Sentencia nº 418 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-10-2023

Fecha30 Octubre 2023
Número de expedienteC23-409
Número de sentencia418
MateriaDerecho Procesal Penal

Magistrada Ponente Doctora E.J.G. MORENO

En fecha 3 de octubre de 2023, se dio entrada en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al expediente contentivo del Recurso de Casación interpuesto por el abogado C.D.G.F., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.055, actuando como apoderado judicial del ciudadano R.E.B. CARDOT (víctima) titular de la cédula de identidad número V-6.222.627, contra la sentencia publicada el 10 de julio de 2023, por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual declaró sin lugar los “…recursos de apelación interpuestos: el primero: por los abogados D.A. SILVA VILLARROEL y MIRLA VANESA DELGADO BETANCOUR, Fiscal Encargado y Auxiliar Sexagésimo Tercero (63°) Nacional, especializada en Defensa de Derechos Laborales del Ministerio Público, y el segundo por la profesional del derecho YESMIN RODRÍGUEZ AQUINO, en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano R.E.B. CARDOTcontra la decisión dictada en fecha 04 de abril de 2022, fundamentada en fecha 06 del mismo año y mes, por el Juzgado Trigésimo Noveno (39°) de Primera Instancia en Funciones de Control … mediante la cual declaró con lugar la excepción prevista en el artículo 28 numeral 4, literal ‘c’ del Código Orgánico Procesal Penal, planteada por los Defensores Privados del ciudadano A.G. BUTTACCI GUARINO…”.

En esa misma fecha (3 de octubre de 2023), se dio entrada al expediente contentivo del procedimiento antes referido, en la causa seguida el ciudadano ANTONINO G.B.G., titular de la cédula de identidad número V.-7.642.312, asignándosele el alfanumérico N° AA30-P-2023-000409, y en esa misma fecha, se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora E.J.G. MORENO, según lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

DE LA COMPETENCIA

Previo a cualquier pronunciamiento, le corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y, en tal sentido, observa:

A primo tempore, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, en su Título V “De la Organización del Poder Público Nacional”, Capítulo III “Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia”, Sección Segunda “Del Tribunal Supremo de Justicia”, dispone en su artículo 266, numeral 8, lo siguiente:

Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

(…)

8. Conocer del recurso de casación. …”.

Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referido a las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este M.T., de manera concreta, respecto a la Sala de Casación Penal, en su Título III Competencias y Atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia”, Capítulo I Competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 29, numeral 2, establece:

Competencias de la Sala Penal.

Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

(…)

2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal. …”.

De acuerdo, con el contenido de las normas jurídicas parcialmente transcritas, se determina que corresponde a la Sala de Casación Penal, el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal, se ejerzan contra las decisiones de los tribunales penales de segunda instancia; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente asunto.

DE LOS HECHOS

Los hechos establecidos en la solicitud de imputación presentada el 22 de julio de 2021, por el abogado L.A.R.R., en su condición de Fiscal (E) Sexagésimo Tercero (63°) Nacional con Competencia Plena, Salud y Seguridad Laboral del Ministerio Público, son los siguientes:

“…En el año 2010, los ciudadanos R.E.B.C. Y A.G. BUTTACI GUARINO, comienzan a tener formalmente una relación comercial, producto de una compra en conjunto de una oficina ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en la ciudad de Caracas. Por esta razón, luego de compartir dicha oficina cada uno con sus negocios de forma separada en el año 2012, el ciudadano R.E.B.C. en lo sucesivo víctima, le propone al ciudadano A.G.B.G. la compra de la empresa ALUMINIOS PROCESALES DEL CARONI, C.A., en lo sucesivo ALUMPROCA inscrita bajo el Registro de Información … la cual era propiedad del GRUPO INDUSTRIAL FARALLON VENEZUELA, S.A GIFVEN también conocido y en lo sucesivo GRUPO FIERRO. En ese sentido A.B. mostro interés en dicha negociación donde el margen de comercialización era suficientemente atractivo para la compra, ya que podía tener una buena rentabilidad. Es por ello, que dicho convenio quedó finiquitado y valorado en un documento de compraventa por un monto de un millón doscientos mil dólares americanos (US $ 1,2000,000.00), sin embargo motivado a la reconversión la compra se realizó por un valor final de novecientos noventa y seis mil doscientos noventa y seis dólares americanos ($996.296.29), en donde el ciudadano R.E.B.C., canceló la suma de Doscientos Ochenta Mil Dólares Americanos ($280.000,00), de ese dinero restando por cancelar Doscientos Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho Dólares americanos ($218.148,00) acordando ambas parte que el mismo sería cancelado con el trabajo futuro que realizaría en la empresa ALUMPROCA el cual estaría por ejecutar, esto de común acuerdo ya que todo el negocio de dicha empresa es decir venta clientes y contactos para su comercialización presuntamente fueron conseguidos y ejecutados por la hoy víctima, pagando de este modo A.B. el restante del dinero.

Seguidamente, en el año 2013, EL GRUPO FIERRO, coloca en disposición para la venta las empresas ALIMENTOS LA GIRALDA C.A. … y ALIMENTOS FRUGAL DE VENEZUELA, C.A … siendo ofrecido a la hoy víctima debido a las relaciones comerciales que éstos tenían, indicándole que dicha venta se realizaría en un proceso de subasta al mejor postor. Por tal motivo comenzó a realizar los trámites necesarios y por ende a reunirse con personas allegadas interesadas en adquirirlas, es por esta razón que le propone el negocio al ciudadano A.B. ofreciendo la cantidad de dos millones novecientos mil dólares americanos ($2.900 000.00) Siendo aceptado por el GRUPO FIERRO y enviando comunicación el ciudadano J.A. TALLEDO, representante de la Presidencia del mismo en Venezuela, participando la adjudicación por la venta de las señaladas empresas y la presentación de los nuevos accionistas mencionando a la hoy víctima identificada como RAFAEL BRICEÑO con el cincuenta por ciento (50%) y el otro cincuenta por ciento (50%) al ciudadano A.B. a D.I.C. del GRUPO FIERRO en España. Es importante destacar que en fecha 24 de septiembre del año 2013, se llevó a cabo la firma definitiva de dicha venta, designándose como Director Principal al ciudadano R.B.. Acordando entre A.B. víctima tal como se concretó ALUMPROCA, es decir la víctima pagaría el cincuenta (50%) por de las de las acciones con su trabajo ejecutado dentro de la misma, en virtud de que sería éste quien estaría a cargo de las empresas de alimentos in comento.

