SOCIEDAD MERCANTIL CARTON DE VENEZUELA, S.A., CONTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL ELECTROSPACE, C.A.

Constituye Principio Cardinal en materia procesal, el llamado Principio Dispositivo, contenido en el Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, aquel conforme el cual el Juez debe decidir de acuerdo a lo alegado y probado en autos por las partes que integran el presente proceso judicial, sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados. El referido precepto, establece los límites del oficio del Juez, pues no puede existir otra verdad que la que resulta de los alegatos y actividad probatoria de las partes, debiendo en consecuencia atenerse a estos alegatos para decidir. Se trata de un requisito, que la sentencia debe contener, decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, según el Ordinal 5° del Artículo 243 ejusdem, lo que significa que el Juez está obligado a decidir sobre las cuestiones propuestas o planteadas por las partes, porque el límite de toda controversia judicial está circunscrito por los hechos alegados como fundamento de la pretensión en el libelo de la demanda y los hechos aducidos como fundamentos de las excepciones o defensas opuestas en la oportunidad de la contestación de la demanda, quedando de esta manera trabada la litis, razón por la cual con posterioridad a éstos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al proceso que alterarían la relación procesal ya cerrada, y ASI SE ESTABLECE.

El thema decidendum se circunscribe esencialmente a la pretensión de resolución de contrato invocada en la demanda y en la reconvención, fundamentada en que ambas partes se imputan el incumplimiento de las obligaciones que asumieron en el contrato de servicio suscrito por ellas el 29 de marzo de 1993, por ante la Notaría Trigésima Segunda de Caracas, bajo el Nº 37, Tomo 38 de los libros de autenticaciones, así como el Anexo 1 al mismo, los cuales cursan en autos admitidos por ambas partes, a los que se confiere por tanto el valor de plena prueba. Adicionalmente, la parte actora demanda la devolución de las cantidades anticipadas y pago de daños y perjuicios; en tanto que la demandada reconviniente reclama el pago de las cantidades previstas en el contrato más intereses moratorios, la suspensión del contrato y la devolución de los bienes instalados en las sedes de CARTON DE VENEZUELA, S.A.

Considera ésta Sentenciadora, con respecto al presente proceso judicial, la obligación que tiene de dilucidar ésta causa con el fin de determinar la procedencia o no de la acción interpuesta, puesto que el ejercicio de la función jurisdiccional corresponde al Estado, quien la cumple a través de los Tribunales de la República, órganos que requieren, a su vez, de la persona física constituida por los jueces que tienen la obligación de administrar justicia conforme las reglas de carácter legal, que prevé la Constitución y las leyes, de modo que el Juez, como administrador de justicia, se encuentra limitado por una esfera de actividad definida por el ordenamiento jurídico vigente, que constituye la medida del ejercicio del poder jurisdiccional del Estado.

En éste sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2036 del 19 de agosto de 2002 (Caso Plaza Suite I, C.A.) ha señalado que:

...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad

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Dentro del campo de aplicación de ésta actividad jurisdiccional, a la cual le corresponde al Juez resolver los asuntos contenciosos que se le ha sometido para su conocimiento, considera el Tribunal que la Acción de Cumplimiento de Contrato interpuesta por la parte actora en éste juicio, busca la resolución del Convenio de Servicio Digital de Telecomunicaciones suscrito entre CARTON DE VENEZUELA, C.A., y ELECTROSPACE, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública trigésima Segunda de Caracas, el 29 de marzo de 1993, anotado bajo el No.37, tomo 38 de los libros de autenticaciones llevados por ante esa Notaría, instrumento del cual se emerge todo valor probatorio, conforme lo pautado en el artículo 1357 del Código Civil.

Observa éste Tribunal Superior Primero, que ambas partes admiten que no se concluyó la instalación del servicio contratado en todos los siete lugares señalados en el anexo 1 del contrato, dentro de los cinco (05) meses acordados, contados a partir de la fecha del contrato suscrito el 29 de marzo de 1993, plazo que vencía en consecuencia el 29 de agosto del mismo año. Admiten también que sólo se habían realizado las instalaciones en los sitios de Guacara, Valencia y Maracay, aunque la demandante sólo admite que estuviere en funcionamiento la instalación de Guacara.

Por su parte la empresa ELECTROSPACE, C.A., sostiene que para cumplir su compromiso de instalar y poner en funcionamiento en todos los sitios o al menos en un 80 % de los siete lugares escogidos, en ese plazo, la red de telecomunicaciones contratada, se requería la previa conclusión por CARTON DE VENEZUELA, S.A., de las obras civiles que debía ejecutar según las instrucciones, especificaciones o ingeniería de detalle (Site Survey) suministradas por ella, y la autorización para acceder a esos sitios. Pero que CARTON DE VENEZUELA, S.A. no concluyó las obras civiles por lo que incumplió sus obligaciones y esa fue la causa para la no conclusión de la instalación de la red por ELECTROSPACE, C.A.

