Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio y del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 30 de Septiembre de 2005

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL

TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE

San F.d.A., 30 de septiembre del año 2005

195º y 146º

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE N°: 3158-TI-1113-05

DEMANDANTE: SEGOVIA C.A.

APODERADOS: M.G.

DEMANDADO: GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE

APODERADO: M.Á.C.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES

El presente juicio se inició en virtud de la demanda que por PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES, incoare el ciudadano, SEGOVIA C.A., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- 8.162.586, representado por el Abogado en ejercicio M.G., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.756.223, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 75.239, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, representada por el abogado en ejercicio M.Á.C., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.622.318, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 87.505, presentada en fecha 25 de septiembre del año 2001, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Laboral, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, distribuidor para la época, y que en razón a la creación de la Coordinación del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, según Resolución Nº 2004-00016, emanada del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24 de noviembre de 2004, se le suprimió la competencia en materia laboral. Me aboqué al conocimiento de la presente causa, en virtud de haber sido designada Jueza Primera de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y estando las partes debidamente notificadas, procedo a dictar sentencia bajo los términos siguientes:

CAPÍTULO I

TÉRMINOS DEL CONTRADICTORIO

LIBELO DE LA DEMANDA (folio 01 al 11)

Alega la parte actora:

• Que comenzó a prestar servicio como obrero, adscrito a la Gobernación del Estado Apure, el 15 de septiembre del año 1981.

• Que fue jubilado de su cargo el día 28 de diciembre del año 1999.

• Que laboró ininterrumpidamente durante un lapso de 15 años.

• Que hasta los actuales momentos no le han cancelado el pago de sus Prestaciones Sociales.

• Que ganaba diferentes sueldos, siendo el último de dicho sueldo, la cantidad de Ciento Treinta Mil Setecientos Diecisiete Bolívares con Nueve Céntimos (Bs. 130.717,09).

En su escrito libelar el accionante exige:

Antigüedad, viejo régimen………………………………………… Bs. 3.075.444,00

Intereses del antiguo régimen……………………………………. Bs. 3.204.121,19

Antigüedad, nuevo régimen………………………………………. Bs. 1.307.169,00

Intereses……………………………………………………………… Bs. 3.195.242,13

Bono de transferencia……………………………………………… Bs. 627.900,00

Vacaciones no disfrutadas: Año 85-86, año 87-88, año 89-90,

año 91-92, año 95-96: 05 vacaciones no disfrutadas:

05 vacaciones x 25 días x 4.357,23 (salario diario)……………… Bs. 544.653,75

Cláusula 27, uniforme año 1999…………………………………… Bs. 120.000,00

Cesta tickets: del 01-01-99 al 30-04-99

U.T. = 7.600 x 0,25 = 1.900

21 días x cada mes: 159.600,00

Del 01-05-99 al 28-12-99

U.T. = 9.600 x 0,25 = 2.400

21 días x cada mes x 8 meses: 403.200,00

Total cesta tickets…………………………………………………….. Bs. 562.800,00

Bono único…………………………………………………………… Bs. 800.000,00

Bono puente, artículo 670 LOT: Del 01-05-97 al 18-06-97:

1 mes con 17 días = 31 días x 1.040……………………………… Bs. 32.240,00

Intereses de mora, artículo 92 CRBV……………………………. Bs. 5.285.375,97

Indexación: 13.469.570,07 – IPC 01-01-00 al 31-06-01 = 17.60

15.840.214,40 = 2.370.644,33……………………………………… Bs. 2.370.644,33

Total prestaciones sociales………………………………………. Bs. 21.125.590,37

CAPÍTULO II

CONTESTACIÓN AL FONDO DE LA DEMANDA

En la oportunidad procesal de dar contestación a la demanda, la parte accionada no compareció por si misma, ni por medio de apoderado a dar contestación a la demanda tal como lo establece el artículo 68 de la ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, vigente para la época en que tuvo lugar el acto procesal.

CAPÍTULO III

HECHOS NO CONTROVERTIDOS. HECHOS CONTROVERTIDOS

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA

Por la forma como quedó trabada la litis, en aplicación de lo previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales Procedimientos del Trabajo, surgen como:

HECHOS NO CONTROVERTIDOS

• La relación laboral

• El salario

• Los conceptos demandados

• La cantidad demandada

HECHOS CONTROVERTIDOS

• Por cuanto no hubo contestación de la demanda, ningún hecho fue controvertido.

