Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 24 de Mayo de 2006

Corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado L.G.T.C., actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos B.D.N.M. y J.E.M.N., supra identificados, contra la sentencia de fecha 23 de marzo de 2000, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

La decisión recurrida en apelación declaró parcialmente con lugar la acción de indemnización de daños morales y materiales y condenó a los demandados a pagar la cantidad de tres millones doscientos mil bolívares (Bs. 3.200.000,00) por concepto de daños morales con motivo del siniestro ocurrido el 26 de agosto de 1996.

Constan de los autos las siguientes actuaciones:

El procedimiento se inició por libelo de demanda presentado por el apoderado judicial de los ciudadanos S.O.R.M. y R.H.D.R. y las niñas ORIANA y R.R.H., reformado el libelo de la demanda, específicamente en el capítulo 4to., la cual fue admitida por auto de fecha 08 de marzo de 1997, de conformidad al artículo 87 de la Ley de T.T. en concordancia con el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, ordenándose la citación de los demandados ciudadanos B.D.N.M. y J.E.M.N., en sus caracteres de conductora y propietario, respectivamente, del vehículo placas 827-XEJ, a fin de que comparecieran dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la última citación que constara en autos, a dar contestación a la demanda. Igualmente se ofició a la Dirección de T.T.d.E.M., con el objeto de que remitiera copia certificada de las actuaciones que se procesaron con respecto al accidente.(folios 67 al 69, pieza I).

Mediante escrito de fecha 21 de mayo 1997, el abogado L.G.T.C., actuando en su carácter de apoderado judicial de los demandados, procedió a dar contestación a la demanda y solicitó fuera citado el garante en la persona del agente o representante comercial de Seguros Orinoco, ya que el vehículo, al momento de ocurrir el accidente, se encontraba asegurado por medio de la Póliza N° 28-9600009-31-001. (folios 71 al 74 vlto., I pieza).

Por auto de fecha 12 de junio de 1997, fue declarada inadmisible la cita de la garantía propuesta, por cuanto no se produjo la prueba documental fehaciente que sustentará el llamado del tercero. Recurrida en apelación por la parte demandada, el A quo observó, que la oportunidad procesal para admitir el recurso de apelación interpuesto es posterior a que se dicte la sentencia de mérito, de conformidad al artículo 79 de la Ley especial de Tránsito, decisión dictada en fecha 30 de octubre de 1997. (folios 122 al 125, pieza I).

En fecha 15 de diciembre de 1997, el apoderado judicial de la parte demandada solicitó fuera declarada la perención de la instancia, de conformidad a lo establecido en el artículo 267 del Código del Código de Procedimiento Civil, ya que el apoderado accionante no había cancelado la planilla de arancel correspondiente a la notificación de B.D.N.M., pedimento que fue negado por auto de fecha 22 de enero de 1998. (folios 126 al 135, pieza I). Recurrida en apelación la referida decisión, por la representación judicial de la parte demandada, fue oído el recurso interpuesto en el solo efecto devolutivo, ordenándose la remisión de las copias certificadas indicadas por la parte recurrente en apelación, auto que fue recurrido en apelación por la representación judicial de la parte actora. (ver folio 141 al 142, pieza I).

En fecha 08 de junio de 1998, este Juzgado Superior declaró no tener materia sobre la cual decidir, por ser improcedentes los recursos de conformidad con el artículo 79 de la Ley de T.T., declarando además que el A quo no debió oír la apelación, y al haber resuelto la perención en una incidencia previa, violó el artículo 79 ejusdem.

Abierto el juicio a pruebas, el apoderado judicial de la parte actora hizo uso de su derecho a promover, consignando para ello el escrito que las contiene; las cuales fueron admitidas por auto de fecha 11 de febrero de 1998, salvo su apreciación en la definitiva. (Folios 143 al 148, 162, pieza I).

Dictada la decisión en fecha 30 de octubre de 1997, fue recurrida en apelación por el apoderado judicial de la parte actora sólo en lo referente a la improcedencia de los daños materiales demandados, reservándose la fundamentación ante la alzada.

De igual forma, la representación judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión.

En consecuencia, se ordenó remitir todas las actuaciones procesales a este Juzgado Superior, a fin de resolver sobre la admisibilidad de los recursos.

Recibidas las actas procesales en fecha 19 de junio de 2000, se les dio entrada y se pasó al conocimiento del Juez, en fecha 28 de junio de 2000.

Admitidos los recursos de apelación interpuestos, por auto de fecha 03 de julio de 2000, se abrió a pruebas el procedimiento por un lapso de cinco (5) días de despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de T.T., haciendo uso de tal derecho la representación judicial de la parte demandada mediante escrito constante de seis (6) folios.