En tanto, la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A., admite que era su obligación realizar las obras civiles según las especificaciones requeridas, pero sostiene que no pudo preparar todos los lugares escogidos, atribuyendo a ELECTROSPACE, C.A., el incumplimiento en suministrar las especificaciones técnicas para la construcción de las obras, denominadas por ambas partes (Site Survey).-

Según el contenido del contrato y lo sostenido por las partes, las obligaciones de cada una de ellas estaban estrechamente ligadas, por ser recíprocas, ya que para poderse instalar el servicio, era necesario que previamente se cumpliera con el acondicionamiento por CARTON DE VENEZUELA, S.A. de los lugares escogidos para ello, y el acondicionamiento debía realizarse según las instrucciones o especificaciones técnicas que debía suministrar previamente ELECTROSPACE, C.A. Dadas las especificaciones, el cumplimiento en realizar las obras era responsabilidad de CARTON DE VENEZUELA, S.A., y para realizarlas según lo determinado en la experticia promovida por la demandante y evacuada en los autos, no se requería un tiempo mayor a diez (10) días, e igual tiempo requeriría ELECTROSPACE C.A. para concluir sus instalaciones y poner en funcionamiento el sistema.

En ese sentido, se observa que el primer paso en el cumplimiento de las obligaciones recíprocas era el suministro de las especificaciones técnicas de las obras civiles por parte de ELECTROSPACE, C.A., para que CARTON DE VENEZUELA, S.A. las ejecutara, imputando ésta a ELECTROSPACE C.A., el no suministro oportuno de tales especificaciones. La falta de decisión sobre este alegato fue el motivo de anulación de la sentencia del Superior por la Sala de Casación civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en este juicio en fecha 04 de junio de 2002.

Según éste análisis, debe determinarse en primer lugar a cual de las partes correspondía la carga de probar que las especificaciones técnicas fueron suministradas tempestivamente o no por ELECTROSPACE, C.A. y si resultó probado en el juicio el suministro en tiempo oportuno, que según lo señalado por la determinación de los expertos, debía ser alrededor de los veinte (20) días anteriores al vencimiento del plazo de cinco (5) meses acordado en el contrato, es decir, del 9 de agosto de 1993, por cuanto cada parte no requeriría más de diez (10) días para concluir sus respectivas obligaciones.

En este punto, considera y establece este Tribunal Superior Primero, que por tratarse de un hecho negativo para la parte demandante reconvenida y positivo para la parte demandada reconviniente, la carga de la prueba recae sobre la última, conforme a lo establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Siendo menester también examinar si la prueba puede obtenerse de todos los elementos de autos, por aplicación del principio de la comunidad de la prueba.

Sobre los requerimientos técnicos o “Site Survey” de ELECTROSPACE, C.A., comunicados a CARTON DE VENEZUELA, S.A., observa el Tribunal que cursan en autos las siguientes pruebas:

1) Consignada por la accionante con el libelo de la demanda marcada “C”, misiva de CARTON DE VENEZUELA S.A. a ELECTROSPACE C.A. de fecha 25 de agosto de 1993, en la que le señala que solamente ha concluido el enlace Guacara-Valencia y puesto en funcionamiento solamente un 16,60 % de la totalidad, por lo que debe aplicarse la Cláusula Séptima del contrato y acordar una prórroga según el proyecto que le anexa. De esta misiva aprecia el Tribunal que demuestra que antes de su fecha la demandada había entregado las especificaciones técnicas para las obras a realizar en esas dos localidades, por lo que éste Juzgado le otorga valor probatorio, conforme lo pautado en el artículo 1374 del Código Civil y ASI SE DECIDE.-

2) Consignados por la demandada en la contestación numerados “1”, misiva y fax de CARTON DE VENEZUELA S.A. a ELECTROSPACE C.A., de fecha 20 de julio de 1993, donde le informa que ha concluido la torre en Maracay. El Tribunal, aprecia como indicio de que al menos con un mes de anticipación al fin del plazo fijado en el contrato (29 de agosto de 1993) se habían suministrado las instrucciones técnicas (Site Survey) para las obras a ejecutar en la sede de Maracay, por lo que ésta Juzgadora le otorga valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 1374 del Código Civil, y ASI SE DECIDE.-

3) Consignada por la demandada en la contestación marcada “3”, misiva de CARTON DE VENEZUELA S.A. a ELECTROSPACE C.A., de fecha 16 de agosto de 1993, donde le señala que está pendiente la información para la sede del Cubo Negro pedida dos semanas antes y la información sobre el enlace Maracay-Valencia. Se aprecia también como indicio de que habían sido dadas las instrucciones técnicas para Maracay y Valencia y terminadas las obras respectivas, por lo que el Tribunal le otorga todo valor probatorio, en atención a lo pautado en el artículo 1374 del Código Civil y ASI SE DECIDE.

