Decisión de Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Aragua, de 3 de Marzo de 2011
| Fecha de Resolución | 3 de Marzo de 2011 |
| Emisor | Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Medida Cautelar |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRAL CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA.
Años 200° y 151°
Parte Recurrente: Sociedad Mercantil Serenos los Andes, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 04 de Octubre de 1983, quedando inserto bajo el N° 57, Tomo 30-B.
Apoderado Judicial: A.C.L.I., abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad N° 5.684.756.
Parte Recurrida: República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo – Inspectoria del Trabajo en Maracay Estado Aragua).
Apoderado Judicial: No tiene acreditado en autos.
Tercera Parte Interesada: F.G.U.E., titular de las cédulas de identidad número V-4.584.530.
Acto Administrativo Impugnado: P.A. N° 00832, dictada por la Inspectoría del Trabajo en Maracay Estado Aragua.
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con solicitud de Medida Cautelar de Suspensión de Efectos.
Expediente Nº 9854.
I
Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado el 12-06-2009, ante este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Central, con sede en Maracay, estado Aragua; por la profesional del derecho A.C.L.I., abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad N° 5.684.756, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Serenos los Andes, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 04 de Octubre de 1983, quedando inserto bajo el N° 57, Tomo 30-B, contra la P.A. N° 00832, dictada por la Inspectoría del Trabajo en Maracay Estado Aragua.
En fecha 16 de junio de 2009, se admitió el presente Recurso.
Siendo la oportunidad para decidir la presente incidencia de Medida Cautelar de Suspensión de Efectos solicitada, tal y como fue mediante escrito presentado en fecha 28 de febrero de 2011, este Tribunal Superior pasa a hacer las siguientes consideraciones:
II
NARRATIVA
Solicita, Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, “… TAL Y COMO HA SE HA MANIFESTADO Y HA QUEDADO ACREDITADO, MI REPRESENTADA LA SOCIEDAD MERCANTIL SERENOS LOS ANDES C.A. (S.E.A.N.C.A.), SE VERA NEGATIVAMENTE AFECTADA POR LA PROPIA NATURALEZA DEL CASO, POR CUANTO, EXISTE RIESGO DE IRROGAR UN DAÑO IRREPARABLE, SI SE LE OBLIGA A CANCELAR POR CONCEPTO DE LAS MULTA, SALARIOS CAIDOS E INDEMNIZACIÓN DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LA CANTIDAD DE BOLIVARES VEITE SIETE MIL TRESCIEBTOS VEINTITRES CON SESETA Y NUEVE CÉNTIMOS (BsF. 27.323,69) Del propio relato y fundamentación de la demanda se desprende la apariencia de buen derecho y del periculum in mora que respalda la petición de suspensión de la sanción impuesta a la sociedad mercantil Serenos los Andes C.A. (S.E.A.N.C.A.). …”
… En efecto, el acto administrativo impugnado, presenta el vicio de indefensión y violación del debido proceso y derecho a la defensa concretamente en los particulares que versan sobre el recurso de Tacha formalizado el día 18 de noviembre del año 2007, ejercido por mi representada de conformidad con lo establecido en el ultimo aparte del artículo 440 del Código de Procedimiento Civil, contra la C.d.R.d.D.d.P. que el trabajador F.G.U.E. aporto como documento que acredita su condición de Delegado de Prevención; de allí, se deriva ciudadana Juez, la Presunción del Buen Derecho…
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… En cuanto al segundo requisito del periculum in mora, mi representada deberá pagar por concepto de Multa, Salarios Caídos y por Indemnización por Despido Injustificado, la cantidad de Bolívares VEINTE SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (BsF. 27.323,69), lo que constituye una condiciones que hace aconsejable la solicitud de la medida cautelar prevista en la ley, durante el presente proceso…
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR:
Este Juzgado pasa a pronunciarse sobre: LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS. Con el propósito de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional, y en atención al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de la Carta Magna, pasa este Órgano Jurisdiccional a revisar los requisitos de procedencia de la Medida Cautelar solicitada.
