Decisión nº 8958 de Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de Zulia, de 16 de Junio de 2004

DE LA PRESCRIPCIÓN

Analizadas como han sido las actas procesales, observa esta juzgadora que la parte demandada en su escrito de contestación a la demandada opone como defensa de fondo la Prescripción de la acción, y al respecto aduce que desde la supuesta fecha de terminación de la relación laboral: 07 de septiembre de 2002, pasando por el auto de admisión de la demanda de fecha 24 de abril de 2003, la fecha de ampliación del auto de admisión: 17 de septiembre de 2003, hasta la citación de la Defensora Ad Litem, de fecha 28 de enero de 2004, transcurrió más de un (1) año, por lo que, de acuerdo a su dicho, opera la prescripción establecida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Ahora bien, observa esta Sentenciadora, luego de realizar un exhaustivo análisis a las actas procesales, que la parte actora, ciudadano S.A.C., en su libelo de demanda, afirma que la relación laboral existente entre su persona y la Sociedad Mercantil TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA MASTER CAR’S y solidariamente el ciudadano A.M., terminó con despido injustificado el día siete (07) de septiembre de dos mil dos (2002), y que por cuanto el patrono no le había cancelado la cantidad correspondiente a sus prestaciones sociales, es por lo que, acude ante el órgano jurisdiccional a demandar a A.M. y solidariamente a la mencionada Empresa MASTER CAR’S por Cobro de Bolívares por Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales; se desprende de lo narrado en el respectivo libelo que dicha demanda fue introducida para su distribución por ante el Juzgado Cuarto de los Municipios Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 22 de abril de 2003, siendo admitida por este Juzgado Sexto de los Municipios en fecha 24 de abril de 2003.

Bien, con respecto a la defensa del demandado relativa a la Prescripción de la Acción, esta juzgadora evidencia que el demandado por el solo hecho de alegar tal prescripción acepta de forma tácita la relación laboral. Tal es el criterio sostenido por nuestro M.T., pronunciado en sentencia del 17-03-1992, con Ponencia del magistrado Rafael Alfonzo Guzmán, donde se estableció: “Si se alega la prescripción de la acción se acepta tácitamente la existencia del contrato de trabajo y la fecha de terminación del mismo…” y reiterada en sucesivos fallos.

Por otra parte, este sentenciador pasa a resolver lo referente a la mencionada Prescripción alegada por la parte demandada, y en tal sentido, establece el Artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo lo siguiente:

Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios

Y el Artículo 64 ejusdem preceptúa:

La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe: a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; b) Por reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público; c) Por reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamo o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil

.

Una vez analizadas las normas antes transcritas y de las evidencias arrojadas de las actas que corren en este Expediente, se observa que, desde el día de la terminación de la relación de trabajo (07 de septiembre de 2002) a la fecha de efectuada la citación cartelaria, no había transcurrido un (1) año y los dos (02) meses establecidos por el literal a) de la norma in commento. Igualmente, se evidencia de actas que el Alguacil de este Juzgado en fecha 05 de agosto de 2003, fijó los respectivos Carteles de Citación librados a la sociedad mercantil TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA MASTER CAR’S, en la persona del ciudadano A.M., en el inmueble donde funciona la sociedad mercantil demandada y en la puerta del Tribunal, así como también se evidencia de actas (folio 39) que en fecha 21 de octubre de 2003, fijó los Carteles de Citación correspondientes al codemandado A.M.. Al respecto, en Jurisprudencia de fecha 30-03-01, extraída del Tomo II del Manual Práctico Ampliado y Actualizado de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento (2002) se estableció:

“La citación mediante la fijación de un cartel interrumpe la prescripción, pues el ordinal a) del Artículo 64 de la LOT habla de “notificación” o “Citación”, que es muy diferente al término “darse por citado”. Lo contrario sería delegar en la parte demandada el control absoluto del proceso, pues podría alegar que conoció de la citación una vez vencido el lapso de prescripción….omissis…La norma contenida en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo no establece expresamente que el accionado se de por notificado con su comparecencia personal, sino que el demandado sea notificado o citado, antes de que expire la prórroga del lapso de prescripción, entiende la Sala que en el presente asunto, tal notificación se produjo el día 29 de marzo de 1993, cuando fue colocado el cartel respectivo en la morada de la empresa demandada, para cuya oportunidad no habían vencido los dos (2) meses adicionales de que trata el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo…”.