4) Consignada por la demandada en la contestación marcada “4”, misiva de MOCARPEL (CARTON DE VENEZUELA S.A.) a una contratista de las obras, de fecha 12 de agosto de 1993, donde le solicita explicación de su oferta luego de revisar el informe técnico de ELECTROSPACE, C.A., sobre la antena para la planta de San Felipe, Estado Yaracuy. Se aprecia como indicio de que al menos dieciocho (18) días antes del vencimiento de dicho plazo habían sido dadas instrucciones técnicas para las obras en esa planta, razón por la cual, éste Tribunal Superior Primero, le otorga valor probatorio conforme lo previsto en el artículo 1374 del Código Civil. Aunque según la comunicación “2-1” examinada más adelante, se requirieron otras instrucciones que fueron suministradas el 16 de agosto de 1993, y ASI SE DECIDE.

5) Consignada por la demandada en la contestación marcada “1-1” misiva de ELECTROSPACE C.A. a CARTON DE VENEZUELA S.A. de fecha 22 de julio de 1993, donde le señala que luego de su visita a la sede de San Felipe le envía el SITE SURVEY para ese sitio, y que queda a la espera de que le informen cuando estarán listas las obras en Acarigua. Se aprecia como indicio de que al menos treinta y siete (37) días antes del vencimiento de dicho plazo habían sido dadas instrucciones técnicas para la sede de San Felipe, que fueron complementadas posteriormente según la misiva “2-1”. No aprecia lo que se indica para Acarigua porque es su afirmación sin confirmar y resulta contradicho por su misiva marcada “3-1”. El Tribunal le otorga valor probatorio a ésta documental, conforme lo pautado en el artículo 1374 del Código Civil y ASI SE DECIDE.-

6) Consignada por la demandada en la contestación marcada “2-1”, misiva de ELECTROSPACE C.A. a CARTON DE VENEZUELA S.A., de fecha 16 de agosto de 1993, donde responde a preguntas sobre puntos relacionados con las obras en San Felipe y señala otras especificaciones. Se aprecia como indicio de que las instrucciones anteriores para las obras en ese sitio eran incompletas y de que las completó trece (13) días antes del vencimiento del plazo mencionado. El Tribunal le otorga valor probatorio a ésta documental, conforme lo pautado en el artículo 1374 del Código Civil y ASI SE DECIDE.-

7) Consignada por la demandada en la contestación marcada “3-1” misiva-fax de ELECTROSPACE C.A. a CARTON DE VENEZUELA S.A., de fecha 23 de agosto de 1993, donde indica que su asunto es la entrega de los requerimientos técnicos para Chuao y también que entrega las características técnicas indispensables para los enlaces de los sitios en Petare y Acarigua. En su parte final, indica que ratifica el informe técnico presentado con anterioridad para la instalación de la planta de Petare. Se aprecia como indicio de que sólo 6 días antes del vencimiento de dicho plazo y fuera del tiempo establecido como oportuno, entregó el “Site Survey” para Chuao (Cubo Negro), Petare y Acarigua. El Tribunal le otorga valor probatorio a ésta documental, conforme lo pautado en el artículo 1374 del Código Civil y ASI SE DECIDE.-

8) Consignada por la demandada en la contestación marcada “4-1” misiva-fax de ELECTROSPACE C.A. a CARTON DE VENEZUELA S.A., de fecha 18 de noviembre de 1993, donde señala que no ha obtenido respuestas a sus mensajes y que no se han ordenado las obras en Petare. Que Valencia, Maracay y Guacara se encuentran en servicio y que San Felipe será instalada después de Acarigua. Por ser afirmación de la emitente sin confirmar y muy posterior a la fecha de vencimiento del plazo acordado, sólo se aprecia como indicio de que en Acarigua y San Felipe, 78 días después del vencimiento de dicho plazo, la demandada no había hecho las instalaciones. El Tribunal le otorga valor probatorio a ésta documental, conforme lo pautado en el artículo 1374 del Código Civil y ASI SE DECIDE.-

