Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 27 de Marzo de 2007

Las abogadas Marelvis Mejías y R.Z., en sus caracteres de fiscal vigésima con competencia en materia de protección de derechos fundamentales y fiscal tercera del Ministerio Público respectivamente, interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en fecha 07 de diciembre de 2006 por el juzgado segundo en función de juicio de este circuito judicial penal, denunciando que la juez a-quo incurrió en el vicio de ilogicidad manifiesta en la sentencia, por cuanto no concatenó todas las probanzas que conllevan a la conclusión de que el acusado C.M.M., junto con los acusados R.M. y R.A., es autor de los delitos de desaparición forzada de personas en perjuicio de W.A.C., F.M.O. y C.A.C., y privación ilegítima de libertad en agravio de C.L.E.R..

El Ministerio Público, alega que la sentenciadora no dio valor probatorio a la prueba anticipada de reconocimiento fotográfico, practicada en fecha 17 de junio de 2004, por cuanto el testigo manifestó en la audiencia, haber visto previamente un álbum fotográfico que le suministró el comisario A.C.; que el reconocer señaló “como iban y venían no lo logró identificar bien, pero si los veo los reconozco”; que la prueba anticipada fue practicada por el juez de control como si se tratase de una inspección judicial; que el reconocimiento fotográfico no se encuentra expresamente regulado en la n.a. penal, pero por analogía debe aplicarse las reglas establecidas para el reconocimiento en rueda de personas, y de la prueba la juzgadora observó que dicho trámite no se llevó a cabo, porque las fotografías de los funcionarios implicados no fueron ubicadas al lado de otras personas de semejante aspecto físico.

Sostiene la fiscalía que al momento de practicarse la prueba anticipada, aun no se había individualizado ningún imputado; no obstante, la misma fue realizada con arreglo a las formalidades del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, encontrándose presente la abogada Y.M., conforme a la protección de las garantías de derecho a la prueba y su control. También esgrimen las impugnantes, que existen como prueba en contra de C.M., las planillas de control de vehículos exonerados, de fecha 15 de mayo de 2004, una impresa a las 10:18am con sentido San Cristóbal – Los Llanos, y la otra impresa a las 4:05pm con sentido Los Llanos – San Cristóbal; así como las novedades diarias llevadas por el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, donde consta que el día 15 de mayo de 2004, siendo las 8:25am, salieron los funcionarios R.M., C.M., R.A., Deimar Bautista, L.A. y A.P. hacía la zona sur del Estado con la finalidad de realizar labores de inteligencia.

Insisten las recurrentes que también quedó demostrada la responsabilidad de C.M., con la declaración del comisario A.C., quién manifestó entre otras cosas que el ciudadano C.R. compareció a la sede del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, con la finalidad de formular la denuncia correspondiente, que cuando caminaba por uno de los pasillos logró señalar al funcionario C.M. como uno de los que integraba la comisión que participó en los ilícitos investigados. Conforme a este señalamiento, la juez a-quo no estimó dicha declaración, considerando que el comisario Cánchica incurrió en contradicción porque en principio dice que el funcionario señalado por la víctima en el pasillo es C.M. y luego indica que se trata de R.M.; igualmente a la juzgadora no le lució lógico que el comisario hubiere afirmado que no exhibió los álbumes fotográficos de los funcionarios al sargento, cuando precisamente esta práctica se hace en virtud de hechos que ameriten sanciones disciplinarias.

Continúan afirmando las recurrentes, que en el debate probatorio, el comisario señaló a los funcionarios C.M. y Deimar Bautista, sin embargo el propio testigo C.R. no los menciona en su deposición, sólo se dirige a señalar a los ciudadanos R.M. y R.A., contradicción ésta que la juzgadora observó y que sirvió de base para desestimar el testimonio del comisario A.C..

Bajo el anterior análisis, el Ministerio Público expresa su inconformidad alegando que entre la declaración aportada por el comisario y la del sargento C.R. no hubo contradicción alguna, arguyendo que perciben más bien un error de transcripción y signo de puntuación por parte del tribunal, acotándolo de la siguiente forma:

“…a pregunta del Ministerio Público ¿Diga usted si recuerda si reconoció a personas?, contestó: “Creo que reconoció nuevamente al funcionario que vio en el pasillo R.M. y a los funcionarios R.A. y Deimar Bautista”. El declarante manifestó al tribunal en varias oportunidades, tanto a preguntas del Ministerio Público como de la defensa, que el testigo C.L.R. reconoció a una persona en el pasillo y a otra en el organi-foto, quedando entendido que son dos personas diferentes, la del pasillo es C.M. y la segunda persona es R.M., a quien el sargento vio en el organifoto (…)en virtud que en la transcripción de la respuesta, después de la palabra pasillo, debía ir el signo de puntuación llamado coma (,) y seguidamente el resto del texto lo cual se leería de la siguiente manera: “Creo que reconoció nuevamente al funcionario que vio en el pasillo, R.M. y a los funcionarios R.A. y Deimar Bautista”.

Por todas las consideraciones antes discriminadas, las fiscales recurrentes estiman que la juzgadora incurrió en el vicio de ILOGICIDAD manifiesta en la motivación de la sentencia, denuncian que la juez a-quo incumplió con las reglas de la logicidad, porque no adminiculó todas las pruebas que señala como dignas de valor a los fines de determinar la culpabilidad del ciudadano C.M. en los ilícitos.

Ahora bien, esta Sala al abordar la presente denuncia, aprecia el evidente error por parte de las recurrentes en su formalización, al plantearla por conducto del referido supuesto normativo que no constituye su cauce procesal idóneo. Al respecto, es necesario señalar a las apelantes que el numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé cinco causales de apelación de sentencia definitiva, a saber: (1) Por “falta de motivación en la sentencia”, (2) por “contradicción en la motivación de la sentencia”, (3) por “ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia”, (4) por estar fundada la sentencia en prueba obtenida ilegalmente, y (5) por estar la sentencia fundada en prueba incorporada con violación a los principios del juicio oral.

Debe precisarse, que el vicio de ilogicidad se manifiesta en la motiva de la sentencia, constituido por la violación a los principios de la lógica humana en donde el silogismo no se corresponde con las premisas, que genera la operación mental. Ahora bien, estos principios de la lógica son: 1) principio de identidad, en donde el concepto sujeto tiene que guardar correspondencia con el concepto predicado; 2) principio de no contradicción, de dos juicios contradictorios de los cuales uno afirma y el otro niega la misma cosa, del mismo concepto y en las mismas circunstancias, no puede ser verdadero; 3) principio de tercero excluido, se refiere a dos juicios opuestos, no pueden ser ambos falsos necesariamente uno es verdadero, por tanto, uno de ellos es válido y el otro carece de ello; 4) principio de razón suficiente, todo tiene su razón de ser, todo juicio para que sea verdadero necesita una razón suficiente que lo explique.