Ahora bien, es notable destacar que durante el periodo de los años 2013 hasta febrero del año 2017 la hoy víctima realizó diversas negociaciones que le dieron aproximadamente el ochenta por ciento (80%) de la responsabilidad de esos negocios. Por lo que el ciudadano BUTTACI en el año 2016, comenzó a involucrarse en las referidas empresas mucho más, esto motivado a que sus otros negocios no estaban marchando correctamente, y como nunca se efectuó el traspaso de las acciones, la hoy víctima realizó un viaje a entre julio y agosto del año 2016 a la ciudad de Miami de los Estados Unidos, en donde visitó la oficina del Mercantil Commerce Bank con la finalidad de revisar la cuenta internacional de la empresa, y le informan que no tiene autorización para su verificación, ni podía firmar en la misma, mantenido al margen de esas negociaciones por lo que esta comenzó a pesar que lo había hecho con posible premeditación a fin de estafarlo y quedarse con dicha empresa. Por esta razón, la víctima decide retirarse de la Vicepresidencia de las empresa y exige que se proceda al bloqueo de las cuentas a efectos de finiquitar la sociedad que tenían a fin de que les sea pagado el cincuenta por ciento (50%) de las empresas. Toda vez que incluso durante la gestión de dichas empresas la hoy víctima durante los tres primeros años, no se llegó a consolidar un sueldo a su favor seguido de esto todo se asignaba de mutuo acuerdo, siendo R.B. el encargado presuntamente de efectuar el depósito en la cuenta de su esposa.

Por otro lado, debido a que el ciudadano A.B., presuntamente se encontraba siendo investigados algunos negocios en el interior del país y de acuerdo a la posibilidad que estos afectara directa o indirectamente a la hoy víctima ya que compartían oficina, éste decidió girar instrucciones a su secretaria en resguardar documentos, su computadora personal y los libros de accionistas de la empresa. Por ello, en el mes de febrero del año 2017 la hoy víctima fue sustituida del cargo que desempeñaba, siendo desligado totalmente de todas sus responsabilidades. Sin embargo comenzó un proceso de negociaciones entre la hoy víctima e investigado, utilizando incluso personas como intermediarios sin ningún resultado favorable, debido a que el ciudadano A.B. exigió la entrega de los Libros de accionistas perteneciente a la empresa la hoy víctima no se negó pero solicitó que antes de hacerlo le pagara el valor de sus acciones y sus respectivos beneficios demostrando presuntamente con sus acciones la negativa cancelar lo adeudado…” (sic).

DE LOS ANTECEDENTES DEL CASO

En fecha 14 de julio de 2021, mediante oficio número DGAP-05-336-2021, suscrito por la abogada M.S.A., Directora General de Actuación Procesal del Ministerio Público, dirigido al abogado L.A.R.R., Fiscal 63° Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, le informó sobre el escrito de denuncia contentivo de veinte (20) folios útiles y sus anexos de ochenta y cuatro (84) folios útiles, consignados por ante esa Dirección, interpuesto por el ciudadano R.E.B.C., todo ello a los efectos de comisionarlo para que conociera de la causa.

En fecha 22 de julio de 2021, el abogado L.A.R.R., en su condición de Fiscal (E) Sexagésimo Tercero (63°) Nacional con Competencia Plena, Salud y Seguridad Laboral del Ministerio Público, presentó escrito a los fines de solicitar:

“…PRIMERO: Se fije AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN en contra del ciudadano A.G. BUTTACI GUARINO, titular de la cédula de identidad N° V- 7.642.312, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 462, en relación con el artículo 99 y DAÑO PATRIMONIAL, previsto y sancionado en el artículo 482 y todos del Código Penal Vigente.

SEGUNDO: Se decrete MEDIDA INNOMINADA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES INMUEBLES Y BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS BANCARIOS en razón de la remisión que hace el legislador adjetivo penal en el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con lo previsto en los artículos 585 y 588 numerales 1, 3 y parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil, en contra del ciudadano ANTONINO GONZALO BUTTACI GUARINO, titular de la cédula de identidad N° V-7.642.312, y en contra de las ciudades mercantiles: ALUMINIO PROCESADOS DEL CARONÍ C.A. inscrita en el registro de información fiscal … ALIMENTOS LA GIRALDA C.A. inscrita en el registro de información fiscal … y ALIMENTOS FRUGAL DE VENEZUELA C.A. registro de información fiscal…

TERCERO: se decrete MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del ciudadano A.G. BUTTACI GUARINO, titular de la cédula de identidad N° V-7.642.312…”.

En fecha 18 de agosto de 2021, acuden a la sede del Juzgado Trigésimo Noveno (39°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, los ciudadanos Buttacci G.A.G. y los abogados R.E.C.H., E.J.L.Z. y A.A. M.M., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 90.755, 63.012 y 15.079; respectivamente, a los fines de realizar el acto de juramentación formal de los profesionales del derecho, previamente mencionado.

En fecha 30 de septiembre de 2021, previa citación realizada por el “…Fiscal Sexagésimo Tercero (63°) (E) Nacional con Competencia Plena, Salud y Seguridad Laboral…”, compareció en sede fiscal, el ciudadano A.G.B. GUARINO, a los fines de realizar formal “ACTO DE IMPUTACIÓN en su contra”, encontrándose asistido por sus abogados defensores.

En fecha 29 de octubre de 2021, los abogados A.M.M., R.C. y E.L., en su condición de defensores privados del ciudadano A.G.B.G., presentaron escrito de excepciones de conformidad con el artículo 28, numeral 4, literal ‘c’ del Código Orgánico Procesal Penal, ante el Juzgado Trigésimo Noveno (39°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 4 de abril de 2022, el Juzgado Trigésimo Noveno (39°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, celebró audiencia conforme al artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal, en la cual emitió el siguiente pronunciamiento:

“…PRIMERO: Se declara CON LUGAR el Escrito de Excepciones interpuesto por los Profesionales del Derecho ABG. A.M., ABG. R.C. y ABG. ERICK LAURENS, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, numeral 4, literal ‘c’ del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia, se DECRETA el Sobreseimiento de la presente causa de conformidad con lo establecido en el artículo 300 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar quien aquí decide que los hechos imputados por la representación del Ministerio Público no revisten carácter penal. SEGUNDO: Se ordena notificar a la Víctima de lo acordado en la presente Audiencia. La presente Decisión se fundamentará por auto separado de conformidad con lo establecido en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

En fecha 6 de abril de 2022, el Tribunal en funciones de Control, antes mencionado, fundamentó la decisión previamente referida.

