Sentencia nº 1100 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 31 de Octubre de 2016
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2016 |
| Emisor | Sala de Casación Social |
| Ponente | Marjorie Calderón Guerrero |
| Procedimiento | Recurso de control de la legalidad |
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN SOCIAL.
Caracas, treinta y uno (31) de octubre de 2016. Años: 206° y 157°.
En el juicio que, por cobro de prestaciones sociales, siguen los ciudadanos SELEMIR J.R., J.M.S., HEINOR E.N.U., L.E.V.C., G.A.B.P., NICHAR S.R., É.A.R.R., R.E.D., E.V.P., V.M.L., R.A.V.R., R.L.P., L.E.F., R.E.A., M.A.R.C., F.A.V.C., R.A.M.D., P.A.R., J.I.B.R. y J.B.P., representados por el abogado R.J.H.V., contra la sociedad mercantil MAQUINARIAS MIRANDA C.A. (MARQUIMIRCA), representada por el abogado G.A.E.L., el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, conociendo por apelación de ambas partes, en sentencia publicada el 25 de julio de 2012, declaró parcialmente con lugar la demanda, modificando la decisión preferida por el a quo, de fecha 30 de abril de 2012, que declaró parcialmente con lugar la demanda.
Contra esa decisión, interpuso la parte actora el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El 16 de octubre de 2012, se dio cuenta en Sala asignándose la ponencia al Magistrado Juan Rafael Perdomo.
El 14 de enero de 2013 tomaron posesión de sus cargos los Magistrados Suplentes O.S.R., S.C.A.P. y C.E.G.C., los cuales fueron convocados por la Sala Plena de este M.T. a los fines de cubrir las faltas absolutas de los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, respectivamente, por lo que el 29 de enero de 2013 esta Sala de Casación Social ordena su incorporación.
En virtud de ello, en la última fecha indicada se reasigna la ponencia de la presente causa a la Magistrada S.C.A.P..
El 28 de diciembre de 2014, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.165 extraordinaria, de la misma fecha, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela designó a las Magistradas y Magistrados principales M.M.T., M.C.G., E.G.R. y D.M.M., quienes tomaron posesión de sus cargos el 29 de diciembre de 2014. Posteriormente, mediante auto de fecha 12 de enero de 2015, se reasignó la ponencia de la presente causa a la Magistrada M.C.G..
En fecha 12 de febrero de 2015, con la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala quedó formalmente reconstituida de la manera siguiente: Presidenta Magistrada M.C.G., Vicepresidenta Magistrada M.M.T., Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, Magistrados E.G.R. y D.A.M.M., conservando la ponencia la Magistrada M.C.G. quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
En fecha 23 de diciembre de 2015, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.816, de la misma fecha, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, designó como Magistrado de esta Sala de Casación Social al Dr. J.M.J.A., quien tomó posesión de su cargo, quedando conformada la Sala de la siguiente manera; Presidenta Magistrada M.C.G., Vicepresidenta Magistrada M.M.T. y los Magistrados, E.G.R., D.A.M.M. y J.M.J.A..
Siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso en los siguientes términos:
Conviene observar que, siendo el recurso de control de legalidad un medio de impugnación excepcional, deben cumplirse, a los fines de asegurar su admisibilidad, con las exigencias enunciadas en la norma contenida en el artículo 178 de la Ley Adjetiva Laboral; a saber: 1) que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación y/o 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal.
Esta Sala de Casación Social en decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público”.
Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza es de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho.
De manera que, el recurso de control de la legalidad, no debe ser entendido como una nueva instancia, por tanto el recurso en cuestión se admitirá solo cuando existan graves indicios de la violación de preceptos de orden público. El control de la legalidad no se cristaliza de forma similar a la establecida para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva.
Antes bien, el hecho configurador de este recurso no es el mero perjuicio, sino que, además, la indebida aplicación de una norma de orden público, un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces en su actividad jurisdiccional, actúan como garantes primigenios del ordenamiento jurídico laboral, tanto sustantivo como adjetivo. De tal manera que, solo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede el control de la legalidad.
En el caso concreto señala el accionante que la recurrida adolece del vicio de silencio de prueba, puesto que no analizó las providencias administrativas números 339-2010 y 340-2010 de fecha 29 de abril de 2010, emitidas por la Inspectoría del Trabajo del estado Táchira, mediante las cuales se establece que hubo un despido injustificado y que los demandantes trabajaron en distintas obras para la demandada.
Aduce que está pendiente el trámite y decisión de una demanda de nulidad contra las mencionadas providencias, interpuesta por la demandada, por lo que las mismas están vigentes, aunque suspendidas en sus efectos; que por esa razón la recurrida debió atender la cuestión prejudicial alegada por la demandada.
Al respecto, luego de un examen exhaustivo de los autos que conforman el expediente, la Sala en uso de la potestad discrecional que le confiere el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no estima pertinente admitir el recurso, pues ello en nada contribuye a la preservación del orden público laboral y la uniformidad de la jurisprudencia.
Por las razones mencionadas, con base en los criterios que fundamentan la presente decisión, se declara inadmisible el recurso de control de la legalidad. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora, ciudadanos SELEMIR J.R., J.M.S., HEINOR E.N.U., L.E.V.C., G.A.B.P., NICHAR S.R., É.A.R.R., R.E.D., E.V.P., V.M.L., R.A.V.R., R.L.P., L.E.F., R.E.A., M.A.R.C., F.A.V.C., R.A.M.D., P.A.R., J.I.B.R. y J.B.P., contra la sentencia de fecha 25 de julio de 2012, dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La Presidenta de la Sala y Ponente,
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M.C.G.
La-
Vicepresidenta, Magistrado,
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MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA E.G.R.
Magistrado, Magistrado,
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D.A. MOJICA MONSALVO JESÚS M.J.A.
El Secretario,
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M.E. PAREDES
C.L. N° AA60-S-12-1250
Nota: Publicada en su fecha a las
El Secretario,