CARGAS PROBATORIAS DE LAS PARTES

En virtud de la naturaleza del ente demandado, aún cuando no dio contestación a la demanda, la misma se considera contradicha en todas y cada una de sus partes, en consecuencia, le corresponde al actor probar los alegatos expresados en su escrito libelar.

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

Pruebas de la parte demandante:

1. Con el libelo de la Demanda

   • Consignó copia fotostática simple de escrito con sello húmedo, marcado con la letra “A”, cursante al folio doce (12), dirigido al Director de Personal de la Gobernación del Estado Apure por el demandante SEGOVIA C.A., donde solicita el pago de prestaciones sociales de manera conciliatoria, de conformidad con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil se le da valor probatorio para demostrar que el demandante agotó la vía conciliatoria previa para reclamar el pago de Prestaciones Sociales.

   • Consignó marcado con la letra “B”, cursante al folio catorce (14), copia fotostática simple del Decreto G-366, de fecha 28-12-1999, mediante el cual se le otorga el beneficio de jubilación al demandante y queda probado de esta manera que le fue concedido el derecho a jubilación; en consecuencia, finalizada la relación laboral el 28 de diciembre de 1999

   • Consignó marcado con la letra “C” copia fotostática simple de recibos de pago, cursante al folio quince (15) al folio treinta y uno (31). Quien sentencia valora como cierto el contenido, y con ello se evidencia el pago de salarios recibidos por el ciudadano C.S..

   • Consignó marcado con la letra “D”, cursante al folio treinta y dos (32), copia fotostática simple de recibo de pago como jubilado.

   • Consignó marcado con la letra “E”, cursante al folio treinta y tres (33), copia fotostática simple de Resuelto de Ingreso al Ejecutivo del Estado Apure. Quien sentencia concede valor probatorio y con ello se demuestra la fecha de ingreso del demandante.

   • Consignó marcado con la letra “F”, cursante a los folios treinta y cuatro (34) al treinta y ocho (38), copia fotostática simple de escritos emanados de la dirección de Administración del Ejecutivo del Estado Apure, dirigidos al ciudadano C.S.. Con ello se demuestra la relación laboral.

2. Promovidas en el lapso probatorio

   • No aportó ningún tipo de pruebas.

   Pruebas de la parte demandada:

1. Con la contestación de la demanda

   • No contestó la demanda.

2. En el lapso probatorio

   • Invocó el mérito favorable de los autos. Quien sentencia observa que este no es un medio de prueba, toda vez que es obligación del juez, analizar todas las alegaciones realizadas por las partes en sus escritos cursante a los autos.

   • Promovió la inexistencia de la persona jurídica demandada.

   • Promovió original y copia fotostática de la planilla de liquidación de prestaciones sociales, marcada con la letra “A”, cursantes a los folios Cincuenta y cuatro (54) y cincuenta y cinco (55). Quien sentencia le da valor probatorio y con ello se demuestra la relación de trabajo, el tiempo de servicio y la causa del retiro.

   • Promovió original y copia fotostática del estado de cuenta de los intereses sobre Prestaciones Sociales marcada con la letra “B”, cursante al folio cincuenta y seis (56). La cual se aprecia por ser emanada de un funcionario público.

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   En la oportunidad procesal de dar contestación a la demanda, la parte accionada no compareció por si misma, ni por medio de apoderado a dar contestación a la demanda tal como lo establece el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, vigente para la época en que tuvo lugar el acto procesal.

   No obstante, en la oportunidad procesal para promover pruebas, el apoderado especial de la parte demandada, solicita en el escrito consignado, en el Capítulo Primero, que se considere el mérito que arrojan las actas del proceso a favor de su representada.

   La accionada alega en el escrito de contestación de la demanda, folio (49), particular I, que el actor no demanda a ninguna persona natural ni jurídica; que en ningún momento la Gobernación del Estado Apure, es una persona jurídica susceptible de ser sujeto de derecho y contraer obligaciones, al no tener personalidad jurídica no puede ser demandada. Para decidir este Tribunal observa:

   El artículo 159 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:

   Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República

   Al respecto, el artículo 19 del Código Civil estatuye:

   Son personas jurídicas y por lo tanto, capaces de obligaciones y derechos:

   1°- La Nación y las Entidades políticas que la componen;

   2°-...................

   3°-.................

   .

