Decisión nº 3582 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 18 de Febrero de 2016
| Fecha de Resolución | 18 de Febrero de 2016 |
| Emisor | Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central |
| Ponente | Pablo José Solórzano Araujo |
| Procedimiento | Contencioso Tributario |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CENTRAL
Valencia, 18 de febrero de 2016
205º y 156°
Exp. N° 2097
SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 3582
las abogadas G.C. y D.V., titulares de la cédula de identidad N° V-8.346.929 y V-14.482.137, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 47.986 y 102.436, en su carácter de representantes judiciales, adscritas a la División Jurídica Tributaria de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en representación de la República, interpuso juicio ejecutivo por ante este Tribunal el 30 de junio de 2009, contra la contribuyente MCR, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, el 19 de agosto de 1992, bajo el N° 16, Tomo 16-A y en el Registro de Información Fiscal (R.I.F), bajo el N° J-300312062, con domicilio fiscal en la calle L.S. Nº 50, Edificio R.P., Guacara, estado Carabobo.
El 17 de julio de 2009, se le dio entrada en el archivo de este tribunal bajo el N° 2097 al presente juicio.
El 09 de diciembre de 2009, se admitió y se ordenó la intimación de la contribuyente en la persona de su representante legal. Se libró boleta de intimación.
El 19 de septiembre de 2011 la abogada G.C. en su carácter de representantes judicial, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), solicito mediante diligencia “solicito de conformidad con el contenido del articulo 650 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la fijación de cartel en la presente causa”. Este tribunal acuerda lo solicitado..
En fecha 25 de marzo de 2014 se dictó sentencia interlocutoria número 3091 la cual declaró PERIMIDA LA INSTANCIA en el recurso intentado por las abogadas G.C. y D.V., en su carácter de representantes judiciales, adscritas a la División Jurídica Tributaria de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), plenamente identificada, cuya notificación correspondiente al contribuyente fue librado cartel en fecha 25 de marzo del 2014 y consignada en fecha 09 de abril de 2014.
El 10 de Febrero de 2016 el Juez Provisorio Abogado P.J.S.A. se aboco al conocimiento de la presente causa de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 90 del Código de Procedimiento Civil, dejando expresamente establecido que los lapsos para el allanamiento y la recusación transcurrirán conjuntamente.
II
ALEGATOS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Las Representante Judicial del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), fundamentó su demanda de conformidad con el articulo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezolana, 8 de la Ley Orgánica de Hacienda Publica Nacional y los artículos 23, 24, 66, 213, 289, 291, 294, 295 y 327 del Código Orgánico Tributario 2001, articulo 74 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, artículos 10, 174, 340 y 527 del Código de Procedimientos Civil y solicitó la medida de embargo ejecutivo.
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Una vez analizados los alegatos planteados por la apoderada judicial es importante señalar que se trata de una demanda de ejecución de obligaciones tributarias líquidas y exigibles conforme al procedimiento establecido en los artículos 289 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2001, vigente para el momento de la interposición de la demanda, en donde se establecía que era necesaria comparecencia de la representación fiscal ante los Tribunales Contenciosos Tributarios competente, a fin de peticionar el decreto de embargo ejecutivo, y que éste analizara los requisitos de procedencia para acordarlas de ser el caso.
Considera oportuno este tribunal traer a colación la decisión número 00543 de fecha 14 de mayo de 2015 de la Magistrada Bárbara Gabriela Cesar Siero de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual estableció:
“…se observa que el Ejecutivo Nacional promulgó (dada la habilitación que le confirió el Poder Legislativo, mediante la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se le Delegan -G.O. No. 6.112 Ext., 19/11/2013-) el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.152 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014, que derogó en su totalidad al Código Orgánico Tributario de 2001, tal como lo indica su artículo 348. La norma en referencia, plantea:
Artículo 348.- Se deroga el Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, de fecha 17 de octubre de 2001 y todas las disposiciones legales relativas a las materias que regula el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las cuales estarán regidas únicamente por sus normas y por las leyes a las que éste remita expresamente
.
El mencionado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario de 2014, previó en su artículo 349 una vacation legis de noventa (90) días continuos para su entrada en vigencia luego de la respectiva publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lapso legal que fue cumplido el día 18 de febrero de 2014.
En este sentido, considera necesario esta Alzada trascribir el contenido del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que consagra el principio de irretroactividad de la Ley en los siguientes términos:
Artículo 24.- Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea
. (Resaltado de la Sala).
El citado precepto constitucional, a su vez se encuentra desarrollado en el artículo 8 del Código Orgánico Tributario de 2014, de cuyo texto se lee:
Artículo 8.- Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aún en los procesos que se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores.
Ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor.
Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo
. (Resaltado de esta Alzada).