Tomando en consideración la interpretación que de la norma y criterios jurisprudenciales antes aludidos, y en atención a los Principios Constitucionales que garantizan los derechos del trabajador, aplicables al caso en estudio, conjuntamente con la verificación de lo contenido en actas, este Tribunal llega a la conclusión de que efectivamente se produjo la interrupción de la Prescripción aplicable al caso facti especie, por cuanto de un conteo simple efectuado desde la fecha de culminación de la relación laboral, esto es, desde el día 07 de septiembre de 2002 hasta la fecha de fijación del último cartel de los demandados, esto es, el 21 de octubre de 2003, no ha transcurrido el lapso necesario y procedente para la prescripción de la acción en esta materia, como lo es el transcurso del año y los dos (02) meses establecidos por el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por lo tanto, se declara improcedente la prescripción de la acción alegada por la parte demandada en la presente causa. Y ASÍ SE DECIDE.

DE LA A.D.L.A.C.

Igualmente observa este juzgador que la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda opone la “falta de cualidad del codemandado A.M. para sostener la causa, ante la existencia de un litis consorcio pasivo y necesario compuesto por las sociedades mercantiles TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA CAR-MASTER, COMPAÑÍA ANÓNIMA y TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA MASTER CAR’S, COMPAÑÍA ANÓNIMA, no habiendo traído a esta relación procesal a la primera de ellas, tal como se demostrará en el lapso probatorio, mi representado codemandado A.M., fungió como accionista de la sociedad mercantil TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA CAR-MASTER, COMPAÑÍA ANÓNIMA, para el momento de su constitución…”.

Además, el demandado alega que el ciudadano A.M. no puede someterse al control jurisdiccional cuando en todo momento ha actuado como representante de las sociedades mercantiles TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA CAR-MASTER, COMPAÑÍA ANÓNIMA y TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA MASTER CAR’S, COMPAÑÍA ANÓNIMA, y no como persona natural y además expresa que de acuerdo al criterio de la mayoría de los procesalistas cuando se examina la legitimatio ad causam señalan como ejemplo de ausencia de este presupuesto procesal los casos de demandas laborales donde se llama a juicio al gerente, administrador, presidente, y no se llama al representante legal de la patronal a la que presta servicios el trabajador, y no a los que la representan a título personal.

Este sentenciador observa de actas que de manera eficaz el trabajador como parte actora en el presente juicio, demanda solidariamente a la empresa MASTER CAR’S y su patrono ciudadano A.M., ya que del análisis exhaustivo y detallado de los alegatos y las pruebas aportadas por la parte demandada en este juicio, se observa que el ciudadano A.M. sí tiene en esta causa la cualidad para ser demandado.

En efecto, al examinar los mecanismos de defensa del demandado, y analizados como han sido todos y cada uno de los documentos que constan en actas, especialmente las Actas Constitutivas y de Asambleas producidas a nombre del TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA CAR-MASTER, COMPAÑÍA ANÓNIMA, así como las declaraciones aportadas por los testigos traídos a este proceso, este sentenciador acogiéndose a los Principios universalmente aceptados, donde la labor de los jueces en la interpretación del derecho y más en una disciplina todavía en formación como la laboral, es fundamental tratando no de eliminar Principios o valores sino de repensarlos para adaptarlos a las nuevas realidades, y tomando en cuenta para el análisis de este hecho el Principio de la Comunidad de la Prueba, y las presunciones establecidas para proteger al trabajador quien es el débil jurídico en la relación laboral, así como también el hecho aceptado generalmente de que es el patrono quien tiene en su poder la posibilidad de probar casi todos o todos los extremos que normalmente deben concurrir para determinar la existencia de una relación de trabajo, lo cual se evidencia de actas en la presente causa y no estando obligado el trabajador a saber los datos de constitución como empresa de su patrono, ya que estos datos están fuera de su alcance, considera entonces este sentenciador que tal defensa es improcedente, y que de actas se evidencia que el trabajador S.C., de conformidad con lo que establece el artículo 39 del a Ley Orgánica del Trabajo, efectivamente es una persona natural que realizó una labor por cuenta ajena, y bajo la dependencia del ciudadano A.M., independientemente de la razón social bajo la cual girara la empresa a la cual prestó sus servicios, concurriendo así las condiciones de existencia de la relación laboral, como la labor por cuenta ajena y por ende, la subordinación y el salario como consecuencia lógica, ya que su actividad debe ser remunerada.

