Decisión nº 31 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 16 de Febrero de 2011

Se declare la Admisibilidad del presente recurso.

Se declare CON LUGAR el recurso de apelación propuesto, se revoque la sentencia impugnada, declarándola nula o inexistente, se ordene a otro Tribunal de Control atender la solicitud de autorización judicial para practicar visita domiciliaria en el lugar de los hechos formulada por esta Fiscalía.

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal en su parte in fine, solicitamos respetuosamente al Secretario se sirva expedir copia certificada de la totalidad de las actuaciones que conforman la presente causa y remitida como cuaderno especial a l de Apelaciones, a los fines de que sirva de fundamento del recurso interpuesto n éste acto y de las solicitudes formuladas por este Despacho.

IV

DE LA NO CONTESTACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DE LA

DEFENSA DEL ACUSADO

Transcurrido el lapso legal correspondiente para que la representación fiscal, diera formal contestación al recurso ejercido en el caso sub indice, la sala denota que esta ultima, no dio contestación al mismo; razón por la cual esta Alzada estima inoficioso emitir pronunciamiento al respecto. Así se declara

V

RESOLUCIÓN DEL RECURSO

5.1 MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Admitido como ha sido el recurso de apelación interpuesto en el caso de especie, por la profesional del derecho Saulismar Torres Moreno procediendo en su carácter de Fiscal Séptima Auxiliar del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, contra el fallo dictado en Auto Interlocutorio por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, el 21 de diciembre de 2010, mediante el cual se acordó NEGAR la solicitud de orden de visita domiciliaria de revisión general solicitada por la abogada Saulismar Torres Moreno en su condición de Fiscal Auxiliar Séptima del Ministerio Público, en la presente causa N° 3C- 2667-10, seguida en contra del ciudadano Hendrix W.L.V., por la comisión de los delitos VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA, previstos y sancionados en los artículos 42 y 43 en relación con el artículo 65 numeral 3° de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L. deV., HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal en relación con el artículo 9 de la Ley de Armas y Explosivos Y POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, con la concurrencia real de delitos previsto y sancionado en el artículo 88 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana M.I.D.R., y el Estado Venezolano, por cuanto ya la causa no esta dentro de la etapa de investigación, lo cual seria violatorio del debido proceso y del derecho a la defensa Principios y Garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que todo Juez en funciones de Control debe garantizar a las parte intervinientes en el procesó penal, y siendo esta la oportunidad legal para pronunciarse en torno a la cuestión planteada al respecto, la Sala observa:

i) [Que], el 21 de diciembre de 2010, el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 03 de esta misma Circunscripción Judicial, dictó auto en la causa identificada con el alfanumérico 3C-2667-10, seguida en contra del ciudadano Hendrix W.L.V., por la presunta comisión del delito del Violencia Física Agravada, Homicidio Calificado En Grado De Frustración Porte Ilícito De Arma De Fuego Y Posesión Ilícita De Sustancias Estupefacientes Y Psicotropicas, en perjuicio de la ciudadana: M.I.D.R., mediante el cual entre otros pronunciamientos, ACORDO: NEGAR la solicitud de orden de visita domiciliaria de revisión general solicitada por la abogada Saulismar Torres Moreno en su condición de Fiscal Auxiliar Séptima del Ministerio Público, en la presente causa N° 3C- 2667-10, seguida en contra del ciudadano Hendrix W.L.V., por la comisión de los delitos VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA, previstos y sancionados en los artículos 42 y 43 en relación con el artículo 65 numeral 3° de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L. deV., HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal en relación con el artículo 9 de la Ley de Armas y Explosivos Y POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, con la concurrencia real de delitos previsto y sancionado en el artículo 88 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana M.I.D.R., y el Estado Venezolano, por cuanto ya la causa no esta dentro de la etapa de investigación, lo cual seria violatorio del debido proceso y del derecho a la defensa Principios y Garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que todo Juez en funciones de Control debe garantizar a las parte intervinientes en el procesó penal.