En fecha 25 de abril de 2022, la Fiscalía Sexagésima Tercera (63°) Nacional con Competencia Plena, Salud y Seguridad Laboral, del Ministerio Público, presentó recurso de apelación contra la decisión dictada el 4 de abril de 2022 y fundamentada el 6 del mismo mes y año.

En fecha 4 de mayo de 2022, la abogada Y.R.A. en su condición de apoderada judicial del ciudadano R.E.B., presentó recurso de apelación contra la decisión dictada el 4 de abril de 2022 y fundamentada el 6 del mismo mes y año.

En fecha 13 de mayo de 2022, el abogado R.C.H. en su condición de defensor privado del ciudadano ANTONINO G.B.G., presentó escrito de contestación a los recursos de apelación interpuestos.

En fecha 23 de mayo de 2022, la Sala número 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible los recursos de apelación presentados por la representación fiscal y el apoderado judicial de la víctima.

En fecha 17 de marzo de 2022, se dejó constancia mediante nota secretarial, suscrita por el abogado R.H., Secretario adscrito a la Sala número 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, lo siguiente:

“…Quien suscribe, Abg. R.H.N., Secretario de la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, deja constancia que en el día de hoy siendo las dos (02:00) horas de la tarde, la Dra. Y.A.D.P., Juez Presidente de esta Sala 5 Corte de Apelaciones, recibió llamada telefónica por parte de la Secretaria de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por la causa que se sigue al ciudadano A.G.B.G., titular de la cédula de identidad N° V- 7.642.312, signadas con el N° 4863-22-14 (nomenclatura de esta sala) y N° 39°C-S-2203-21 (nomenclatura del Juzgado 39° de control estadal), a los fines de ser notificada del contenido de la sentencia publicada en fecha 07 de marzo del 2023, relativa a la acción de amparo…” (sic).

En vista de lo antes transcrito, esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por ser público y notorio, a través del - Portal Internet - TSJ.DECISIONES – considera oportuno traer a colación parte de la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, signada bajo el número 74, del 7 de marzo de 2023, en la cual deja en evidencia lo antes afirmado, indicando lo siguiente:

“…esta Sala ordena la reposición de la causa al estado que una Sala distinta a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conozca y resuelva, con prescindencia de los vicios advertidos en la presente decisión, y con base a la doctrina fijada en el presente fallo, el recurso ordinario de apelación de auto interpuesto por el ciudadano Rafael E.B.C., debidamente asistido en este acto por el abogado en ejercicio C.D.G.F., dictada por el por el Tribunal Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control, del referido Circuito Judicial Penal, que declaró con lugar la excepción prevista en el artículo 238, numeral 4 literal “C” del Código Orgánico Procesal Penal referido a que el hecho contenido en la denuncia, la querella, la acusación fiscal, o particular propia de la víctima o su acusación privada, reviste carácter penal, y decretó el sobreseimiento con fundamento en los artículos 34.4 y 300.5 del citado Código Adjetivo Penal. Así se decide.

Finalmente en atención a la declaratoria de procedencia in limine litis de la presente acción de amparo constitucional, esta Sala estima inoficioso realizar cualquier otro pronunciamiento peticionado por el accionante o sus apoderados judiciales, en razón de que con la nulidad el fallo accionado en amparo queda restituida la situación jurídica infringida. Y así se decide.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se instruye a la Secretaría de esta Sala para que notifique en forma telefónica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del contenido de la presente decisión a: (i) la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; (ii) Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control, del referido Circuito Judicial Penal y (iii) a la parte accionante en el presente amparo y remita copia certificada de la presente decisión a los tribunales antes mencionados…” (sic).

Ahora bien, luego de varias actuaciones procesales, como la resolución de la inhibición declarada con lugar, en fecha 6 de julio de 2023, la Sala número 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admite los “recursos de apelación interpuestos el primero, en fecha 25 de abril de 2022, por los profesionales del derecho DAVID ALEJANDRO SILVA VILLARROEL y MIRLA VANESA DELGADO BETANCOUR, Fiscal encargado y Auxiliar Sexagésimo Tercero (63°) Nacional, especializados en Defensa de Derechos Laborales del Ministerio Público, y el segundo por la profesional del derecho YESMIN RODRÍGUEZ AQUINO, en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano R.E.B. CARDOT…”.

En fecha 10 de julio de 2023, la Sala número 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró:

“…ÚNICO: Declara SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos: el primero, por los abogados D.A.S.V., y M.V.D.B., Fiscal encargado y Auxiliar Sexagésimo Tercero (63°) Nacional, especializada en Defensa de Derechos Laborales del Ministerio Público, y el segundo por la profesional del derecho Y.R.A., en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano R.E.B.C.. quien funge como víctima, ambos, en contra de la decisión dictada en fecha 04 de abril de 2022, fundamentada en fecha 06 del mismo mes y año, por el Juzgado por el Juzgado Trigésimo Noveno (39°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró con lugar la excepción prevista en el artículo 28 numeral 4, literal "c" del Código Orgánico Procesal Penal, planteada por los Defensores Privados del ciudadano ANTONINO G.B.G., titular de la cédula de identidad N° V-7.642.312, decretando el Sobreseimiento de la causa de conformidad con lo establecido en el artículo 300, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, a favor del encausado de autos…” (sic).

En la misma fecha (10 de julio de 2023), la Corte de Apelaciones libró las respectivas boletas de notificación dándose por notificadas las partes, en las fechas siguientes:

1) En fecha 14 de julio de 2023, los apoderados judiciales de la víctima y la defensa del imputado en autos.

2) En fecha 17 de julio de 2023, la representación del Ministerio Público.

3) En fecha 4 de agosto de 2023, el ciudadano R.E.B. Cardot, en su condición de víctima.

4) En fecha 8 de agosto de 2023, el ciudadano A.G. BUTTACCI GUARINO, en su condición de imputado.