En este sentido, observa la Sala que el recurrente no sustenta alguno de los supuestos que constituye el vicio de ilogicidad de la sentencia, por el contrario al señalar que la juzgadora a-quo, no adminiculó todas las pruebas que refiere como dignas de valor a los fines de determinar la no culpabilidad del acusado; se evidencia que las recurrentes pretenden denunciar el vicio de inmotivación de sentencia, al afirmar la indebida valoración de las pruebas que impide abordar el hecho acreditado, cual constituye un requisito intrínseco de la sentencia, conforme al artículo 364.3 del Código Orgánico Procesal Penal.

Es por ello, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 117 de 01 de abril de 2003, sostuvo:

“Se considera inmotivada la sentencia que no analizó las pruebas “…y por ende no determinó las circunstancias de hecho y de derecho que el tribunal estimó acreditado, en relación al delito y a la culpabilidad de los acusados…”

Por su parte, el abogado C.M. en su condición de defensor de los acusados R.D.M. y R.S.A.C., también presentó escrito de impugnación en contra de la sentencia de fecha 07 de diciembre de 2006, emitida por la juez segundo en función de juicio, mediante la cual condenó a los referidos ciudadanos a cumplir la pena de 15 años de presidio, por la comisión de los delitos de desaparición forzada de personas y privación ilegítima de libertad, dicha inconformidad la fundamenta en el numeral 4 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a la violación de la ley, por falta e indebida aplicación de una n.j., especificando que se trata del artículo 22 ejusdem. Arguye el apelante que la juez confundió el sistema libre de valoración que abraza la sana crítica, con una valoración discrecional, que según el recurrente fue la aplicada por la juez a-quo, para apreciar las pruebas que condujeron a la condenatoria de sus representados.

Cuestiona la defensa las reglas de apreciación aplicadas por la juez de la recurrida para valorar cada uno de los elementos probatorios, arguye que la juzgadora para nada menciona en el fallo las reglas de la lógica que aplica, que no establece con base a cual máxima de experiencia estimó las pruebas a las que dio suficiente certeza y credibilidad, que tampoco señala la base de algún conocimiento científico, en consecuencia los apelantes consideran que la juez recurrida no cumplió el mandato legal contenido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, indicando que la sentenciadora no expuso razonadamente los motivos por los que consideró las pruebas, ni tampoco las razones por las que desestimó otras.

Sostiene en otro orden el recurrente, que los hechos demostrados en el proceso no resultaron suficientes para generar convicción de responsabilidad irrefutable, indicando: “no se trata de que la juzgadora fue insuficiente en la motivación de su fallo, sino que por el contrario, no existieron elementos con los que se pudiera llegar a la conclusión a la que arribara en su decisión…”.

Sobre este particular, el recurrente pretende denunciar la fractura del numeral 4 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que, según él, hubo violación de la ley por errónea aplicación de una n.j., (falta e indebida aplicación) concretamente el contenido del artículo 22 de la ley adjetiva penal, tal y como lo expresa en el libelo de impugnación.

No obstante, esta Sala necesariamente debe ilustrar al apelante sobre la naturaleza del vicio denunciado, y en ese sentido, cabe destacar que la violación de la ley, sea por inobservancia (falta de aplicación) o errónea aplicación (falsa aplicación) de una n.j., versa respecto a disposiciones de carácter sustantivo, que hayan incidido en forma determinante en el dispositivo de la sentencia; es decir, constituye un vicio “in indicando”, “in iure”, esto es, sobre la aplicación de una n.j. que regula la relación sustancial o material de las partes, que se produce durante la actividad intelectual del juzgador; de allí que, el legislador patrio, al estimar debidamente constituida la relación jurídico procesal, no sanciona la violación de ley con la nulidad de la sentencia; pudiendo la alzada dictar una sentencia propia con base a los hechos acreditados por la recurrida; salvo que, se haga necesario un juicio oral y público sobre los hechos, a los fines de garantizar el cumplimiento de los principios de inmediación y contradicción; conforme al artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Cimentó la denuncia el recurrente, como antes se señaló, en que la juez de juicio incurrió en falta e indebida aplicación de una n.j., delatando que las pruebas que acertadamente tomó en cuenta la juzgadora para absolver a cuatro de los acusados, fueron las mismas utilizadas para condenar a los dos restantes, pero en este último caso, lo hizo sin justificar o explicar en la forma y manera deseada legalmente. Ya explicada la naturaleza sustantiva inherente a la violación de la ley y observando que el recurrente denunció la falta de aplicación del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere eminentemente a la materia procesal; esta Corte destaca que obviamente no está cohesionado el género que pretende aludir la defensa, con la acepción que caracteriza al numeral 4 del artículo 452 ejusdem, entendiéndose que la pretensión del apelante fue denunciar el punto correspondiente a la motivación del fallo, toda vez que, la falta de aplicación del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, impide abordar válidamente l hecho acreditado que como requisito de la sentencia establecido en el artículo 364.3 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye la motivación fáctica sobre la que se realizará la subsunción de las normas jurídicas sustantivas que correspondan. De allí que, tal denuncia se circunscribe al vicio de inmotivación de sentencia. Y así se decide.

Una vez despejada la verdadera intención, tanto del Ministerio Público como del defensor en materia de apelación, esta Sala advierte, que si bien es cierto, invocan controversias suscitadas conforme a los testimonios y elementos que contribuyeron de prueba para crear la certeza en la juzgadora, no es menos cierto que, esta Corte no está facultada para analizar las contradicciones que pueden existir en las declaraciones ofrecidas por los órganos de prueba, pues, si existen tales diferencias, el llamado a dirimirlas es el juez de juicio, quien es el soberano para establecer el hecho acreditado, mediante la sana crítica y conforme a la técnica de motivación, no siendo censurable el grado de certeza obtenido por el juez a-quo, pues sólo es reprochable la manera o el cómo abordó la certeza del hecho que consideró probado.

En efecto, si la Sala descendiera a los hechos para dilucidar las interrogantes planteadas por los apelantes, en cuanto a las deposiciones efectuadas por los órganos de prueba durante el juicio oral, ello equivaldría a reexaminar la valoración de las pruebas que ya fueron apreciadas por el órgano competente, usurpando de esta manera una función que es exclusiva del Juez de Instancia, lo que quebranta los principios de inmediación, concentración y juez natural, garantizados en los artículos 16 y 7 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 020, dictada en fecha 09 de marzo de 2005, con ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores, sostuvo:

“El establecimiento de los hechos, “…en salvaguarda del principio de inmediación, previsto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, le está vedado a las C.d.A., por cuanto esa competencia le está asignada exclusivamente, al Juez de Juicio”.

Así las cosas, y atendiendo la función jurisdiccional a la que esta obligada esta Corte, seguidamente se procede a examinar con detalle el fallo impugnado, en aras de establecer su adecuación o no a las normas de derecho en materia de motivación:

Esta Sala observa, que la juez recurrida procedió a dictar sentencia en fecha 07 de diciembre del año 2006, con base a lo debatido en el juicio oral y público celebrado en distintas audiencias. Se desprende del fallo que fueron valorados los testimonios rendidos por los ciudadanos: C.L.R., A.D.C.R.C., A.M.B.C., Y.E.C.R., YOICI D.B.C., N.E.C.P., J.B.B.L., N.Y.R.D.A., A.L.C.R., I.E.M.D.C., R.D.C.P.D.D., A.L.C.D.B., YOLIBEIS YOLIMAR PABON IBARRA, JOLMER ROA SANCHEZ, S.M.A., L.O.S.M., N.A.B.R., E.A.A., A.E.B.P..