Es por esto que esta juzgadora en relación a los hechos controvertidos en esta causa, atendiendo al PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD el cual establece que la realidad de los hechos, tal como ocurre en la práctica cotidiana, tenga primacía frente a las apariencias formales, que puedan adoptar las partes mediante declaraciones de voluntad independiente de que las mismas sean espontáneas o producto de la presión ejercida sobre una de ellas o de que sean emitidas en ausencia de dolo o de que envuelvan una intención fraudulenta. Mediante el uso de los mecanismos de defensa anteriormente referidos, el derecho laboral ha logrado ser aplicado en muchos casos en los cuales las partes, fundamentalmente el patrono, pretendieron evadir su normativa a través de situaciones de fraude. La simple prestación de servicios por parte del trabajador hace presumir que entre ellos y las empresas existe una relación de trabajo y correspondería a las empresas destruir esa presunción y probar que se trata de una relación jurídica de otra naturaleza….omissis….la presunción laboral no puede ser desvirtuada por declaraciones de voluntad, sino por hechos que determinen que la prestación de servicios se presta en condiciones de independencia y autonomía tales que constituyen una relación jurídica de naturaleza diferente. (Doctrina del Dr. H.Á., O. “La Prestación de Trabajo en condiciones de Fraude o Simulación. Consideraciones Generales y Propuestas para una reforma de la Legislación Laboral Venezolana”. En: Estudios Laborales en Homenaje a R.A.G., tomo I. UCV EDICIONES, Primera Edición).

En consecuencia, por todo lo antes expuesto determina esta juzgadora que la defensa interpuesta por la parte demandada relativa a la falta de legitimatio ad causam con respecto al codemandado A.M. es improcedente en esta causa. Y ASÍ SE DECIDE.

MOTIVACIÓN NORMATIVA

Analizadas como han sido las actas procesales, y en atención a lo planteado en el libelo de demanda, evidencia este juzgador que la parte actora alega que comenzó el 09 de septiembre de 1999 a prestar sus servicios personales y directos para el ciudadano A.M., como vigilante con una remuneración mensual de Bs. 80.000,oo. Expresa que sus labores las desempeñaba en un inmueble destinado a taller para vehículos automotores denominado CAR MASTER, pero siempre bajo la dependencia directa de A.M.. Que el 02 de enero de 2000, el hoy codemandado le dijo que iba a trabajar en su negocio, que posteriormente por problemas surgidos con su socio le cambió el nombre al que lleva actualmente: MASTER CAR’S, donde se desempeñaba como gamucero, pulidor de carros, albañilería, herrería, vigilante diurno y nocturno, con un horario de trabajo de 7:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 6:00 pm, así como horas extras y días feriados.

Por otra parte, expone el actor en su demanda que en fecha 07 de septiembre de 2002, fue despedido injustificadamente por su patrono A.M., siendo su último sueldo la cantidad de Bs. 241.542,oo