ii) [Que], el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal, tiene como objeto medular, la impugnación del punto de la decisión resuelta por la recurrida, mediante la cual, acordó NEGAR la solicitud de orden de visita domiciliaria de revisión general. En este mismo orden, advierte la Sala, que la parte impugnante propuso como solución ante el fallo adversado lo siguiente: Admita el mismo y declare CON LUGAR la apelación propuesta, con las consecuencias repositorias aquí solicitadas. Asimismo promuevo como pruebas de las afirmaciones anteriormente hechas la Copia simple de auto de apertura de la investigación de fecha 31/10/10 en la cual se demuestra las diligencia ordenadas: PRIMERO: Se declare la Admisibilidad del presente recurso. SEGUNDO: Se declare CON LUGAR el recurso de apelación propuesto, se revoque la sentencia impugnada, declarándola nula o inexistente, se ordene a otro Tribunal de Control atender la solicitud de autorización judicial para practicar visita domiciliaria en el lugar de los hechos formulada por esta Fiscalía. TERCERO: Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal en su parte in fine, solicitamos respetuosamente al Secretario se sirva expedir copia certificada de la totalidad de las actuaciones que conforman la presente causa y remitida como cuaderno especial a l de Apelaciones, a los fines de que sirva de fundamento del recurso interpuesto n éste acto y de las solicitudes formuladas por este Despacho.

Establecido lo anterior, y en ejercicio del marco de competencia funcional que le atribuye el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, y en aplicación del conocido aforismo Tantum devolutun quantum apellatum, tal como se expresara al inicio de este epígrafe motivacional, revisadas como han sido cada una de las actuaciones contenidas en el presente cuaderno, y en específico el pronunciamiento del punto de la decisión impugnada mediante la cual la recurrida acordó negar la solicitud de orden de visita domiciliaria de revisión general; la Sala arriba al silogismo conclusorio que en el caso examinado, de cara a la confrontación de los alegatos formulados por la parte recurrente y a los elementos de verosimilitud que hasta esta oportunidad procesal constan en autos amen del buen comportamiento del imputado durante el iter procesal, lo cual permite a esta alzada bona fide presumir la voluntad de este último de someterse a la persecución penal, la razón no asiste a los apelantes.

Tomando en cuenta lo anterior, la sala juzga, que el punto de la decisión impugnada, relativo a la negativa de la solicitud de orden de visita domiciliaria de revisión general, que hiciera el tribunal de la recurrida, se encuentra ajustado a derecho, por cuanto, que en el fallo accionado, se expresan las razones de hecho y de derecho que condujeron a la legitimada pasiva a tomar tal determinación judicial, garantizándose así el principio pro libertatis.

En atención a lo expuesto, esta Instancia colegiada considera además, que en el pronunciamiento examinado amén de no advertirse contradicciones manifiestas relacionadas con el acto de negativa de la orden de visita domiciliaria de revisión de medida, tampoco ha podido constatar conculcación o violación de derechos fundamentales, relativos al debido proceso, y a la tutela judicial efectiva, que pudieran dar lugar a la nulidad del fallo adversado, retrotrayéndolo a la etapa de que se dicte un nuevo auto interlocutorio, todo lo cual representaría una reposición inútil por cuanto la misma se encuentra ajustada a derecho, en criterio de esta alzada, satisface una de las finalidades del proceso como lo es, garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial o del Ministerio Publico cuando lo sea requerida. Así se declara.

En este aserto, el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal señala lo siguiente:

(…) la nulidad de un acto, cuando fuere declarado, conlleva la de los actos consecutivos que el mismo emanaren o dependieren.

Sin embargo, la declaración de nulidad no podrá retrotraer el proceso a etapas anteriores, con grave perjuicio para el imputado, salvo cuando la nulidad se funde en la violación de una garantía establecida en su favor.