De los artículos anteriormente transcritos, se concluye que las leyes tributarias entran en vigencia a partir del vencimiento del término previo que ellas establezcan y, con relación a las leyes adjetivas o de procedimiento, las mismas tendrán aplicación inmediata aun durante los procesos que se encuentren en curso. (Vid. sentencias de la Sala Político-Administrativa Nos. 00258 y 0477 de fechas 18 de marzo de 2015 y 29 de abril de 2015, casos: Industrias Jatu, C.A. y Automercado Cosmos Fronteras, C.A.; así como el Auto No. 079 del 6 de mayo de 2015, caso: Industrias Jatu, C.A.).
Así las cosas, esta Sala debe señalar que el Código Orgánico Tributario de 2014, suprimió la normativa dispuesta en el Título VI, Capítulo II, titulado “Juicio Ejecutivo” sustituyéndolo por el “Cobro Ejecutivo”, cuya competencia para la ejecución y ejecutoriedad de los actos administrativos es ahora de la Administración Tributaria.
En este sentido, el artículo 290 del Código Orgánico Tributario vigente, establece lo que a continuación se transcribe:
Artículo 290: El cobro ejecutivo de las cantidades líquidas y exigibles, así como la ejecución de las garantías constituidas a favor del sujeto activo, se efectuará conforme al procedimiento establecido este Capítulo.
La competencia para iniciar e impulsar el mismo y resolver todas sus incidencias, corresponde a la Administración Tributaria.
El procedimiento de cobro ejecutivo no será acumulable a las causas judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación se suspenderá únicamente en los casos previstos en este Código.
El inicio del procedimiento de cobro ejecutivo previsto en este Código, genera de pleno derecho, el pago de un recargo equivalente al diez por ciento (10%) de las cantidades adeudadas por concepto de tributos, multas e intereses, con inclusión de los intereses moratorios que se generen durante el procedimiento de cobro ejecutivo
.
La norma citada dispone que corresponde a la Administración Tributaria iniciar, impulsar y resolver todas las incidencias del cobro ejecutivo; contrario a lo estatuido sobre ese particular los artículos 289 y 290 del Código Orgánico Tributario de 2001, donde el Fisco Nacional iniciaba el juicio ejecutivo mediante escrito ante el tribunal contencioso tributario competente. Por lo tanto, esta Sala advierte la imposibilidad de los Jueces Contenciosos Tributarios de conocer los juicios ejecutivos, en virtud de haber perdido sobrevenidamente la jurisdicción para tramitarlos. Así se establece.
Además de todo lo antes explicado, el artículo 346 del Código Orgánico Tributario vigente, prevé lo siguiente:
Artículo 346. No son aplicables a la materia tributaria regida por este Código, las disposiciones relativas al procedimiento de ejecución de créditos fiscales establecido en el Código de Procedimiento Civil.
Los juicios ejecutivos que estuvieren pendientes para la fecha de entrada en vigencia de este Código, en los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios, serán remitidos a la Administración Tributaria, para su conclusión definitiva
. (Resaltado de la Sala).
En atención a la disposición antes transcrita, la cual ordena remitir a la Administración Tributaria todos los juicios ejecutivos que estuvieren pendientes a la fecha de entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario publicado el 18 de noviembre de 2014, así como haber conferido a ésta la “competencia” para iniciar, impulsar y resolver todas sus incidencias, en el cobro ejecutivo de las cantidades líquidas y exigibles; esta M.I. ordena el envío del expediente judicial a la oficina administrativa de la cual emitió el acto, a saber, la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines legales consiguientes. Así se determina.”
Advertido lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 290 y siguientes del Código Orgánico Tributario respecto de la ejecución de Obligaciones Tributarias líquidas y exigibles, considera este Tribunal que al conferirse a la Administración Tributaria la competencia de los cobros ejecutivos, se deriva consecuencialmente la imposibilidad de conocer la acción propuesta y de la solicitud del decreto de embargo realizada por la apoderada judicial del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en virtud de haber perdido sobrevenidamente la jurisdicción conocer de dichas demandas y para dictar las medidas ejecutivas, dada la derogatoria de las normas que les permitían conocer de demandas que persigan el cobro de obligaciones Tributarias sustentadas en Títulos Ejecutivos líquidos y Exigibles. Así se establece.
En consecuencia, de lo expuesto anteriormente este Órgano Jurisdiccional ordena la remisión del expediente Nº 2097 (nomenclatura de este tribunal) mediante oficio a la División de Fiscalización del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines de que proceda a realizar la ejecución de créditos por tributos. Líbrese oficio. Déjese copias de la presente decisión.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016). Año 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
El Juez,
Abg. P.J.S.A.. La Secretaria,
Abg. Pellegrina Severino.
En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado.
La Secretaria,
Abg. Pellegrina Severino.
Exp. N° 2097
PJSA/ps/jt