   En efecto, de la norma constitucional transcrita se observa que los Estados son entidades autónomas, con personalidad jurídica plena; y del artículo 19 del Código Civil se verifica que las Entidades políticas que componen la Nación son personas jurídicas, capaces de contraer obligaciones y derechos. En consecuencia, el Estado Apure es persona jurídica, por tanto capaz de asumir obligaciones y derechos; sin embargo, en el presente caso se demanda a la Gobernación del Estado Apure y no al Estado, pero es la Gobernación del Estado la máxima representación del Ejecutivo Estadal, por lo que debe entenderse que es el Estado el ente capaz de asumir obligaciones y derechos aún cuando sea condenada la Gobernación como representación de aquél. De allí que, lo anterior se adecua el criterio asumido en Sentencia emanada de la Sala de Casación Social con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, de fecha siete (07) de octubre de 2004, caso R.J.M.P. vs Gobernación del Estado Apure.

   En virtud de lo expuesto, este Tribunal declara improcedente lo solicitado por la demandada. Así se decide.

   Ahora bien, por la naturaleza del ente demandado, en este caso tal como lo expresa el accionante en su escrito libelar; goza de ciertos privilegios procesales, consagrados en disposiciones legales, como el artículo 66 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, antes 40 en la Ley derogada en concordancia con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado Apure, que señala:

   Cuando el Procurador General del Estado, o sus apoderados no asistan a los actos de contestación de demandas intentadas contra el Estado o de las excepciones que le hayan sido opuestas, se tendrán unas y otras como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad que dicha omisión comporte para el referido funcionario o apoderado

   .

   Por las argumentaciones anteriores, este Tribunal considera que por ser el Estado Apure, el ente demandado goza indudablemente de las prerrogativas o privilegios contenidos en los artículos antes mencionados; en consecuencia, se considera contradicho los hechos y el derecho invocados por la parte actora en su libelo de demanda, tal como lo señala la doctrina de la Sala de Casación Social en sentencia de fecha 16 de octubre de 2003. Así se decide.

   Del examen conjunto de todo el material probatorio antes apreciado, en aplicación del principio de unidad de la prueba, ha quedado plenamente establecida la existencia de la relación laboral, la fecha de inicio y de terminación de la misma, en razón a que la demandada en su escrito de prueba reconoce la misma. Así se declara.

   En consecuencia, al quedar demostrado que el demandante trabajó para la Gobernación del Estado Apure, desde el 15 de septiembre de 1981 hasta que fue jubilado el 28 de diciembre de 1999, y la misma no probó el pago que por prestaciones sociales y otros beneficios laborales le debe al demandante; es por lo que esta juzgadora debe condenar a la parte demandada a pagar al accionante haciendo las siguientes consideraciones:

   En consecuencia, en el presente caso deberá calcularse la prestación de antigüedad por quince (15) años; de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997); así como también lo establecido en el Contrato Único de Obreros Dependientes del Estado Apure (SUODE).

   Para el cálculo de antigüedad, como quedó establecido que la relación de trabajo comenzó el 15 de agosto de 1981, corresponde aplicar lo dispuesto en los artículos 665,666 y 668 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 108 , de la misma Ley.

   En el presente caso, hay que hacer un corte de cuentas hasta la entrada en vigencia de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, para calcular la indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990 así como también el bono de transferencia, además deberá calcularse la prestación de antigüedad por los 15 años, 9 meses y 4 días, y los años subsiguientes 2 años, 6 meses y 9 días, deberá calcularse la prestación de antigüedad conforme lo dispone el artículo 108 ejusdem.

   Es importante señalar que el ciudadano SEGOVIA C.A., se desempeñaba como obrero, adscrito a la Gobernación del Estado Apure, por lo tanto, le es aplicable la Convención Colectiva del Sindicato Único de Obreros del Estado Apure, de conformidad con el artículo 60 y 672 de la Ley Orgánica del Trabajo en cuanto le sea aplicable.

   A continuación, se especifican los conceptos que por prestaciones sociales le corresponden al accionante, en virtud de la terminación de la relación de trabajo.

