Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 23 de Enero de 2006

THEMA DECIDENDUM: En la demanda que por resolución de contrato opción compra-venta de fondo de comercio que fue interpuesta por el abogado J.E.C.V., en su condición de apoderado judicial de la ciudadana S.B.N., en contra del ciudadano O.E.S.M., se señaló que la ciudadana S.B.N. celebró un contrato bilateral de promesa de futura compra-venta sobre un fondo de comercio denominado “MINI ABASTOS Y LICORES FERNÁNDEZ, S.R.L.”, con el ciudadano O.E.S.M., contrato notariado mediante el cual se estableció el precio de la venta por la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,oo) de los cuales el oferido pagó la suma OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 8.600.000,oo) quedando un saldo deudor de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 11.400.000,oo)

Por otra parte, el abogado C.A.J.R.M., procediendo con el carácter de apoderado judicial del demandado ciudadano O.E.S.M., en su escrito de contestación a la demanda y reconvención, expuso que para el momento de la firma del contrato la vendedora no se encontraba en la capacidad jurídica de vender el fondo de comercio y que, posteriormente el comprador se percató de que sobre el fondo de comercio existían varias multas por falta de pago y malos procedimientos administrativos, y así mismo que su representado firmó una letra de cambio en blanco para garantizar la negociación, es decir, que la letra de cambio fue llenada posteriormente por la demandante; y que su representado depositó periódicamente en una cuenta bancaria a nombre de S.B.N., varias cantidades de dinero y que por lo tanto, solo le adeuda la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 1.440.931,15). De igual manera reconvino a la ciudadana S.B.N. para que le pague la cantidad de TRECE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 13.000.000,oo), por daños y perjuicios, que se firme un finiquito de negociación traspasándole el total de las acciones que le pertenecen a la demandante reconvenida y que de igual manera se le devuelva la letra de cambio firmada por el demandado reconviniente.

Posteriormente la parte demandante reconvenida, en su escrito de contestación a la reconvención rechazó, negó y contradijo tanto en los hechos como en el derecho y en todas y en cada una de sus partes la reconvención intentada en el presente juicio por el demandado de autos O.E.S.M., impugnó la mayoría de los documentos y señaló que se le adeudaba la cantidad de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 11.400.000,oo), toda vez que efectuada la negociación inicial establecida en el mencionado documento autenticado, no le hizo ningún otro pago. De esta manera quedó trabada la litis.

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA: la parte accionante promovió las siguientes pruebas:

1) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LAS ACTAS Y ACTUACIONES DEL PRESENTE EXPEDIENTE EN CUANTO LE FAVOREZCAN. Con respecto al mérito y valor jurídico probatorio de las actas del proceso en cuanto le sean favorables, el Tribunal señala, que efectuado el aporte de pruebas, las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, toda vez que por el principio de la comunidad de la prueba, ninguna de las partes contendientes puede atribuirse el valor exclusivo de cualquier prueba o de parte de la misma, ya que como antes se indicó, las pruebas aportadas al juicio son propias de éste, y no de las partes en particular.

