Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Cumaná), de 14 de Agosto de 2006
| Fecha de Resolución | 14 de Agosto de 2006 |
| Emisor | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo |
| Ponente | Ylimar Oliveira de Caraballo |
| Procedimiento | Cumplimiento De Contrato |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DEL TRANSITO, MARITIMO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Se inició el presente procedimiento en virtud de la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO interpusieron los ciudadanos N.M. PABÓN, FLEMING VEITIA MARÍN y S.E. BOADA BENNASAR, quienes son venezolanos, mayores de edad, Abogados, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 49.040, 95.280 y 66.494 respectivamente, actuando como Apoderados Judiciales de SEGUROS BANVALOR, C. A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, inscrito su documento constitutivo estatutario ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 14 de Enero de 1992, quedando registrada bajo el Nro. 36, tomo 15-A Sgdo, siendo modificados los Estatutos Sociales mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Nro. 18 de fecha 04/12/1997, e inscrita ante el ya citado Registro Mercantil en fecha 27 de Julio de 1998, bajo el Nro. 31; Tomo 220-A-Sgdo, debidamente facultados conforme Instrumento Poder otorgado ante la Notaría Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas 16-11-2004, inserto bajo el Nro. 31; tomo 154 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, cuyo original se anexó marcado “a”, en contra de: 1) La EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENZA, C. A. Sociedad Mercantil domiciliada en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el Nro. 9, Tomo A4, de fecha 18 de Diciembre de 1992 en la persona del ciudadano O.J.D.N., quien es venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-9.271.695 y 2) al ciudadano O.J.D.N., ya identificado en su condición de garante.
Admitida la solicitud en fecha 07 de Julio del año 2005, se ordenó el emplazamiento mediante boleta del ciudadano O.J.D.N..
En esa misma fecha se libró boleta de citación respectiva (véanse los folios 43 al 45).
Se evidencia de autos que la última actuación verificada en el presente expediente fue en auto de fecha 28 de Septiembre de 2005, mediante el cual se acuerdan copias simples requeridas en diligencia suscrita por el Abog. FLEMING VEITIA en esa misma data.
Ahora bien, la perención, al igual que el desistimiento, el convenimiento y la conciliación, son medios anormales de terminación del proceso, por oposición a la sentencia que se pronuncia sobre el mérito de la acción, que es el modo normal de conclusión de la litis.
Por cuanto, la perención es la extinción de la instancia fundamentado, en la presunción iuris et de iure de abandono de la instancia por falta de impulso procesal durante el tiempo establecido en la ley.
La perención es una institución procesal de la instancia, la cual define el maestro R.H.L.R., como:
La presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los Jueces deberes de cargo innecesario
.
Por su parte, Chiovenda indica:
Después de un período de inactividad procesal.., el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal.
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil prevé la PERENCION DE LA INSTANCIA, cuando establece:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
De la norma parcialmente transcrita, se desprende que para la procedencia de la misma, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos:
1) la existencia de una instancia;
2) que exista inactividad procesal de la parte actora y
3) el transcurso del tiempo determinado previsto por la ley.
De la lectura de la norma supra transcrita se colige, y así lo ha interpretado tanto la doctrina, como la jurisprudencia, que son requisitos de procedencia de la denominada “perención anual”:
1) Que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto de “impulso procesal” en la causa.
2) Que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del actor procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como: solicitudes de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias de “revisión” del expediente y otras similares.
3) No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia.
4) La demora en el dictamen de la sentencia, tampoco produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa….” Debe ser entendida como “…después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones..:”
Y asimismo, la doctrina señala que la perención es un medio de terminación del proceso fundamentado en la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio derivada de la falta de impulso procesal, dentro del término señalado en la propia ley, por parte de los sujetos de la relación procesal al no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de obligaciones o cargas procesales típicas y propias de los actos de procedimiento. En ese sentido, para el derecho venezolano, advierte Arístides RENGEL-ROMBERG, señalando los elementos comunes que caracterizan la perención, es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
Luego de lo cual, al referirse a la materialización de la perención señala que la inactividad debe estar referida a las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan; pero no del juez, porque si la inactividad del juez pudiese producir la perención ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso.