Por auto de fecha 11 de junio de 2001, se avocó al conocimiento de la causa la Dra. M.G.M. y ordenó la notificación de las partes.

En fecha 12 de agosto de 2004, el Dr. V.J.G.J., asumió el conocimiento de la causa y ordenó la notificación de las partes.

Posteriormente, la Juez que con tal carácter suscribe la presente decisión, asumió el conocimiento de la causa en fecha 17 de febrero de 2005, ordenándose la notificación de las partes y, verificadas éstas, fijó oportunidad para dictar sentencia.

Llegada la oportunidad de decidir, fuera del lapso establecido, dada la excesiva acumulación de expedientes en estado de sentencia, el Tribunal observa:

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

ALEGATOS DE LAS PARTES

DE LA PARTE ACTORA:

En el libelo de la demanda, la representación judicial alegó:

Que la ciudadana R.H.D.R. y sus hijas ORIANA Y R.R.H., se encontraban caminando por el sector el Liceo San José de la ciudad de Los Teques, hacia el sector conocido como El Tambor, el día 26 de agosto de 1996, sobre la acera de la carretera, cuando fueron embestidas y arrolladas abruptamente, aproximadamente a las tres de la tarde (3 p.m.), por un vehículo a motor, clase camioneta, tipo panel, color blanco, marca MITSUBISHI, modelo y año 1991, placas 827 XEJ, serial de motor 4G64LY5912, serial de carrocería: P14VJLRLICB0828, conducido a exceso de velocidad y en forma imprudente, por la ciudadana B.D.N.M., quien inobservó los reglamentos e instrucciones de t.t..

Que, luego de ser arrolladas, fueron socorridas por parroquianos del lugar del siniestro.

Que la niña O.R.H. se encontraba debajo del vehículo, con la pierna derecha traumatizada y lesionada gravemente.

Que, las trasladaron al Hospital V.S. de la ciudad de los Teques y el papá de la niña ORIANA, señor, S.O.R.M., optó por recluirla en el Centro Médico de Los Teques, debido a la gravedad de la lesión, por lo que tuvo que acudir a su patrono en INTEVEP para solicitar que la operaran.

Señaló que, la señora ROSALÍA presentó traumatismos leves en el cuerpo y en la región bucal, perdió la dentadura, y que, la menor R.R.H., igualmente presentó lesiones leves, pero la menor O.R.H. resultó con traumatismos en gran parte del cuerpo, con fractura de la tibia de la pierna derecha, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia el día 26 de agosto de 1996.

Que, la intervención fue por osteosintesis con tornillo cortical A0, con limpieza quirúrgica, el tiempo de curación fue de tres (3) meses y que la menor, recayó en su restablecimiento y el médico tratante Dr. P.F., Ortopedista y Traumatólogo, le ordenó urocultivos, encontrándose la niña convaleciente, debiendo caminar provista de muletas.

Que su capacidad locomotiva no es normal y los médicos le ha informado a sus representantes que, necesita una nueva intervención quirúrgica para extraerle el clavo que se le colocaron en la operación inicial, dado que ha recaído nuevamente.

Precisó que las autoridades de T.T., instruyeron expediente, remitiéndolo al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal de esta Circunscripción Judicial.

Manifestó que, el vehículo que ocasionó el arrollamiento es propiedad del ciudadano J.E.M.N., el cual iba a exceso de velocidad y presentaba defectos mecánicos en el momento en que ocurrió el accidente, aunado a la imprudencia de la conductora ciudadana B.D.N.M., cuando se montó sobre la acera por donde transitaban sus representadas.

Asimismo argumentó que, el propietario del vehículo ciudadano J.E.M.N., incurrió en culpa en relación al mantenimiento del vehículo pues los desperfectos mecánicos que presentaba, fueron en gran parte la causa de la tragedia.

Indicó que, sus apoderados han realizados diversas actividades para lograr que los ciudadanos B.D.N.M. y J.E.M.N., se responsabilicen y los indemnicen, pero todas las diligencias han sido nugatorias y, en vista de tal situación, es por lo que, en nombre de sus representados demanda los daños materiales que produjo el arrollamiento, con el fin de que se les indemnicen por el arrollamiento que sufrieron el 26 de agosto de 1996, o en su defecto sean condenados por el Tribunal, a cancelar a R.H.D.R., la suma de Bs. 100.000,00, para resarcirle las lesiones leves; a R.R.H., se le indemnice sus daños materiales con la suma de Bs. 100.000,00; a O.R.H., se le resarzan e indemnicen con el pago de la suma de Bs. 2.000.000,00, que es el quantum de los daños que a ella le infirieron por el arrollamiento del cual fue objeto el 26 de agosto de 1996 e igualmente se pague a la menor ORIANA en la persona de sus representantes y/o su persona, la cantidad anteriormente mencionada por daños materiales, más la suma de Bs. 3.200.000,00 por concepto de daños morales.