Así mismo y por su lado, observa esta juzgadora que el demandado en su escrito de contestación a la demanda, oponer como defensas de fondo la prescripción y la falta de legitimatio ad causam, del codemandado A.M., puntos éstos resueltos previamente por esta sentenciadora. Igualmente, niega rechaza y contradice el tiempo de duración de la relación de trabajo, el horario, horas extras, el despido, el salario, así como los conceptos laborales reclamados. Además, titula bajo el nombre “Hechos Ciertos” que: “…era físicamente imposible que el demandante prestara servicios a la sociedad mercantil TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA CAR-MASTER, COMPAÑÍA ANÓNIMA, e igualmente lo hiciera para la sociedad mercantil TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA MASTER CAR’S, COMPAÑÍA ANÓNIMA y al ciudadano A.M.. Las aseveraciones efectuadas por el actor se caen por su propio peso al afirmar que esa relación personal comenzó el 09 de septiembre de 1999 y finalizó el 07 de septiembre de 2002, que sus servicios fueron prestados en forma personal y bajo la subordinación, dirección y dependencia de A.M.. Ahora bien, en el supuesto negado de ser cierto tal hecho expuesto por el actor ciudadano S.A.C., cómo entonces podía prestar servicios dentro de ese periodo a la sociedad mercantil TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA CAR-MASTER, COMPAÑÍA ANÓNIMA, sociedad mercantil ésta que no fue demandada en el presente proceso”. Y como conclusión de su defensa expresa: “…tomando en cuenta los elementos necesarios y esenciales para que exista una relación laboral, nos lleva a la conclusión que el ciudadano S.A.C. no era un trabajador efectivo y real de la sociedad mercantil TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA MASTER CARS, COMPAÑÍA ANÓNIMA ni del ciudadano A.M., por encontrarse viciados elementos o características esenciales, por lo que imposible [sic] reconocer la existencia de una relación de trabajo”.

Planteada la controversia en los términos que anteceden, observa esta juzgadora que las normas sustantivas y adjetivas que regulan el derecho del trabajo son de estricto orden público y consecuentemente de ello su aplicación no puede ser relajada por voluntad de los particulares y, es así como los artículos 86 al 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen los principios rectores y primarios en esta materia, consagrando el texto constitucional la obligación del Estado de garantizar la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo y considera el trabajo como un hecho social, protegido por el Estado y regido por los Principios de Intangibilidad, Progresividad, Primacía de la Realidad, Irrenunciabilidad y el Indubio Pro Operario, entre otros.

El legislador laboral consideró tomar medidas tendientes a proteger al trabajador como débil jurídico de la relación obrero-patronal, esto ante las dificultades probatorias que normalmente surgen en los procesos laborales, por lo cual era necesario establecer por política procesal, un conjunto de presunciones legales para proteger al trabajador, además, surge también el hecho generalmente aceptado y sustentado por las diferentes doctrinas y decisiones adoptadas por la Sala Social de nuestro M.T. en determinar que es el patrono la persona que tiene en su poder la posibilidad de probar muchos sino todos los extremos que normalmente deben concurrir para determinar la existencia de una relación laboral.

Así, en aplicación de los criterios antes referidos, observa el Tribunal que en la forma como el demandado dio contestación a la demanda, al solicitar la prescripción de la acción en esta causa, ha reconocido tácitamente la existencia de la relación laboral, como ya anteriormente se analizó y explicó en el Punto Previo de esta sentencia de mérito; además, el Tribunal considera que el trabajador de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo con el solo hecho de fijar cartel de citación en las puertas de la empresa demandada y del Tribunal perfecciona la citación y con ello interrumpió la prescripción aludida por la parte demandada, lo cual igualmente ha sido previamente resuelto por esta sentenciadora. Consecuentemente, el hecho de que existe la relación laboral es suficiente para determinar los restantes elementos constitutivos que rigen para esta materia, como lo son: el salario y el tiempo de duración, los cuales no pudieron ser desvirtuados en el transcurso de este debate procesal, sino que, por el contrario, las pruebas aportadas por la parte demandada tales como los documentos consignados y las declaraciones aportadas por los testigos traídos por ella, dieron fuerza y eficacia probatoria para probar el cumplimiento efectivo de los elementos antes enunciados, y como consecuencia de ello la declaratoria con lugar de la presente demanda y la condena al demandado a pagar los conceptos especificados en el libelo, con los correspondientes intereses de mora e indexación monetaria, a excepción de la cantidad reclamada correspondiente a los Aguinaldos y Utilidades del año 2001, que de acuerdo a las pruebas aportadas por la demandada, fueron pagados al trabajador. Y ASÍ SE DECIDE.