9) Consignada por la demandada en la contestación marcada “5-1” misiva-fax de ELECTROSPACE C.A. a CARTON DE VENEZUELA S.A., de fecha 28-10-93, donde le señala que el 22-10-93 entregó una antena VSAT en Acarigua, que restableció una falla en el enlace Maracay-Valencia, que le solicita información sobre la disposición de líneas y canales de datos en Maracay, Valencia, Acarigua, Caracas, Petare y San Felipe, y el sitio para realizar la antena en Acarigua. De fecha muy posterior al vencimiento del plazo acordado, sólo se aprecia como indicio de que sesenta (60) días después del vencimiento de dicho plazo la demandada no había concluido la instalación en Acarigua. El Tribunal le otorga valor probatorio a ésta documental, conforme lo pautado en el artículo 1374 del Código Civil y ASI SE DECIDE.-

10) Consignado por la demandada en la contestación marcado “6-1” telegrama y acuse de recibo de ELECTROSPACE C.A. a CARTON DE VENEZUELA S.A., de fecha 25 de noviembre de 1993, donde le reitera exigencia de cumplimiento de cláusulas del contrato y que de no obtener respuesta procederá judicialmente. No se le aprecia valor a este instrumento sobre el cumplimiento de las obligaciones de las partes. El Tribunal le otorga valor probatorio a ésta documental, conforme lo pautado en el artículo 1374 del Código Civil y ASI SE DECIDE.-

11) Consignada por la demandante en promoción de pruebas marcada “A” factura de Administradora 302 C.A para CARTON DE VENEZUELA S.A. por diversos materiales, de fecha 01-12-93, ratificada por el testigo A.O.S.. El Tribunal aprecia su contenido pero no encuentra que de la misma pueda determinarse cumplimiento oportuno de suministrar especificaciones técnicas para alguna de las sedes. Este Tribunal Superior Primero, le otorga valor probatorio a ésta documental, conforme lo pautado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y ASI SE DECIDE.-

12) Facturas para CARTON DE VENEZUELA S.A. MARACAY, consignadas por la demandante en promoción de pruebas marcadas “B”, “C” y “D”, de fechas 21-06-93 y 29-07-93, para ser ratificadas por testigo. Aun cuando no fueron ratificadas en juicio, el Tribunal las aprecia respecto de la demandante, porque fueron consignadas por ella, pero no encuentra que de las mismas pueda establecerse el suministro oportuno de las instrucciones técnicas para las obras a realizar en la sede de Maracay. El Tribunal le otorga valor probatorio a ésta documental, conforme lo pautado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y ASI SE DECIDE.-

13) Presupuesto sobre tuberías para sistema de computación de la empresa Intercar S.A. para CARTON DE VENEZUELA S.A. ACARIGUA, consignada por la demandante en promoción de pruebas marcada “E”, de fecha 28-07-93, con sello de pagado el 03-11-93, ratificada por su firmante. Aprecia el Tribunal su contenido pero no encuentra que del mismo pueda establecerse que hubo suministro oportuno de las especificaciones técnicas para las obras a realizar en la sede de Acarigua. Este Tribunal Superior Primero, le otorga valor probatorio conforme lo pautado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y ASI SE DECIDE.-

14) consignadas por la demandante con su escrito de promoción de pruebas marcadas “F”, “G” y “H” y opuestas a la demandada, misivas las dos primeras de fecha 12-07-93, dirigidas por ELECTROSPACE C.A. a CARTON DE VENEZUELA S.A., participándole que ha finalizado el enlace Maracay-Valencia, y la tercera de fecha 19-05-93, por CARTON DE VENEZUELA S.A. a ELECTROSPACE C.A., participándole los nombres de las personas asignadas como contactos a los fines del contrato. Esta Juzgadora, aprecia el contenido de estas misivas pero no encuentra que modifiquen en alguna forma lo antes establecido ni que contribuyen a determinar el suministro oportuno o no oportuno de los requerimientos técnicos para las obras a realizar por la demandante. El Tribunal le otorga valor probatorio a éstas documentales, conforme lo pautado en el artículo 1374 del Código Civil y ASI SE DECIDE.-

Vistas esas documentales y apreciadas conforme a lo señalado en cada numeral, establece ésta Superioridad, como conclusión de las misivas examinadas en los numerales 1 (“C”), 2 (“1”), 3 (“3”), 4 (“4”), 5 (“1-1”) y 6 (“2-1”),” en concordancia con lo admitido por la demandante reconvenida, que la demandada reconviniente, suministró en tiempo oportuno las instrucciones para que se realizaran las instalaciones en Maracay, Guacara, Valencia y San Felipe, aun cuando en ésta última hubo de suministrar posteriormente instrucciones adicionales en tiempo no exactamente oportuno, según la misiva “2-1”. No encuentra comprobado el Tribunal el suministro en tiempo hábil de las especificaciones técnicas para los sitios de Chuao, Petare y Acarigua, y además, aprecia como indicio que contradice lo aseverado por la demandada reconviniente, el contenido de la misiva “3-1” dirigida por ella a la accionante señalando que le envía los requerimientos técnicos para las obras en esos sitios, porque es de fecha 23 de agosto de 1993, sólo seis (6) días antes del vencimiento del plazo de cinco (5) meses; y aprecia también como indicio en contrario, que no aportó la prueba escrita de haber entregado oportunamente esos requerimientos, siendo que conforme al contrato todas las comunicaciones relacionados con el mismo tenían que hacerse por escrito.-