Solicitó la indexación monetaria de las cantidades demandadas y estimó la acción en la suma de cinco millones cuatrocientos mil bolívares (Bs. 5.400.00,00), conforme lo dispuesto en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil.

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA:

Opuso la cuestión previa contenida en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 8°, en el sentido de que la pretensión del actor se basa en un hecho ilícito, específicamente surgido de un accidente de tránsito, por lo cual se originó una acción penal seguida por el Estado y llevado por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, expediente N° 96-12927 sustanciado por lesiones culposas, señalado por el actor en el capítulo tercero de la demanda.

Rechazó, negó y contradijo lo alegado la parte actora en el escrito de la demanda, así como los recaudos acompañados.

Impugnó las copias de las actas de nacimiento acompañadas a la demanda, marcadas “A” y “B” de conformidad a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y asimismo el acta de matrimonio marcada “C”.

Precisó que la culpa, sólo es porque existen unas lesiones, pero el hecho cómo se produjeron se encuentra en fase de averiguación ante el Tribunal Tercero Penal de esta Circunscripción Judicial, por lo que la parte actora no puede asegurar la culpa de su representado ciudadano J.E.N.M., por ser el propietario del vehículo.

Manifestó que ante la jurisdicción penal, no existe decisión, por lo que, no se encuentra demostrada la culpabilidad, tal y como lo establece el artículo 1189 del Código Civil.

Señaló que tampoco se encuentra demostrado si lo que ocurrió fue por el hecho de la víctima, o si hubo negligencia, gran parte de ella por las personas que fueron lesionadas en el accidente, por lo que, la obligación de reparar los daños disminuye en la medida en que la víctima hubiera contribuido.

Indicó que el resultado del accidente fue porque se generaron lesiones a R.H.D.R. y a sus hijas ORIANA y R.R.H., la primera con una fractura de la pierna que ameritó intervención quirúrgica y que, la madre y la otra hija resultaron con lesiones leves.

Manifestó que, en ningún momento sus representados se han negado a asumir voluntariamente la reparación de los daños ocasionados, fueran o no culpables; la intención de ellos era socorrer a la menor ORIANA, pero la intransigencia del progenitor ciudadano S.O.R.M. impidió toda acción en favor de la menor, ya que de forma agresiva no aceptó la ayuda de sus mandantes en el momento oportuno.

Igualmente argumentó que, sus representados en todo momento, antes y después de haber sido intervenida la menor ORIANA, le ofrecieron ayuda, tanto monetaria como moral, con el fin de cubrir los gastos generados, dando alternativas para su reclusión en otros Centros Clínicos, pero éstas fueron rechazadas por arbitrariedades del padre.

Dijo además, que, en su oficina se celebró un convenio entre representados y los ciudadanos S.O.R.M. Y R.H.D.R., mediante el cual acordaron atender el asunto de manera voluntaria, y pactaron la suma de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,00), aceptando en ese momento el ciudadano S.O.R.M. la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00) en efectivo, restando trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00), los cuales se los darían cuando se firmara el acuerdo realizado, pero dicho ciudadano se negó a firmarlo.

Solicitó, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de T.T., la citación del garante de acuerdo con el artículo 54 ejusdem, ya que el conductor, el propietario del vehículo y la empresa aseguradora es solidariamente responsables del daño material ocasionado con motivo de la circulación del vehículo, y al estar asegurado por una póliza de responsabilidad civil, la cual incluye los daños a personas, vigente para el 26 de agosto de 1996, momento en que ocurrió el accidente, la Póliza N° 28-9600009-31-001 de Seguros Orinoco inscrita por ante la Superintendencia de Seguros, oficio N° 4736 de fecha 19 de agosto de 1996, la cual presentará en la etapa probatoria.

PRUEBAS APORTADAS A LOS AUTOS

DE LA PARTE ACTORA:

Conjuntamente con el libelo presentó:

Copias simples de las actas de nacimiento de ORIANA Y R.R.H..

Copia simple del acta de matrimonio de los ciudadanos S.O.R.M. Y R.H.R..

Copias simples de las cédulas de identidad de los ciudadanos S.O.R.M. Y R.H..

Poder general otorgado por los ciudadanos S.O.R.M. Y R.H. al abogado C.G.G..

