Decisión de Tribunal Cuarto de Control L.O.P.N.A. de Caracas, de 23 de Mayo de 2007
| Fecha de Resolución | 23 de Mayo de 2007 |
| Emisor | Tribunal Cuarto de Control L.O.P.N.A. |
| Ponente | Zulay Umanes |
| Procedimiento | Revision De Medida |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE
JUZGADO CUARTO DE CONTROL
Caracas, 23 de Mayo de 2007
197° y 148°
Visto el escrito que antecede, recibido en fecha 22.05.2007, emanado de la Defensoría Pública Décima Tercera (13°) adscrita al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, a cargo del Abogado J.C., mediante la cual solicita revisión de la Medida Cautelar impuesta al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, a quien se le sigue causa signada bajo el N° 1424-07 (Nomenclatura de este Tribunal), en fecha 07.04.2007, en el acto de la Audiencia de Presentación de Detenido, este Tribunal a los fines de decidir con respecto a la misma, observa previamente lo siguiente:
I
Fundamenta su solicitud el Abogado J.C., Defensor Público Décimo Tercero (13°) adscrito al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente en el hecho, según refiere, que los familiares de su patrocinado se encuentran en la imposibilidad manifiesta de presentar Fiadores que devenguen un sueldo de treinta (30) Unidades Tributarias, por no haber en su entorno, familiares con tal capacidad económica, es por ello que invocando el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado supletoriamente por remisión del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, solicita la sustitución de la Medida Cautelar de Fianza Personal acordada por este Órgano Jurisdiccional en relación a la cantidad de unidades tributarias requeridas, que aún no se ha podido ejecutar por la mencionada imposibilidad de presentar los fiadores que cumplan los requisitos establecidos, por la cantidad equivalente a los posibles fiadores, de los cuales consignó las respectivas constancias de trabajo, conducta y residencia, cursantes en autos.
En efecto, este Juzgado de Control en fecha 07.04.2007, impuso al adolescente IDENTIDAD OMITIDA la Medida Cautelar establecida en el literal “g” del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, exigiéndose en tal sentido, la presentación de DOS (02) fiadores de reconocida buena conducta moral, económica, que de igual manera residan en el Área Metropolitana de Caracas, y que devengaren la cantidad de treinta (30) unidades tributarias cada uno, ello en virtud de la imputación que hiciere la Representante del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto en el artículo 405 del Código Penal.
II
Ahora bien, sobre la solicitud interpuesta por el Abogado J.C., considera necesario este Tribunal de Control hacer algunas consideraciones, así pues, es propicio recordar que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, se instauró en Venezuela un sistema acusatorio oral, blindado con múltiples principios que lo rigen y que caracterizan sus bases de garantista, principios éstos que hacen del sistema un mecanismo procesal respetuoso de los Derechos estatuidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Principios éstos contenidos en el Título Preliminar, entre los artículos 1 al 23 del Código Orgánico Procesal Penal, y en la Sección Tercera de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, entre los artículos 538 al 550.
Entre estos Principios que establecen las garantías procesales de las que gozan los intervinientes en el proceso penal, surge como colorario el Principio de Afirmación de Libertad, establecido en el artículo 9 del Texto Adjetivo Penal el cual reza:
Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza
(negrillas del Tribunal).
El Principio de Afirmación de Libertad como principio rector no puede sucumbir ante interpretaciones a priori o ligeras sobre las circunstancias especiales del sometimiento del justiciable al proceso penal, el Principio de Afirmación de Libertad se encuentra desarrollado en el Titulo VIII, Capítulo I del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a las Medidas de Coerción personal y sus Principios Generales, dentro del cual encontramos el artículo 247, que establece: “Todas las disposiciones restringen la libertad del imputado, limiten sus facultades las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente”; así como los artículos 539, 540 y 548 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, de los cuales se trae a colación el 548, que establece que: “La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del adolescente”.
Se establece así en dicho Título VIII, Capítulo I, del Código Orgánico Procesal Penal, así como en los referidos artículos de nuestra Ley Especial, el Estado de libertad como garantía de toda persona sometida a proceso penal, salvo las excepciones dispuestas en este Código, igualmente el carácter motivado sobre la base del cual debe decidirse la aplicación de las Medidas de Coerción Personal y el señalamiento acerca de que la aplicación de las mismas cause al afectado el menor daño posible.
Sobre la base del Principio de Afirmación de Libertad, como principio rector del Sistema Acusatorio consagrado en el Texto Adjetivo Penal Vigente, debe estudiarse y aplicarse las Medidas de Coerción Personal, siempre en atención a la preeminencia del Estado de Libertad, la proporcionalidad, la motivación y el carácter restrictivo con que deben ser interpretadas las normas que limiten la libertad del imputado.
De la misma manera esta este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, obligado a resguardar las garantías procesales y los principios que regulan el proceso penal, entendidos los citados, el Estado de Libertad, la proporcionalidad en la aplicación de medidas de coerción personal, la motivación para imponerlas y el carácter restrictivo con que deben ser interpretadas las normas que limiten la libertad del adolescente imputado como garantías que el Sistema Procesal Penal ha establecido en virtud de su naturaleza.
En el caso que nos ocupa, surge que al adolescente imputado IDENTIDAD OMITIDA, se le impuso una medida de coerción personal en la modalidad de cautelar sustitutiva de la detención, la cual no se ha hecho efectiva por ser de imposible cumplimiento por parte del imputado, así como de sus familiares, quienes presentaron UN (01) fiador quien devenga salario equivalente a las Treinta (30) Unidades Tributarias, según referencia de su defensor.
En este sentido, ha sido criterio de esta Instancia Judicial, en respeto a los Principios consagrados en el Texto Adjetivo Penal y Especial, citados supra, que la lesión que ocasiona la medida de coerción personal debe ser en todo caso la menor posible, es por ello que al momento de imponerse la medida debe el Juzgador encargado de ello, evaluar las circunstancias del caso en particular, a los fines de garantizar, la verdadera función de las medidas de coerción personal, en este caso en la modalidad Cautelares Sustitutivas como lo establece el artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal aplicado supletoriamente por remisión del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, cual es la de sustituir la detención como medida extrema y excepcional, la de mantener al justiciable sometido a proceso, siempre y cuando estas puedan hacerse efectivas.
Surge en el caso de autos como colorario la norma relativa a la proporcionalidad de las medidas de coerción personal, y sobre el particular hace especial referencia el legislador en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando dispone que la proporcionalidad de las medidas debe atenderse en relación a la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable; y el artículo 539 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que prevé que las sanciones deben ser racionales, en proporción al hecho punible atribuido y a sus consecuencias, circunstancias estas que servirán de base al Juzgador a los efectos de aplicar medidas que restrinjan la libertad personal, como Derecho fundamental.
En consecuencia, surge procedente, atendiendo a las circunstancias del caso en particular la aplicación de una medida de coerción personal, de posible cumplimiento por parte del imputado, distinta a la de Fianza Personal con treinta (30) unidades tributarias, impuesta por este Juzgado, por lo que, en revisión de la medida de coerción personal que fue acordada anteriormente, se REDUCE la cantidad de Unidades Tributarias requeridas al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, a la cantidad de DIECIOCHO (18) UNIDADES TRIBUTARIAS, debiendo el mismo presentar UN (01) testigo de fianza que devengue tal cantidad por sueldo mensual, ello ante la manifestación de su defensor de la imposibilidad en que se encuentra el mismo, así como sus familiares de hacerlo por la cantidad establecida en fecha 07.04.2007. Y así se decide.