En fecha 28 de julio de 2023, el abogado C.D.G. Filot, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.055, actuando como apoderado judicial del ciudadano R.E. BRICEÑO CARDOT (víctima denunciante), presentó escrito contentivo del recurso de casación contra la sentencia publicada el 10 de julio de 2023, por la Sala número 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 9 de agosto de 2023, los abogados Raúl E.C.H. y E.J.L.Z., en su condición de defensores del ciudadano A.G. BUTTACCI GUARINO, presentaron escrito de contestación al recurso de casación interpuesto.

DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Recurso de Casación, es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que exigen para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos de obligatoria observancia y cumplimiento.

De tal forma, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título I “Disposiciones Generales”, del Código Orgánico Procesal Penal, consagra en sus artículos 423 y 424, el marco general normativo que efectivamente regula la interposición de todo recurso.

Con este propósito, el artículo 423 de la Ley Adjetiva Penal prevé el principio de impugnabilidad objetiva, el cual postula que las decisiones judiciales solo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente distinguidos.

Por su parte, el artículo 424, eiusdem, señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca taxativamente ese derecho subjetivo.

Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título IV “DEL RECURSO DE CASACIÓN”, del aludido Texto Adjetivo Penal, instituye en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento que debe seguirse para su interposición, de la siguiente forma:

“…Artículo 451. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las c.d.a. que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.

Asimismo serán impugnables las decisiones de las c.d.a. que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.

Artículo 452. El recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.

Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate.”.

Artículo 454. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo…”.

En este contexto, se concluye que el recurso de casación sólo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y contra aquellas decisiones explícitamente determinadas en la ley. Así mismo, solo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos ut supra, tanto en tiempo como en forma, previa verificación de cada una de las exigencias anteriormente señaladas.

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

Visto lo anterior, la Sala procede a verificar los requisitos de admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el abogado Carlos D.G.F., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.055, actuando como apoderado judicial del ciudadano RAFAEL EUGENIO BRICEÑO CARDOT, titular de la cédula de identidad número V-6.222.627, quien funge en la presente causa como (víctima), los cuales deben ser concurrentes, pues la ausencia de alguno de ellos conllevaría a declarar inadmisible el recurso interpuesto. Al respecto, se observa lo siguiente:

En atención a la legitimidad, el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 424 y 427, establece que sólo podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley les reconozca expresamente este derecho. En tal sentido, la legitimación del ciudadano R.E.B. CARDOT, deriva de su condición de víctima en el presente proceso penal, siendo una de las partes a quien la ley le reconoce expresamente ese derecho.

Ahora bien, en lo que respecta al ciudadano C.D.G.F., abogado inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.055, quien actúa en el presente proceso como apoderado judicial del ciudadano tantas veces mencionado, se constató entre los folios 142 al 145, de la pieza denominada “cuaderno de apelación 1-2”, “poder especial, pero amplio y suficiente” autenticado en fecha 20 de junio de 2023, ante la Notaría Pública Primera del Municipio Baruta, estado Bolivariano de Miranda, donde el ciudadano R.E.B. CARDOT, faculta al profesional del Derecho antes identificado, para que “…conjunta o separadamente representes y sostengan mis derechos e intereses legítimos … en todo cuanto se refiera a los hechos que denuncie contra el ciudadano A.G.B. Guarino…” (sic). En consecuencia, el profesional del derecho, antes mencionado, se encuentra legitimado para recurrir en casación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal.

En lo referente a la tempestividad, verificó la Sala, en la pieza denominada cuaderno de apelación 1-2”, folio 255, el cómputo realizado en fecha 19 de septiembre de 2023, por la abogada N.A., Secretaria de la Sala uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el cual dejó constancia de lo siguiente:

“… La suscrita, Secretaria de esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones, conforme a la sentencia Nº 239, de fecha 06 de agosto de 2018, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, HACE CONSTAR: Que en fecha 28 de julio de 2023 fue presentado recurso de Casación por el profesional del derecho C.D.G.F., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano R.E.B.C.. Dejándose constancia que a partir del 08 de agosto de 2023, exclusive, fecha en la cual consta la última resulta de la boleta de notificación de la decisión proferida por este Tribunal Colegiado, hasta la fecha 29 de agosto de 2023, inclusive, transcurrieron quince (15) días de despacho, a saber: miércoles 09 (con despacho), jueves 10 (con despacho), viernes 11 (con despacho), lunes 14 (con despacho), martes 15 (con despacho), miércoles 16 (con despacho), jueves 17 (con despacho), viernes 18 (con despacho), lunes 21 (con despacho), martes 22 (con despacho), miércoles 23 (con despacho), jueves 24 (con despacho) viernes 25 (con despacho), lunes 28 (con despacho), martes 29 (con despacho) del mes de agosto de 2023. Por lo que el lapso que se encuentra estipulado en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, concluyó el día 29 de agosto de 2023…” (sic).

De lo antes transcrito, así como de la revisión del expediente, se pudo verificar primero: que en fecha 28 de julio de 2023, el apoderado judicial de la víctima presentó recurso de casación, segundo: la última notificación se realizó el 8 de agosto de 2023, al imputado en autos, en consecuencia, se pudo constatar que el presente escrito recursivo fue presentado de forma anticipada, sobre este tema, la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterada en aceptar la interposición anticipada de los recursos. Ejemplo de ello es la sentencia número 291, del 25 de julio de 2016, de la Sala de Casación Penal, que recoge las sentencias dictadas por la Sala Constitucional, acogidas por esta Sala, en la que se estableció lo siguiente:

“…las partes tienen las más amplias posibilidades de ejercer su derecho a impugnar la decisión que les resultó adversa, no estando condicionadas a esperar la última notificación para presentar su escrito recursivo, tal como lo estableció la Sala Constitucional en la referida sentencia N° 1199, del 26 de noviembre de 2010, caso I.B. y Degni Mejías, por lo cual es aceptado el recurso o impugnación ilico modo o presentada por anticipado, siempre que se haya notificado y leído el contenido de la sentencia, sino que también se desprende, en atención a la libertad de recurrir, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio pro actione, que el lapso que corre a partir de la última notificación de las partes forma parte íntegra del lapso total para ejercer la impugnación, en favor de cualquiera de las partes notificadas siendo que lapso que corre después de la última notificación de las partes es el límite legal para considerar la tempestividad del recurso interpuesto.