Informe Médico emitido por el Dr. P.F., mediante el cual hace constar que la p.O.R.H., se le practicó osteosiatesis con tornillo cortical AO más limpieza quirúrgica el 26/08/96.

Presupuesto N° 161, emitido por el Centro Médico Los Teques.

Copia de comunicación emitida de INTEVEP, al CENTRO MÉDICO LOS TEQUES, mediante la cual informa que el monto de cobertura del seguro es por Bs. 670.570,00, para la p.O.R..

Fotografías de la niña O.R.H..

Durante el término probatorio:

CAPITULO I:

Reprodujo el beneficio del mérito favorable de las actas procesales, en cuanto: A) El contenido del libelo de la demanda. B) El documento Poder conferido por sus representados; C) El contenido del informe médico el cual rindió Dr. P.F. médico traumatólogo ortopedista; E) La declaración que rindió el médico traumatólogo ortopedista Dr. P.F., expresando que no fue impugnado, ni desconocido en la contestación de la demanda; D) Presupuesto signado con el N° 161 que extendió el Centro Médico de Los Teques en fecha 27 de agosto de 1996; E) Copia de comunicación emanada de INTEVEP, Gerencia Funcional de Servicios Médicos al Centro Médico de Los Teques. (G); F) Juego de fotografías de la niña.

CAPITULO II:

Solicitó se ordenará ejecutar mediante experto fotográfico, fotografías del lugar del accidente de tránsito donde resultaron arrolladas sus representadas.

CAPITULO III:

Consignó copias certificadas de las actas de nacimiento, mediante las cuales se demuestra la filiación de las menores O.R.H. Y R.R.H., con sus conferentes S.O.R.M. y R.H.R. casados entre sí y padres de las menores.

CAPITULO IV:

Promovió copias certificadas expedidas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, donde consta el reporte del accidente de tránsito.

CAPITULO V:

Copia del Diario Avance, en el cual se recoge la información del arrollamiento.

Promovió de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, diagnóstico médico extendido por el Dr. L.A.G.A., del cual según señaló, se infiere que la menor O.R.H. en fecha 19 de febrero de 1997, fue objeto de tratamiento médico en su pierna derecha, la cual se lesionó en accidente de tránsito en el que resultó arrollada y examen que le realizaron en el hospital privado Centro Médico de Caracas.

CAPÍTULO VI:

De conformidad al artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, solicitó que se requiera al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal de esta Circunscripción Judicial: a) Si efectivamente cursa ante ese tribunal averiguación sumaria penal en contra de la ciudadana B.D.N.M., b) Si a dicho juicio penal está sometida la citada ciudadana y si se le sigue investigación por estar presuntamente incursa en el delito de lesiones graves culposas inferidas a las ciudadanas R.H.D.R., O.R.H. Y R.R.H., c) Si en dicho proceso penal se sometió a juicio a B.D.N.M., como conductora del vehículo que se identifica en el libelo de la demanda y su reforma.

CAPITULO VII:

Reprodujo el mérito favorable y el contenido de la reforma de la demanda, por ser cierto y veraz todo su contenido.

CAPITULO VIII:

Promovió testimoniales de los ciudadanos E.P., F.J.B.S., J.U.H., O.F.G. y E.R.M..

CAPITULO IX:

Como prueba de informes solicitó, de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, se fuera requerido al Registro Nacional de Vehículos dependiente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la certificación de datos del vehículo con el cual la demandada B.D.N.M., arrolló a sus conferentes el día 26 de agosto de 1996. Solicitó que, una vez se recibiera esta prueba, fuera resguardada en secreto hasta el momento en que fueran agregadas para su admisión.

De las actas procesales se constata que la representación judicial de la parte demandada, no produjo pruebas en primera instancia.

DE LA DECISIÓN OBJETO DE APELACIÓN

La decisión recurrida en apelación observó, lo siguiente:

“… Según el artículo 1.196 del Código Civil, la reparación se extiende a “todo daño material o moral causado por el acto ilícito y el acto ilícito puede ser penal o civil, dividiéndose este último en contractual o extracontractual. En materia de tránsito el acto ilícito que se sanciona mediante indemnización es el civil, a instancia de parte interesada y a través del procedimiento civil previsto y sancionado en la ley especial (artículos 75 y siguiente de la Ley de T.T.) mientras que el ilícito penal, es de eminente orden público, tipificado en el Código Penal y perseguible de oficio, según las circunstancias. Ambos ilícitos (civil y penal) pueden coexistir pero ello de manera alguna significa que el ejercicio de ambos procesos sean concurrentes o subordinados uno del otro, razón por la cual, conforme con la reiterada jurisprudencia sobre la cuestión previa opuesta, la misma no puede prosperar en derecho y así expresamente se decide.