De este modo, el auto que declare la nulidad, las partes podrán interponer recurso de apelación, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

La apelación interpuesta contra el auto que declara sin lugar la nulidad, solo tendrá efecto devolutivo

… (Negritas de la Sala).

Siendo ello así, la sala después de haber reflexionado sobre este punto de la decisión, impugnado por la representación fiscal, dadas las consideraciones antes explicitadas, estima que la pretensión de nulidad aducida al respecto deviene en IMPROCEDENTE. Y así se declara.

Señala el recurrente en su primera denuncia que la decisión impugnada “violentó fragantemente al ejercicio de la acción penal atribuido al Ministerio Publico, por cuanto negó la orden de allanamiento sin estimar la importancia de la misma toda vez que a través de esta orden si pretende garantizar la practica de la diligencia de investigación de carácter técnico científico como el levantamiento planimetrico del sitio del suceso y la trayectoria de balística, las cuales fueron ordenadas en el auto de apertura de la investigación…” pues se evidencia del contenido de las actas que conforman la causa en fecha, 01 de noviembre de 2010, se hizo necesario solicitar orden de allanamiento la cual fue oportunamente acordada por el tribunal a quo para poder ingresar a la vivienda y así practicar inspección técnica criminalistica … ahora nos encontramos en la necesidad de recurrir nuevamente al órgano jurisdiccional a fin de que nos otorgue esta orden ..” sin que la recurrida haya observado en contenido del articulo 328 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este orden de ideas es importante señalar que la recurrida señalo lo siguiente “Al hilo de lo anterior, se puede presenciar que la fase de investigación termino cuando el Ministerio Publico presenta su acto conclusivo que en el presente caso fue en fecha 16 de diciembre de 2010 (sello húmedo de la unidad de alguacilazgo), fase en la que el Ministerio Publico como titular de la acción penal debió reunir todo los elementos conducente a la elaboración del respectivo acto conclusivo que en el presente caso consistió en presentar la acusación fiscal en contra del ciudadano Hendrix W.L.V., razones por la cuales no le es posible al Ministerio Publico mantener una averiguación abierta en forma indefinida, lo cual seria violatorio del debido proceso y del derecho a la defensa, Principios de Garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que todo Juez en funciones de Control debe garantizar a las partes intervinientes en el proceso penal.

Por otro lado en sentencia N° 389 de la Sala de Casación Penal, de fecha 19-08-2010, se estableció lo siguiente:

En el actual proceso oral, público y acusatorio, el Ministerio Público ostenta una serie de responsabilidades que le son inherentes a las disposiciones consagradas en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A saber, el artículo 285 antes señalado, coloca sobre el Ministerio Público, la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos y a las garantías constitucionales en todos los procesos judiciales. Además, debe garantizar la buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. Asimismo, tiene el deber de ordenar y dirigir la investigación penal de la probable perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión y la identificación de los autores de los mismos, con las circunstancias que influyan en su calificación. Y finalizada esta investigación, ejercer la acción penal en nombre del Estado, en los casos que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria la instancia de parte. Esta grave responsabilidad, está expresada también, aunque con más detalle, en el texto del Código Orgánico Procesal Penal, cuando en su artículo 108, establece, que pesa sobre el Ministerio Público, la dirección de la investigación de los hechos punibles y también la dirección de los órganos de policía de investigaciones penales. En esta labor, tienen a su vez, según acota el mismo artículo 108 adjetivo, la obligación de requerir de organismos públicos y privados, altamente calificados, la práctica de peritajes y experticias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación, sin perjuicio de la actividad que desempeñan los propios órganos de policía investigativa. Esta responsabilidad, está vertida a manera de facultad, en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, a través de cuyo contenido, el Ministerio Público puede exigir informaciones a cualquier particular o funcionario público y ordenar la práctica de cualquier clase de diligencia.

