien, considera este Tribunal, que dado el hecho cierto que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.541 del 22 de junio de 2010, que debe tenerse en consideración el contenido la disposición 3 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que:
…la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa
(Cursivas de este Tribunal), lo que conforme al principio de la perpetuatio jurisdictionis, los cambios posteriores en materia de jurisdicción y/o competencia, no tienen efecto sobre aquéllas condiciones que regían para el momento de la interposición de la demanda (Sentencia de esta Sala Plena Nº 41 de fecha 24 de noviembre de 2004, caso: Fábrica de Tejidos de Punto Ivette, C.A.). Así mismo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, Nº 1238, hace pertinente mención a su decisión de fecha 23 de septiembre de 2010, donde se determinó el cambio de criterio en lo concerniente a la competencia para la cognición de los recursos de nulidad de providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, con ocasión a los procedimientos de inamovilidad laboral y señaló:
“…Así pues, esta Sala introduce un cambio de criterio respecto de la competencia para conocer de las distintas pretensiones que se planteen contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo; sin embargo, esta Sala debe realizar una serie de consideraciones relativas a la aplicación del fallo que antecede al caso de autos y, en tal sentido, observa:
De la decisión vinculante recién establecida se deduce con meridiana claridad que esta Sala asume una nueva postura respecto de la competencia para conocer de los juicios contra las resoluciones administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo. Si bien el fallo en cuestión no advirtió que la interpretación en él contenida, debía aplicarse hacia el futuro, es decir, con efecto ex nunc, esta Sala, en situaciones como la de autos lo ha establecido así, en aras de evitar las serias repercusiones que podría tener sobre juicios pendientes o culminados; y ello resulta lo ajustado a derecho, tomando en cuenta la amplia aplicación que tuvo en el foro el precedente que atribuía el conocimiento de esos juicios a la jurisdicción contencioso administrativa desde su nacimiento en el 2001.
Así pues, esta Sala, en salvaguarda de la tutela judicial efectiva y de la confianza legítima que tienen los particulares en la estabilidad de las decisiones judiciales, ha señalado en reiteradas oportunidades que los criterios establecidos en sentencias vinculantes, en las que la Sala ordene su publicación en Gaceta Oficial, sólo pueden ser aplicados para aquellos casos en los cuales la demanda se inicie con posterioridad a dicha publicación.
Lo anterior resulta cónsono con lo establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil que consagra el principio de la perpetuatio fori, el cual precisa el momento determinante de la competencia, en los siguientes términos:
Artículo 3. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa
.
Así pues, de acuerdo a lo establecido en la norma citada, la competencia del órgano jurisdiccional para el juzgamiento de la demanda sometida a su conocimiento se determina por la situación fáctica que existía para el momento de la interposición de la demanda, sin que pueda modificarse dicha competencia en razón de cambios que se susciten en el curso del proceso. “La perpetuación del fuero competencial se fundamenta en los principios de economía procesal y seguridad jurídica, con lo cual se busca evitarle un perjuicio a las partes que menoscabe sus derechos y garantías constitucionales y procesales” (ver sentencia N° 957 del 6 de octubre de 2010, caso: L.F.A.C.).
En este sentido, esta Sala verifica en el caso de autos que el amparo fue intentado el 29 de junio de 2010, por un trabajador favorecido por una resolución de la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas -que ordenó su reenganche y el pago de salarios caídos- con el objeto de lograr el cumplimiento efectivo de la referida providencia administrativa, en resguardo de su derecho constitucional al trabajo; asimismo, se observa que la sentencia vinculante que establece el nuevo régimen competencial fue dictada el 23 de septiembre de 2010 (decisión que aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial), por lo que resulta evidente que la misma no resulta aplicable a la presente causa, conforme a los criterios antes expuestos y lo que dispone el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil”. (Cursivas de este Tribunal)
En razón de lo antes señalado, se concluye que es la jurisdicción contencioso administrativa la competente para el conocimiento de la presenta causa, por ser la doctrina imperante para el momento del ejercicio del presente Recurso; motivo por el cual esta Jurisdicente, considera que el juzgado competente para conocer y decidir la presente es, el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, por cuanto como se determinó, la presente acción fue instruida mucho antes de la entrada en Vigencia de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa, y con anterioridad al criterio jurisprudencial señalado. ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVO
Asimismo, en concordancia con el Principio del Debido Proceso establecido en nuestra carta política (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y con el fin supremo de garantizar así el derecho de todos los justiciable a ser tutelados efectivamente por sus jueces naturales, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley Declara;
El CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, y de manera oficiosa solicita la Regulación de la Competencia
Se ordena la remisión del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que resuelva el conflicto de competencia suscitado.
En consecuencia, se ordena la remisión del expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Líbrese oficio de remisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al órgano competente. Déjese copia de Cúmplase lo ordenado.
Dado firmado y sellado en el Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. En Carúpano, a los veinticinco (25) días del mes de enero de Dos mil Diez (2011), año 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
LA JUEZ TITULAR,
ABG. E.P.A.
LA SECRETARIA,
ABG. D.R.
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior sentencia.
LA SECRETARIA,
ABOG. D.R.
