Decisión nº KE01-X-2006-000068 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 28 de Marzo de 2006
| Fecha de Resolución | 28 de Marzo de 2006 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Horacio Jesús González Hernandez |
| Procedimiento | Acción De Amparo Constitucional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, veintiocho de marzo de dos mil seis
195º y 147º
ASUNTO : KE01-X-2006-000068
PARTE DEMANDANTE: SERENOS YARACUY C.A., con domicilio procesal en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, conforme se evidencia en acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas de fecha 9 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Nueva Esparta, en fecha 16 de febrero de 1998, bajo el N° 51, tomo 9-A
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: abogado P.R.M., venezolano, mayor de edad, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 5.586, con domicilio procesal en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara.
PARTE DEMANDADA: INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA
MOTIVO: Sentencia interlocutoria de A.C. por vía cautelar.
I
De los hechos
En fecha 19 de julio de 2005, fue recibido por este Tribunal el presente asunto, intentado por SERENOS YARACUY C.A., a través de su apoderada judicial abogado P.R.M. conjuntamente con a.c. por vía cautelar.
Llegado el momento de la admisibilidad, este tribunal acordó la reconducción del recurso de a.c. hacia un recurso de nulidad, conforme a sentencia dictada en fecha 19 de marzo de 2004, dictada en el expediente N° 00-2151, caso M.D.M. e Inversora DS 2000, C.A. contra la Comisión Nacional de Valores, admitida el recurso este juzgador procede a pronunciarse sobre lo solicitado y para decidir observa:
II
Consideraciones para decidir
Considera la legislación venezolana, la posibilidad de efectuar una pretensión de a.c., conjuntamente con un recurso de inconstitucionalidad de leyes y demás actos estatales normativos o con un recurso contencioso administrativo de anulación o de abstención, fue establecida por el legislador, en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.
Ahora bien, el artículo 3 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, en su único aparte señala:
"La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia (rectius: Tribunal Supremo de Justicia), si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad".
Por otra parte el artículo 5 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, expresa:
"La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional.
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad, conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria y efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos mientras dure el juicio".
III
De la Competencia:
El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en sentencia 20 de enero de 2000, caso E.M.M., procedió a señalar lo siguiente:
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Que la Sala Constitucional es competente para conocer en única instancia de las acciones de a.c., contra las autoridades que se mencionan en el artículo 8 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.
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Tal competencia se extiende a aquellos casos en los cuales, los funcionarios actúen por delegación de atribuciones de las autoridades mencionadas en el citado artículo 8 de la Ley.
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También le corresponde conocer tanto de las acciones de a.c., que se intenten contra las decisiones de los Juzgados Superiores de la República, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de las C.d.A. con competencia penal, que lesionan directa e inmediatamente derechos constitucionales; como de las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas por éstos órganos jurisdiccionales, cuando hayan conocido en primera instancia.
Señalado esto, la Sala Constitucional procedió a analizar el artículo 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales y estableció lo siguiente:
"Dicho artículo, a juicio de esta Sala, no colide con la Constitución y por lo tanto, tiene plena vigencia, y según él, las acciones de amparo pueden ejercerse conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad de actos administrativos o contra las conductas omisivas.
IV
Consideraciones para Decidir:
Según anotaciones de V.H.M., al estar vigente el o artículo 5 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, surge una excepción a la doctrina sobre la competencia en materia de amparo, contenida en este fallo, y es que los tribunales, incluyendo las Salas de este Supremo Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, o contra negativas o abstenciones de la Administración, mediante recursos contencioso administrativos, podrán a su vez conocer de los amparos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o por abstención de la Administración, no se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución, y siempre que la acción de amparo no se encuentra caduca.
Resultado de la doctrina que se expone, es que las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia que conocen amparos que no se han ejercido conjuntamente con recursos contencioso administrativos, remitirán a esta Sala [Constitucional] las acciones de amparo que venían tramitando, mientras que la Sala Político-Administrativa y la Sala Electoral seguirán conociendo los amparos que se ejercieron o se ejerzan conjuntamente con el recurso contencioso administrativo o electoral de anulación de actos o contra las conductas omisivas".
Continúa argumentando H.M. que , tanto la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, como los demás tribunales que señale la ley que regule el orden jurisdiccional administrativo, conservan la competencia en primera instancia, para conocer de los procesos administrativos de anulación o abstención con pretensión de a.c., en razón de que, al ser la pretensión cautelar accesoria de la principal, el órgano jurisdiccional administrativo, conserva la competencia para conocer de ambas pretensiones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.
En tanto que, la apelación o la consulta del a.c., así como el amparo autónomo contra la sentencia cautelar, dictadas por los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo y por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, serían del conocimiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Carácter Cautelar de la Solicitud de Amparo
Los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, permiten que la acción se ejerza conjuntamente con la acción de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, a fin de que se suspenda la aplicación de la norma, mientras dure el juicio de nulidad; o que se ejerza conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos, a fin de que mientras dure el juicio se suspendan los efectos del acto recurrido".
Ergo la Constitución de 1999 ha mantenido el criterio, de que los supuestos contemplados en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales y que en consecuencia, la pretensión de a.c. conserva su naturaleza cautelar, mientras duren los juicios de inconstitucionalidad, de anulación o abstención que respectivamente contemplan dichos artículos, quedando a la discrecionalidad del órgano jurisdiccional competente para conocer de la causa principal, decretar tal medida, si lo considera procedente para la protección constitucional.