Ahora bien, respecto a la deposición rendida por el ciudadano C.L.R.E., la juez a-quo expresó lo siguiente:

(…), El tribunal estima dicha declaración pues la misma le ofrece certeza y credibilidad, adminiculada a las declaraciones de los familiares de los ciudadanos William, Francisco y Argenis, quienes señalan que desde esa fecha los mismos se encuentran desaparecidos, aunado a lo anterior el declarante es testigo presencial de los hechos, y hace referencia a una fosa ubicada en el cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas, la cual fue demostrada su existencia mediante por (sic) apoyo gráfico ofrecido por el abogado defensor, también indica y señala expresamente como autores de tal hecho al jefe del grupo Anti-Extorsión y Secuestro, identificado como Rubén y al sujeto moreno alto, que le propinó unas patadas, el cual resultó ser R.A., pues el declarante lo señaló en la audiencia, sin que ello implique un reconocimiento en rueda de personas en sala, pues el testigo lo hizo de una manera espontánea, y aun cuando la defensa haya traído a esta audiencia informes relacionados con la conducta del sargento, ello a criterio del tribunal no invalida el dicho del mismo, pues no se está debatiendo el comportamiento del testigo, y en todo caso aun cuando tuviese un comportamiento indebido no debe ser discriminado, menos aun cuando es testigo presencial del caso de autos

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A la declaración de A.D.C.R.C., le aportó el siguiente valor:

(…),Al analizar dicha declaración se observa que de la misma se desprende que Francisco, William y Argenis, se encontraban desaparecidos y que el sargento señaló que fue la policía científica la que se los había llevado, contándole lo sucedido a un taxista de nombre Volver.

El tribunal estima dicha declaración, pues la misma es coincidente con lo señalado por el sargento C.L.R.E., en lo que respecta a la desaparición física de aquellos ciudadanos, señalando expresamente que había sido la policía científica.

Aunado a lo anterior la testigo es referencial de los hechos ocurridos, y si bien es cierto, incurre en contradicciones en cuanto a la fecha de la desaparición física de esas personas y del momento en que se enteró de los hechos, las mismas no son suficientes para invalidar su dicho, pues es conteste con el resto de la declaración del Sargento C.L.R.E., así como de las declaraciones que más adelante se analizarán

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De acuerdo al testimonio de la ciudadana A.M.B.C., la juzgadora estimó:

(…), Al analizar dicha declaración, se observa que de la misma se desprende que Francisco, William y Argenis, se encontraban desaparecidos y que el sargento señaló que fue la petejota la que se los había llevado, contándole lo sucedido a un taxista de nombre Yolver.

El tribunal estima dicha declaración pues la misma es coincidente con lo señalado por el sargento C.L.R.E., en lo que respecta a la desaparición física de aquellos ciudadanos, señalando expresamente que había sido la policía científica.

Aunado a lo anterior la testigo es referencial de los hechos ocurridos, y si bien es cierto, incurre en una contradicción con A.d.C.R., en cuanto a la fecha en que vieron por última vez a sus familiares desaparecidos y de cómo se entera ésta de los hechos, pues A.d.C. señala que supo de ellos cuando vino al pueblo y A.B., cuando fueron a la finca, dichas contradicciones no son suficientes para invalidar su dicho, al ser conteste con lo señalado por el ciudadano C.L.R.E. y el resto de la declaración de A.d.C.R.C., así como de las declaraciones que más adelante se analizarán

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La ciudadana juez también valoró la declaración de Y.E.C.R., así:

(…), Al analizar dicha declaración, se observa que de la misma se desprende que Francisco, William y Argenis, se encontraban desaparecidos y que el sargento señaló que fue la petejota la que se los había llevado y que a él lo habían soltado, contándole lo sucedido a un taxista de nombre Yolver.

El tribunal estima dicha declaración pues la misma es coincidente con lo señalado por el sargento C.L.R.E., A.d.C.R., A.M.B., en lo que respecta a la desaparición física de aquellos ciudadanos, señalando expresamente que había sido la policía científica.

Aunado a lo anterior la testigo es referencia de los hechos ocurridos, y si bien es cierto, incurre en una omisión en señalar detalladamente las personas con las que compareció al cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas, la misma no es insuficiente para invalidar su dicho, pues es conteste con las declaraciones de los testigos antes referidos y con el resto de las declaraciones de los familiares que más adelante se analizarán

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Al testimonio de la ciudadana YOICI D.B.C., consideró el siguiente valor probatorio:

(…), Al analizar dicha declaración, se observa que de la misma se desprende que Francisco, William y Argenis, se encontraban desaparecidos y que el sargento señaló que fue la petejota la que se los había llevado y que a él lo habían soltado, contándole lo sucedido a un taxista de nombre Yolver.

El tribunal estima dicha declaración pues la misma, es coincidente con lo señalado por el sargento C.L.R.E., A.d.C.R., A.M.B. y Y.C., en lo que respecta a la desaparición física de aquellos ciudadanos, señalando expresamente que había sido la policía científica.

Aunado a lo anterior la testigo es referencia de los hechos ocurridos, y si bien es cierto, incurre en una contradicción con M.B. en cuanto a la llamada que realizan a William para recordarle que la buscara en el Piñal, la misma no es suficiente para invalidar su dicho, pues es conteste con las declaraciones de los testigos antes referidos y con el resto de las declaraciones de los familiares que más adelante se analizarán

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En cuanto a la deposición del ciudadano N.E.C.P., la sentenciadora estimó:

(…), Al analizar dicha declaración, se observa que de la misma se que Francisco, William y Argenis, se encontraban desaparecidos desde el 15 de mayo de 2004.

El tribunal estima dicha declaración pues la misma es coincidente con lo señalado por el sargento C.L.R.E., A.d.C.R., A.M.B., Y.C. y Yoici Bermúdez, en lo que respecta a la desaparición física de aquellos ciudadanos, aunado a lo anterior, el testigo es referencial de los hechos ocurridos, y si bien es cierto que A.R., señala que William habló con su papá fue el día 14 de mayo, mientras N.C., señala que fue el quince, existiendo una contradicción entre los declarantes, la misma no es suficiente para invalidar su dicho, pues la misma le ofrece a esta juzgadora la suficiente certeza y credibilidad

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Igualmente el ciudadano J.B.B.L. rindió declaración, y la sentenciadora la tomó en cuenta así:

(…), Al analizar dicha declaración, se observa que de la misma se desprende que Francisco, William y Argenis, se encontraban desaparecidos desde el 15 de mayo de 2004, que fueron interceptados a la altura de makro por una comisión de la petejota.

