Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Noviembre de 2010
| Fecha de Resolución | 26 de Noviembre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Angel Eduardo Vargas Rodriguez |
| Procedimiento | Cobro De Bolívares |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 26 de Noviembre de 2010
200º y 151º
Asunto: AH1B-V-2007-000069
Sentencia Interlocutoria Con Fuerza Definitiva.
PARTE DEMANDANTE:
• Sociedad Mercantil BOLIVAR BANCO, C.A., domiciliado en Caracas, constituida por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27 de abril de 1992, bajo el Nº 44, Tomo 35-A Pro.
APODERADO JUDICIAL DE PARTE DEMANDANTE:
• Ciudadano J.C.L.S., abogado en ejercicio de este domicilio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 38.366.
PARTE DEMANDADA:
• Sociedad Mercantil SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL SUIZA, SERVISU, C.A., en la persona de su Director ciudadano W.T.F.B., Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-9.120.308.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:
• No tiene Apoderado Judicial.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES
I
Se inicia la presente demanda, introducida por ante el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 04 de octubre de 2007, al cual este despacho pertenece, ejercida por el Profesional del Derecho J.C.L.S., abogado en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo el Nro. 38.366, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil BOLIVAR BANCO, C.A., domiciliado en Caracas, constituida por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27 de abril de 1992, bajo el Nº 44, Tomo 35-A Pro, siendo incoada dicha demanda contra la Sociedad Mercantil SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL SUIZA, SERVISU, C.A., en la persona de su Director ciudadano W.T.F.B., Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-9.120.308.
Consignados como fueron los recaudos y visto el libelo de la demanda realizada el 10 de octubre de 2007, este Juzgado mediante auto dictado en fecha 30 de octubre de 2007, procedió a admitir la presente demanda, ordenándose la intimación de la parte demandada Sociedad Mercantil SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL SUIZA, SERVISU, C.A., en la persona de su Director ciudadano W.T.F.B., Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.120.308 y el ciudadano J.P.S., en su carácter de Fiador, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.530.996.
En fecha 15 de noviembre de 2007, comparece por ante este Juzgado el Abg. J.C.L.S., en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, consigno tres (03) juegos del libelo de la demanda y del auto de admisión.
En auto de fecha 20 de noviembre de 2007, este Juzgado ordena se libre las respectivas Boletas de Intimación.
Por auto de fecha 20 de noviembre de 2007, este Tribunal da apertura al Cuaderno de Medida y a su vez Decreta Medida Preventiva de Embargo sobre los Bienes Propiedad de la parte Demandada.
Mediante diligencia de fecha 04 de diciembre de 2007, el abogado en ejercicio J.C.L., en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, en la cual solicitó que este Tribunal se aboque al conocimiento de la presente causa y ordene la Intimación personal del ciudadano W.T.F.B..
En fecha 04 de diciembre de 2007, comparece ante este Juzgado el Abg. J.C.L., en la cual recibe original del oficio dirigido a los Tribunales Ejecutores de Medidas del Área Metropolitana de Caracas.
En auto de fecha 29 de enero de 2008, este Tribunal Subsano el error cometido en el Auto de Admisión de fecha 30 de octubre de 2007, donde se omitió ordenar la Intimación del ciudadano W.T.F.B..
En fecha 10 de marzo de 2008, comparece ante este Juzgado el Abg. J.C.L., donde solicito que se deje constancia en autos de las gestiones realizadas por el alguacil en el domicilio de la parte demandada.
En fecha 14 de marzo de 2008, compare por ante este Tribunal, la ciudadana J.Z.D.S., en su carácter de Alguacil Accidental, mediante la cual consigna Boletas de Intimación, en virtud de que le fue imposible intimar a la parte demandada por cuanto la empresa se encontraba cerrada.
Mediante diligencia de fecha 30 de abril de 2008, el abogado en ejercicio J.C.L., en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, en la cual solicito que este Tribunal ordene la Intimación a la parte demandada a través de carteles.
Por auto de fecha 19 de mayo de 2008, este Juzgado acuerda lo solicitado por la parte actora y acuerda librar Cartel de Intimación, que será publicado en el Diario El Nacional.
En auto de fecha 23 de mayo de 2008, se recibe la comisión signada con el número de oficio 0141-08, de fecha 28 de abril de 2008, proveniente del Juzgado Sexto de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 22 de octubre de 2008, el Abg. J.C.L., retiro Cartel de Intimación librado a la parte demandada.
Por auto de fecha 26 de noviembre de 2008, este Tribunal libra nuevamente comisión al Juzgado Distribuidor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que se practique Medida de Embargo.
En fecha 08 de diciembre de 2008, compareció el Abg. J.C.L., con el fin de retirar original del oficio dirigido al Juzgado Ejecutor de Medidas.
En fecha 28 de mayo de 2010, comparece ante este Tribunal el Abg. J.C.L., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, expone que la fusión por incorporación del patrimonio de BOLIVAR BANCO, C.A., pasa al BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A, a los fines de que se tenga como parte demandante en el presente proceso.
Mediante diligencia de fecha 23 de septiembre de 2010, comparece ante este Juzgado el Abg. J.C.L. y consigna Cartel de Intimación.
Por auto de fecha 24 de septiembre de 2010, el Dr. A.V.R., Juez de este Tribunal se aboca al conocimiento de la presente causa.
-II-
Este Tribunal para decidir observa:
Vistas las precedentes actuaciones contenidas en el presente expediente, y por cuanto no existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes....
.-
De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.-
La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
Como lo establece nuestro Autor Patrio R.H.L.R., en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330,
… El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber:
a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad.
b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad , sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.
Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMGERG, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:
… b) La perención se verifica de Derecho, esto es se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez. …
c) La perención no es renunciable por las partes.
d) La perención puede declararse de oficio por el juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.
e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.
La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso.
En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis a lo establecido con respecto a la perención, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de junio de 2001 (Caso: F.V.G. y M.P.M.D.V.), establece:
“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio…”
De lo anteriormente expuesto, se puede inferir que efectivamente en el presente caso, estamos en presencia de una Perención de la Instancia, ya que de autos se evidencia que la parte actora, no realizó acto procesal alguno que presumiera a este Juzgador que tenían el ánimo de continuar con la prosecución de la presente causa, ni mucho menos, con la interrupción de la perención que estaba transcurriendo en el presente juicio, es así, como se observa que ha operado la Perención de la Instancia, ya que desde la fecha 22 de octubre de 2008, hasta el día 28 de mayo de 2010, no existe actuación alguna realizada por la parte actora, es decir, que transcurrió mas de un (01) año, y no existe actuación alguna realizada por la parte actora, nos encontramos dentro del término previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adecuándose perfectamente el caso de marras, a lo establecido en el artículo ut-supra indicado.
En base a lo analizado en la presente motiva, es que este Juzgado considera que debe declararse la Perención de la Instancia, en el presente juicio, y así debe ser declarado en la dispositiva de la presente decisión.- Y así se declara.-
-III-
Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, y en consecuencia extinguido el proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE.
Dada, Firmada y Sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil Diez (2.010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,
DR. Á.V.R..
ABG. S.C..
En esta misma fecha, siendo las 01:39 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA
ABG. S.C..
ASUNTO: AH1B-V-2007-000069.-
AVR/SC/amarilys