En relación a la medida cautelar, consistente en que se suspenda mediante este mandamiento los efectos del acto impugnado, debe esta Juzgadora acoger el criterio sustentado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia dictada en Ponencia Conjunta, el veinte (20) de marzo 2001 (caso: M.E.S.V.), en la que luego de realizarse un análisis del procedimiento de amparo cautelar a la luz de la Constitución derogada y confrontarlo con la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se aseguró el carácter accesorio de la referida acción, lo que necesariamente impulsa al Juez Constitucional a que una vez admitido el recurso principal, pase inmediatamente a revisar la admisibilidad del amparo, así como también se determinó el procedimiento aplicable a éstos casos cuyo cumplimiento debe ser verificado. Así las cosas, aprecia esta Jurisdicente que la parte accionante expresa en su escrito que el acto impugnado es presuntamente violatorio de la Carta Magna. La acción de amparo constitucional, incluso el cautelar, se encuentra investido de un carácter expedito al que están llamados los Jueces a tener en cuenta. Así pues, se observa que cuando el amparo se interpone conjuntamente con un recurso contencioso administrativo de nulidad, como en el presente caso, comporta entonces una naturaleza preventiva que le impide instituirse en una ejecución anticipada del fallo. Ciertamente, la naturaleza de la acción de amparo impide a los justiciables emplearla con el sólo propósito de movilizar inmediatamente el aparato judicial, ello en razón, que la función del Juez Constitucional es salvaguardar el cumplimiento de las normas constitucionales, y por tanto, esta Institución no fue concebida con el propósito de verificar si la Administración ha cumplido o no con el principio de legalidad al que se encuentra sometida o si por el contrario se han infringido disposiciones contenidas en Leyes distintas a la Constitución. En otras palabras, cuando la acción de amparo es interpuesta conjuntamente con recursos contenciosos administrativos de nulidad, el Juez debe limitarse a verificar el posible menoscabo de las garantías y derechos contenidos en la Carta Fundamental, y de presumir la violación de las mismas deberá determinarlas en la oportunidad de dictar la sentencia de mérito, de lo contrario, estaría adelantando pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
Conforme a lo expuesto supra y lo alegado por la accionante en su escrito, considera esta Juzgadora que se pretende a través de una Medida (cautelar) suspender los efectos del acto administrativo impugnado. Pues bien, para que se considere procedente una solicitud de amparo cautelar, el Juzgador está en la obligación de verificar la existencia en autos de un medio de prueba del que se desprenda una presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho constitucional alegado, tal como lo ha sentado el M.T. de la República en la sentencia ut supra referida.
Así las cosas, se hace necesario que la presunción se encuentre acreditada o apoyada en un medio de prueba que la sustente, por lo cual correspondería a la parte accionante presentar al Juez todos los elementos que favorezcan la presunción, a los fines que sea factible la procedencia de la protección cautelar, quedando además, en criterio de esta Juzgadora, utilizar las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, para verificar la procedencia o no del pedimento efectuado.
El artículo 21.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece:
… El Tribunal de Justicia podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio…
La norma supra transcrita contempla la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo de carácter particular constituyendo una derogatoria al principio de ejecutoriedad y ejecutividad que rige a los actos administrativos, es decir, que enerva la eficacia material de un acto administrativo de efectos particulares cuya nulidad hubiere sido demandada, por lo que la suspensión es de naturaleza excepcional y extraordinaria, sujeta a dos condiciones señaladas por el legislador, a saber, cuando lo permita la ley o bien para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, que se pueda causar al recurrente siempre y cuando el pronunciamiento cautelar no signifique una ejecución anticipada del juicio principal ni, mucho menos, un pronunciamiento anticipado de lo que será el mérito de la causa principal.
Así las cosas, ha de indicarse que es criterio de este Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando exista en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama y en el caso de las medidas cautelares, que exista el temor fundado de que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, así pues, pasa este Tribunal a verificar en las actas procesales la existencia de los requisitos indispensables, a saber:
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- Presunción del Buen derecho o fomus boni iuris.