Todo lo antes expuesto lleva a su vez a tomar en consideración que, cuando el patrono no paga oportunamente las prestaciones sociales, es decir, cuando no las paga al finalizar el contrato de trabajo, surge para el trabajador, además del derecho de reclamar judicialmente el pago, el derecho de cobrar intereses de mora por el retardo en el pago, pues el pago de prestaciones no puede estar sujeto a condición ni plazo alguno, pues en casos del trabajo subordinado, la vida, la salud, el bienestar del sujeto titular de la acreencia -el trabajador- dependen inmediatamente del tempestivo cumplimiento por el patrono de la prestación legalmente debida.

La cuestión estriba en determinar la tasa de interés cuando no está prevista por el legislador, como sí lo prevé en el caso de la antigüedad, considerando este tribunal, siguiendo en esto al doctor J.G.V. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 2002 del Juzgado Superior Quinto del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas), que los intereses de mora contemplados en la Constitución deben ser acordados aún de oficio por el juez, no porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los contemple expresamente en su derecho, sino porque las cantidades que adeuda el patrono al trabajador, con ocasión de la finalización del vínculo laboral se convierten en deudas de valor y, como tales, tienen un tratamiento diferente y especial en un derecho social, como es el derecho social, como es el Derecho del Trabajo, no se requiere exigir su pago, sino que éste procede automáticamente por el hecho de la mora en que ha incurrido el patrono al no pagar oportunamente los montos adeudados al laborante, solo que en el caso de mora no se trata del reestablecimiento del valor de la moneda por la desvalorización, sino que el patrono pague un interés por usar, utilizar un dinero que no es suyo, sin autorización de su propietario –que es el trabajador- y sin participación de éste en los beneficios que obtenga el patrono, estos intereses de mora, en materia de trabajo, son totalmente distintos a las cantidades –corrección monetaria- generadas por la merma que sufre el patrimonio del laborante con motivo de la depreciación monetaria, y constituye un principio constitucional de obligatoria imposición, aunque de fácil evitación: basta que el patrono pague puntualmente sus obligaciones laborales frente al trabajador, para que no tenga que pagar intereses de mora. De allí que, este Tribunal de conformidad con el artículo 92 del la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acuerda intereses de mora a pagar por el patrono a su trabajador, por el lapso comprendido entre el 07 de septiembre de 2002 y la oportunidad en que se pague el monto condenado en esta sentencia, a determinarse por experticia complementaria del fallo y, a la rata fijada por el Banco Central de Venezuela para la indemnización de antigüedad cuando ésta se encuentre acreditada en la contabilidad de la empresa, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues no puede dársele a una obligación de carácter netamente laboral el trato de una obligación civil o mercantil, cuando se tutelan derechos tan diferentes como incomparables con éstos.

Igualmente, procediendo de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y observando que el fallo dictado el 17 de marzo de 1993 por la Sala de casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, dado el carácter alimentario del salario y de las prestaciones percibidas por el trabajador como contraprestación de sus servicios adeudados al terminar la relación de trabajo, lo cual constituye el fundamento de la corrección monetaria de dichos créditos, por lo que la pérdida de su valor adquisitivo por la demora o reticencias en su pago por parte del patrono no puede ir en perjuicio del trabajador, debiéndose reestablecer mediante la indexación el poder adquisitivo de todas las cantidades debidas y no sólo de la correspondiente a la prestación de antigüedad (Sala de Casación Social en sentencia N°. 400 de fecha 27 de junio de 2002) se ordena la corrección monetaria sobre las cantidades condenadas en esta decisión, para lo cual el tribunal, en la oportunidad de la ejecución de la sentencia definitivamente firme, solicitará al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre la fecha de la introducción de la demanda y la ejecución del fallo, entendiéndose por tal, el momento del pago efectivo de las obligaciones adeudadas, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar al trabajador. Y ASÍ SE DECIDE.