Por lo tanto, el recurso de apelación solo deberá ser considerado extemporáneo, por dilatado, rezagado o posterior al décimo día de la última notificación de la sentencia, tal como quedó establecido en la sentencia mencionada de la Sala Constitucional, cuando afirmó que : “... salvo regulación legal expresa, no debe existir ningún impedimento para que las partes puedan acceder a los órganos jurisdiccionales e interponer los recursos que a bien consideren pertinentes, siempre y cuando ello no suceda en forma tardía, esto es, una vez que todas las partes estén notificadas (cuando así se ordene) y al efecto transcurra fatalmente el lapso para intentar la apelación…” (sic). (Resaltado de la Sala).

En efecto, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada de esta Sala, antes citada, se evidencia que al ser interpuesto el recurso de casación antes de la última notificación de las partes, se considera tempestivo, mientras no haya sido presentado antes de que se dicte la decisión o después que haya finalizado el lapso de 15 días determinado por la ley, supuestos que no se verificaron en el presente caso, por lo tanto el recurso fue presentado de manera oportuna, cumpliendo así con lo estipulado en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

Finalmente, en lo concerniente a la recurribilidad del fallo, se observa que el recurso fue ejercido contra la decisión publicada el 10 de julio de 2023, por la Sala uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual declara sin lugar los “…recursos de apelación interpuestos: el primero: por los abogados D.A. SILVA VILLARROEL y MIRLA VANESA DELGADO BETANCOUR, Fiscal encargado y Auxiliar Sexagésimo Tercero (63°) Nacional, especializada en Defensa de Derechos Laborales del Ministerio Público, y el segundo por la profesional del derecho YESMIN RODRÍGUEZ AQUINO, en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano RAFAEL EUGENIO BRICEÑO CARDOTcontra la decisión dictada en fecha 04 de abril de 2022, fundamentada en fecha 06 del mismo año y mes, por el Juzgado Trigésimo Noveno (39°) de Primera Instancia en Funciones de Control … mediante la cual declaró con lugar la excepción prevista en el artículo 28 numeral 4, literal ‘c’ del Código Orgánico Procesal Penal, planteada por los Defensores Privados del ciudadano A.G.B. GUARINO…” (sic).

De lo anteriormente señalado, se concluye que se interpuso recurso de casación contra una sentencia dictada por una Corte de Apelaciones que confirmó la terminación del proceso, que los delitos por los cuales se inició una investigación penal, tienen la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo excede los cuatro (4) años, en tal sentido se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO

En el recurso interpuesto por el abogado C.D.G. Filot, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.055, actuando como apoderado judicial del ciudadano R.E. BRICEÑO CARDOT, constan las siguientes denuncias, las cuales se fundamentaron en los siguientes términos:

“…PRIMERA DENUNCIA: Con base en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denunciamos como infringido por falta de aplicación e inobservancia del artículo 157 ejusdem, que establece que ‘Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad...’. Lo cual significa que para que las sentencias a los autos no incurran en la sanción de nulidad prevista en esa disposición, deben contener las razones de hecho y de derecho en que se apoyen, y estas razones de hecho y de derecho deben ser expresadas con toda precisión. La disposición legal cuyo contenido fue citado anteriormente, resulta infringido por falta de aplicación e inobservancia, por la sentencia recurrida. pronunciada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 10 de Julio de 2.023, pues al declarar sin lugar la apelación propuesta por la Dra. YESMIN RODRÍGUEZ AQUINO, en su condición de Apoderada Judicial de la víctima ciudadano R.E.B. CARDOT, contra la decisión dictada por el Juzgado Trigésimo Noveno (39) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 04 de abril de 2022 y fundamentada en fecha 06 de abril de 2022 y confirmar en su parte dispositiva la decisión de sobreseimiento, no expresa con precisión las razones de hecho y de derecho en que se fundamento. En efecto, los Jueces de la recurrida para los fines señalados anteriormente, establecieron lo siguiente, que: ‘Observa esta Sala que no se verifica el gravamen irreparable denunciado por los Representantes de la Oficina Fiscal por cuanto la facultad punitiva del estado se encuentra limitada o tiene límite en la propia Ley. Así tenemos, que el propio legislador penal, ha previsto en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal ‘DE LOS OBSTÁCULOS AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN’, otorgándole a las partes la posibilidad de oponer la persecución penal a través de las excepciones, señalando una serie de circunstancias de previo y especial pronunciamiento, entre las cuales se encuentra que los hechos denunciados o investigados no revistan carácter, tal como ocurrió en el caso de marra, donde la defensa que la asiste a su asistido, se opuso a la persecución penal del estado mediante las excepciones previstas en el artículo 28, numeral 4, literal ‘c’ del Código Orgánico Procesal Penal, siendo declaradas Con Lugar por el aquo, al establecer que efectivamente los hechos investigados no revisten carácter penal, por cuanto están referidos a negocios particulares de naturaleza civil o laboral que deben ser resueltos en la jurisdicción civil y no en la penal, por lo cual al no verificarse por esta Alzada el gravamen irreparable denunciado debe declararse SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECLARA.

En cuanto al Recurso de Apelación interpuesto por la Apoderada Judicial de la víctima

(...)

Asimismo del contenido del Escrito recursivo se observa, que la apoderada judicial del ciudadano R.E.B.C., solicita a esta sala lo siguiente:

(...)

Pero es el caso, que de la lectura que los dignos Magistrados realicen de esa parte del fallo recurrido, que concentra prácticamente la parte motiva, podrán constatar, que los señores Jueces en la decisión objeto del presente recurso de casación, incurren en inmotivación manifiesta y por tanto, dictan una decisión que carece de fundamento, porque en esa parte del fallo:

Sin mayores argumentos deciden que lo se pudo determinar en esta investigación, es una relación contractual hasta de naturaleza laboral. que no reviste carácter penal, no determinan el motivo por el cual llegan a la conclusión que los hechos denunciado no son típicos, ni tampoco precisan por qué los hechos no revisten carácter penal. El defecto de inmotivación antes señalado, es relevante porque si no se expresa las razones por las cuales los hechos no revisten carácter penal, ni se analizan los argumentos expuesto por la representación de la víctima, es obvio, que se habrá dictado una decisión que carece de fundamento, por la imprecisión e indeterminación que contiene. Y tal falta de fundamentación e imprecisión en un punto esencial, como lo es el referido a la autoría, impide que la victima pueda controlar el pronunciamiento de los Jueces, contenidos en la decisión recurrida, para verificar si es cierto que en los contenidos de los autos de la presente investigación no aportan ningún elemento de convicción para establecer la autoría del ciudadano ANTONINO G.B.G.. b) Del mismo modo Ciudadanos Magistrados, pueden constatar que los señores Jueces en la decisión objeto del presente recurso de casación, incurren en inmotivación manifiesta y dictan una decisión que carece de fundamentos, porque en la misma parte del fallo recurrido establecen que:

Cuando en realidad la representación de la víctima en su apelación contra la decisión dictada por el Juzgado Trigésima Noveno (39°) en fecha 04 de abril de 2022 y fundamentada el 06 de abril de 2022, manifestó:

(...)