De igual forma, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 31 de marzo de 2005 dicto sentencia en la cual expone:
La traducción de estos dos requisitos en materia de a.c. cautelar tiene unos bemoles y características interesantes, que esta Corte pasa a poner de relieve:
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Existencia de un fumus boni iuris constitucional: En efecto, el a.c. cautelar tiene como característica diferencial, que la posición jurídica del querellante se concrete en un derecho o una garantía constitucional.
A diferencia del resto del elenco cautelar en nuestro ordenamiento, donde la posición jurídica tutelable (fumus boni iuris) puede estar referida a derechos de carácter legal, contractual o de cualquier otra índole, la tutela constitucional cautelar requiere y exige que los derechos e intereses jurídicos invocados como causa legitimadora de la cautela, tenga rango y fuente directa en la Constitución. En caso contrario, el querellante debe acudir a los medios ordinarios de tutela cautelar (suspensión de efectos de conformidad con el artículo 21.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cautelares innominadas previstas en el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil). La tutela constitucional cautelar es tan extraordinaria y especial como lo es la pretensión de amparo autónomo, y de allí que el fumus boni iuris tenga estas características que la cualifican.
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La existencia de un periculum in damni constitucional: En efecto, la noción de periculum in mora es insuficiente pues la misma se contrae a la “eficacia” de la sentencia que se dicte, es decir, de su “ejecutabilidad”, en cambio la noción de periculum in damni implica un fundado temor de daño inminente, patente, causal, y manifiesto en la esfera jurídica del justiciable.
Cuando un querellante invoca la tutela constitucional cautelar debe poner en evidencia una posición jurídica de rango constitucional (fumus boni iuris constitucional) pero, además, debe evidenciar no un “riesgo potencial” o “eventual” sino un peligro de daño inminente, de tal suerte que de no acordarse la cautela la efectividad de la sentencia que se dicte será “inefectiva”, es decir, no se podrán reparar los daños causados durante su tramitación, o el querellante habrá sufrido unos perjuicios de difícil reparación. Por lo que debe advertirse que mientras el periculum in mora se refiere a la “infructuosidad del fallo” (eficacia de la sentencia), el periculum in damni, se conecta con la “efectividad del proceso” que, en el caso de la tutela constitucional cautelar, debe referirse a las lesiones en sus derechos e intereses constitucionales.
Mientras el fumus boni iuris constitucional es el fundamento de legitimación de la pretensión cautelar, el periculum in damni constitucional constituye la “causa” de la procedencia, esto es, que en el caso de no acordarse la suspensión de los efectos del acto (a tenor del artículo 5º de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales) o la adopción de otras medidas positivas (innovativas) o prohibitivas (de conservación), se producirá en la esfera jurídica del querellante situaciones irreparables o de difícil reparación.
Caso bajo Examen:
En el presente caso resulta evidente la pretensión de un Recurso Contencioso de Nulidad conjuntamente con petición de a.c., fundamentando tal petición bajo los siguientes argumentos:
Al reenganchar al trabajador reclamante dando cumplimiento a la providencia administrativa señalada y cancelar los salarios caídos se produciría mes a mes hasta la total conclusión de este caso de una cuantiosa erogación monetaria por parte de mi representada de resultar ciertamente improcedente tal calificación……
Considera el recurrente que la misma providencia administrativa recurrida se evidencia la presunción del derecho que se reclama (fumus Boni iuris) y, en cuanto al periculum in mora es evidente que al solicitar la devolución de lo cancelado al trabajador de forma indebida al trabajador no va a estar en capacidad de devolver la suma de dinero cancelada indebidamente.
Ahora bien, este juzgador observa que efectivamente como bien lo explica la sentencia antes citada y dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el recurrente no trae a juicio evidencias que permitan a esta sala, determinar que los derechos e intereses mencionados en su escrito de demanda como violatorios, tengan rango y fuente directa en la constitución, (fumus bini iuris constitucional) pues estamos en presencia de una tutela constitucional cautelar, donde además se debe demostrar que de no acordarse la medida, será difícil reparar los daños causados durante el juicio y el querellante habrá sufrido daños de difícil reparación, igualmente no hace mención a las lesiones en sus derechos, (periculum in damni) ni mucho menos menciona el periculum in mora, vale decir la infructuosidad del fallo y, como quiera que en el presente caso no existe suficiente fundamento contenido en el escrito de demanda, que permita a este juzgador tener convicción acerca del daño o la amenaza de la lesión de esa decisión emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Portuguesa, que amerite la admisión del a.c. solicitado y la consecuente suspensión de efecto, este Tribunal debe desestimar la petición de a.c. y consecuentemente la suspensión de efectos solicitada, y, así se decide.
V
Decisión
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara sin lugar la solicitud de A.C. y petición de suspensión de efectos y adicionalmente Medida Cautelar Innominada, solicitada por la empresa SERENOS YARACUY C.A., con domicilio procesal en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, conforme se evidencia en acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas de fecha 9 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Nueva Esparta, en fecha 16 de febrero de 1998, bajo el N° 51, tomo 9-A, a través de su apoderado judicial abogado P.R.M., venezolano, mayor de edad, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 5.586, con domicilio procesal en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, en el juicio de Recurso de Nulidad.
Se acuerda notificar a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el 251 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil seis (2006). Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.
El juez,
Dr. H.G.H.L. secretaria
Abog. S.F.C.
Publicada en su fecha, a las 01:15 p.m.
La secretaria
Abog. S.F.C.
Juluana.-
L.S. Juez (fdo) Dr. Horacio González Hernández. La Secretaria (fdo) abogada S.F.C.. La suscrita Secretaria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Barquisimeto a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil seis (2006). Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Secretaria,
Abog. S.F.C.