El Alto Tribunal desde el 30 de marzo de 1974 mantuvo la doctrina, hoy expresamente prevista en el artículo 54 de la vigente Ley de T.T. que la responsabilidad contemplada en dicho ordenamiento aparece fundada en el criterio subjetivo de la causalidad, por lo cual el conductor y el propietario del vehículo, así como la empresa aseguradora, están obligadas a la reparación del daño material por el simple hecho que entre el evento dañoso y la actividad del vehículo existió un nexo, causal o relación de causa o efecto, salvo que se den los eximente establecidos en la ley.

…De la lectura del escrito de contestación a la demanda se desprende que la parte demandada expresamente reconoció la obligación de reparación: “…en ningún momento mis representados se negaron a asumir de manera voluntaria la reparación del daño ocasionado, siendo o no culpables…” alegando un hecho nuevo: el de haber reparado el daño al haber recibido el padre de las víctimas la suma de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00) y como quiera que los demandados no promovieron prueba alguna resulta evidente la acción intentada.

La parte actora acompañó a su libelo informe médico presupuesto emanado del Centro Médico Los Teques, juego de fotografías y comunicación del Departamento de Administración de INTEVEP que al no ser impugnados por ninguno de los medios legalmente previstos, surten todo su valor probatorio. La filiación de las menores ORIANA y R.R.H. con los demandantes quedó plenamente comprobada mediante las actas o partidas de nacimiento respectivas, instrumentos que tienen carácter de públicos o auténticos y cuya impugnación solamente puede intentarse por la vía de la tacha.

Las declaraciones de E.I.P.A. y E.R.M. por estar referidas a constarles el accidente objeto de la demanda resultan a mayor abundamiento y sin mayor aporte en el proceso por no ser punto debatido el hecho del arrollamiento de los menores.

Ahora bien, de acuerdo al clásico principio de la carga de la prueba: Actori incumibit onus probando, es decir quien pide la ejecución de una obligación debe probarla, contemplado en nuestro ordenamiento en el artículo 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil y visto que se demanda el pago a R.H.d.R. con la suma de CIEN MIL BOLÍVARES (BS. 100.000,00) por la misma suma y a O.R.H. por la cantidad de DOS MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 2.000.000,00), que según se expresa en el libelo es el cuantum (Sic) de los daños que a ella se le infirieron con el arrollamiento, observa el Tribunal, que el único monto probado es el contenido en el presupuesto N° 161, emanado del Centro Médico Los Teques, correspondiente a la p.O.R. por un monto de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA BOLÍVARES (BS. 675.570,00), el cual sería cubierto por INTEVEP, S.A., Centro de Investigación y Apoyo Tecnológico filial de PDVSA, razón por la cual estima este sentenciador improcedente el reclamo por daño material causado, ya que tal como se establece el artículo 1.283 del Código Civil el pago puede ser hecho por un tercero que no sea interesado, con tal que obre en nombre y descargo del deudor. En relación con la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (BS. 3.200.000,00), reclamada por concepto de daño moral y por cuanto resulta obvio el dolor sufrido por parte de los padres de las menores con motivo del arrollamiento del cual fueron objeto y muy particularmente con la menor ORIANA, considera el Tribunal procedente y razonable el monto estimado por tal concepto y ASI EXPRESAMENTE se decide. Igualmente se estima procedentemente la indexación solicitada sobre dicha suma, la cual será determinada por experticia complementaria del presente fallo y así se resuelve.

… la cita de garantía propuesta, tal como contempla el artículo 79 de la Ley de T.T., la misma no fue admitida y el auto que la negó quedó firme, razón por la cual el Tribunal no tiene materia que decidir en este punto.

ALEGATOS EN ALZADA

DE LA PARTE DEMANDADA:

Ratificó el recurso de apelación interpuesto en su oportunidad legal ante el A quo, en contra la decisión del A quo mediante la cual se le negó la cita del garante, por cuanto la misma sería oída ante la alzada después de dictada la sentencia definitiva de Primera Instancia, por no existir incidencias en el procedimiento especial de tránsito.

En la contestación de la demanda solicitó la citación del garante de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Tránsito, ya que el conductor, el propietario del vehículo y la empresa aseguradora son solidariamente responsables del daño material ocasionado con motivo de la circulación del vehículo y, el mismo cuenta con una póliza de responsabilidad civil de vehículos, la cual incluye los daños a personas, y en el momento en que ocurrió el accidente estaba vigente el día 26 de agosto de 1996, la Póliza N° 28 28-9600009-31-001, de Seguros Orinoco, inscrita ante la Superintendencia de Seguros oficio N° 4738 de fecha 19 de agosto de 1999, por lo que solicitó al A quo, en la debida oportunidad la correspondiente cita de garantía y fuera llamado al procedimiento, el garante en la persona del agente o representante comercial del citado seguro, de conformidad a lo establecido en el artículo 78 de la Ley de T.T..