Con relación a esta prueba, el Tribunal considera pertinente, hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar, cuando una prueba es promovida dentro de un proceso cualquiera, no es el promovente el dueño de la prueba, pues la misma puede beneficiar, favorecer o perjudicar a todas las partes que de una u otra forma aparezcan involucradas en la controversia, en atención al principio procesal de la comunidad de la prueba, que permite que una prueba evacuada y producida a los autos pertenece al proceso, guardando total independencia de la parte que la promovió o produjo y no en forma particular a su aportante o promovente, ya que tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 19 de noviembre de 1.969, tienen su justificación jurídica en que “... como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el Juez para alcanzar el fin del proceso, nada importa quien las haya promovido o aportado”; en segundo lugar, son tres las características fundamentales que se le atribuyen al principio de la comunidad de la prueba: a) Que se relaciona con el hecho de que toda prueba surte efectos para el proceso quien la adquiere (proceso de adquisición de la prueba) para el proceso, sin que importe la parte que la haya promovido. b) El destinatario de la prueba no es una parte específica, no es tampoco su promovente, es, siempre y en todo caso el proceso. c) La valoración de una prueba no toma en cuenta el vínculo generador de ella, pues el mérito y la convicción que de ella dimanan es totalmente independiente del propósito del promovente, sólo subordinado a la soberanía del juzgador; en tercer lugar, si bien, la expresión de reproducir el mérito favorable de los autos en cuanto a que favorezca a la parte promovente, no vulnera en sí el principio de la adquisición procesal, ni tampoco lesiona el principio de la comunidad de la prueba, ni menoscaba la potestad del juzgador de valorar las pruebas, no obstante, la expresión el mérito favorable de los autos en cuanto favorezca al cliente o representado, no constituye por sí misma una prueba, sino una especie de recordatorio al Juez para analizar las actas procesales, sin que ello implique, se repite, una prueba en si misma. Por lo tanto, a esta prueba promovida por la parte actora reconvenida, el Tribunal no le asigna eficacia probatoria alguna, pues las actas procesales y las pruebas no son patrimonio de una parte en especial sino que corresponden al proceso, y por lo tanto, pueden favorecer o desfavorecer a las mismas.

2) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO CONSISTENTE EN EL CONTRATO BILATERAL DE FUTURA COMPRA-VENTA DEL FONDO DE COMERCIO DE SU PROPIEDAD. El Tribunal observa que el documento público que obra a los folios 7 y 8, este Juzgado le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

3) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DEL DOCUMENTO AUTENTICADO EN FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2.001. El Tribunal observa que a los folios 12 y 13 obra documento público de compra-venta. A dicho documento autenticado, este Juzgado le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que el mencionado documento no fue tachado conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

4) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LA LETRA DE CAMBIO CON FECHA DE EMISIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.002. El Tribunal observa que al folio 11 obra la mencionada letra de cambio por la cantidad de TRECE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 13.000.000,oo). Este Juzgado adopta el criterio de diferentes juristas tanto nacionales como extranjeros, quienes han coincidido en que la letra de cambio es un documento privado que está caracterizado por ser un título de crédito, de carácter formal, de circulación, de valor cartular abstracto, de tipo constitutivo y autónomo, equiparado como título valor a las cosas muebles con fundamento en el artículo 794 del Código Civil de Venezuela, considerado igualmente como título literal y de carácter solidario y por ser un documento privado se valora como tal; en efecto, la letra de cambio en cuestión corre inserta al folio 11, y además, observa el Tribunal que este documento privado no fue impugnado por la parte demandada reconviniente en orden a lo previsto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, ni fueron desconocidas sus firmas, ni tachado con base a las previsiones legales contenidas en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del mencionado texto procesal, razones por las cuales se da por reconocido dicho documento privado en orden a lo pautado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil. Advierte este Tribunal que la referida letra fue librada por concepto del saldo deudor existente para el momento que se firmó el documento de contrato de oferta que obra a los folios 7 y 8 y como quiera que tal como lo afirman tanto la parte demandante reconvenida como la parte demandada reconviniente, reconocieron la existencia sobre un pago parcial sobre la misma por la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.600.000,oo), razón ésta por la cual el saldo deudor es de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 11.400.000,oo).

5) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DEL INFORME DE PREPARACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO Y SU CORRESPONDIENTE INVENTARIO DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y EXISTENCIA DE MERCANCÍAS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMERCIO OBJETO DE LA PRESENTE DEMANDA. El Tribunal observa que del folio 305 al 311 corre agregado el mencionado informe de preparación suscrito por el contador público J.O.M., igualmente se puede apreciar el correspondiente inventario de mobiliarios de, equipos, licores y víveres de MINI ABASTOS Y LICORERÍA FERNÁNDEZ S.R.L. De la misma manera, el Juzgado observa que al folio 315 se evidencia la declaración del contador público J.O.M. en la cual ratificó y reconoció tanto en su contenido como en su firma dicho informe de preparación y el inventario de mercancía. Ahora bien, el Tribunal le otorga a la presente prueba eficacia jurídica probatoria, por cuanto el documento privado en cuestión fue ratificado por su firmante de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

6) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO A SU FAVOR PARA QUE SEA EVACUADA Y PRACTICADA LA INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL LOCAL COMERCIAL “MINI ABASTO Y LICORES FERNÁNDEZ, S.R.L.”. El Tribunal observa que la mencionada prueba fue inadmitida, lo cual se puede constatar en el auto de admisión de pruebas de fecha 30 de junio de 2.005 que riela del folio 291 al 297.

7) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO A SU FAVOR DEL CONTRATO PRIVADO DE OPCIÓN A COMPRA-VENTA DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2.002. El Tribunal observa que al folio 56 riela el mencionado documento privado en copia fotostática simple al cual no se les asigna ningún tipo de valor probatorio, ya que el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil señala que las copias fotostáticas producidas en juicio se reputarán fidedignas cuando se traten de documentos públicos o privados reconocidos expresa o tácitamente por la parte a la cual se oponen y no fueren impugnadas por el adversario, de ello se infiere que las copias fotostáticas de los documentos simplemente privados carecen de todo valor probatorio y sólo sirven a su promovente como un principio de prueba a los fines de adminicularla con respecto a otro medio probatorio legal, pues tal como lo señala el DR. R.E.L.R., en su obra titulada “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”, Tomo III, Página 444 y siguientes: “...el artículo 429 se refiere a la impugnación y cotejo de las reproducciones de documentos públicos y privados reconocidos expresa o tácitamente, restando valor probatorio a los instrumentos privados producidos en copia fotostática simple...”. De igual manera ha sido doctrina sostenida por la extinta Corte Suprema de Justicia que las copias simples carecen de valor probatorio y así lo dejó establecido en la sentencia de fecha 11 de noviembre de 1999, cuando expresó: “...los documentos privados deben ser presentados en originales, no en copias fotostáticas. Debe recordarse que sólo pueden ser traídos a juicio documentos en copias fotostáticas, cuando se trate de instrumentos públicos, privados reconocidos o legalmente tenidos por reconocidos conforme a la permisión establecida en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. (...) es forzoso concluir para esta Sala que tales fotostáticos no pueden tener valor probatorio en este juicio...”

8) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DEL RECIBO DE ABONO A CUENTA DE PAGO PARCIAL. El Tribunal observa que al folio 85 se puede constatar dicho recibo de pagó de fecha 4 de agosto de 2.002, en el cual la ciudadana S.B.N. recibió UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES en efectivo (Bs. 1.600.000, oo) del ciudadano O.E.S.M.. Igualmente se puede apreciar que quedó pendiente la cantidad de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 11.400.000) según lo estipulado en documento notariado de fecha 9 de abril de 2.002. Este Juzgado verificó que el mencionado documento privado no fue impugnado por la parte demandada en orden a lo previsto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, ni fue tachado con base a las previsiones legales contenidas en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del mencionado texto procesal, razones por las cuales se da por reconocido dicho documento privado en orden a lo pautado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil.

9) VALOR Y MERITO JURÍDICO PROBATORIO DE LOS RECIBOS PRIVADOS FIRMADOS POR LA DEMANDANTE. El Tribunal observa que a los folios 186, 187 y 188 rielan tres (3) recibos de pago, en los cuales se puede constatar en cada uno de dichos recibos que la ciudadana S.B. recibió del ciudadano O.E.S.M. la cantidad de CIEN MIL CIEN BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 100.100,oo) (sic), el primero de los recibos por concepto de intereses al 9,24% anual desde el 9 de abril de 2.002 hasta el 9 de mayo de 2.002; igualmente el segundo recibo por concepto de intereses al 9,24% anual desde el 9 de mayo de 2.002 hasta el 9 de junio de 2.002 y el tercer recibo por concepto de intereses al 9,24% anual desde el 9 de junio de 2.002 hasta el 9 de julio de 2.002, todos según lo establecido en el documento notariado de fecha 9 de abril de 2.002. El Juzgado observa que los mencionados recibos no fueron impugnados según lo previsto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, ni fueron tachados en orden a lo establecido en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, motivos por los cuales se dan por reconocido dichos documentos privados en orden a lo pautado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil.

10) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO A LAS PLANILLAS DE PAGO FISCAL Y LAS CUALES FUERON CANCELADAS EN SU OPORTUNIDAD POR LA PROPIETARIA ANTE EL SENIAT. El Tribunal observa que a los folios 91, 93, 95, 97, 98, 111, 113, 115, 117 y 118 obran diez (10) planillas para pagar (liquidación), con membrete del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), los cuales son documentos administrativos emanados de la Administración Pública Tributaria y que este Tribunal los valora como tales, vale decir, como documentos administrativos. Sobre este particular el Juzgado observa que en reiteradas jurisprudencias se ha señalado que los documentos de los funcionarios públicos, en ejercicio de sus competencias específicas, constituyen un género de prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a la veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de la ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que, por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario, toda vez, que es posible desvirtuar la procedencia del documento administrativo por cualquier otra prueba. La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia de fecha 21 de junio de 2.000, al referirse a este tipo de documento señala que:

... El documento administrativo es una actuación que por tener la firma de un funcionario administrativo, está dotado de una presunción de legalidad (...) el documento administrativo por su carácter no negociado o convencional, no se asimila al documento público definido en el artículo 1.357 del Código Civil, pero, en razón de su autenticidad, es decir, certeza de su autoría, de su fecha y de su firma, en lo que respecta a su eficacia probatoria si se asemeja al valor probatorio de los documentos auténticos a que se contrae el artículo 1.363 del Código Civil, pues la verdad de la declaración en él contenida hace plena fe hasta prueba en contrario...

Por su parte, la Sala Político-Administrativa, de fecha 2 de diciembre de 1993, que al referirse al documento público, expresó lo siguiente, que a continuación se transcribe:

“En particular define el artículo 1.357 del Código Civil el documento público, como aquél (sic) que ha sido autorizado con las formalidades legales por un Registrador, por un juez o por otro funcionario o empleado público que tenga facultad de darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. El artículo 1.384 atribuye a los traslados y las copias o testimonios de los documentos públicos o de cualquier otro documento auténtico, la misma fe de los originales si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las leyes’.

Por otro lado, para esta Corte son Documentos, Administrativos, aquellos documentos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias específicas, los cuales constituyen un género de la prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Estos documentos están dotados de una presunción favorable a la veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier medio legal. En consecuencia, no es posible una asimilación total entre el documento público y el documento administrativo, porque puede desvirtuarse su certeza por otra prueba pertinente e idónea, y no sólo a través de la tacha de falsedad...".

El criterio antes expresado fue ratificado por decisión de la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 6 de junio de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. O.V., expediente número 00957.

En consecuencia, este Tribunal le asigna a los documentos administrativos antes señalados, la eficacia probatoria y el valor jurídico que se desprende del contenido del artículo 1.363 del Código Civil, vale decir, el de plena prueba.

11) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LAS PLANILLAS PENDIENTES DEL PAGO FISCAL DEBIDAS ANTE EL SENIAT. El Tribunal observa que a los folios 124, 126, 128, 132, 136, 141, 150, 152, 154, 156, 158 y 160 corren agregadas doce (12) planillas para pagar (liquidación), con membrete del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT). Con relación a esta prueba, este Juzgado comparte el criterio jurisprudencial de las decisiones emanadas de la extinta Corte Suprema de Justicia y del actual Tribunal Supremo de Justicia, en las cuales se ha establecido que ninguna de las partes puede unilateralmente crear una prueba a su favor, excepto en el caso de la figura jurídica del juramento decisorio; así lo decidió la Sala Constitucional en sentencia de fecha 2 de abril de 2.002, en el expediente número 00-1493, con ponencia del Magistrado Dr. P.R.R.H., todo ello en obsequio del ejercicio del derecho en el caso del sistema de apreciación de las pruebas, precisamente con la finalidad de proteger las disposiciones constitucionales a la defensa y al debido proceso. Por lo tanto valorar esta prueba unilateralmente creada por la parte demandada reconviniente, implicaría soslayar ilegalmente la tarifa legal prevista en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, para los documentos privados que le son opuestos a la parte contraria y mal puede oponérsele a la parte contraria un documento privado que no ha sido firmado por la misma. Por las razones anteriormente expuestas, es por lo que a las mencionadas planillas no se les otorga eficacia jurídica probatoria.

12) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO EN CUANTO LE FAVOREZCAN DE LAS PLANILLAS DE PAGO. El Tribunal observa que a los folios 162 y 174 obran dos (2) planillas para pagar (liquidación) con membrete del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), por tratarse de simples planillas sin firmas ni sellos de cancelación, es por que a las mismas no se les asigna eficacia probatoria.

13) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LA CONSTANCIA COMERCIAL EMANADA DE LA EMPRESA PROVEEDORA DE LICORES “LA CASA CLEMENTE, C.A.”, MARCADO CON LA LETRA “A”. El Tribunal observa que la mencionada prueba fue inadmitida, lo cual se puede constatar en el auto de admisión de pruebas de fecha 30 de junio de 2.005 que riela del folio 291 al 297, por cuanto se observó que la constancia que obra al folio 248 emana de un tercero, que no es parte en el juicio, ni causante del mismo, y por lo tanto debió ser promovido mediante la prueba testifical de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

14) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO EN CUANTO LE FAVOREZCA DEL DOCUMENTO PÚBLICO DEL REGISTRO MERCANTIL DEL FONDO DE COMERCIO OBJETO DE ESTE JUICIO SIGNADO CON LA LETRA “B”. El Tribunal observa que del folio 249 al 253 riela el registro mercantil en copia fotostática de la empresa “LICORERÍA FERNÁNDEZ S.R.L.”. A las referidas copias fotostáticas, se les tiene como fidedignas por no haber sido impugnadas, tal como lo señala el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

15) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO EN CUANTO LE FAVOREZCA DEL DOCUMENTO PÚBLICO MARCADO CON LA LETRA “C”. El Tribunal observa que a los folios 254 y 255 corre agregado documento público de compra-venta en copia fotostática, y en el cual se puede apreciar que los ciudadanos E.F. y J.F. dieron en venta al ciudadano M.J.Z.M. la cantidad de ciento cuarenta y seis (146) cuotas de participación de las ciento cincuenta (150) que poseen en la sociedad de comercio “MINI ABASTO Y LICORERÍA FERNÁNDEZ, Sociedad de Responsabilidad Limitada”. Este Juzgado considera como fidedigno el mencionado documento público en copia fotostática, por no haber sido impugnado, tal como lo señala el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

16) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO EN CUANTO LE FAVOREZCA DEL DOCUMENTO PÚBLICO DONDE EL CIUDADANO M.J.Z.M. VENDE DE NUEVO A UNO DE SUS ANTERIORES PROPIETARIOS J.F., EL FONDO COMERCIAL Y EL CUAL ANEXO CON SU ESCRITO DE PRUEBAS MARCADO CON LA LETRA “D”. El Tribunal observa que al folio 256 corre inserto documento público de compra-venta en copia fotostática, y en el cual se aprecia que el ciudadano M.J.Z.M. dio en venta al ciudadano J.F.M. la cantidad de ciento cuarenta y seis cuotas de participación (146) que posee en la sociedad de comercio “MINI ABASTO Y LICORERÍA FERNÁNDEZ, Sociedad de Responsabilidad Limitada”. Al mencionado documento público que obra en copia fotostática, se le tiene como fidedigno por no haber sido impugnado, tal como lo señala el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

17) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO DONDE EL CIUDADANO J.F.M. LE VENDE A LA ACTUAL PROPIETARIA Y DEMANDANTE CIUDADANA S.B.N.. El Tribunal observa que a los folios 12 y 13 corre agregado documento público autenticado, por medio del cual el ciudadano J.F.M. dio en venta a la ciudadana S.B.N. la cantidad de ciento cuarenta y seis cuotas de participación (146) que posee en la sociedad de comercio “MINI ABASTO Y LICORERÍA FERNÁNDEZ, Sociedad de Responsabilidad Limitada”. Al mencionado documento público, este Tribunal le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

18) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO EN CUANTO LE FAVOREZCA DE LA SOLICITUD CON ACUSE DE RECIBO EN SELLO HÚMEDO ORIGINAL REALIZADA ANTE EL GERENTE DE TRIBUTOS INTERNOS DEL SENIAT MÉRIDA, MARCADO CON LA LETRA “E” DE SU ESCRITO DE PRUEBAS.