El tribunal estima dicha declaración pues la misma es coincidente con lo señalado por el sargento C.L.R.E., A.d.C.R., A.M.B., Y.C., Yoici Bermúdez y N.E.C., en lo que respecta a la desaparición física de aquellos ciudadanos, aunado a lo anterior el testigo es referencial de los hechos ocurridos, y aun cuando incurre en contradicciones con Yoice M.B., en cuanto a la hora que tenía que ir a buscarlas al Piñal, pues Yoice señala que eran entre las cinco o seis, y el señor J.B., señala que no tenía hora de buscarla, porque el autobús no tiene hora fija de llegar, además de ello que no recibió llamada de su hija, las mismas no son suficientes para invalidar su dicho, pues su testimonio le ofrece a esta juzgadora suficiente certeza y credibilidad

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Por su parte la ciudadana N.Y.R.D.A., rindió declaración la cual fue estimada por la juez recurrida de la siguiente forma:

(…), Al analizar dicha declaración, se observa que de la misma se desprende que Francisco, William y Argenis, se encuentran desaparecidos y que se los llevó una comisión de la petejota.

El tribunal estima dicha declaración, pues la misma es coincidente con lo señalado por el sargento C.L.R.E., A.d.C.R., A.M.B., Y.C., Yoici Bermúdez, N.E.C. y J.B., en lo que respecta a la desaparición física de aquellos ciudadanos, aunado a lo anterior la testigo es referencia de los hechos ocurridos, y aun cuando incurre en contradicciones con Yoice Bermúdez en cuanto a la llamada telefónica para que las buscaran en el terminal y la hora de llegada, las mismas no son suficientes para invalidarlo, pues su testimonio le ofrece a esta juzgadora suficiente certeza y credibilidad

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En otro orden, se estudia el testimonio del ciudadano A.L.C.R., que resultó valorada así:

(…), El tribunal al analizar dicha declaración observa que: A.C., señala que se encontraba desempeñando como comisario inspector en el año 2004, cuando en una oportunidad se hizo presente, un ciudadano quien manifestó pertenecer a las fuerzas armadas nacionales, a denunciar a funcionarios de la institución, y que el referido ciudadano le señaló que a la altura de Makro fue interceptado por unos vehículos de donde se bajaron con armas de fuego y los obligaron a trasladarse hasta el cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas, igualmente señala dicho funcionario que el ciudadano iba en compañía del fiscal veinte y que cuando iban por el pasillo pasó un funcionario y el ciudadano dijo que él era una de las personas que lo había trasladado a la sede, y que ese ciudadano era C.M.. El sargento señaló a R.M., a quien observó presuntamente en el organifoto y que ese era a quien había distinguido como el jefe, posteriormente a preguntas del Ministerio Público señala que reconoció nuevamente al funcionario que vio en el pasillo, es decir, a R.M. y a los funcionarios R.A. y Deimar Bautista, también señala que en ningún momento le mostró los álbumes a R.E..

También reconoce que cuando se denuncia a un funcionario se le exhibe los álbumes fotográficos al denunciante si la persona desconoce el nombre de la persona, o tiene la presunción de que es funcionario.

Posteriormente, señala al tribunal que no le mostró álbumes fotográficos al denunciante, pero que el mismo vio el organifoto.

El tribunal al analizar esta prueba no estima la misma por las siguientes razones:

En primer lugar, el referido declarante incurre en contradicciones en lo que respecta a la indicación de la persona que presuntamente observó el sargento en el pasillo, pues señala en principio que fue C.M. y después indica que fue R.M..

En segundo lugar, tampoco le parece lógico al Tribunal que si la práctica o la regla era exhibir a los denunciantes los álbumes fotográficos de los funcionarios que se encontraran incursos en hechos que ameritaran sanciones disciplinarias, porqué (sic) el declarante señala que no lo hizo en el caso de autos.

Por último observa el Tribunal que es el declarante, quien señala a los funcionarios C.M. y Deimar Alvarado, a los cuales el testigo presencial no mencionó al rendir su testimonio en el debate, tal como si lo hizo con R.M. y R.A., razón por la cual el dicho de este testigo no ofrece suficiente certeza ni credibilidad a este tribunal, pues incurre en contradicciones que son esenciales con el dicho del testigo presencial

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De acuerdo a la declaración rendida por I.E.M.D.C., se observa la siguiente valoración:

(…), Al analizar la declaración de I.M., quien ratificó la planilla del día 15 de mayo de 2004, la cual indica que en horas de la mañana, circuló un vehículo que era conducido por un ciudadano que identifica como C.M., este Tribunal, estima dicha prueba, porque la misma es coincidente con lo señalado en las copias de las novedades diarias llevadas por el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalisticas, donde se indica que el ciudadano C.M., salió en comisión en horas de la mañana hacía la zona sur del Estado.

Sin embargo, aun cuando el tribunal estima dicha prueba, ello no significa que esté considerando que en dicho vehículo y a la hora señala en la planilla en mención, iban los funcionarios que se mencionan en la novedades diarias llevadas por el cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas

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Esta Sala observa también la valoración que la juzgadora aportó a la ciudadana R.D.C.P.D.D.:

(…), El tribunal al analizar dicha declaración estima la misma, por cuanto es coincidente en lo que respecta a la desaparición física de William, Francisco y Argenis, con lo señalado por el sargento C.L.R.E., A.R., A.B., Y.C., Yoici Bermúdez, N.C., J.B. y N.R..

Aunado a lo anterior la testigo es referencial de los hechos denunciados, ofreciéndole su testimonio a quien decide, suficiente certeza y credibilidad

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En otro orden la ciudadana A.L.C.D.B., rindió declaración valorada de la siguiente forma:

(…), Al analizar la declaración de A.L.C., quien señala que WILLIAM, ARGENIS Y FRANCISCO, están desaparecidos desde el 15 de mayo del 2004, y que el sargento C.L.R.E., le contó que a la altura de makro los habían interceptado unos vehículos, que los llevan al cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas, que vio el logotipo de la petejota, y que el jefe de anti extorsión y secuestro le dice que los iban a matar. Que un señor alto moreno, le dio patadas al sargento.

El tribunal estima dicha declaración, pues la misma es coincidente con lo señalado por el sargento C.L.R.E., A.d.C.R., A.M.B., Y.C., Yoici Bermúdez, N.E.C. y J.B., en lo que respecta a la desaparición física de aquellos ciudadanos, aunado a lo anterior, la testigo es referencial de los hechos ocurridos, por lo que su testimonio le ofrece a esta juzgadora suficiente certeza y credibilidad

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Así mismo, la ciudadana YOLISBEIS YOLIMAR PABON IBARRA rindió testimonio, que fue apreciado por la juez a-quo en este sentido:

(…), También se obtuvo la declaración de la ciudadana Yolimar Pabón, quien desconoció la planilla de fecha 15 de mayo de 2004, que indicaba que el ciudadano C.M., circuló por el portal la restauradora, aproximadamente a las ocho de la noche, lo cual quedó demostrado con la experticia grafotécnica que fuera practicada y ratificada por el experto B.P., razón por la cual esta juzgadora no le da valor probatorio a la referida planilla

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El ciudadano JOLMER ROA SANCHEZ, rindió su testimonio, que resultó valorado de la siguiente manera:

