Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 23 de Octubre de 2013

JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CAPITAL

PARTE QUERELLANTE: S.D.G.M..

APODERADOS JUDICIALES DEL QUERELLANTE: M.E.R. Y J.A.V.R..

ENTE QUERELLADO: INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

APODERADO JUDICIAL DEL ENTE QUERELLADO: H.A.F.P..

OBJETO: PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES, INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES DE MORA.

En fecha 14 de junio de 2013, los abogados M.E.R. y J.A.V.R., Inpreabogado Nros. 110.620 y 183.025, respectivamente, actuando como apoderados judiciales del ciudadano S.D.G.M., titular de la cédula de identidad Nº 14.976.988, interpusieron por ante el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo (Distribuidor) la presente querella, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

Hecha la distribución correspondió a este Juzgado su conocimiento, en tal razón el día 20 de junio de 2013 admitió la querella y ordenó conminar al ciudadano Director Presidente del Instituto Autónomo Policía del Municipio Sucre del estado Bolivariano Miranda, para que diese contestación a la misma. Igualmente se solicitó a dicho Instituto Autónomo, remitir a este Órgano Jurisdiccional el expediente administrativo del querellante, y se ordenó notificar al Síndico Procurador y al Alcalde del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, de la admisión de la querella interpuesta.

En fecha 15 de julio de 2013, el abogado H.A.F.P., Inpreabogado Nº 93.241, actuando en su condición de apoderado judicial del Instituto Autónomo Policía Municipal del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, dio contestación a la querella interpuesta.

En fecha 17 de septiembre de 2013, se celebró la audiencia preliminar dispuesta en el artículo 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en la cual se dejó expresa constancia que mediante decisión acordada en reunión de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 03 de febrero de 2012, fue designado el ciudadano T.G.L., como Juez Temporal para suplir las faltas, ausencias, reposos, vacaciones, de los jueces que conforman los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, quien en esa misma fecha se abocó al conocimiento de la causa. Asimismo se dejó constancia que ninguna de las partes asistió al acto, razón por la cual se declaró desierto el mismo.

Cumplidas las fases procesales, en fecha 02 de octubre de 2013 se celebró la audiencia definitiva, y se dejó constancia que vista la reincorporación del abogado G.J.C.L. al cargo de Juez Provisorio del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, luego de haber hecho uso de sus vacaciones legales correspondientes, se abocó al conocimiento de la causa en el estado en que se encontraba. Asimismo se dejó constancia que ninguna de las partes asistió al acto, razón por la cual se declaró desierto el mismo. Seguidamente el Juez anunció que el dispositivo del fallo sería publicado dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes.

En fecha 09 de octubre de 2013 se dictó y consignó dispositivo del fallo declarando Con Lugar la querella interpuesta, e igualmente se informó a las partes que el texto íntegro de la sentencia se publicaría dentro de los diez (10) días de despacho siguientes. De conformidad con el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, corresponde a este Juzgado dictar el extenso de la sentencia, lo que hará sin narrativa y con exposición breve y concisa de los extremos de la litis por exigirlo así el artículo 108 ejusdem, lo cual se hace en los siguientes términos:

I

MOTIVACIÓN

Corresponde ahora a este Tribunal pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido, y al respecto observa que los apoderados judiciales del querellante señalan que su representado comenzó a prestar servicios en el Instituto Autónomo Policía Municipal del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda el 15 de diciembre de 1998, en el cargo de Agente, y egresó con el cargo de Oficial Agregado de dicho Instituto por renuncia debidamente aceptada y aprobada en fecha 22 de marzo de 2013, con un salario mensual de tres mil novecientos bolívares exactos (Bs.F. 3.900,00); prestando sus servicios durante catorce (14) años, tres (03) meses y siete (07) días. Manifiesta que no le han sido canceladas las prestaciones sociales, por lo que solicita se le cancele la suma de doscientos cuarenta y siete mil ochenta y cinco bolívares con seis céntimos (Bs. 247.085,06), por concepto de dichas prestaciones sociales, bono vacacional fraccionado 2013-2014, bono de fin de año fraccionado 2013, e intereses sobre prestaciones sociales. De igual manera solicita el pago de los intereses previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fundamenta la presente querella en los artículos 28, 92 y 93 numeral 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como en los artículos 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 141 y 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Por su parte el apoderado judicial del Instituto querellado niega, rechaza y contradice que su representado tenga que pagar la cantidad de doscientos cuarenta y siete mil ochenta y cinco bolívares con seis céntimos (Bs. 247.085,06), por considerar exagerada la suma pretendida, contraria a derecho y por no establecer los parámetros para dicha estimación. Igualmente niega, rechaza y contradice que su representado deba pagar los intereses moratorios y de cualquier otra índole de la cantidad demandada.