Finalmente, en virtud del orden público de las normas laborales, el quantum de lo condenado por el sentenciador puede ser menor o mayor al señalado por el actor en su libelo de demanda, ya sea por error de cálculo por parte del accionante o sus apoderados judiciales, por una errónea interpretación de la normativa laboral, por ello el sentenciador deberá condenar en costas siempre que las pretensiones del actor hayan sido declaradas todas con lugar, es decir, habrá vencimiento total sin importar el monto realmente condenado. Lo antes aseverado, estableció la sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fallo N°. 305 de fecha 28 de mayo de 2002, tiene su asidero en que es el sentenciador laboral quien conoce el derecho, y son las partes quienes tienen que alegar y probar los hechos, por lo tanto, en v.d.P.I.N.C. es el juez laboral quien en definitiva debe señalar lo que efectivamente le corresponde al trabajador, de allí que en materia laboral se acoge el primigenio criterio establecido por el M.T., el cual señala que: “El vencimiento total consiste en la declaración con lugar de todas las pretensiones del actor, que en su conjunto constituyan la acción, o a la inversa en la negativa de todo lo que se pide, que al no ser así el vencimiento no es total sino parcial”, de allí que en el dispositivo del fallo, esta sentenciador a condenarán en costas procesales a la parte demandada por cuanto todas las pretensiones del actor prosperaron. Y ASÍ SE ESTABLECE.

Por los fundamentos antes expuestos este Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

1- CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLÍVARES (PRESTACIONES SOCIALES) intentó el ciudadano S.A.C. contra el ciudadano A.M. y solidariamente la Empresa Mercantil TALLER DE LATONERÍA Y PINTURA MASTER CAR’S, ya identificados. En consecuencia, se condena a la parte demandada a pagar a la actora, la cantidad de DOS MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (Bs. 2.103.970,70), por los conceptos especificados por el actor en su libelo de demanda.

2- SE ACUERDAN intereses de mora a pagar por el patrono a su trabajador, por el lapso comprendido entre el 07 de septiembre de 2002 inclusive y la oportunidad en que se pague el monto condenado en esta sentencia, a determinarse por experticia complementaria del fallo y, a la rata fijada por el Banco Central de Venezuela.

3-SE ORDENA la corrección monetaria de dichas cantidades, excluyendo los intereses de mora acordados, aplicándoles el índice inflacionario ocurrido en el país desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia, entendiéndose por tal el momento del pago definitivo de las cantidades condenadas a pagar, lo que hará el mismo tribunal encargado de la ejecución de la sentencia, sin necesidad de designar un experto contable para ello, en virtud de que el resultado final de cada uno de los montos a pagar por el condenado en este fallo surge de una simple operación aritmética, los cuales se obtienen con una sencilla multiplicación con el índice inflacionario entre las fechas indicadas de acuerdo con el informe que facilite el ente emisor, excluyéndose de dichas cantidades los intereses devengados por la prestación de antigüedad que esta sentencia ha mandado a calcular , sin que proceda la exclusión de la corrección monetaria los periodos de inactividad judicial no imputables a las partes, excluyéndose solamente de la indexación la paralización de la causa por voluntad de las partes , porque en la misma ha tenido injerencia directa la voluntad del trabajador acreedor, todo conforme al nuevo criterio que sobre indexación judicial ha establecido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N°. 12, de fecha 06 de febrero de 2001.

4-SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada por haber sido totalmente vencida en el presente fallo, de conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.

Obraron como Apoderados Judiciales de la parte actora, los Abogados G.R.C., T.H.D.R., MORELLA R.H. Y M.R.C. ya identificados; y como Apoderados Judiciales de la parte demandada, los Abogados C.Z., E.R., MERYJEEM GUERRERO y J.C.R., antes identificados.

Expídase copia certificada de este fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la sala del Despacho de este Tribunal, a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil cuatro (2004). AÑOS: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

LA JUEZ,

Abg. H.N.D.U..

EL SECRETARIO TEMPORAL

R.R..

Siendo las dos (2:00 p.m) de la tarde se dictó y publicó el fallo que antecede bajo el Nº. 8.958.-

EL SECRETARIO TEMPORAL