(…), De la declaración de JOLMER ROA SANCHEZ, quien señala que el día 15 de mayo de 2004, vio por última vez a WILLIAM, FRANCISCO Y ARGENIS, y quien es conteste en señalar con lo dicho por el sargento L.R.E. y la ciudadana A.L.C., que a la altura de makro fueron interceptados por unos carros, que le dieron una patada al sargento, que éste vio que se lo llevaron hacía un estacionamiento y que vio el logotipo del cuerpo técnico de policía judicial, que tuvo conocimiento que no aparecían WILLIAM, FRANCISCO Y ARGENIS, el día 16 de mayo, cuando se lo contó el Sargento R.E.; asimismo, señala que el sargento le contó que Francisco le decían que se callara la boca porque lo iban a matar, razón por la cual el tribunal estima dicha prueba por cuanto le ofrece suficiente certeza y credibilidad

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Fue valorada igualmente la declaración de S.M.A.:

(…), Al analizar la declaración de S.M.A., quien le comentó el día 16 de mayo de 2004, el sargento R.E., que en San Cristóbal, los interceptaron unos vehículos del cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas y los trasladaron hasta esa sede, donde fueron maltratados y que a él lo habían dejado ir, el tribunal estima la misma, pues es coincidente con la declaración del sargento R.E., dándole suficiente certeza y credibilidad a quien aquí decide

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El ciudadano L.O.S.M., depuso en el debate oral y su testimonio fue valorado de la siguiente forma:

(…), El tribunal estima la misma, por cuanto dicha inspección fue practicada al mismo vehículo que conducía el ciudadano C.M., cuando se dirigía hacía la zona sur del Estado, quedando ello corroborado con las novedades diarias de fecha 15 de mayo de 2004; aunado a lo anterior, fue ratificada en su contenido y firma por el funcionario que la practicó, lo cual le da suficiente certeza y credibilidad a este tribunal, con la que se demuestra la existencia del vehículo en el que se trasladaba C.M.

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El ciudadano N.A.B.R., depuso en el debate oral y su testimonio fue valorado de la siguiente forma:

(…).De la declaración del ciudadano N.A.B., vigilante de Makro, quien manifestó que el día 15 de mayo de 2004, no había observado a personas o grupos de personas, en actitud de sometimiento en las adyacencias de makro. Este Tribunal no le da valor probatorio, por cuanto el mismo señaló que su función de vigilancia se efectuaba en diferentes áreas, tanto internas como externas de la sede de makro, por lo que la misma no le da suficiente certeza a este tribunal, de que el declarante hubiese o no podido percibir tal situación, en virtud de que no se encontraba destacado en un punto fijo

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El ciudadano E.A.A. rindió testimonio, el cual fue apreciado de la siguiente manera:

(…). El tribunal al analizar esta prueba no la estima por cuanto la misma no aporta nada al hecho debatido, pues las clases a las que hace referencia el mencionado ciudadano estaban siendo impartidas en un aula ubicada en el segundo piso de la sede del cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas, lo que indica por máximas de experiencia a esta juzgadora que los alumnos a los que le estaba siendo impartida dicha clase estaban atentos al desarrollo de la misma, y a lo que señalaba el instructor para ese momento, no pareciéndole lógico que dichos alumnos o su profesor estuvieran observando a través de la ventana hacía los alrededores de dicha sede

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Por su parte el ciudadano A.E.B.P. rindió su declaración, valorada en los siguientes términos:

(…). Al analizar dicha declaración se observa que el experto señala que la planilla la cual fue sometida a la experticia grafotécnica, de fecha 15 de mayo de 2004, suscrita por Yolimar Pabón, es falsa, pues la firma no se corresponde con la de la referida ciudadana, por lo que este tribunal estima dicha declaración, pues refuerza lo dicho por la ciudadana Yolimar Pabón, al desconocer dicha planilla, y a su vez sirve de base o fundamento para el tribunal, no estimar la mencionada planilla

.

Igualmente la ciudadana juez de juicio procedió a valorar las pruebas documentales que fueron exhibidas e incorporadas por su lectura al debate oral y público:

Copia fotostática de las novedades diarias de fecha 15 de mayo de 2004, cuyo análisis fue siguiente:

El tribunal, al analizar esta prueba, la estima y la concatena con la planilla emanada del IVT, de esa misma fecha, suscrita por la ciudadana I.M., en donde se señala que C.M., transitó por el canal 1, turno 35529 del peaje Portal La Restauradora, en horas de la mañana, en el vehículo Nissan Terrano, placas 30430, sin que ello implique que el resto de funcionarios mencionados en esas novedades diarias, lo acompañaran, pues no existe una prueba determinante que evidencie a esta juzgadora que al momento de transitar C.M., por el portal la restauradora, él se encontraba acompañado de estos funcionarios

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Prueba anticipada, consistente en la declaración que rindió el testigo C.L.R.E., valorada así:

Ahora bien, hechas las consideraciones anteriores, considera esta juzgadora con fundamento a los criterios antes señalados, sin que ello implique que la juzgadora no está analizando el acervo probatorio en base a la sana crítica, sino como si fuera una prueba tarifada, que en el caso de autos, no debe ser valorada la prueba anticipada (declaración), pues el testigo C.L.R., concurrió al juicio oral y público a rendir su testimonio, siendo sometido él mismo al debate contradictorio, garantizándose con ello también el derecho a la defensa y el principio de inmediación por una parte.

Por otra parte, considera esta juzgadora que dicha prueba no le ofrece suficiente certeza, ni credibilidad, pues el testigo señaló en la audiencia de juicio oral, que le había señalado al fiscal auxiliar, a dos de los funcionarios que había reconocido en el cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas, y que se le había exhibido un álbum fotográfico, por lo que considera quien aquí decide que si la víctima le había determinado al presunto autor (es) del hecho, lo lógico es que en la participación de dicha prueba hubiesen participado los mismos, lo cual no sucedió en el caso de autos, pues así se desprende de la lectura de dicha prueba documental y del video que se observó en el lugar y que formaba parte de la prueba en comento, razón por la cual no se estima

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Prueba anticipada consistente en reconocimiento fotográfico de fecha 17 de mayo de 2004, apreciada de la siguiente manera:

(…), esta juzgadora al analizar dicha prueba considera que la misma no debe ser valorada, por varias razones:

El testigo señaló en la sala de audiencia que las personas que reconoció en la práctica de la prueba en comento, las había visto previamente en un álbum fotográfico que le había suministrado el comisario de disciplina, en el cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas, lo cual reiteró a preguntas de la ciudadana juez.

Por otro lado de la lectura de la prueba analizada, el reconocedor en cuestión señala que como iban y venían no lo logró identificar bien, pero que si los ve los reconoce, lo cual no le luce lógico a esta juzgadora pues es contradictorio lo que el testigo señala.

Porque se desnaturalizó el reconocimiento fotográfico, pues el juez de control dejó constancia de la ausencia de algunas fotografías en los álbumes exhibidos sin que se lo solicitaran las partes, como si se tratase también o se estuviera practicando en dicho acto paralelamente una inspección judicial, lo cual se evidencia también del video que forma parte de esta prueba.

Por cuanto los ciudadanos a ser reconocidos no fueron colocados al lado de otras personas de aspecto semejando, tal y como se evidencia del video que forma parte de la prueba en comento, pues el reconocedor efectuó su reconocimiento en un álbum en donde inclusive también figuraban fotografías de personas del sexo femenino.