Para decidir al respecto observa el Tribunal que no fue consignado en autos el expediente administrativo del querellante, solicitado por este Juzgado mediante Oficio Nº 0564-13, de fecha 20 de junio de 2013, dirigido al Director Presidente del Instituto Autónomo Policía Municipal del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, lo que comporta una negligencia por parte de la Administración que genera como consecuencia el incumplimiento de la carga procesal más importante que ésta tiene. Por demás, la renuncia de aportar a los autos el expediente del actor, hace presumir que lo que éste denuncia se tenga como cierto, pues la no consignación del referido expediente impide constatar si ciertamente se le cancelaron al funcionario que hoy se querella el pago por concepto de prestaciones sociales, lo que hace presumir a este Tribunal que tal y como lo sostiene el querellante, no le ha sido cancelado el pago correspondiente a sus prestaciones sociales.

Aunado a ello, debe resaltar este Tribunal que la parte querellada no consignó a los autos ningún documento que le sirva a este Juzgador para evidenciar que le fueron canceladas al querellante las prestaciones sociales reclamadas, pues sólo consta al folio nueve (09) del presente expediente, la copia de la aceptación de renuncia, suscrita por la licenciada Ybette S.C., en su carácter de Directora de la Coordinación de Recursos Humanos del Instituto Autónomo Policía Municipal de Sucre, estado Bolivariano de Miranda, la cual se hizo efectiva a partir del 22 de marzo de 2013, y que fuese consignada por el propio querellante conjuntamente con su escrito libelar, no trayendo a los autos la representación judicial del Instituto querellado, prueba alguna de la cual pueda verificar este Juzgador que efectivamente se haya efectuado algún pago por concepto de prestaciones sociales al querellante, en consecuencia, en razón de que este Órgano Jurisdiccional, como se dijo anteriormente, no cuenta con suficientes elementos para desvirtuar los alegatos de la parte querellante, considera procedente la pretensión del actor, por consiguiente se ordena el pago de sus prestaciones sociales, tal como lo prevé el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es decir, a razón de quince (15) días cada trimestre, calculados con base al último salario integral devengado al momento de iniciar el trimestre respectivo, desde la fecha de ingreso del querellante al Instituto querellado (15/12/1998), hasta la fecha de egreso (22/03/2013), más los dos (02) días adicionales anuales, que prevé el literal “b” de dicho artículo, al cumplirse el primer año de servicio, acumulativos hasta treinta (30) días de salario integral. Asimismo se ordena realizar el cálculo de las prestaciones sociales previsto en el literal “c” del referido artículo, con base a treinta (30) días de salario integral por cada año de servicio o fracción superior a los seis (06) meses, calculada al último salario, y la cantidad que resulte mayor de los dos cálculos antes ordenados, será el monto que efectivamente deberá pagársele al actor por concepto de prestaciones sociales. Dichos montos habrán de establecerse mediante experticia complementaria del fallo, la cual será practicada por un solo experto, que designará el Tribunal, y así se decide.