En conclusión, de toda sentencia por consiguiente debe desprender el juicio lógico que ha llevado al juez a seleccionar unos hechos y una norma, la aplicación razonada de la norma, los pronunciamientos a las pretensiones de las partes y a sus alegaciones relevantes para la decisión: sin embargo, lo anterior no se observa en el fallo objeto del recurso de casación.

En razón de todo lo anteriormente expuesto, reiteramos el pedimento de que se declare Con Lugar el recurso de casación y en consecuencia, la nulidad de la decisión recurrida por falta de aplicación e inobservancia del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal…” (sic).

La Sala para decidir observa:

En el presente caso, quien recurre denunció “…como infringido por falta de aplicación e inobservancia del artículo 157…”, del Código Orgánico Procesal Penal, en tal sentido, sostiene que:

“…la sentencia recurrida, pronunciada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 10 de Julio de 2.023, pues al declarar sin lugar la apelación propuesta … contra la decisión dictada por el Juzgado Trigésimo Noveno (39) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 04 de abril de 2022 y fundamentada en fecha 06 de abril de 2022 y confirmar en su parte dispositiva la decisión de sobreseimiento, no expresa con precisión las razones de hecho y de derecho en que se fundamento. En efecto, los Jueces de la recurrida para los fines señalados anteriormente, establecieron lo siguiente, que: ‘Observa esta Sala que no se verifica el gravamen irreparable denunciado por los Representantes de la Oficina Fiscal por cuanto la facultad punitiva del estado se encuentra limitada o tiene límite en la propia Ley. Así tenemos, que el propio legislador penal, ha previsto en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal ‘DE LOS OBSTÁCULOS AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN’, otorgándole a las partes la posibilidad de oponer la persecución penal a través de las excepciones, señalando una serie de circunstancias de previo y especial pronunciamiento, entre las cuales se encuentra que los hechos denunciados o investigados no revistan carácter, tal como ocurrió en el caso de marra, donde la defensa que la asiste a su asistido, se opuso a la persecución penal del estado mediante las excepciones previstas en el artículo 28, numeral 4, literal ‘c’ del Código Orgánico Procesal Penal, siendo declaradas Con Lugar por el aquo, al establecer que efectivamente los hechos investigados no revisten carácter penal, por cuanto están referidos a negocios particulares de naturaleza civil o laboral que deben ser resueltos en la jurisdicción civil y no en la penal, por lo cual al no verificarse por esta Alzada el gravamen irreparable denunciado debe declararse SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECLARA…” (sic).

Ahora bien, conforme a lo antes transcrito, esta Sala observa que el recurrente atribuye a la decisión recurrida el vicio de inmotivación, bajo la premisa que la misma “…no expresa con precisión las razones de hecho y de derecho en que se fundamento…”, de igual forma indicó, que:

“…Sin mayores argumentos deciden que lo se pudo determinar en esta investigación, es una relación contractual hasta de naturaleza laboral. que no reviste carácter penal, no determinan el motivo por el cual llegan a la conclusión que los hechos denunciado no son típicos, ni tampoco precisan por qué los hechos no revisten carácter penal. El defecto de inmotivación antes señalado, es relevante porque si no se expresa las razones por las cuales los hechos no revisten carácter penal, ni se analizan los argumentos expuesto por la representación de la víctima, es obvio, que se habrá dictado una decisión que carece de fundamento…” (sic).

Precisado lo anterior, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, considera oportuno realizar las siguientes consideraciones:

En primer lugar, debe señalarse que en cuanto a lo afirmado, por el recurrente en relación al denunciar “…como infringido por falta de aplicación e inobservancia del artículo 157 ejusdem…”, que la Sala de Casación Penal en sentencia número 340, del 11 de noviembre de 2022, ratificó en lo concerniente a definir la violación de la ley por inobservancia de una norma, el siguiente criterio:

“…Es pertinente referir que la inobservanciapor cuanto la inobservancia implica necesariamente la negación o desconocimiento de un precepto expreso, vigente, aplicable y en el que pueden subsumirse los argumentos denunciados …”

Ahora bien, tal definición encuentra identidad sustancial con el concepto asociado a la falta de aplicación, siendo que conforme a la sentencia número 220, del 16 de junio de 2017, publicada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ocurre “…cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que esté vigente, para una determinada relación jurídica que está bajo su alcance, es decir, no se aplica una norma a un caso regulado por ella, sea porque se ignore o porque se contraríe su texto…”, en consecuencia, incurre en un error el recurrente cuando, denuncia como dos motivos distintos la “…falta de aplicación e inobservancia del artículo 157 ejusdem…”.

En segundo lugar, el recurrente yerra en cuanto a la debida técnica recursiva al momento de fundamentar su denuncia, siendo que de sus alegatos, se desprende que el cuestionamiento a la decisión recurrida, parte de la premisa de sostener que los hechos, por los cuales se denunció al ciudadano A.G.B.G., revisten carácter penal lo cual implica, una revisión de lo decidido en primera instancia, en tal sentido, la Sala de Casación Penal, en sentencia número 311 del 4 de agosto de 2023, ha reiterado, de forma enfática que “…la casación no es una tercera instancia con competencia plena y absoluta para juzgar nuevamente el asunto judicial, por el contrario, su finalidad es de protección de la ley conjuntamente con la unificación, sumándose la justicia del caso –ius constitutionis y ius litigatoria- de manera limitada, dentro de los parámetros propios del recurso y conforme al poder que le permita la ley…” (sic).