Considera esta juzgadora que aun cuando el Código Orgánico Procesal Penal, no lo establece en forma expresa como medio de prueba el reconocimiento fotográfico, el mismo está permitido por imperar la libertad de medios probatorios, lo cual también es concordante con lo dispuesto en el artículo 198 ejusdem; sin embargo, ello no impide que se aplique por analogía lo dispuesto en el reconocimiento de personas, referente a que fueran colocadas unas fotografías de ciudadanos de aspecto semejante al lado de los sujetos a ser reconocidos.

Por las razones anteriormente expuestas, considera el tribunal que el reconocimiento fotográfico no debe ser estimado o apreciado, pues no le ofrece suficiente certeza al juzgador

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Consta igualmente la inspección judicial practicada como prueba anticipada, de fecha 17 de junio de 2004, valorada así:

(…), En el caso de autos, observa esta juzgadora que el Ministerio Público, tampoco indicó los puntos sobre los cuales quería que el juez de control, dejara constancia, limitándose a señalar que el testigo señalara dichos sitios, y se dejara constancia fílmica, tal y como se evidencia de los folios 92 al 96.

Por las razones antes expuestas, este tribunal no estima , ni valora la inspección judicial en comento, pues no ofrece al tribunal credibilidad y certeza, aunado a lo anterior se desnaturalizó dicha prueba, no siendo practicada la misma con apego a las normativas legales

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Copias fotostáticas de las planillas emanadas del Instituto de Vialidad y Transporte de fecha 15 y 17 de mayo de 2004, valoradas de la siguiente forma:

(…), el Tribunal estima dicha planilla, por cuanto fue ratificada en su contenido y firma y demuestra que efectivamente C.M. en fecha 15 de mayo de 2004, transitó en horas de la mañana por el portal la Restauradora, en un vehículo placas 30430, lo cual corrobora lo señalado en las novedades diarias, llevadas por el cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas, de esa fecha, tal valoración se hace sin perjuicio de que este tribunal, pueda considerar que los otros ciudadanos que salieron de comisión según esas novedades pudieran encontrarse en otro lugar, pues dicha planilla sólo hace mención a la persona que conducía el mencionado vehículo, quien era C.M.

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Segunda planilla valorada:

(…). El tribunal no estima dicha planilla, por cuanto la misma no fue ratificada en su contenido y firma por la ciudadana Yolimar Pabón, resultando ser la misma falsa, según se evidenció de la declaración del funcionario B.P. y su respectiva experticia grafotécnica

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Ciertamente la juez a-quo enunció cada pronunciamiento referido a la operación mental y deducción que tuvo para valorar cada uno de los elementos de prueba; observándose que en lo referido a los testimonios, reiteradamente expresa que valora la prueba “en lo que respecta a la desaparición física de aquellos ciudadanos”; es decir, efectivamente se comprobó la materialidad del hecho. Sin embargo, al escudriñar si el fallo contiene uno de los requisitos ordenados en el artículo 364 numeral 3 de la n.a. penal, referido a la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados, tenemos:

…Con todas estas pruebas adminiculadas, las unas con las otras y después del exhaustivo análisis que se hizo de cada una de ellas, para este tribunal quedó plenamente determinado que desde el día 15 de mayo de 2004, los familiares de J.F.M., C.A.C. y W.A.C., no volvieron a saber más de ellos, que de lo dicho por el ciudadano C.R.E., concatenado con lo manifestado por I.M., Yolibeis Pabón, A.M.B., Joici Bermúdez, Y.C., A.d.C.R., N.C., J.B.B., A.L.C., R.d.C.P., N.Y.R. y Yolmer Roa Sánchez, se desprende claramente que funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, tal como se desprende del oficio N° 16199, de fecha 27 de agosto de 2004, suscrito por el abogado N.B., Comisario Jefe Coordinador Nacional de Recursos Humanos, Consultoría Jurídica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, privaron ilegítimamente de su libertad a los mencionados ciudadanos y al propio C.L.R.E.; además de ello, el sargento C.L.R.E., señaló plenamente en la audiencia la conducta desplegada por las personas que participaron en los hechos por él narrados…

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El contenido de la anterior transcripción carece de la manifestación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados, observándose que la juzgadora resulta genérica e imprecisa al narrar las circunstancias que ella consideró demostradas, incluso se expresa en los términos: “(…), se desprende claramente que funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (…), privaron ilegítimamente de su libertad a los mencionados ciudadanos y al propio ciudadano C.L.R. RAZO…”. Como se colige, la sentenciadora no menciona individualmente cual es el hecho acreditado en el que actuó o no cada acusado, es más, ni siquiera refleja sus nombres, y sólo señala la participación en la privación ilegítima de libertad como valoración jurídica, sin mencionar algún hecho acreditado, relacionado con los elementos esenciales del tipo de desaparición forzada de personas.

De forma insubstancial la jurisdicente acondicionó su conclusión al condenar y absolver sin demostrar el nexo racional que existe entre los distintos órganos de prueba; en otras palabras, no se deduce la comparación de los testimonios en su conjunto con lo cual debió extraer la certeza de su decisión.

Pero lo que resulta más sorprendente, es que habiendo establecido los hechos acreditados en forma ambigua e imprecisa, luego en la fundamentación jurídica de la sentencia pretende establecer responsabilidad penal con hechos que no fueron acreditados por la recurrida. En efecto, es así como la decisión impugnada sostuvo:

En otro orden, la recurrida, luego de establecer la apreciación aportada a cada una de las pruebas, explanó la fundamentación de hecho y de derecho, así:

(…). Establecido el hecho que quedó acreditado mediante el análisis del material probatorio incorporado al proceso oral y público, celebrado con plenitud de las garantías constitucionales de orden procesal, debe, quien aquí decide, efectuar las siguientes consideraciones.

Estima este órgano jurisdiccional que el “thema decidendum”, lo constituye la determinación de la responsabilidad penal o no del acusado en el hecho suscrito supra, y por consiguiente, se deberá así concluir mediante un juicio de valor estrictamente jurídico, si el hecho realmente fue producto de una conducta humana, y luego si es típico, antijurídico, imputable, culpable y sancionable el mismo, al acusado de autos.

(Omissis)

En el caso de autos, tal elemento quedó comprobado por el Ministerio Público, pues el sargento C.L.R.E., fue privado ilegítimamente de su libertad, con abuso de las funciones de los funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas, tal y como quedó evidenciado de las declaraciones del taxista Jolber y A.L.C. y de la propia víctima C.E..

(Omissis)

Ahora bien, analizados los elementos de este tipo penal, debe observar el tribunal que paralelamente a este hecho punible imputado por el Ministerio Público, se atribuye también a los acusados de autos el delito de privación ilegítima de libertad, el cual también contiene como elemento del tipo el (sic) abuso de funciones.

(Omissis)

Ahora bien, en el caso de autos pareciera que la conducta de los acusados R.M. y R.A., aparentemente encuadra o se subsume en el tipo penal de la privación ilegítima de libertad y en el abuso de funciones; sin embargo, ello no es así, pues el abuso de funciones sólo se aplica en caso de que el acto arbitrario no constituya delito o falta, y en el caso en examen ese abuso de funciones constituye delito pues dicha conducta encuadra en la PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD, por lo tanto la aplicación de este tipo penal excluye la aplicación del otro.