Por lo que se refiere a los intereses sobre las prestaciones sociales, observa el Tribunal que, para el cálculo de estos intereses deberá tomarse en cuenta la cantidad que arroje la experticia complementaria del fallo por concepto de prestación de antigüedad, la cual devengará intereses a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (06) principales bancos del país, desde la fecha de ingreso del querellante al Instituto querellado (15/12/1998), hasta la fecha de egreso (22/03/2013), de conformidad con el párrafo 5 del artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y las Trabajadoras, en razón de no existir constancia en el expediente que la Administración Municipal haya depositado la garantía de las prestaciones sociales en un fideicomiso individual a nombre del trabajador, o en un fondo de garantía de prestaciones sociales. Dichos intereses deberán estimarse por una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

El actor solicita se le cancele la cantidad de MIL SEISCIENTOS TRES BOLÍVARES CON TRES CÉNTIMOS (Bs. 1.603,03), por concepto de bono vacacional fraccionado, correspondiente al periodo 2013-2014. Para decidir al respecto observa el Tribunal que de conformidad con el artículo 52 de la Ley del Estatuto de la Función Policial, en concordancia, con el artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, al hoy querellante le correspondía un bono vacacional anual de cuarenta (40) días de sueldo, a razón del salario normal de conformidad con el artículo 192 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y siendo que durante el periodo antes mencionado sólo laboró una fracción de 3 meses, le corresponden 9,99 días de salario normal (40 días bono vacacional / 12 meses del año = 3,33 días x 3 = 9,99 días), que multiplicados por el último salario normal diario Bs. 130,00 (salario básico mensual Bs. 3.900,00 / 30 días = Bs. 130,00 salario normal diario), arroja la cantidad de Bs. 1.298,7; que deberá cancelar la Administración Municipal querellada por este concepto al querellante, y así se decide.

El actor solicita se le cancele la cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 3.152,05), por concepto de Bono de Fin de Año fraccionado, correspondiente al año 2013. Para decidir al respecto observa el Tribunal que, de conformidad con el artículo 53 de la Ley del Estatuto de la Función Policial, en concordancia, con el artículo 25 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, al hoy querellante le correspondían 90 días de salario integral por concepto de bonificación de fin de año de haber laborado el año 2013 completo, pues como es sabido dicha bonificación la cancela la Administración al final de cada año calendario, y siendo que durante el año 2013 sólo laboró una fracción de 3 meses completos y 22 días, le corresponden 22,5 días de salario integral (90 días de bonificación de fin de año / 12 meses del año = 7,5 días x 3 meses = 22,5 días) que multiplicados por el último salario integral diario Bs. 144,43 (salario básico mensual Bs. 3.900,00 / 30 días = Bs. 130,00 salario básico diario + Bs. 14,43 alícuota del bono vacacional = 40 días / 12 meses / 30 días = 0,111 x Bs. 130,00 salario básico diario = Bs. 14,43), arroja la cantidad de Bs. 3.249,67; que deberá cancelar la Administración Municipal querellada por este concepto al querellante, y así se decide.

Por lo que se refiere a la solicitud de pago de los intereses moratorios que reclama el actor, estima este Tribunal que al mismo le corresponden conforme lo dispone el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y deben pagársele por el lapso comprendido entre el 22 de marzo de 2013, fecha a partir de la cual se hizo efectiva la aceptación de su renuncia al cargo que desempeñaba en el Instituto Autónomo Policía Municipal del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, según consta al folio nueve (09) del presente expediente, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de sus prestaciones sociales, monto éste que habrá de determinarse en base al resultado que arroje la experticia complementaria del fallo ordenada mediante la presente decisión, con el objeto de establecer el monto correspondiente a las prestaciones sociales que se le adeudan al querellante, más lo condenado por este Tribunal por concepto de bono vacacional fraccionado período 2013-2014 y Bonificación de Fin de Año Fraccionado período 2013, por tanto ésa será la suma sobre la que habrá de hacerse el cálculo de los intereses moratorios, calculados dichos intereses no capitalizados, a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, los cuales deben estimarse por una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. La experticia complementaria ordenada será practicada por un solo experto, que designará el Tribunal, y así se decide.

Dichos intereses se calcularán según lo previsto en el artículo 128 y 142, literal “f” de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos del país, Ley ésta a la cual remite el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

A los fines de los cálculos aquí ordenados, los cuales deberán estimarse por una experticia complementaria del fallo, es preciso señalar que, para la realización de la misma, la ley especial -Ley del Estatuto de la Función Pública- no contempla norma alguna que regule dicha situación. Consecuentemente, su artículo 111 hace mención a que en lo no previsto en la ley in comento, se debe aplicar de manera supletoria el procedimiento breve establecido en el Código de Procedimiento Civil, procedimiento por demás que la norma general adjetiva nada refiere al tema sub-análisis.