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- Que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo o periculum in mora.
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- Que se evidencie el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra, es decir, el periculum in damni, en caso de las innominadas.
Siendo así, a fin de pronunciarse sobre la protección solicitada se pasa a constatar si en el caso bajo análisis se cumplen de manera concomitantes con excepción de la tercera, las anteriores condiciones de procedencia y al respecto observa este Juzgado, que en el supuesto de autos la representación judicial de la parte recurrente solicita como protección cautelar la suspensión de los efectos del acto administrativo En el caso sub iudice, observa esta Juzgadora que solicita como protección cautelar la suspensión de los efectos de la P.A. N° 00832 del Expediente N° 043-07-01-03047, asimismo, solicita se oficie al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, en función de Tribunal Ejecutor, del Expediente número DP11-L2009-000670, a los fines de que proceda a suspender la ejecución de los efectos de la P.A. N° 00832 de la sentencia dictada en fecha 17 de marzo del año 2010, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Laboral del Estado Aragua; asimismo a la Dirección Estadal Salud y Seguridad Laborales Aragua (Diresat) de la P.A. N° PA-US-AGA-0009-2008, del expediente número interno U.S/AGA-0042-2007, en base a que la misma afectara gravemente los derechos y el patrimonio de mi representada, toda vez que está siendo coaccionada por dicha providencia a pagar la multa interpuesta, situación que puede ser evitada acordándose una mediada cautelar de suspensión de efectos del Acto Administrativo recurrido.
Ahora bien, el elemento fundamental de la tutela judicial efectiva lo constituye la institución de las medidas cautelares, pues con ello se pretende enervar la eficacia de un acto o una conducta que causa un daño o gravamen irreparable al recurrente, daño que no podrá reparar la decisión definitiva, o al meno se vislumbra como de difícil reparación; En este punto, debe esta sentenciadora acotar que de conformidad con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Juez contencioso-administrativo está facultado para condenar a la Administración al pago de sumas de dinero y a la reclamación de daños y perjuicios originados como consecuencia de la responsabilidad que tiene la misma en el ejercicio de sus funciones, cuando las partes así lo solicitaren, ya sea como petitorio en un recurso de nulidad o a través de una demanda patrimonial de daños y perjuicios, y como consecuencia de ello acordase la nulidad del acto administrativo recurrido, la recurrente cuenta con vías procesales para demandar la repetición de lo pagado o incluso la responsabilidad personal del funcionario que dicto el acto anulado además de la correspondiente indemnización que le correspondería por los daños sufridos con ocasión de la ejecución del acto, por lo que debe esta sentenciadora desechar el alegato de la hoy recurrente sobre el perjuicio económico que le ocasionaría la ejecución del acto administrativo cuya nulidad se solicita y así se declara, máxime cuando el acto por si solo prima facie no es capaz de causarle el gravamen señalado.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y sin que se pueda afirmar que se ha adelantado opinión sobre el fondo de la cuestión objeto del recurso contencioso administrativo de nulidad, aprecia quien decide que, en el presente caso, no se ha demostrado la existencia del fumus boni iuris y el periculum in mora, en consecuencia, esta Juzgadora estima que no están dados los requisitos exigidos para su procedencia, razón por la cual se hace forzoso declarar Improcedente la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos solicitada. Así se decide.
DISPOSITIVA:
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
IMPROCEDENTE la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos Solicitadapor la profesional del derecho A.C.L.I., abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad N° 5.684.756, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Serenos los Andes, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 04 de Octubre de 1983, quedando inserto bajo el N° 57, Tomo 30-B.
LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,
DRA. M.G.S.
LA SECRETARIA,
ABOG. A.G..
En esta misma fecha, 03 de marzo de 2011, siendo las 02:00 pos meridiem, se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
Materia: Contencioso Administrativa
Exp. Nº AC-CA-9854.
Mecanografiado por Reggie.