En consecuencia, de lo antes expuesto debe este tribunal considerar inocente a R.D.M. y R.S.A.C., en virtud de que la conducta desplegada por ellos ya quedó subsumida en el tipo penal de la PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD, excluyéndose el ABUSO DE AUTORIDAD.

Ahora bien, en lo que respecta a la responsabilidad de C.R.M.M., J.A.P.V., L.E.A.A. y DEMIAR E.B.Z., considera este Tribunal que no quedó demostrado que los mismos hicieran abuso de sus funciones, para que se pudiera al menos tipificar este tipo penal, debiendo este tribunal en consecuencia declararlos también inocentes del abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 67 de la Ley Contra la Corrupción.

En este orden de ideas, una vez demostrada la comisión de los tipos penales antes señalados; es decir, el hecho punible, resta a esta juzgadora analizar la responsabilidad penal de los ciudadanos R.M. y R.A., la cual debe ser establecida individualmente, atendiendo a los principios generales del derecho.

En efecto, de la declaración de C.E., quien señala a R.A., como una de las personas que le apuntó, lo bajó del carro y le propinó dos puntapiés, llevándolo posteriormente al cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalisticas, lo cual es coincidente con lo manifestado por A.L.C., considera que ha quedado demostrado la autoría del mismo en la comisión de los delitos de desaparición de personas y privación ilegítima de libertad.

También quedó demostrada la autoría en la comisión de los tipos penales antes señalados por parte del ciudadano R.M., pues los testigos antes referidos, manifestaron que el mismo, fue uno de los sujetos que se identificó como jefe de grupo Anti-Extorsión y Secuestro, y que le señaló que las víctimas las iban a desaparecer.

En lo que respecta al ciudadano Deimar Bautista y C.M., observa esta juzgadora que los mismos, no fueron señalados por el testigo presencial de los hechos; es decir, el sargento C.E., pues si bien es cierto, a estos ciudadanos los menciona el ciudadano A.C., como una de las personas que fue reconocida fotográficamente, y como el ciudadano que pasaba por el pasillo cuando la víctima lo reconoció, también es cierto, que este tribunal no estimó dicha declaración por ser contradictoria con la del testigo presencial, y el mismo, se limitó a señalar en su declaración que reconoció a uno de los funcionarios cuando pasó por el pasillo, sin indicar de quien se trataba, no pudiéndolo deducir.

Por otra parte, en lo que respecta a C.M., existen dudas por parte de este tribunal sobre su autoría y/o participación en los referidos hechos, pues quedó demostrado que el día en que sucedieron los mismos, el mismo se encontraba en la zona sur del estado, por lo que la duda debe favorecerlo, considerándolo este tribunal inocente de los hechos debatidos, al igual que a Deimar Bautista, pues el mismo tampoco lo menciona el testigo presencial de los hechos.

Por último, en lo que respecta a L.A. y J.A.P.V., este tribunal, tampoco observa que existe ni siquiera indicios para considerar que de alguna manera participaron o son autores en la comisión del hecho imputado, pues en la declaración rendida por C.R.E., tampoco los menciona, debiendo esta juzgadora considerarlos inocentes. Y así se decide.

En conclusión, considera el tribunal que tanto el hecho punible como la autoría de R.M. y R.A. quedó demostrada tal y como se evidenció de la comparación del acervo probatorio, por lo este (sic) tribunal ha llegado a la plena convicción de que los mencionados ciudadanos deben ser declarados culpable (sic) y el presente fallo ha de ser condenatorio, en lo que a ellos respecta, de conformidad con el 366 del Código Orgánico Procesal Penal…

La motivación del fallo no debe elaborarse con los elementos deslindados de los hechos, razones y leyes; todo lo contrario, deben reflejarse armónicamente cada uno de ellos, abrazando la respectiva ilación que va a converger en una clara conclusión, traducida en la parte dispositiva de la sentencia, pero fortificada con una base blindada e impermeable, que ofrece seguridad y garantía jurídica a todas las partes que intervienen en el proceso.

En aras de ahondar en la materia, esta Corte procede a ilustrar su criterio respecto a tal indispensable requisito de la sentencia como lo es “la motivación del fallo”:

Con base a los anteriores señalamientos, necesario es destacar en primer orden, que la motivación de la decisión judicial, constituye un instrumento de garantía de orden constitucional que permite el ejercicio del derecho de defensa no sólo a favor del imputado y demás partes del proceso, sino también, garantiza el principio de la tutela judicial efectiva al que igualmente tiene derecho la víctima como sujeto pasivo del delito, y que en suma le va a permitir el ejercicio legítimo de los derechos y garantías que le corresponde como parte ofendida por el hecho criminoso.

En efecto, es obligación del Estado, propender y reparar el daño causado a la víctima de un hecho punible, conforme al artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la “apropiación” estatal del conflicto privado, de allí que, no le queda más a la víctima, que confiar en la efectividad del sistema judicial venezolano, esto es, en su eficacia y eficiencia tendente a evitar la impunidad del hecho criminoso, y por ende se cristalice la justicia como valor axiológico establecido en el artículo 2 ejusdem. De allí que, el único aparte del artículo 26 ejusdem, establece el prisma axiológico bajo el que debe girar el sistema de justicia, entre los cuales se destaca la idoneidad y transparencia, que entre otros valores, constituye la visión de la función jurisdiccional, siendo precisamente el Juez Venezolano protagonista de este moderno esquema inspirado en el novedoso Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia.

Una decisión inmotivada, sea que perjudique o favorezca, además de allanar el camino de la impunidad, frustra el sentir de justicia que clama el ciudadano común, y mas concretamente, ofende a la víctima directa del hecho criminoso, poniendo en peligro la credibilidad del sistema de justicia, ante la ineficacia que ofrece el acto jurisdiccional viciado de inmotivación.

Del mismo modo, al analizar los recursos ejercidos y las actas que conforman la sentencia recurrida, observa la sala, que efectivamente la juez a-quo no actúo con apego ni aplicación de la razón jurídica, lo que constituye un requisito sine quanon al desarrollar su fundamento de certeza; así mismo, a los fines de ilustrar en materia de motivación, se trae a colación la Sentencia dictada en el expediente 03-0534 de fecha 28 de septiembre de 2004, por la Magistrada Ponente Blanca Rosa Mármol de León, quien sostuvo:

…Omissis

La motivación que deben cumplir los sentenciadores de las C.d.A. cuando se les invoca el motivo de impugnación relativo a la falta de motivación, no puede limitarse a transcribir lo analizado por el tribunal aquo, y luego asentar su conformidad con lo dicho, pues ello no es suficiente para demostrar la culpabilidad o no del imputado, ni los hechos que constituyen los elementos materiales del delito. Es obligatorio verificar el cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 364 ordinales 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, ya que dichos requisitos son los que debe contener toda sentencia, a los fines de satisfacer las pretensiones de las partes.