El Tribunal observa que al folio 259 riela copia fotostática de la solicitud de un informe donde se determine la situación fiscal del fondo de comercio denominado “MINI ABASTOS Y LICORES FERNÁNDEZ S.R.L.”, dirigida al Gerente de Tributos Internos del Seniat M.L.J.C.. Ahora bien, con relación a esta prueba, este Juzgado comparte la constante jurisprudencial, las decisiones emanadas de la extinta Corte Suprema de Justicia y del actual Tribunal Supremo de Justicia, en las cuales se considera que ninguna de las partes puede unilateralmente crear una prueba a su favor, excepto en el caso de la figura jurídica del juramento decisorio; así lo decidió la Sala Constitucional en sentencia de fecha 2 de abril de 2.002, en el expediente número 00-1493, con ponencia del Magistrado Dr. P.R.R.H., todo ello en obsequio del ejercicio del derecho en el caso del sistema de apreciación de las pruebas, precisamente con la finalidad de proteger las disposiciones constitucionales a la defensa y al debido proceso. Por lo tanto valorar esta prueba unilateralmente creada por la parte actora, implicaría soslayar ilegalmente la tarifa legal prevista en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, para los documentos privados que le son opuestos a la parte contraria y mal puede oponérsele a la parte contraria un documento privado que no ha sido firmado por la misma. Por las razones anteriormente expuestas, es por lo que a la mencionada copia fotostática de la solicitud de un informe no se le otorga eficacia jurídica probatoria.

19) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO FAVORABLE DEL DOCUMENTO PÚBLICO CONSISTENTE EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIA FORMAL FORMULADA ANTE EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), MARCADA CON LA LETRA “F”. El Tribunal observa que al folio 259 corre agregada acta de recepción de denuncia formulada por la ciudadana S.B.N. y su apoderado judicial abogado J.E.C.V. ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Con respecto a esta prueba, este Juzgado se pronuncia de idéntica forma a la prueba anterior, vale decir, la prueba de consideración SEGUNDA numeral “18”, que se refiere a las pruebas unilateralmente creadas; de tal manera que a la mencionada denuncia, no se le asigna valor probatorio.

20) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO FAVORABLE DEL DOCUMENTO PÚBLICO CONSISTENTE EN DENUNCIA QUE REPOSA ANTE LA GERENCIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE ESTE MUNICIPIO LIBERTADOR, MARCADA CON LA LETRA “G”. El Tribunal observa que al folio 260 corre agregada denuncia suscrita por el apoderado judicial de la demandante, abogado E.C.V., y formulada ante el Gerente de Hacienda Municipal de la Alcaldía de Libertador, Licenciado Nelson Stalin Nava. Ahora bien, con relación a esta prueba, este Juzgado se pronuncia de la misma manera que en la prueba de consideración SEGUNDA numeral “18”, que se refiere a las pruebas unilateralmente creadas; de tal manera que a dicha denuncia, no se le asigna eficacia probatoria.

21) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO FAVORABLE DEL RECURSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO QUE A NOMBRE DEL FONDO DE COMERCIAL DE SU PROPIEDAD INTERPUSO EL ANTIGUO PROPIETARIO ANTE LA GERENCIA NACIONAL JURÍDICA TRIBUTARIA DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DEL SENIAT, MARCADO CON LA LETRA “H”. El Tribunal observa que del folio 261 al 267 se puede constatar escrito contentivo de recurso jerárquico de nulidad, dirigido al Gerente Jurídico Tributario, División de Recursos Administrativos y Judiciales del SENIAT, y suscrito por el ciudadano J.F.M.. Ahora bien, por cuanto se observó que el mencionado escrito emana de un tercero, que no es parte en el juicio, ni causante del mismo, por lo tanto, debió ser promovido mediante la prueba testifical de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Por las razones anteriormente expuestas, es por lo que este juzgado no le asigna eficacia jurídica a esta prueba.

22) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE SEIS (6) REFERENCIAS COMERCIALES, MARCADAS CON LAS LETRAS “A”, “I”, “J”, “K”, “L”, Y “M”. El Tribunal observa que la mencionada prueba fue inadmitida, lo cual se puede constatar en el auto de admisión de pruebas de fecha 30 de junio de 2.005 que riela del folio 291 al 297, específicamente al folio 294, por cuanto se observó que la constancia marcada con la letra “A” que obra al folio 248 emana de un tercero, que no es parte en el juicio, ni causante del mismo, y por lo tanto debió ser promovido mediante la prueba testifical de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, el Tribunal inadmitió en el mencionado auto de admisión de pruebas marcadas con las letras “A”, “I”, “J”, “K”, “L”, y “M”, en virtud de que se observó que las referencias comerciales a las cuales hizo alusión, no existen ni han existido en el presente expediente.

23) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERTENECIENTES AL CIUDADANO CONTADOR J.O.M., SIGNADO CON LA LETRA “N”, QUIEN ELABORÓ EL INVENTARIO QUE OBRA DEL FOLIO 14 AL 20. El Tribunal observa que al folio 268 corre agregada en copia fotostática simple la cédula de identidad número V - 4.330.575, del ciudadano M.J.O., igualmente se aprecia en el folio antes indicado y en copia fotostática el carnet de la Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Contadores Técnicos de Venezuela, perteneciente al ciudadano anteriormente mencionado. A los fines del presente juicio tales copias carecen valor jurídico probatorio.

24) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LA CONSTANCIA EMANADA DEL COLEGIO DE CONTADORES DEL ESTADO MÉRIDA, AFILIADO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CONTADORES TÉCNICOS DE VENEZUELA, MARCADA CON LA LETRA “O”. El Tribunal observa que la mencionada prueba fue inadmitida mediante el auto de admisión de pruebas de fecha 30 de junio de 2.005 que riela del folio 291 al 297, específicamente al folio 294, por cuanto se observó que la promovida constancia marcada con la letra “O” que obra al folio 269 emana de un tercero, que no es parte en el juicio, ni causante del mismo, y por lo tanto debió ser promovida mediante la prueba testimonial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y no por el artículo 433 eiusdem, el cual es aplicable solo cuando se trata de requerir información sobre hechos litigiosos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en las oficinas, bancos y demás instituciones a que se refiere el citado artículo.

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA RECONVINIENTE. El Tribunal observa que la parte accionada promovió las pruebas que consideró pertinentes, en su respectivo escrito que obra a los folios 270 y 271. Ahora bien, este Juzgado mediante sentencia interlocutoria que riela del folio 278 al 290 se pronunció con respecto a las pruebas promovidas por la abogada M.C., con el carácter de apoderada judicial de la parte demandada, vale decir, ciudadano O.E.S.M.. En la parte dispositiva de la antes mencionada sentencia se declaró lo siguiente: se inadmitieron las pruebas promovidas por la apoderada judicial de la parte accionada, por no haber indicado el objeto de la prueba, con excepción de las posiciones juradas en las cuales no se requiere indicar el objeto o la finalidad de las mismas; por esta razón se admitió únicamente la prueba de las posiciones juradas. La referida decisión quedó firme toda vez que la parte demandada reconviniente no apeló de dicha decisión con base a la previsión legal contenida en el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil.

DE LAS POSICIONES JURADAS. El Tribunal observa que la parte demandada reconviniente promovió las posiciones juradas, pero no se evidencia en el contenido del presente expediente que dicha prueba haya sido evacuada.