Ante ello, y vista la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debemos señalar que su artículo 1, prevé:

Artículo 1: Esta Ley tiene como objeto regular la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en leyes especiales.

(Resaltados de este Tribunal).

Del análisis de la norma transcrita, concluimos, por interpretación en contrario, que lo que no está contemplado en leyes especiales será regulado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Ahora bien, al analizar la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tenemos que tampoco el legislador se refirió a la materia bajo análisis; no obstante, su artículo 2 contempla los principios bajo los cuales operara la jurisdicción contencioso administrativa, dentro de ellos destacan, justicia gratuita, idoneidad, brevedad y celeridad.

Por ello, visto que el Código de Procedimiento Civil data de fecha pre-constitucional y teniendo el texto magno como principios fundamentales la celeridad, la economía procesal, la gratuidad, el no sacrificar la justicia por el incumplimiento de formalidades no esenciales, entre otros; quien decide en ejercicio de la tutela judicial efectiva, regulada en el artículo 26, que reza:

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

(Resaltados de este Tribunal).

Y visto que la experticia complementaria del fallo a tenor de la jurisprudencia patria forma parte o componente intrínseco de la sentencia en sí y estando facultado tan solo el Juez para dictarla a tenor de los elementos que conforman la sana crítica, esto es: lógica, conocimiento científico, la razón y las máximas de experiencia, a efectos de garantizar a “las partes” celeridad, transparencia y economía procesal, designa un (1) sólo experto para la realización de la experticia complementaria del fallo, y así se decide.

Yendo mas allá de lo anterior es oportuno mencionar que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo señala en la parte infine del artículo 159, que el juez puede “…ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del fallo, con un único perito, el cual será designado por el Tribunal”, lo cual, aún cuando no es vinculante ni puede aplicarse por analogía en esta jurisdicción, sin embargo, permite percibir la orientación y propósito del legislador post-constitucional de simplificar los actos procesales en aras de garantizar una tutela judicial efectiva, y así se decide.

II

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos:

PRIMERO

Declara CON LUGAR la querella interpuesta por los abogados M.E.R. y J.A.V.R., actuando como apoderados judiciales del ciudadano S.D.G.M., contra el INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

SEGUNDO

Se ORDENA al Instituto Autónomo Policía Municipal del Municipio de Sucre del estado Bolivariano de Miranda, pagarle al actor la suma que arroje la experticia complementaria del fallo ordenada mediante la presente decisión, por concepto de sus prestaciones sociales e intereses sobre las mismas.

TERCERO

Se CONDENA al INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA a cancelarle al querellante la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SIETE CÉNTIMOS (Bs. 1.298,7), por concepto de bono vacacional fraccionado período 2013-2014, y la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 3.249,67), por concepto de bono de fin de año fraccionado período 2013.

CUARTO

Se ORDENA al Instituto querellado, pagarle al actor los intereses moratorios causados por retardo en el pago de prestaciones sociales, desde el 22 de marzo de 2013, fecha a partir de la cual se hizo efectiva la aceptación de su renuncia al cargo que desempeñaba en el Instituto Autónomo Policía Municipal del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de sus prestaciones sociales, lo cual debe hacerse sin capitalizarlos.

QUINTO

A los fines de determinar con toda precisión el monto a pagar al querellante, referente a sus prestaciones sociales, intereses sobre las mismas e intereses de mora, se ordena practicar EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO, por un solo experto, que designará el Tribunal, una vez que la sentencia quede definitivamente firme, en los términos establecidos en la parte motiva de este fallo.

Publíquese, regístrese y notifíquese al Director Presidente del Instituto Autónomo Policía del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, al Síndico Procurador y al Alcalde de dicho Municipio.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

EL JUEZ,

G.J.C.L.

LA SECRETARIA,

D.M.

En esta misma fecha 23 de octubre de 2013, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.), se publicó y registro la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

D.M.

Exp. 13-3378/GC/DM/FR.