Es cierto que los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, pero esa soberanía es jurisdiccional y no discrecional, y así lo ha establecido esta Sala de Casación Penal en reiteradas oportunidades, razón por la cual debe someterse a las disposiciones legales relativas al caso para asegurar el estudio del pro y del contra de los puntos debatidos en el proceso, y para ello es indispensable cumplir con una correcta motivación en la que no debe faltar:

1.- la expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes;

2.- que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal;

3.- que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y

4.- que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal.

Motivar una sentencia significa señalar la exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, conforme el artículo 364 ejusdem, con el objeto de verificar la racionalidad del fallo impugnado. De modo que en este caso, no puede la Corte de Apelaciones resolver una cuestión que atañe a la motivación de la sentencia de la manera como lo hizo, cuando el propio Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 457 le da la facultad de ordenar la celebración de un nuevo juicio, cuando cualquiera de las situaciones de hecho que se cobijan bajo los supuestos de los ordinales 1°, 2° y 3° del artículo 452, hagan imposible un resultado justo, decisión que se logra luego del examen exhaustivo de las conclusiones establecidas por el juez a quo, así como tampoco, dejar de resolver puntos impugnados en el recurso de apelación, dado que, ello contraviene lo estipulado en el artículo 441 del mismo texto procedimental penal, que obliga a las C.d.A. a resolver el recurso que se le atribuye a su conocimiento, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados.

Al respecto, es conveniente advertir que en aras al principio de tutela judicial efectiva, según el cual, no sólo se garantiza el derecho a obtener de los tribunales una sentencia o resolución, y el acceso al procedimiento, a la utilización de recursos y la posibilidad de remediar irregularidades procesales determinantes de indefensión, éste también debe garantizar una motivación suficiente, una decisión judicial razonada sobre todas las pretensiones deducidas que exterioricen el proceso mental conducente a su parte dispositiva…

Se ha reiterado, que motivar una sentencia, es aplicar la razón jurídica, en virtud de la cual se adopta determinada resolución. En tal sentido, se requiere discriminar el contenido de cada probanza, analizarlas, compararlas con las demás existentes en autos, y por último, según la sana crítica, establecer los hechos derivados. A fin de que las decisiones expresen clara y diáfanamente los hechos que el Tribunal considere probados, necesario es examinar todos y cada uno de los elementos probatorios, además cada prueba debe analizarse de manera total y completa, en todo cuanto pueda suministrar fundamentos de convicción.

Por su parte, el jurista R.D.S., sostuvo en su obra “LAS PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO”, (Pág. 94), el siguiente párrafo referido a la libre convicción razonada:

…Algunos autores confunden el sistema de la “libre convicción” con el de la “íntima convicción”, por lo que es preferible denominarlo “libre convicción razonada” y se caracteriza por la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos y sobre el valor que debe otorgársele a cada prueba, lo que no significa un arbitrio absoluto del juzgado, ya que se le impone también una obligación de explicar, razonar el porqué de esa valoración que le dio a cada prueba, debiendo hacerlo conforme a los principios de la “sana crítica racional”, siguiendo los lineamientos de la psicología, la experiencia común, las reglas de la lógica, que son las del recto entendimiento humano.

El juez no sólo debe expresar lo que da por probado y con qué medio se obtuvo ello en el juicio, sino también porque llegó él a ese convencimiento, lo que impide que el juzgador pueda decidir basado sólo en su capricho, en simples conjeturas, en su íntimo convencimiento. Además, es un derecho, inherente a la condición humana, que tienen las partes, fundamentalmente el imputado, y aun, el público, de saber el porqué de esa determinación

. (Subrayado de la Sala).

En el caso que se resuelve, si bien es cierto, la juez desarrolla la valoración de cada prueba, no se aprecia que esté acreditado el hecho cuyo resultado descansa en la responsabilidad penal de los ciudadanos R.M. y R.A., así como en la inocencia del ciudadano C.M.; por otra parte, cabe destacar que aun cuando las absolutorias referidas a los ciudadanos J.A.P.V., L.E.A.A. y DEIMAR E.B.Z., no fueron objeto de impugnación por alguna de las partes, se observa que carecen en lo absoluto de la fundamentación razonada, de los elementales principios del sistema de valoración actual, elaborados a los fines que el operador de justicia realice el respectivo análisis y comparación de todas las pruebas sometidas a su consideración, pero deslindado totalmente de la discrecionalidad, que genere un fallo en perjuicio de la verdad.

Indudablemente la parte motiva del fallo carece del mecanismo que obligatoriamente debe aplicar el juez, en el sentido de verificar la ilación de las probanzas, adminicularlas entre si, reflejar concretamente y de manera separada los fundamentos que considera importantes, inherentes y que no arrojen ningún tipo de fluctuación al momento de determinar que en efecto los ciudadanos mencionados ut supra ciertamente son culpables de los ilícitos atribuidos, aplicado también a la conclusión absolutoria en cuanto al ciudadano C.M..

Al dictar un fallo carente de la debida motivación y razonamiento, evidentemente la juzgadora recurrida vulneró los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, establecidos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no quedando otro camino a esta Corte de Apelaciones que declarar CON LUGAR los recursos de apelación ejercidos tanto por el Ministerio Público, como por el abogado C.E.M., por falta de motivación, de conformidad con los artículos 452, numeral 2, y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia anular la decisión recurrida respecto de la sentencia dictada en contra de R.M. y R.A., y la sentencia emitida en favor de C.M., de conformidad con el artículo 173 eiusdem, reponiendo la causa al estado que un juez distinto del que profirió el fallo anulado, celebre nueva audiencia oral y pública y dicte sentencia para resolver la situación jurídica de los ciudadanos R.M., R.A. y C.M., con prescindencia del vicio observado. Y así se decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:

Declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por las abogadas MARELVIS MEJIAS y R.Z., fiscal vigésima con competencia en materia de protección de derechos fundamentales y fiscal tercera del Ministerio Público, contra la sentencia dictada por el juzgadora segundo de juicio en fecha 07 de diciembre de 2006, mediante la cual absolvió al ciudadano C.M., del delito desaparición forzada de personas y privación ilegítima de libertad.

Declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado C.M., en contra de la sentencia dictada por el juzgado segundo de juicio, en fecha 07 de diciembre de 2006, a través de la cual condenó a los ciudadanos R.M. y R.A., a cumplir la pena de 15 años de presidio, por los delitos de desaparición forzada de personas y privación ilegitima de libertad.

ANULA la sentencia dictada por el juzgado segundo de juicio de este circuito judicial penal, en fecha 07 de diciembre de 2006, respecto de la condenatoria dictada en contra de R.M. y R.A., y la absolutoria emitida en favor de C.M., y en consecuencia se ordena que un juez de la misma categoría, pero distinto al que profirió el fallo anulado, celebre nuevo juicio oral y público y dicte sentencia para resolver la situación jurídica de los ciudadanos R.M., R.A. y C.M., con prescindencia del vicio observado.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los (27) días del mes de marzo de 2007. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

LOS JUECES DE LA CORTE

G.A.N.

Juez Presidente

J.V.P.B.E.J.P.H.

Juez Ponente

MILTON ELOY GRANADOS

Secretario

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.

MILTON ELOY GRANADOS

Secretario

As-1193-07.

mcp