De manera que, para el derecho venezolano, cuando el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil señala que la instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, entonces, a criterio de esta Juzgadora, ello significa, tal cual como aparece evidente del significado de sus propias palabras, que la inactividad a la cual se refiere la ley capaz de procurar la extinción de la instancia está referida a la pasividad que puedan observar las partes en el cumplimiento de obligaciones o actos de procedimiento referidos a las partes, y en modo alguno, esta pasividad, vale decir, la falta de intención de impulsar el proceso, puede serle atribuida al Sentenciador de la causa como supuesto determinante para que opere la perención.
Siendo así, a juicio de quien decide, lo antes dicho obliga a que necesariamente tengan que ser conjugadas las circunstancias que aquí se han hecho referencia para que tenga lugar la materialización de la perención, vale decir, en primer lugar, inactividad procesal a cargo de las partes integrantes de la relación procesal y, por último, la connotación de acto de procedimiento que debe revestir el acto procesal realizado por una cualquiera de las partes en litigio para que sea susceptible de haber evitado la consumación de la perención.-
Y en el entendido, que la inactividad debe estar referida a las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento no los realiza, pero no del juez, forzoso es concluir con que, no existe posibilidad de decretar la perención de la instancia ante la inactividad del órgano jurisdiccional.
Por otra parte, Nuestro M.T.d.J. ha ampliado el criterio sobre esta institución, plasmándolo de una manera clara, en sentencia del 25 de Febrero de 2004 (T.S.J.-Casación Civil) Inversiones Caraqueñas, S.A. contra cauchos La Castellana, C.A., y otro, en los términos siguientes:
...(omissis). La regla legal transcrita impone una sanción de perención de la instancia por falta de actividad de las partes durante el transcurso de un año, lo cual implica el abandono y desinterés de los litigantes en el desenvolvimiento del proceso, que debe conducir a la sentencia que resuelva la controversia planteada. En el caso de las perenciones breves, no se puede considerar que exista tal abandono del proceso, sino falta de cumplimiento de los deberes legales que la ley impone para lograr la citación. En uno u otro supuesto, por ser la norma analizada de carácter sancionatorio, no es susceptible de interpretación extensiva o analógica…
…Para declarar la perención no solo es necesario verificar el simple transcurso del tiempo, sino también es relevante analizar en cabeza de quien estaba el impulso del proceso, si de las partes o del Tribunal… (Sic)
En este mismo orden de ideas, el m.T. de la República ratifica el citado criterio jurisprudencial en Sentencia N° 17 de fecha ocho de marzo 2005 (TSJ. Sala de Casación Civil) dictada en el caso J.M.S.V.. Publicidad Vepaco, C.A. que se transcribe parcialmente a continuación.
…En ese sentido se entiende como tal, a la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio.
Este Instituto procesal encuentra justificación en el Interés del estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, ya objeto de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en el ejercicio de administrar justicia; y en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso…
…Omisis…
Esta norma precisa que la perención se interrumpe por un acto de procedimiento de parte…
Por otra parte el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil dispone que:
La Perención se verifica de derecho y no puede ser renunciable por las partes.
Puede declarase de oficio por el Tribunal (..)