Sobre la puesta en funcionamiento de la red de telecomunicaciones en esas instalaciones de Maracay, Guacara, Valencia, y San Felipe, no aprecia el Tribunal que las documentales examinadas permitan determinarla. Sí se observa que la demandante admitió haber entrado en funcionamiento la instalación de Guacara y la de Maracay.

Se concluye de esos señalamientos que de los siete (7) puntos o lugares escogidos para la instalación de los servicios por ELECTROSPACE, C.A., ésta había cumplido sus obligaciones de suministrar a CARTON DE VENEZUELA, S.A. las especificaciones técnicas (Site Survey) en cuatro (4) de los lugares (Guacara, Valencia, Maracay y San Felipe) lo cual significa un 57,10 % del total, por lo que resultaba procedente para la demandante considerar aplicable la Cláusula Séptima del contrato, donde se autorizó una prórroga para el caso de que al vencimiento de los cinco (5) meses previstos no estuvieran en capacidad de intercomunicarse el 80 % de los siete (7) puntos incluidos en el Anexo 1. Esta prórroga manifestada por la accionante a la demandada según la citada comunicación de fecha 25 de agosto de 1993, marcada “C”, no fue aceptada por ésta última, quien señaló en su contestación que no podía aceptarla porque no era por su culpa sino por los incumplimientos de la actora, que no se había podido cubrir ese porcentaje.-

Del análisis completo de las demás pruebas de autos, no observa el Tribunal otras conclusiones, y pasa a dejar constancia de su examen:

La prueba de experticia, demuestra a juicio del Tribunal, lo que se estableció anteriormente sobre la no conclusión de las obras civiles por la accionante en el sitio de San Felipe, único al que concurrieron los expertos, y el tiempo de diez (10) días para concluirlas una vez dadas las instrucciones, así como igual tiempo de diez días para que la demandada realizara las instalaciones y pusiera en funcionamiento la intercomunicación del sistema. El señalamiento de los expertos al final de su dictamen en el sentido de que tampoco en los otros sitios se concluyeron las obras civiles, en atención a una solicitud del apoderado de la parte demandada, no merece convicción alguna al Tribunal porque los expertos practicaron sus diligencias únicamente en San Felipe, y no podían por tanto tener conocimiento pericial de la situación existente en los demás lugares, motivo por el cual no lo aprecia de acuerdo con el artículo 1.427 del Código civil.

La prueba de testigos promovidos por la accionante se evacuó así:

1) De la declaración del testigo V.N.G., el Tribunal aprecia conforme lo pautado en el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil, que ratifica la no conclusión en el tiempo debido de las obras civiles en la Planta de la accionante de San Felipe, Estado Yaracuy, y que no son confiables sus restantes deposiciones por cuanto se manifiesta empleado de confianza de la demandante durante 22 años.

2) De las declaraciones del testigo J.M.M., aprecia el Tribunal que no arrojan elementos convincentes sobre el cumplimiento de las obligaciones de CARTON DE VENEZUELA, S.A. en el sitio de San Felipe, porque contradicen el resultado de la experticia, ni aprecia sus afirmaciones sobre comunicaciones verbales con la demandada para el cumplimiento de lo pactado en el contrato, porque se trata de un empleado de confianza y representante de la demandante y en el contrato se establece que las notificaciones deben ser por escrito. Este Tribunal Superior, no le otorga valor probatorio de conformidad con lo pautado en el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil.-

3) La declaración del testigo E.J.G.P., éste Tribunal Superior, la desecha de conformidad con lo previsto en el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil, porque no aparece imparcial respecto de la demandada, ya que manifiesta que terminó su relación laboral con ELECTROSPACE C.A. por razones personales no justificadas y porque no ofrece certeza su afirmación de que la declaración de conclusión de obras en la interconexión Guacara-Valencia, manifiesta que fue una notificación telefónica, y el contrato de las partes establece que las notificaciones deben hacerse por escrito.