Asi mismo en sentencia N° 1065 de la Sala de Casación Penal, de facha 26-07-2000, se estableció lo siguiente:

Debe precisarse que el principio de legalidad es un requisito que debe presidir toda la actividad dirigida a la consecución de las pruebas. Sólo de la forma como se establece en la ley se debe realizar tal actividad, pues son las reglas que el Estado ha aprobado para llevar a la causa aquellos elementos de convicción en relación a los hechos que se diluciden. No se puede probar de cualquier forma, sino de la forma como lo establezca la ley adjetiva, específicamente el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, este requisito hace por tanto declarar la nulidad de cualquier actuación que violente tal garantía procesal, sobre todo cuando a su vez viola garantías sustantivas establecidas en la Constitución

Finalmente nuestro M.T. de la Republica en Sent. N° 1162, dictada en fecha 11-08-09, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Ponente Arcadio Delgado Rosales, Exp. N° 09-0115.

…dentro de los elementos de un proceso debido, se encuentra el principio de preclusión de los lapsos procesales previstos por el legislador a fin de regular la actividad y las actuaciones de las partes y así lograr el cabal desarrollo y culminación del proceso sin alteraciones, interrupciones no previstas en la ley o desviación de su verdadera finalidad como instrumento esencial para la realización de la justicia.

Por lo tanto, el principio de preclusión de los lapsos procesales constituye una de las garantías del debido proceso, que permite a las partes ejercer su defensa en igualdad de condiciones y en pleno conocimiento de los actos ya cumplidos dentro del mismo, en tanto y en cuanto el proceso no es relajable ni aun por consentimiento entre las partes en virtud de que la estructura secuencial de sus actos le permite a éstas el efectivo ejercicio de su defensa mediante los respectivos recursos, por lo que la prohibición de prórroga, reapertura y abreviación de los términos y lapsos procesales -artículos 202 y 203 del Código de Procedimiento Civil- resulta de obligatorio cumplimiento, en resguardo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad entre las partes

De tal manera puede concluir este tribunal que el auto impugnado no limito el ejercicio de la acción al Ministerio Publico pues incluso señala el propio recurrente que oportunamente le acordaron su orden de allanamiento en fase preparatoria, no aprovechando el tiempo oportuno para practicar la diligencias y luego realizar su acto conclusivo, al contrario mal puede pretender la representación fiscal considerar que tiene el derecho de seguir investigando en la misma causa una vez concluida la fase de investigación por su propia acusación, apreciación esta que atentaría contra el debido proceso, pues se interpretaría el proceso como un mecanismo de procesamiento sin lapso, y sin garantía procesales, ya que también permitiría la incorporación de medios de pruebas de manera irregular sin limitación de ningún tipo fuera de fases ya precluidas y en desigualdad de condición para las partes, razones estas por la cuales esta Corte de Apelaciones considera que debe declarar sin lugar el recurso. Así se decide.

En cuanto a la segunda denuncia en la que señala:

Considera quien suscribe, que se ha causado con la decisión impugnada un daño irreparable, en el curso de la presente causa, por cuanto a pesar de haberse cumplido con las cargas, obligaciones, facultades del Ministerio Público, en la que mediante un procedimiento transparente y respetuoso de las garantías y derechos constitucionales de las partes

Considera este tribunal que tal denuncia carece de fundamento, pues como se dijo anteriormente al cierre de la fase preparatoria es por el propio fiscal del Ministerio Publico cuando presenta su acusación, en consecuencia si este termina la fase de investigación es por que considero como suficiente los elementos probatorios para demostrar la verdad de los hechos, por lo que mal podría alegar que la ocasionaron daños al negarle el allanamiento una vez vencido la fase preparatoria, pues el mismo es quien la termino con su acto conclusivo. Razones por la cuales debe finalmente declararse sin lugar el recurso. Así se decide.

Esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, de cara al examen exhaustivo de la decisión del 21 de diciembre de 2010, (folio 227 al 233 de la primera Pieza de las presentes actuaciones), emitida por la legitimada pasiva, vale decir, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este mismo Circuito Judicial, observa, que el fallo apelado tampoco adolece del vicio de falta de motivación, denunciado por la recurrentes, toda vez que esta Sala ha podido constatar, que el juez a-quo, además de ejercer, una atribución propia de su función juzgadora explicitó suficientemente las razones en las cuales baso su decisión e igualmente hizo un razonamiento concienzudo, que implicó el análisis de las circunstancias tanto objetivas (referidas al hecho investigado), como subjetivas, ( referidas particularmente al estado de salud de la victima), para adoptar tal pronunciamiento.

Por lo tanto, en criterio de esta Sala, la decisión adoptada por el juez de la recurrida, se encuentra suficientemente motivada en los términos exigidos por los artículos 173 eiusdem, pues el mencionado juzgador, tal como fuera destacado antes si explicitó suficientemente los fundamentos en los cuales apoyó el fallo emitido

Siendo ello así, la Sala con base a los planteamientos expuestos a lo largo de este fallo, estima que lo procedente y ajustado a derecho en el caso sublite es CONFIRMAR por las razones ya expuestas, el fallo dictado por la recurrida el 21 de diciembre de 2010, y en específico el punto de dicha decisión, mediante el cual acordó NEGAR la solicitud de orden de visita domiciliaria de revisión general solicitada por la abogada Saulismar Torres Moreno en su condición de Fiscal Auxiliar Séptima del Ministerio Público, en la presente causa N° 3C- 2667-10, seguida en contra del ciudadano Hendrix W.L.V., por la comisión de los delitos VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA, previstos y sancionados en los artículos 42 y 43 en relación con el artículo 65 numeral 3° de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L. deV., HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal en relación con el artículo 9 de la Ley de Armas y Explosivos Y POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, con la concurrencia real de delitos previsto y sancionado en el artículo 88 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana M.I.D.R., y el Estado Venezolano, por cuanto ya la causa no esta dentro de la etapa de investigación, lo cual seria violatorio del debido proceso y del derecho a la defensa Principios y Garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que todo Juez en funciones de Control debe garantizar a las parte intervinientes en el procesó penal. Así se declara.-

Dada la naturaleza del pronunciamiento anterior, se declara SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho Saulismar Torres Moreno, actuando con el carácter de fiscal Séptima Auxiliar del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, con competencia especial en materia de Violencia contra la Mujer, por no asistirle la razón, respecto al punto de la decisión impugnado en el caso de especie. Así se decide.

D E C I S I O N

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes actuando, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho Saulismar Torres Moreno, actuando con el carácter de fiscal Séptima Auxiliar del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, con competencia especial en materia de Violencia contra la Mujer, por no asistirle la razón. SEGUNDO: CONFIRMA, por las razones ya expuestas el fallo impugnado dictado por la recurrida el 21 de diciembre de 2010, y en especifico el punto de dicha decisión, mediante el cual se acordó negar la solicitud de orden de visita domiciliaria de revisión general.

Queda así resuelto el recurso de apelación ejercido en el caso sub-exámine.-

Regístrese y Publíquese. Ofíciese lo conducente

Remítase el presente cuaderno de actuaciones, en su oportunidad legal al Tribunal de origen, a los fines legales consiguientes. Cúmplase lo ordenado.-

Dada, firmada y sellada en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, en San Carlos, a los ( ) días del mes de Febrero de 2011. Años 200 de la Independencia y 151 de la Federación.-

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G.E.G.

PRESIDENTE DE LA CORTE

_________________________ ________________________ L.R.S.. SAMER RICHANI SELMAN.

JUEZ PONENTE JUEZ SUPERIOR

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ABG. FREIDYLED SOSA OCHOA

SECRETARIA DE LA CORTE

En la misma fecha que antecede, se público la anterior decisión siendo las ______________.

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ABG. FREIDYLED SOSA OCHOA

SECRETARIA DE LA CORTE

GEG/LRS/SRS/FSO/j.a.-

Causa Nº 2914-11