Efectivamente, una de las funciones del recurso de casación es el control normativo sobre las sentencias emanadas por las C.d.A., ante presuntas infracciones de ley, mas no puede utilizarse como una tercera instancia para someter a consideración de la Sala aspectos del proceso penal, ajeno a las funciones de los tribunales de segunda instancia, en razón al expresar su descontento con el fallo dictado, como así lo pretendió el denunciante en el presente caso, todo bajo un planteamiento genérico en el cual se afirmó que “…Sin mayores argumentos deciden que lo se pudo determinar en esta investigación, es una relación contractual hasta de naturaleza laboral, que no reviste carácter penal, no determinan el motivo por el cual llegan a la conclusión que los hechos denunciado no son típicos, ni tampoco precisan por qué los hechos no revisten carácter penal. El defecto de inmotivación antes señalado…”.

Por los motivos antes expuestos, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, concluye que lo ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, la presente denuncia del recurso de casación propuesto, por no cumplir con las exigencias pautadas en el artículo 454, en relación con el artículo 457, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

“…SEGUNDA DENUNCIA: Con base en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denunciamos como infringido por falta de aplicación e inobservancia del artículo 157 ejusdem, que establece que ‘Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad...’. La disposición legal cuyo contenido fue citado anteriormente. resulta infringida por falta de aplicación, porque en la decisión recurrida se declara sin lugar la apelación intentada por la representante de la víctima y se confirma la decisión de sobreseimiento dictada por el Juzgado Trigésima Noveno (39°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 04 de abril de 2022 y fundamentado en fecha 06 de abril de 2022: pero es el caso que los Jueces sentenciadores no expresan en la decisión clara y determinadamente los hechos que consideran probados en relación con las causales a que se contraen el numeral 2° del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, como de hecho establecidos en la norma para la procedencia de sobreseimiento, ni determinan los fundamentos de hecho y de derecho que concurren a la demostración de las referida causal de sobreseimiento.

Con respecto a la motivación de la sentencia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia No. 24. del 16 de enero de 2.004, estableció que aún cuando la motivación de la sentencia no esta expresamente consagrada en la Constitución, esta obligación de motivar aparece dentro de las garantías procesales referidas a la tutela judicial efectiva que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundado en derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución.

Así, el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal vigente contiene el principio general de fundamentación de las decisiones al establecer que ‘’Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad....’. Los fundamentos de toda decisión son de hecho y de derecho.

La exposición de los fundamentos de hecho implica el análisis de los elementos probatorios para establecer los hechos que el Tribunal considera probados. Si en la sentencia se establecieran directamente los hechos, omitiendo todo análisis y comparación de los elementas probatorios, los hechos no estarían debidamente establecidos y la sentencia seria recurrible en casación por insuficiente, esto es, por no poderse saber si los fundamentos de hecho expuestos por los Jueces son ciertos, falsos o contradictorios.

Esta representación alega que la Corte de Apelaciones, puede examinar la prueba y establecer los hechos que configuren los motivos de sobreseimiento porque ella se encuentra en relación con los elementos de convicción (pruebas), en la misma situación jurídica que con dichos elementos de convicción se encuentra el Juez de Primera Instancia (Juez Undécimo de Primera Instancia en Función de Control), en razón de que se trata de una decisión de sobreseimiento dictada con apoyo en los elementos de convicción logrados por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y no de elementos de convicción sujetos a contradicción en el Juicio oral y público. Por tanto, a juicio de esta representación, hay inobservancia del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, imputable a la Corte de Apelaciones, si ésta no examina los elementos de convicción para confirmar la decisión de sobreseimiento decretada por el Juez de Control.

Los fundamentos de derecho a su vez resultan de la aplicación de la ley en el análisis de los elementos probatorios, en el establecimiento y calificación de los hechos legalmente establecidos, y en la determinación de las consecuencias derivadas de la ley aplicada. La finalidad de citar las disposiciones legales aplicadas en la sentencia, es salvaguardar la garantía constitucional del derecho a la defensa, pues la falta de expresión de las disposiciones legales impediría el control de la legalidad de la sentencia. Si no se menciona en la sentencia la ley aplicada, no podría identificarse dicha norma, ni denunciar su violación, puesto que no ha sido mencionada por el sentenciador por ello, la falta de cita de las disposiciones legales aplicadas es igualmente recurrible en casación.

Ahora bien, en el caso concreto, los Jueces de la decisión recurrida procedieron a confirmar el sobreseimiento decretado, de conformidad a lo establecido en los numerales 2° del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, por el Juzgado Trigésima Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

De acuerdo con nuestro sistema legal la figura del sobreseimiento decretado por los motivos previstos en los numeral 2º del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, supone que los sentenciadores, con la prueba examinada, establecieron que ‘...el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado...’. o que ‘…A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado ...’, pues así resulta del contenido del artículo 300, en su numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo texto expresa lo siguiente:

(...)

De tal manera que para establecer en la decisión el sobreseimiento por los motivos señalados anteriormente, los Jueces deben precisar con pruebas indubitables: el hecho objeto del proceso, las razones legales por las cuales se juzga que éste no es típico, o las razones por las cuales se considera que el mismo concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad. Deben así mismo los jueces precisar con pruebas indubitables, la falta de certeza, y expresar los motivos por los cuales estimen que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a investigación y que por tanto no existen bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado,

Expuesto lo anterior, esta representación alega que en la decisión recurrida en casación, resulta infringido por falta de aplicación inobservancia el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, porque los Jueces sentenciadores no expresaron clara y determinadamente los hechos que consideran probados en relación con los motivos de sobreseimiento acogidos para confirmar la decisión dictada por el Juzgado Trigésima Noveno (39°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, pues no expresaron los fundamentos de hecho y de derecho que concurren a la demostración de los referidos motivos de sobreseimiento, ya que los Jueces por si mismo, no examinaron, analizaron, ni valoraron ninguna prueba, pues se limitan solamente a lo decidido por el Tribunal de la Causa.

Como puede verificarlo la Sala, los sentenciadores para declarar sin lugar la apelación y confirmar el sobreseimiento, no examinaron ningún elemento probatorio y por tanto no establecieron los hechos que configuren las causales de sobreseimiento previstas en los numeral 2º del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ello alega esta representación, que el fallo recurrido incurrió en falta de aplicación e inobservancia del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal.