4) En la declaración del testigo A.R.O.S., el Tribunal aprecia que quedó ratificado el instrumento para el cual fue promovido, que es una factura de fecha 01 de diciembre de 1993, correspondiente a instalación de una tubería a finales de agosto de 1993, en la azotea del Centro BANAVEN, ubicado en Chuao, que le había encargado CARTON DE VENEZUELA, S.A. a la empresa Administradora 302, S.A. para la que trabajaba, sin que pueda determinarse de sus dichos que estaba ejecutando instrucciones de ELECTROSPACE, C.A. para CARTON DE VENEZUELA, S.A. o que los requerimientos técnicos para ese sitio se hubieren entregado en tiempo hábil. Este Tribunal Superior, le otorga valor probatorio de conformidad con lo pautado en el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil.-

5) El testigo S.A.B., también empleado de Administradora 302, S.A., declara que el último fin de semana del mes de agosto de 1993 se instaló una tubería en el Centro Banaven, Chuao, Caracas, pero de sus dichos no puede determinarse que estaba ejecutando instrucciones de ELECTROSPACE, C.A. para CARTON DE VENEZUELA, S.A. o que los requerimientos técnicos para ese sitio se hubieren entregado en tiempo hábil. Este Tribunal Superior, no le otorga valor probatorio de conformidad con lo pautado en el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil.-

6) La declaración del testigo Adelsi A.F.R., la desecha el Tribunal porque manifiesta no ser experto en las obras que se le preguntan y que desconoce las especificaciones técnicas sobre las culminación de las obras y sobre las comunicaciones entre la demandante y la demandada.

7) La testigo H.C.M.M., declara sobre tuberías instaladas en un Centro Comercial distinto al Centro donde se encuentra la sede de la demandante y haber sido simultáneamente empleada de CARTON DE VENEZUELA S.A., y de Inspectoría del Ministerio de Transporte y comunicaciones, además de una manifiesta parcialidad hacia su promovente, la accionante, por lo que no se aprecia su testimonio. Este Tribunal Superior, no le otorga valor probatorio de conformidad con lo pautado en el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil.-.

8) Los testigos A.J.C., V.M.V.M. e Isnal J.B., declararon sobre las obras civiles realizadas por CARTON DE VENEZUELA, S.A. en San Felipe, Yaracuy, pero contradicen el resultado de la experticia por lo cual sus dichos no son veraces a juicio del Tribunal.

9) El testigo Iván (Juan) Pico Gómez, declara también sobre las obras civiles que habría realizado CARTON DE VENEZUELA S.A. en San Felipe, estado Yaracuy, según las instrucciones de ELECTROSPACE, C.A., que no contradicen lo antes señalado sobre que en ese sitio no fueron concluidas las obras civiles que debía ejecutar la primera. Este Tribunal Superior, le otorga valor probatorio de conformidad con lo pautado en el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil.-

10) El testigo Segundo H.G.A., también promovido por la parte actora, declara confusamente sobre haber instalado como empleado de Intercar S.A. una tubería en el Centro Comercial C.d.A. distinto del señalado en la promoción de la prueba como sede de la demandante, Centro Comercial Ciudad Colonial; además, de sus dichos no puede determinarse que estaba ejecutando instrucciones de ELECTROSPACE, C.A. para CARTON DE VENEZUELA, S.A. o que los requerimientos técnicos para ese sitio se hubieren entregado en tiempo hábil.

Vistas esas deposiciones, establece éste Tribunal Superior Primero, en conclusión de su análisis y en relación con las documentales antes examinadas, que conforme a lo señalado en cada numeral, los indicios apreciados a los efectos de determinar el suministro en tiempo oportuno de las especificaciones técnicas, se refieren a las obras que debía realizar la accionante en las sedes de San Felipe, Guacara y Valencia, lo que ya quedó establecido anteriormente.

En cuanto a los testigos también promovidos por la parte actora reconvenida, F.C., E.S., R.D.B., A.C., P.B., C.B.B., L.A.G., O.E.T. y F.M.G., no se evacuó la prueba, por lo que no producen ningún valor probatorio, a los efectos de éste proceso judicial, y ASI SE DECIDE.-

En cuanto a los alegatos de la demandada reconviniente sobre incumplimiento de la demandante en sus obligaciones de colaboración en la ejecución del contrato y de obstaculización de la ejecución, en que se funda la reconvención propuesta por la parte demandada.-

La reconvención, conforme al criterio del Doctor R.H.L.R. en su obra “Comentarios al nuevo Código de Procedimiento Civil”,

..., antes que un medio de defensa, es una contraofensiva explicita del demandado

, es decir, la reconvención viene a ser una nueva demanda interpuesta, en el curso del juicio, por el demandado contra el demandante, con el objeto de obtener el reconocimiento de un derecho, o el resarcimiento de unos daños o perjuicios deducidos, que atenuará o excluirá la acción principal.”