   De 15-09-81 al 28-12-99 = 18 años, 03 meses y 13 días

   Corte de cuenta. Articulo 666 LOT:

   Antigüedad viejo régimen. (Literal a):

   De 15-09-81 Al 19-06-97 = 15 años, 09 meses y 04 días

   30 días x 16 años x 2 = 960 días x 1.479,17……………………… Bs. 1.420.003,20

   Bono de transferencia. (Literal b):

   De 15-09-81 Al 31-12-96 = 15 años, 03 meses y 16 días

   13 años x 38.287,50 x 13 años………………………………………. Bs. 497.737,50

   Antigüedad nuevo régimen, artículo 108 LOT:

   De 19-06-97 Al 28-12-99 = 02 años, 06 meses y 09 días

   De 19-06-97 al 19-06-98 = 60 días x 2 =120 días

   60 días x 2.619,17 = 157.150,20

   40 días x 3.417,17 = 136.686,80

   20 días x 3.452,50 = 69.050,00

   De 20-06-98 al 20-06-99 = 60 días x 2 =120 días + 2 días = 122 días

   60 días x 3.452,50 = 207.150,00

   62 días x 4.532,13 = 280.992,06

   De 21-06-99 al 28-12-99 = 60 días x 2 =120 días + 4 días = 124 días

   124 días x 4.532,13 = 561.984,12

   Total Antigüedad nuevo régimen……………………………………. Bs. 1.413.013,18

   Vacaciones no disfrutadas:

   Año

   85-86 25 días

   87-88 25 días

   89-90 25 días

   91-92 25 días

   95-96 25 días

   125 días x 4.357,23 = 544.653,75

   Total vacaciones……………………………………………………… Bs. 544.653,75

   Diferencia de salarios……………………………………………….. Bs. 408.599,88 Cláusula Nº 27 SUODE……………………………………………… Bs. 120.000,00

   Bono puente según el articulo 670 LOT…………………………… Bs. 32.240,00

   TOTAL PRESTACIONES SOCIALES……………………………… Bs. 4.436.247,51

   Menos anticipo………………………………………………………… Bs. 1.059.333,20

   TOTAL PRESTACIONES SOCIALES……………………………… Bs. 3.376.914,31

   DECISIÓN

   Por las razones antes expuestas este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de Prestaciones Sociales que incoara el ciudadano SEGOVIA C.A., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.162.586, representada por el Abogado en ejercicio M.G., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 11.756.223, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 75.239, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. SEGUNDO: Se condena a la Gobernación del Estado Apure, a cancelar al actor las siguientes cantidades: antigüedad viejo régimen UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRES BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 1.420.003,20), bono de transferencia CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 497.737,50), antigüedad nuevo régimen UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL TRECE BOLÍVARES CON DIESIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 1.413.013,18), vacaciones no disfrutadas QUINIENTOS CUARENTA (Bs. 544.653,75), diferencia de salarios CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 408.599,88), cláusula Nº 27 SUEDE CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 120.000,00), bono puente TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 32.240,00), total prestaciones sociales CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 4.436.247,51), menos anticipo UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 1.059.333,20), para un total general de TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE BOLÍVARES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 3.376.914,31), por concepto de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales. Así se declara.

   Se ordena realizar una experticia complementaria del fallo, mediante un solo experto nombrado por el Tribunal, a los fines de efectuar:

   1. La corrección monetaria de las sumas debidas desde la fecha de admisión hasta la ejecución de sentencia, la cual deberá tomar en consideración los indicadores oficiales del Banco Central de Venezuela, para obtener por consiguiente el valor real y actual de la obligación que la demandada tiene pendiente con el actor, a fin de que dichos indicadores se compute a la hora de ordenar la ejecución del fallo. Exclúyase de la corrección monetaria los lapsos de vacaciones judiciales transcurridos a partir de la fecha de admisión del escrito libelar.

   2. La determinación de los intereses generados por la prestación de antigüedad, antiguo régimen de conformidad con el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo y nuevo régimen, tomando en cuenta la tasa del 3% anual causados antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con respecto a los intereses generados con posterioridad a la vigencia del texto constitucional de conformidad con los parámetros del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

   Notifíquese al ciudadano Procurador General del Estado de la decisión.

   No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión.

   PUBLÍQUESE, REGRÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

   Dada, sellada y firmada, en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2005. 195º de la Independencia y 146º de la Federación.-

   Jueza

   Abog. C.Y.M.d.V.

   Secretario

   Abog. Crepsi Crespo.

   En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo las tres de la tarde.

   Secretario

   Abog. Crepsi Crespo.

   Exp. Nº 3158-TI-1113-05

   CYMV/cc/rs