El Juez sustanciador debió acordar la citación del garante para el saneamiento, cuando lo solicitó en el acto de la litis contestación, hubiese presentado o no el documento. Asimismo precisó, que la citación de terceros se la negó el A quo, sin fundamento a pesar de que acompañó en la contestación los datos exactos, para que fuera citado el garante en su dirección, a tenor del artículo 78 de la Ley de T.T..

El planteamiento de la cita de garantía en el nuevo sistema, permite admitir la llamada de terceros a la causa, luego procederse a la citación en forma ordinaria, suspendiendo el curso de la causa principal por el término de noventa días, sin necesidad de que el documento presentado tenga la autenticidad que se exigía. La prueba documental evidencia la obligación que pretende imputar al tercero garante y presenta conexidad material con la demanda principal que origina el llamamiento.

En la oportunidad de la contestación de la demanda fue cuando solicitó la cita del garante de Seguros Orinoco, la cual ratificó posteriormente mediante diligencia. Por lo que, el Juez tenía la obligación de admitir la cita del garante, ya que tenía su derecho a comprobar la veracidad de lo que proclamaba, en la oportunidad probatoria, cuando consignarían el documento auténtico de la P.d.S.

Consignó en nombre de sus representados como prueba fundamental, original de la Póliza 28 28-9600009-31-001, de Seguros Orinoco, inscrita ante la Superintendencia de Seguros oficio N° 4738 de fecha 19 de agosto de 1999, para demostrar la obligación ineludible del garante.

Expresó que el perjuicio que ya ha sido reparado deja de existir y que sus representados en todo momento, antes y después de haber sido intervenida la menor, brindaron ayuda monetaria para cubrir los gastos del accidente, pero fueron rechazados por el padre del menor, quien antes de accionar judicialmente aceptó la suma de doscientos mil bolívares, restando la cantidad de trescientos mil bolívares que se pagarían al firmar un documento notariado, a lo cual se negó S.R.M.. Se opuso, y no está de acuerdo, en cuanto a la decisión apelada, por cuanto si los daños materiales no se pueden volver a reparar, no puede existir reclamación del daño moral.

Contradice y niega que se condene a su representado, al tener que dar cumplimiento a la decisión por razonamientos legales de una decisión de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo) con relación a la responsabilidad del propietario del vehículo por concepto de daño moral, según la cual, se limita la solidaridad del propietario al resarcimiento del daño material .

La jurisprudencia del más alto Tribunal de la República ha manifestado lo referente a la solidaridad y responsabilidad como producto de accidentes de tránsito y la responsabilidad civil, en cuanto al daño moral.

El Tribunal de la causa erróneamente condenó y declaró con lugar la acción de indemnización de daños materiales y morales. Su representado solidariamente tiene que pagar los montos señalados por el Tribunal, por la supuesta culpa tanto del conductor como del propietario por el daño moral, situación ésta que no acepta ni comparte en nombre de sus representados y por ello opone apelación.

Al no existir en el procedimiento de tránsito incidencias, solicita se tome en cuenta la prejudicialidad existente, solicitada en la contestación de la demanda.

Solicitó fuera revocada la decisión del Tribunal de la causa, por cuanto ante la Fiscalía cursa expediente signado con el número 99-0440 remitido por el Tribunal de Transición Penal (antes Tribunal Tercero Penal) donde el expediente esta en fase de estudio para formular o no la acción penal en contra de sus poderdantes. Por lo que pidió se tome en cuenta la prejudicialidad interpuesta, la cual no fue observada por el juzgador de primera instancia.

Solicitó fuera revisado el fallo dictado en fecha 23 de marzo del año 2000. Y que sus argumentos y pruebas consignadas, fueran tomados en cuenta con su justo valor probatorio al igual que la apelación que interpuso.

OBSERVACIONES DE LA PARTE ACTORA:

El A quo incurrió en la desestimación de los daños materiales reclamados para todas las lesionadas en el accidente de tránsito que se produjo en fecha 26 de agosto del año 1996.

El daño causado fue por el arrollamiento del que fueron objeto sus representadas, el cual se cuantificó y probó en la secuela del proceso.

Su representación no tenía la carga procesal de probar el quantum de los daños patrimoniales, en la fase de conocimiento, el an debeatur de la obligación de la indemnización, la cual es relativa a los daños materiales, al lucro cesante o daño emergente.