Definiendo la reconvención, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión de fecha 12 de noviembre de 1997, en el juicio de P.Z.G. contra Seguros Ávila C.A., estableció:

…La reconvención es definida como una pretensión independiente que el demandado hace valer contra el demandante en el juicio, fundamentándola en igual o en diferente título que el alegado por el actor, para que sea resuelta en el mismo proceso y mediante una única sentencia. La reconvención es una pretensión independiente que no se dirige a rechazar o inhibir la pretensión del actor, sino que se constituye un ataque, que, como tal, podría plantearse en una demanda autónoma.

La naturaleza de la reconvención es ajena a la noción de defensa o excepción con el juicio principal, por lo tanto, las defensas argumentadas por la parte demandada en el acto de contestación de la demanda no constituye lo que conoce como una reconvención o contrademanda…

. (Cursivas del Tribunal).-

De igual forma, la institución de la Reconvención la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 29 de enero de 2.002, estableció:

…la reconvención no es una defensa, sino una contraofensiva explícita, una nueva pretensión que se deduce en el mismo proceso por mandato de la ley, como un supuesto más de acumulación, en beneficio de los principios de economía…

En el caso de autos, aprecia el Tribunal que no aparecen especificados ni demostrados hechos imputables a la demandante que obstaculizaran o impidieran suministrar en tiempo oportuno y por escrito las especificaciones técnicas para las obras a ejecutar por la demandante en todas las sedes previstas en el anexo 1 del contrato. Con respecto, al alegato de no poderse considerar en mora a ELECTROSPACE C.A., por el sólo vencimiento del plazo pactado, y no ser aplicable el artículo 1.269 del Código Civil, por ser el plazo pactado en interés de las dos (2) partes, no lo encuentra procedente el Tribunal, porque aprecia que la Cláusula respectiva establece el tiempo de cinco (5) meses a más tardar para que ELECTROSPACE C.A. cumpliera el objeto principal del contrato que era instalar y poner en funcionamiento la red privada de telecomunicaciones entre las siete (7) oficinas ya mencionadas, y además se contradice con su reconvención en la que demanda también la resolución del contrato por motivo del incumplimiento de la demandante, por lo que a todas luces la reconvención propuesta por la parte demandada debe ser declarada Improcedente y ASI SE DECIDE.

Observa éste Tribunal Superior Primero, que el material probatorio aportado a los autos, ha sido analizado teniendo por norte, lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que dispone, entre otras cuestiones, que el Juez debe decidir conforme a todo lo alegado y sólo lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.

Efectivamente, las disposiciones antes citadas, sujetan el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones, argumentos de hechos no formulados en el proceso u excederse en lo solicitado oportunamente por las partes (incongruencia positiva). (Vid. Sentencia de fecha 26 de octubre de 2010, caso: A.J.R.P. y otros contra Grupo Tropicalia, C.A., T ).

La citada n.r. la distribución de la carga de la prueba al establecer que todo aquél que afirma un hecho tiene que probarlo para que su alegato no se considere infundado. En tal sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 193 del 25 de abril de 2003 (caso: D.M.H. c/ D.A.S. y A.E.C.), expresó:

En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina “carga subjetiva de la prueba”, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. Como es lógico, ambos actos requieren la alegación de los hechos en que se fundamentan, y tales afirmaciones determinan el thema probandum y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba. Es allí la máxima latina tan socorrida en textos y en fallos: Onus probandi incumbit ei qui asserit (La carga de la prueba incumbe al que afirma). En síntesis, en el derecho moderno, ambas partes pueden probar. a: el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión; b: el demandado, aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa; que es lo mismo que decir: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (Vid: Rengel Romberg Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Ed. Exlibris. Caracas 1991. Tomo III. p 277 y ss).

...Omissis...

La jurisprudencia de la casación, considerando la distinta posición del demandado en particular, ha interpretado la máxima reus in exceptione fit actor, y acoge la doctrina generalmente aceptada de cuando el demandado no se encierra en la pura negación de las pretensiones, sino que expone razones de hecho para discutirlas, adopta en el proceso una actitud dinámica, y la contienda procesal se desplaza de la pretensión, a las razones que la enervan, y el riesgo de la falta de pruebas también se desplaza, porque el actor no tiene que probar nada, puesto no es de la realidad de su pretensión de lo que se trata, sino de las razones contendientes de aquellas (GF. N° 17 (2° etapa) p 63).