Sin embargo, ninguna motivación expresan en relación con el establecimiento de los hechos relativos a las causales de sobreseimiento que resulta confirmado en la decisión. La falta de expresión de las razones de hecho y de derecho en relación con el establecimiento de las referidas causales (las contenidas en los numeral 2° del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal), es relevante porque la falta de expresión de los fundamentos de hecho y de derecho, impide a la víctima conocer y controlar la legalidad del fallo…”. (Sic)

La Sala para decidir observa:

En lo que respecta a la presente denuncia, como “…infringido por falta de aplicación e inobservancia del artículo 157…”, del Código Orgánico Procesal Penal, en tal sentido, procedió a señalar que “…en la decisión recurrida se declara sin lugar la apelación intentada por la representante de la víctima y se confirma la decisión de sobreseimiento dictadapero es el caso que los Jueces sentenciadores no expresan en la decisión clara y determinadamente los hechos que consideran probados en relación con las causales a que se contraen el numeral 2° del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, como de hecho establecidos en la norma para la procedencia de sobreseimiento, ni determinan los fundamentos de hecho y de derecho que concurren a la demostración de las referida causal de sobreseimiento…”.

En consonancia con lo previamente afirmado, indicó:

“…Esta representación alega que la Corte de Apelaciones, puede examinar la prueba y establecer los hechos que configuren los motivos de sobreseimiento porque ella se encuentra en relación con los elementos de convicción (pruebas), en la misma situación jurídica que con dichos elementos de convicción se encuentra el Juez de Primera Instancia (Juez Undécimo de Primera Instancia en Función de Control), en razón de que se trata de una decisión de sobreseimiento dictada con apoyo en los elementos de convicción logrados por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y no de elementos de convicción sujetos a contradicción en el Juicio oral y público. Por tanto, a juicio de esta representación, hay inobservancia del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, imputable a la Corte de Apelaciones, si ésta no examina los elementos de convicción para confirmar la decisión de sobreseimiento decretada por el Juez de Control…”. (sic)

Ahora bien, en relación a lo antes transcrito, esta Sala de Casación Penal, considera oportuno advertir, que el recurrente incurre nuevamente en un error en relación a la técnica recursiva, en cuanto a cuestionar la decisión de segunda instancia sobre la base de pretender que por medio del presente recurso, se examine los elementos de convicción analizados por el tribunal en funciones de control, en tal sentido, se debe advertir, que los vicios referidos a la valoración de los elementos probatorios no son censurables por los jueces de la Segunda Instancia ni por la Sala de Casación Penal, pues de acuerdo a los principios de oralidad, inmediación y contradicción esta facultad es exclusiva de los Jueces de primera instancia.

En tal sentido, es oportuno traer a colación la sentencia número 115 del 18 de abril de 2018, la cual señala en relación al principio de inmediación lo siguiente:

“…El principio de inmediación procesal establecido en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual el juez llamado a sentenciar es aquél que haya asistido al debate y podido formarse convicción, ya que este principio es una garantía primordial para un p.j. y sobre todo para la emisión fundada de las sentencias. Siendo así que no puede un juez dictar sentencia, en un proceso en cuya vista y escucha no estuviera presente directamente en cuanto se diga en juicio y en todas las incidencias en su seno suscitadas (…) la Corte de Apelaciones no puede valorar con criterios propios las pruebas fijadas en el juicio de instancia ni establecer los hechos del proceso por su cuenta…” (sic).

Tomando en consideración lo antes transcrito, se concluye de forma inequívoca que a las C.d.A., no les corresponde conocer sobre situaciones inherentes a las facultades propias de Primera Instancia, ya que conforme a este postulado se reivindica que, el Juez que pronuncia la sentencia ha realizado una impresión personal a lo largo de todos los actos procesales, y en consecuencia la elaboración lógica de la sentencia.

En conclusión, los Tribunales de Alzada solo podrán valorar pruebas, cuando estas se ofrezcan junto al recurso de apelación, de conformidad con el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, situación que no fue planteada en el presente caso.

En efecto, la denuncia alegada, se subsume en la determinación de los hechos y la valoración de las pruebas, por parte de la recurrida, lo que no es susceptible de ser infringido por la Corte de Apelaciones.

Además, es necesario puntualizar que el recurrente incurre en otro error al momento de plantear su denuncia, por cuanto en un mismo alegato, plantea la violación de varias normas procesales distintas, a saber “…inobservancia del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal…” y “…por falta de aplicación e inobservancia del artículo 157 ejusdem…”, ello en oposición con lo postulado en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto, lo contrario deriva en una imprecisión, al momento de exponer de manera clara y específica cuál es su pretensión, la cual no puede ser suplida por la Sala dado que excedería las labores de esta instancia, a quien no le es dado interpretar las pretensiones de quienes recuren. Tal como lo ha señalado la Sala de Casación Penal en sentencia número 396, del 25 de noviembre de 2022, de la forma siguiente:

“…las deficiencias en la fundamentación de las denuncias plasmadas en los escritos de casación, no pueden suplirse por la Sala de Casación Penal, ya que excedería las labores de esta instancia, a quien, no le es dado interpretar las pretensiones de quienes recurren…”.

Por los motivos antes expuestos, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia concluye que lo ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, la presente denuncia del recurso de casación propuesto, por no cumplir con las exigencias pautadas en el artículo 454, en relación con el artículo 457, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

DECISIÓN

Por lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por el abogado Carlos D.G.F., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.055, actuando como apoderado judicial del ciudadano RAFAEL EUGENIO BRICEÑO CARDOT (víctima) titular de la cédula de identidad número V-6.222.627, contra la sentencia publicada el 10 de julio de 2023, por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual declara sin lugar los “…recursos de apelación interpuestos: el primero: por los abogados D.A. SILVA VILLARROEL y MIRLA VANESA DELGADO BETANCOUR, Fiscal encargado y Auxiliar Sexagésimo Tercero (63°) Nacional, especializada en Defensa de Derechos Laborales del Ministerio Público, y el segundo por la profesional del derecho YESMIN RODRÍGUEZ AQUINO, en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano RAFAEL EUGENIO BRICEÑO CARDOTcontra la decisión dictada en fecha 04 de abril de 2022, fundamentada en fecha 06 del mismo año y mes, por el Juzgado Trigésimo Noveno (39°) de Primera Instancia en Funciones de Control … mediante la cual declaró con lugar la excepción prevista en el artículo 28 numeral 4, literal ‘c’ del Código Orgánico Procesal Penal, planteada por los Defensores Privados del ciudadano A.G.B. GUARINO…”, por no encontrarse llenos los extremos de los artículos 454 y 457, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023). Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación.

La Magistrada Presidenta,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

(Ponente)

La Magistrada Vicepresidenta, El Magistrado,

C.M. CASTRO GILLY MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

EJMG

Exp. AA30-P-2023-000409

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