Determinada la forma como quedó trabada la litis, corresponde a este juzgador proceder a sentenciar el fondo de la presente controversia.

Establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil:

Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación

.

Quiere decirse con esto que la formación del material de conocimiento en el proceso constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del Juez a no referirse a otros hechos que a los alegados por aquellas. Que de su actividad depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas de modo que junto a la carga de la afirmación de los hechos tienen la carga de la prueba de los mismos.

Así como no se puede tomar en cuenta hechos que no han sido alegados por las partes, el Juez tampoco puede fundar su sentencia en hechos que no han sido probados.

El Código de Procedimiento Civil distribuye la prueba entre las partes, como una carga procesal cuya intensidad depende del respectivo interés, vale decir, si el actor le interesa el triunfo de su pretensión, deberá probar los hechos que le sirven de fundamento, y si al demandado le interesa destruir, enervar o reducir con su actividad directa en el proceso el alcance de la pretensión, deberá por su parte, probar el hecho que la extingue, que la modifique o que impide su existencia jurídica.

Siendo ello así, el Juez, con relación a este caso sólo puede resolver las cuestiones que las partes hayan formulado en los citados actos, vale decir, en la demanda, la contestación de la demanda y la reconvención propuesta, ya que el Tribunal no puede incurrir en el vicio de incongruencia que se verifica cuando el Juez omite pronunciarse sobre un alegato de las partes (incongruencia negativa), o bien cuando extiende su pronunciamiento a alegatos no formulados en el proceso (incongruencia positiva), ya que con la demanda la parte actora agota su oportunidad legal de alegar sobre la pretensión deducida en el proceso y correlativamente la parte demandada agota la suya al efectuar la contestación, de tal manera que con tales actuaciones se traba la litis y se cierra a las partes la posibilidad de traer nuevos alegatos relativos a la pretensión deducida en el juicio. Sin embargo, en el escrito de informes es admisible la alegación de hechos determinantes y concernientes a la suerte del proceso como lo es la confesión ficta, la reposición de la causa u otros similares y al no actuar de esa manera las partes o el juzgador, tales circunstancias repugna la justicia porque atenta contra elementales garantías y derechos de orden constitucional de los sujetos de derecho por lo tanto, no puede existir un pronunciamiento divorciado de los hechos controvertidos.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Con lugar la demanda que por resolución de contrato de futura compra-venta de Fondo de Comercio denominado “MINI ABASTO Y LICORERÍA FERNÁNDEZ, S.R.L.” interpuso la ciudadana S.B.N. en contra del ciudadano O.E.S.M., por incumplir con el pago del saldo restante de la opción de compra equivalente a la cantidad de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 11.400.000,oo). SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento, en primer lugar, se da por resuelto el contrato de oferta que corre inserto en los folios 7 y 8 suscrito por la oferente S.B.N. y el ciudadano O.E.S.M.; en segundo lugar, se le condena al demandado ciudadano O.E.S.M. a hacer entrega a la demandante ciudadana S.B.N., el Fondo de Comercio denominado “MINI ABASTO Y LICORERÍA FERNÁNDEZ, S.R.L.”, con los equipos y la mercancía que consta detalladamente en el inventario y debidamente solvente en cuanto al pago de los impuestos; y en tercer lugar, se le ordena a la ciudadana S.B.N. entregarle al ciudadano O.E.S.M. la cantidad de OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 8.600.000,oo) que fueron recibidos por la mencionada ciudadana en la forma siguiente: SIETE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 7.000.000,oo) que le fueron pagados según la cláusula cuarta del denominado “CONTRATO DE OFERTA”, más la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.600.000,oo) que le fueron abonados a dicha negociación el día 4 de agosto de 2.002. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Por cuanto la presente decisión sale dentro del lapso legal no es necesaria la notificación de las partes.-

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, veintitrés de enero de dos mil seis.-

EL JUEZ TITULAR,

A.C.Z.

LA SECRETARIA TITULAR,

S.Q.Q.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las nueve y diez minutos de la mañana. Conste.

LA SCRIA.

S.Q.

ACZ/SQQ/dsf.-