Esta última actitud dinámica del demandado fue realmente lo que aconteció en el caso de autos, pues no se limitó a la contradicción pura y simple de la pretensión, sino que expuso discriminadamente razones de hecho para discutirlas, en cuya hipótesis, de acuerdo a lo precedentemente expuesto, asumió la carga de la prueba, sobre todo porque expuso entre esas razones hechos impeditivos, modificativos y hasta extintivos del derecho del actor en solicitar una rendición de cuentas…

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Los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente, expresan:

...Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho de que ha producido la extinción de su obligación

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...Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el hecho extintivo de la obligación

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Las normas transcritas regulan la distribución de la carga de la prueba, y establecen con precisión que corresponde al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor, y traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos.

El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, si bien reitera el artículo 1.354 del Código Civil, agrega que “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho”, con lo cual consagra, de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fit actor”, que equivale al principio según el cual “corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa...”. (Sent. 30-11-2000, caso: Seguros la Paz c/ Banco Provincial de Venezuela SAICA, del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil).

La fundamentación de las normas legales, antes referidas (artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1354 del Código Civil), permiten establecer claramente las reglas procesales, en que se encuentran las partes dentro de un proceso judicial, las cargas que le corresponde a cada parte, en el caso bajo estudio, considera ésta Juzgadora, que la parte demandada no cumplió con su obligación de desvirtuar durante la secuela del proceso, las pretensiones alegadas por la parte actora en su libelo de demanda, en atención a los mencionados artículos 1354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil. Por lo que éste Tribunal Superior Primero debe concluir, que la demandada reconviniente ELECTROSPACE, C.A., no cumplió sus obligaciones iniciales de las que dependía el desarrollo posterior de la ejecución del contrato, de entregar a CARTON DE VENEZUELA, S.A., las especificaciones de las obras civiles que ésta estaba obligada a realizar previamente a la instalación y puesta en funcionamiento de la red de comunicaciones, pues solamente lo hizo en tiempo oportuno respecto de los cuatro (4) sitios de Guacara, Valencia, Maracay y San Felipe, lo que no alcanza por tanto al ochenta por ciento (80 %), de cumplimiento exigido en el convenio para los cinco meses pactados, por lo cual le es imputable el incumplimiento inicial del contrato, que da lugar a la resolución demandada por la accionante, y declarar improcedente la reconvención propuesta por la demandada, y ASI SE DECIDE.

En éste orden de ideas, disponen los artículos 1133, 1159, 1160 y 1167 del Código Civil, lo siguiente:

Artículo 1.133.- El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico

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Artículo 1.159.- Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley

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Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley

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Artículo 1.167.- En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello

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En conformidad con las disposiciones legales antes citadas, como consecuencia del incumplimiento y la resolución contractual verificada por ésta Juzgadora, de conformidad con la Cláusula Décima del contrato que rigió las relaciones entre las partes, considera éste Tribunal Superior Primero, que lo ajustado a derecho, es declarar la procedencia del reintegro demandado por la accionante de la suma de SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOLARES (US$ 68.400,oo) que entregó como anticipo imputable a tres (3) meses del servicio contratado; y de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Sexta del contrato, el pago a la accionante como indemnización de daños y perjuicios, de la suma de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOALRES (US$ 45.600,oo), equivalente a dos (2) meses del servicio, y ASI SE DECIDE.

-IV-

DISPOSITIVA

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara:

CON LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por el Apoderado Judicial de la parte demandada reconviniente, y en consecuencia, SE REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 19 de diciembre de 1996.-

CON LUGAR la demanda interpuesta por CARTON DE VENEZUELA S.A. contra ELECTROSPACE C.A. por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS. En consecuencia, se declara RESUELTO el CONTRATO celebrado entre las partes autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Segunda de Caracas, anotado bajo el Nº 37, Tomo 38, en fecha 29 de marzo de 1993, y se CONDENA a la DEMANDADA a pagar a la DEMANDANTE el equivalente en moneda nacional a la tasa de cambio vigente a la fecha en que se declare firme el presente fallo, la cantidad de CIENTO CATORCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 114.000,00).

SIN LUGAR LA RECONVENCIÓN propuesta por ELECTROSPACE C.A. contra CARTON DE VENEZUELA S.A. y en consecuencia improcedentes las indemnizaciones que reclama, señaladas en este fallo.

Se CONDENA a la demandada ELECTROSPACE C.A., en las costas del juicio, demanda y reconvención, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en las costas del recurso de apelación, de conformidad con el artículo 281, ejusdem.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el copiador de sentencias de éste Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese a las partes de la presente decisión, conforme lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los dos (02) días del mes Marzo de dos mil doce (2.012). Años 201° de la independencia y 153º de la Federación.

LA JUEZ,

Dra. I.P.B..

LA SECRETARIA,

ABG. MARIELA ARZOLA P.

En esta misma fecha, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia.

LA SECRETARIA.

EXP.No.07-9955.-

IPB/ma/jhonme.-

SENTENCIA DEFINITIVA.-