Ahora bien, de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente se constata: que la última actuación fue auto de fecha 28 de Septiembre de 2005, mediante el cual se acuerdan copias simples requeridas en diligencia suscrita por el Abog. FLEMING VEITIA en esa misma data; y siendo que se desprende que, no hubo actuación posterior a ésta, destinada a impulsar el presente proceso, con lo que se evidencia en el caso sub-iudice que el periodo de inactividad de la parte demandante superó en demasía los lapsos establecidos en el artículo 267 de nuestro Código adjetivo, y por cuanto, este instituto procesal opera de pleno derecho, constituye una formalidad que no puede ser obviada por el sentenciador, a menos que atente contra el orden público o que la misma ley impida tal declaratoria, ello en virtud, de que si bien es cierto, que el proceso constituye el instrumento idóneo para la consecución de justicia, la exagerada relajación de las formas procesales puede llevar generalmente a injusticias de connotaciones mas importantes que las que se persiguen con la misma, llegando inclusive a situaciones de extremos; y, siendo que esta etapa del juicio, constituye una carga procesal para la parte actora, quien debe impulsar la practica de la notificación; en consecuencia, al cumplirse los supuestos exigidos en la ley, es decir, el transcurso del tiempo sin impulso procesal acarrea la extinción del proceso a partir que ésta se produce y no desde la declaratoria del juez, que solo viene a reconocer un hecho jurídico acaecido con posterioridad.
Y siendo que, ésta juzgadora considera importante destacar, que la aplicación de institutos procesales como la perención de la instancia en cualquiera de sus grados, no vulnera la tutela judicial consagrada en nuestra Constitución vigente, por cuanto, si el proceso constituye materia de orden público, la obligación del Estado es facilitar el libre acceso a la justicia y oportuna respuesta en la resolución de las causas sometida a su cognición, no el deber de asumir el interés procesal de las partes. ASI SE DECIDE.
Y por cuanto, la perención tiene como fundamento evitar la litigiosidad de las causa cuando no medie un interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en el íter procesal, en virtud de la cual según Jurisprudencia del M.T. restablecida la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
Y siendo que, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 269 eiusdem, la perención se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse, aún de oficio por el Tribunal, e igualmente, por cuanto el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil señala que los jueces deben procurar acogerse a la doctrina de Casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, ésta operadora de justicia considera perfectamente aplicable al caso bajo estudio tal jurisprudencia in comento. Y ASÍ SE DECIDE.
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de ley, declara PERIMIDA la instancia en la demanda CUMPLIMIENTO DE CONTRATO interpusieron los ciudadanos N.M. PABÓN, FLEMING VEITIA MARÍN y S.E. BOADA BENNASAR, quienes son venezolanos, mayores de edad, Abogados, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 49.040, 95.280 y 66.494 respectivamente, actuando como Apoderados Judiciales de SEGUROS BANVALOR, C. A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, inscrito su documento constitutivo estatutario ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 14 de Enero de 1992, quedando registrada bajo el Nro. 36, tomo 15-A Sgdo, siendo modificados los Estatutos Sociales mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Nro. 18 de fecha 04/12/1997, e inscrita ante el ya citado Registro Mercantil en fecha 27 de Julio de 1998, bajo el Nro. 31; Tomo 220-A-Sgdo, debidamente facultados conforme Instrumento Poder otorgado ante la Notaría Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas 16-11-2004, inserto bajo el Nro. 31; tomo 154 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, cuyo original se anexó marcado “a”, en contra de: 1) La EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENZA, C. A. Sociedad Mercantil domiciliada en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el Nro. 9, Tomo A4, de fecha 18 de Diciembre de 1992 en la persona del ciudadano O.J.D.N., quien es venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-9.271.695 y 2) al ciudadano O.J.D.N., ya identificado en su condición de garante.
De conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no hay condenatoria en costas por la naturaleza del pronunciamiento que se recoge en la presente decisión
Notifíquese a la parte actora de la presente decisión.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada de esta decisión conforme a los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. En Cumaná, a los Catorce (14) días del mes de Agosto de Dos Mil Seis (2006).- Años: 196º de la Independencia y 147 de la Federación.
LA JUEZ PROVISORIO.
Abog. YLIMAR OLIVEIRA DE CARABALLO
LA SECRETARIA,
Abg. R.P.R..
Nota: En esta misma fecha, siendo la una de la tarde (1:00 P.M.), previo el anuncio de la ley a las puertas del Tribunal, se publico la anterior sentencia.
LA SECRETARIA,
Abg. R.P.
SENTENCIA: DEFINITIVA
MATERIA: FAMILIA
EXP. Nº 624-05
YOdC/mvyf