El juez no pudo desestimar la acción basándose en la falta de prueba del monto a que asciende el daño patrimonial, ya que el artículo 249 del C.P.C., establece la obligatoriedad de una experticia complementaria y posterior a la sentencia, en la cual el perito puede estimar la cuantía de la indemnización y luego el juez decretará el embargo ejecutivo de los bienes que serán objeto del remate ulterior.

PRUEBAS APORTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA

Abierto el procedimiento a pruebas la representación judicial de la parte demandada hizo uso de su derecho a promover, promoviendo las siguientes documentales: 1. Contrato de seguros en original; 2. Póliza de seguros y oficio; 3. Copia simple de la contestación de la demanda de fecha 21 de mayo del 1997, señalando que de ellas se desprende que existía la circunstancia de haberse señalado de manera inequívoca y clara la dirección del garante a los efectos de la citación.

La parte actora impugnó las pruebas aportadas por la demandada, expresando al efecto que no son admisibles por imperio del artículo 85 de la Ley de T.T..

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Los recursos de apelación interpuestos se circunscriben a impugnar la decisión dictada en fecha 23 de marzo de 2000, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en el juicio de daños materiales y m.d.d.a.d.t., interpuesto por los ciudadanos S.O.R.M. y R.H.d.R. contra B.D.N.M. y J.E.M.N., todos supra identificados en el cuerpo inicial del presente fallo, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar la acción incoada, y se condenó a la parte demandada a pagar a los actores la cantidad de tres millones doscientos mil bolívares (Bs. 3.200.000,00) por concepto de daños morales con motivo del siniestro ocurrido en fecha 26 de agosto de 1996.

Refiere su recurso la parte actora, al hecho de no habérsele concedido lo solicitado por concepto de daños materiales; evidenciándose de los autos la apelación general de la parte demandada, en cuanto al dispositivo de la sentencia recurrida, ratificando además el recurso que interpuso en fecha 28 de julio de 1997, contra el auto de fecha 12 de junio de 1997, mediante el cual, el A quo negó la cita del garante.

La presente acción se fundamentó en los artículos 54 y 55 de la derogada Ley de T.T., proclamada el 9 de agosto de 1996.

Al respecto se hace necesario precisar, lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

De la norma anteriormente transcrita, se deduce que la Ley sólo tendrá efectos retroactivos en materia penal, tanto en el orden sustantivo, como adjetivo, únicamente en el caso de su mayor benignidad en relación al reo.

Por lo tanto, la aplicabilidad de la Ley especial en la presente acción es la que estaba en vigencia al momento de interponerse la acción, siendo ésta, la derogada Ley de T.T., publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5085 de fecha 9 de agosto de 1986. Y así se decide.

Precisado lo anterior, esta alzada observa:

En cuanto a la reclamación por daños materiales y morales, se fundamenta ésta en la derogada Ley de T.T., artículos 54 y 55:

…54.- El conductor, el propietario del vehículo y su empresa aseguradora están obligados a reparar todo daño material que se cause con motivo de la circulación del vehículo, a menos que se pruebe que el daño proviene de un hecho de la víctima o de un tercero que haga inevitable el daño o el accidente hubiese sido imprevisible para el conductor. Cuando el hecho de la víctima o del tercero haya contribuido a causar el daño, se aplicará el artículo 1.189 del Código Civil. Para apreciar la extensión y reparación del daño moral, el Juez se regirá por las disposiciones del Derecho Común. En caso de colisión entre vehículos se presume, salvo prueba en contrario, que los conductores tienen igual responsabilidad por los daños causados…

…55.- Se presume, salvo prueba en contrario, que es culpable de un accidente de tránsito, el conductor que en el momento del accidente se encontrase bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o que condujese a exceso de velocidad. A dicho conductor se le practicará el examen toxicológico correspondiente, el cual podrá ser omitido en caso de utilización de pruebas e instrumentos científicos por parte de la autoridad competente, al momento de levantar el accidente. Dichas pruebas e instrumentos serán determinados en el Reglamento de esta Ley.

Estas disposiciones deben ser concatenadas con las normas contenidas en los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil:

…1.185.- El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.

Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto de vista del cual le ha sido conferido ese derecho.

…1.196.- La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito.

El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.

El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines o cónyuge, como reparación del dolor en caso de muerte de la víctima.

Precisado, lo anterior, se realizan las siguientes observaciones:

El legislador venezolano ha establecido la responsabilidad del conductor y del propietario del vehículo al daño material y la necesidad de establecer si la indemnización de otras clases de perjuicios (moral y corporal) causados por un vehículo es reclamable, y si es reclamable en sede de Tránsito.

En la responsabilidad civil, el daño puede ser clasificado en dos géneros, los cuales a su vez se subdividen en tres y dos especies, respectivamente, siendo estos: i) El patrimonial, el cual comprende: el daño material, el daño emergente y el lucro cesante, ii) El extrapatrimonial, que indica: el daño moral y el daño corporal.

El daño material es pecuniario y emerge de la inaptitud de la circulación y de la cosa dañada, la cual necesariamente necesita o reparación, en sentido estricto, no se debe confundir con su reparación, la erogación que habrá de hacerse para lograr que la cosa readquiera su valor. El responsable tiene la obligación de pagar el valor justipreciado de la reparación, pero no a hacer la reparación, pues su obligación creditoria es de dar y no de hacer.

El daño emergente, es la disminución que experimenta el patrimonio a causa del daño material o corporal sufrido por la víctima. El lucro cesante, es el principio proveniente de la falta de incremento del patrimonio motivada por el daño material o el extrapatrimonial que imposibilita la realización de una actividad monetaria.

Por lo tanto, se puede acotar que, el daño material está comprendido, tanto por los gastos en que se ha debido incurrir para la reparación del vehículo, como para la curación de las lesiones sufridas, así como también por lo dejado de percibir como consecuencia del accidente, lo cual implica que es la disminución o carencia de aumento del patrimonio, mientras que el daño moral, siendo éste de naturaleza espiritual, puede estar constituido por los trastornos psíquicos que pueden tener su origen en las lesiones corporales sufridas y que reclaman asistencia médica o implican una disminución o pérdida de la capacidad, amén de la potestad de los Jueces de acordar a la víctima, una indemnización en todo caso de lesiones corporales, entre otros supuestos.

Ahora bien, la responsabilidad civil, contiene una presunción legal de responsabilidad de doble especie o de doble intensidad (iuris tantum) en la medida que permite al conductor probar en su descargo el hecho de la víctima o de un tercero. En cuanto a la ley especial, atribuye la responsabilidad in solidum al conductor por el hecho ilícito cometido por éste en la conducción del vehículo y el propietario, a partir de ese momento, responde por el hecho de otro, aún cuando no se le pueda imputar personalmente ni siguiera una concausa del accidente.

La responsabilidad civil es la obligación que incumbe a una persona de reparar el daño producido por el hecho propio o el de una cosa sometida a su guarda. Sin daño no existe responsabilidad civil y esto es aplicable tanto al campo contractual como al extra contractual y para que proceda la reparación del daño, el juez debe tener la evidencia de que la víctima se encontraría mejor, si el agente no hubiera realizado el hecho; el daño debe afectar un derecho adquirido y debe ser personal.

En cuanto a la culpa, es un error de conducta tal que puede tenerse la certeza, que en dicho error no habría incurrido una persona prudente y diligente, colocada en las mismas circunstancias.

La culpa como hecho ilícito, imputable a su autor, debe cumplir con dos elementos fundamentales; i) la ilicitud, que alude a que el daño sea causado sin derecho; y ii) la imputabilidad, si el hecho es atribuible a su autor, por lo que se estaría ante la relación de causalidad.

En cuanto a la reclamación por daño moral, indudablemente que, conforme a lo acotado anteriormente, la determinación de responsabilidad por parte del agente, lo constriñe también a su reparación, pero en cuanto a esta reparación por parte del propietario del vehículo, no causante del daño material, existen diversas posiciones doctrinarias que limitan la solidaridad del propietario en este sentido, a los casos de negligencia en el mantenimiento del vehículo, o al de negligencia en la escogencia del conductor, del sirviente o del dependiente, quienes deben haber cometido el hecho ilícito en el ejercicio de diligencias encomendadas por el propietario o en ejercicio de sus funciones y, al del hecho ilícito cometido por los hijos menores de edad.

En el presente caso, la actora además de reclamar indemnización por daños materiales en contra de ambos codemandados, propietario y conductora, también la formuló en contra de ambos por concepto de daño moral. De allí que, para que pueda prosperar la solidaridad del propietario en este sentido, debe llenarse alguno de los supuestos a los que se alude en párrafos anteriores, pues el supuesto de la responsabilidad objetiva, establecida en el artículo 1193 del Código Civil, por las cosas que se tienen bajo guarda, ha sido desdeñado por la doctrina y la jurisprudencia en materia de accidentes de tránsito.

Sentado lo anterior y, antes de emitir pronunciamiento sobre el mérito de la causa, se considera oportuno decidir los asuntos pendientes, referidos a las apelaciones que se encuentran incluidas en los recursos que fueran ejercidos en contra de la sentencia definitiva: