Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 28 de Septiembre de 2016

Inició el presente juicio con libelo de demanda presentado en fecha 23 de noviembre de 2010, correspondiéndole conocer al Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, quien la admite mediante auto del 7 de diciembre de 2010.

En fecha 13 de diciembre de 2010, el demandado se da por citado.

El 15 de diciembre de 2010, el demandante reforma el libelo de demanda, que se admite por auto del 21 del mismo mes y año.

El demandado el 23 de diciembre de 2010 contesta la demanda y propone reconvención en contra de la demandante, la cual fue admitida por auto del 17 de enero de 2011. Contra esta decisión, el demandante ejerce recurso de apelación el 8 de febrero de 2011 que fue declarado inadmisible el 19 de octubre de 2011.

El 17 de febrero de 2011, la demandante contesta la reconvención propuesta en su contra.

Ambas partes promueven pruebas, pronunciándose el Tribunal de Municipio sobre su admisión por autos 25 de febrero de 2011 y 10 de marzo del mismo año. La parte demandada apela de la negativa de la admisión de sus pruebas, recurso que fue declarado parcialmente con lugar por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 25 de mayo de 2011.

Mediante sentencia del 11 de enero de 2013, el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, dicta sentencia declarando la falta de cualidad del demandado en la pretensión de nulidad y procedente las pretensiones de cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento del término y el cobro de la cláusula penal intentadas por vía de reconvención. Contra esta decisión, la parte demandante ejerce recurso de apelación que fue oído en ambos efectos por auto del 30 de enero de 2013.

Realizada la distribución correspondiente, recayó en este Juzgado Superior el conocimiento de la presente causa, dándole entrada mediante auto del 5 de marzo de 2013, fijando el décimo (10º) día de despacho siguiente a esa fecha para dictar sentencia, en el entendido que durante dicho lapso, las partes podían promover las pruebas respectivas en esta instancia.

El 25 de marzo de 2013, la demandada presenta escrito de conclusiones en esta alzada.

Mediante sentencia del 5 de marzo de 2015, este Tribunal Superior dicta sentencia ordenando la reposición de la causa para que el Tribunal de Municipio requiera información sobre el estado de la causa llevada por el Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en el expediente Nº 2.077 y así determinar el Tribunal que haya prevenido en la citación y se resuelva primero sobre la litispendencia y luego se pronuncie sobre la admisibilidad de la reconvención propuesta.

Mediante acta de fecha 4 de mayo de 2015, el Juez del Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo se inhibe de seguir conociendo la presente causa.

Le correspondió conocer al Juzgado Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, quien solicita información sobre el estado de la causa llevada por el Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en el expediente Nº 2.077, para así poder determinar el Tribunal que previno en la citación y resolver primero sobre la litispendencia y luego sobre la admisibilidad de la reconvención propuesta.

El 3 de diciembre de 2015, se agregan a los autos copia certificada de la sentencia dictada el 25 de enero de 2011 en donde el Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declara la litispendencia entre los expediente llevados por ese juzgado y el Segundo de Municipio, al cual se contraen las presentes actuaciones.

Mediante oficio Nº 16-0260, recibido en este despacho el 9 de mayo de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia remite copia certificada de la sentencia dictada el 31 de marzo de 2016, en donde se ordena a este Tribunal Superior recabar el presente expediente y pronunciarse sobre la apelación incoada por la parte demandante en contra de la sentencia dictada en fecha 11 de enero de 2013 por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

En fecha 21 de junio de 2016, fue recibido nuevamente el presente expediente en este Tribunal Superior.

En acatamiento a la decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 31 de marzo de 2016, pasa esta instancia a dictar sentencia en los siguientes términos

II

ALEGATOS DE LAS PARTES

ALEGATOS DE LA DEMANDANTE

En su escrito de reforma al libelo de demanda, la parte actora alega que celebró como arrendataria con la demandada el 19 de septiembre de 2005, un contrato de arrendamiento sobre un galpón con un área aproximada de quinientos cincuenta metros cuadrados, ubicado en la calle Páez, Nº 85-89-A de la parroquia San Blas, municipio Valencia del estado Carabobo, inmueble que es propiedad de la sociedad de comercio T.L.W. INVERSIONES C.A., por lo que afirma que el ciudadano TOUFIK AL SAFADI al celebrar el contrato de arrendamiento debidamente autorizado, lo hizo como arrendador mandatario. Que el plazo de duración del contrato sería de un año fijo contado a partir del 15 de septiembre de 2005 y una vez cumplido el término original del contrato, este se fue prorrogando por períodos sucesivos de un año, ya que ninguna de las partes manifestó a la otra su deseo de no prorrogarlo.

Afirma que en fecha 4 de julio de 2008, estando vigente la segunda prórroga del contrato y cuyo plazo finalizaba el 14 de septiembre de 2008, suscribió un acuerdo con el abogado O.A.M., actuando como apoderado especial del arrendador-mandatario, ciudadano TOUFIK AL SAFADI.

Señala que en el contrato de arrendamiento el ciudadano TOUFIK AL SAFADI actúa en nombre y representación de la propietaria del inmueble, sociedad de comercio T.L.W. INVERSIONES C.A., mandato conferido en términos generales, por lo que a tenor del artículo 1.688 del Código Civil, comprende sólo actos de simple administración, sin embargo, el ciudadano TOUFIK AL SAFADI siendo un simple mandatario o administrador otorga poder especial al abogado O.A.M. para administrar el inmueble a su nombre como si fuera propio, excediéndose en los límites del mandato que le fue conferido, motivo por el cual el acuerdo suscrito el 4 de julio de 2008 es nulo.

Sostiene que el referido acuerdo es nulo a tenor del artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, ya que se establece que en caso de retraso en la devolución del inmueble objeto del contrato, se obliga a pagar por concepto de daños y perjuicios la cantidad de quinientos bolívares por cada día de atraso, lo que a su juicio contraviene el contrato de arrendamiento que no tiene previsto ninguna penalidad en caso de atraso en la entrega o devolución del inmueble y además se acordó prorrogar el contrato a partir del 14 de septiembre de 2008 y hasta el 14 de septiembre de 2009, por lo que era evidente que iba a entrar en vigencia la tercera prórroga del contrato, siendo su opinión, que al pretender el arrendador manifestar no querer prorrogar el contrato a partir del 14 de septiembre de 2009 sin que hubiese comenzado la prórroga anterior (14-09-08 al 14-09-09) contravino la cláusula tercera del contrato de arrendamiento, es decir, que el arrendador debió esperar a que comenzara a correr la prórroga que entraba en vigencia el 14 de septiembre de 2008 y treinta días antes de su vencimiento manifestar su voluntad de no prorrogar y al haberlo hecho extemporáneamente por prematuro en fecha 4 de julio de 2008, contravino la cláusula tercera y como resultado lo desmejoró, disminuyó y menoscabó sus derechos como inquilino, ya que se pretendió otorgar un término de prórroga legal de un año a partir del 14 de septiembre de 2009, cuando en realidad y como consecuencia de lo nulo del acuerdo, al momento de presentar la demanda estaba vigente la quinta prórroga del contrato.

Por lo expuesto, demanda al ciudadano TOUFIK AL SAFADI en su carácter de arrendador-mandatario para que convenga o en su defecto sea condenado por el tribunal en que es cierto que se excedió en los límites del mandato que le fue conferido, al otorgar poder especial al abogado O.A.M. para administrar el inmueble arrendado a su nombre como si fuera propio, motivo por el cual el acuerdo suscrito el 4 de julio de 2008 es nulo; que asimismo, el referido acuerdo es nulo por cuanto menoscaba y disminuye sus derechos como arrendataria que son irrenunciables y que como consecuencia de la nulidad del acuerdo celebrado el 4 de julio de 2008, el contrato de arrendamiento se encuentra prorrogado.

Fundamenta su demanda en los artículos 1.579, 1.585 del Código Civil y en el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Estima la demanda en la cantidad de quince mil bolívares (Bs. 15.000,00).

ALEGATOS DEL DEMANDADO

Rechaza y contradice la demanda en todas y cada una de sus partes por ser falsos los hechos e inexistente el derecho invocado.

Afirma que la realidad es que celebró con el demandante el 19 de septiembre de 2005 un contrato de arrendamiento el cual tiene por objeto un área aproximada de quinientos cincuenta metros cuadrados de un galpón, ubicado en la calle Páez, Nº 85-89 de la parroquia San Blas, municipio Valencia del estado Carabobo, estableciéndose como tiempo de duración un año prorrogable por una año más, si una de las partes no manifestaba a la otra su voluntad de no prorrogar con por lo menos treinta días de anticipación al vencimiento del contrato o cualesquiera de sus prórrogas.

Que en fecha 12 de septiembre de 2006 remitió comunicación a la demandante y le notificó haber designado al abogado O.A.M. como su apoderado especial para que en su nombre y representación administre el inmueble que le tenía arrendado, comunicación recibida el 12 de septiembre de 2006, siendo que el 25 de julio de 2007, la demandante y el referido abogado celebraron convenio de prórroga del contrato entre el 15 de septiembre de 2007 al 14 de septiembre de 2008 fijándose un nuevo canon, el cual se celebró cincuenta y dos días antes del vencimiento de la prórroga.

Afirma que posteriormente, el 4 de julio de 2008 la demandante y el abogado O.A.M. firman nuevo convenio sobre otra prórroga con setenta y un días de anticipación al vencimiento de la prórroga y el 11 de septiembre de 2009 remitió comunicación al demandante donde la manifestaba que el año de la prórroga legal comenzaba a partir del 15 de septiembre de 2009 y terminaba el 14 de septiembre de 2010, comunicación que fue recibida ese mismo día por la demandante, siendo que esta responde afirmando que le corresponde una prórroga legal de dos años que vence el 14 de septiembre de 2011.

Resalta que inclusive los recibos de pago del canon de arrendamiento, desde el mes de abril de 2010 a agosto del mismo año, se le indicaba al demandante el mes que estaba de la prórroga legal y llegada la fecha que debía dar cumplimiento a la entrega del inmueble la arrendataria se negó a entregarlo, razón por la cual le remitió telegrama a la demandante exigiéndole la entrega del inmueble porque ya estaba vencida la prórroga legal, pero todo ha sido inútil.

Asevera que la relación arrendaticia fue de cuatro años, por lo que la correspondía un año de prórroga legal, por cuanto la relación era menor a cinco años.

Alega que la acción de nulidad de un mandato no es más que la acción de nulidad de un contrato, la cual le corresponde ejercerla a las partes contratantes y siendo que el contrato sólo surte efecto entre las partes y no siendo la demandante parte en dichos contratos, carece de legitimación activa para hacer valer la pretensión de nulidad del poder.

Asegura que en ninguna parte del contrato se afirma que el ciudadano TOUFIK AL SAFADI actuó en nombre y representación de la sociedad de comercio T.L.W. INVERSIONES C.A., la cual si quiera fue nombrada en el contrato, por lo que actuó como mandatario por cuenta propia, siendo aplicable el artículo 1.691 del Código Civil y las facultades otorgadas y ejercidas por el abogado O.A.M. fueron de simple administración y no de disposición.

Que en el contrato se estableció un plazo mínimo de no menos de treinta días para expresar la voluntad de no prorrogar, lo que según sus palabras quiere decir que sí se puede con más de treinta días, lo impuesto fue un plazo mínimo y no un plazo máximo, que fue lo ocurrido, ya que se hizo antes de que comenzara la última prórroga contractual y que por otra parte, si bien es cierto en el contrato no se estableció ninguna cláusula penal, no quería ello decir que estaba prohibida o que las mismas partes en el pleno ejercicio de su libertad contractual no la podían establecer posteriormente, sin que exista ninguna norma, ni ley que prohiba la misma.

Impugna la cuantía estimada por el actor, ya que la sumatoria de los cánones pagados durante la prórroga contractual y la prórroga legal, que van desde septiembre de 2008 hasta septiembre de 2010, arroja la cantidad de ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete bolívares con cincuenta y ocho céntimos.

DE LA RECONVENCIÓN

Alega que además de no cumplir con la obligación de entregar el inmueble la demandante adeuda una porción de arrendamiento correspondiente al período del 1 de septiembre de 2010 al 14 de septiembre de 2010, es decir de catorce días y adeuda igualmente lo correspondiente a la cláusula penal desde el día 15 de septiembre de 2010 hasta el día de interposición de la reconvención, dando un total de cien días, a razón de quinientos bolívares por cada día de atraso.

Reconviene a la demandante para que convenga o en caso contrario sea condenada por el tribunal a lo siguiente: PRIMERO: en cumplir el contrato de arrendamiento y el convenio suscrito y sobre el cual ya había disfrutado de la prórroga legal y en consecuencia, entregue el inmueble arrendado libre de personas y totalmente solvente; SEGUNDO: en pagar la porción del canon adeudado correspondiente al período del 1 de septiembre de 2010 al 14 de septiembre de 2010, ambas fechas inclusive, lo cual asciende a la suma de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 1.853,57); TERCERO: pagar a título de cláusula penal por el retraso en el cumplimiento de la entrega del inmueble, la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00) que corresponde al lapso indicado supra, así como demanda lo que se siga acumulando hasta el momento en que sea entregado en forma definitiva el inmueble.

Fundamenta su reconvención en los artículos 1.159 y 1.160 del Código Civil y en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Estima la reconvención en la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 51.853,57).

CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN

Opone la cuestión previa contenida en el ordinal 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, argumentando que en ningún momento la reconviniente manifiesta los motivos por los cuales debe cumplir con el contrato de arrendamiento y proceder a la entrega del inmueble, tampoco explica como le debe una porción del canon de arrendamiento correspondiente al mes de septiembre de 2010 y menos el motivo por el cual debe ser indemnizado a título de cláusula penal, es decir, no expresa la reconviniente los fundamentos de su pretensión y tratándose de un objeto distinto al del juicio principal no lo determina como se indica en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, por lo que solicita que la cuestión previa sea declarada con lugar.

Opone como defensa la falta de cualidad del ciudadano TOUFIK AL SAFADI para intentar la reconvención por cuanto al celebrar el contrato de arrendamiento no hizo mención que actuaba en nombre propio, sino debidamente autorizado, por lo que lo hizo en nombre y representación de la propietaria sociedad de comercio T.L.W. INVERSIONES C.A., que es la persona jurídica con quien ha contratado y quien tiene acción contra ella. Que además el referido mandato fue otorgado en términos generales por haberse otorgado verbalmente, siendo que sólo comprende actos de simple administración y sin embargo, el ciudadano TOUFIK AL SAFADI sin estar autorizado para ello procede a reconvenirlo, excediéndose en las facultades de simple administrador.

Afirma que no ha comenzado a correr el lapso de la prórroga legal y no está obligado a efectuar la entrega del inmueble por cuanto el acuerdo celebrado el 4 de julio de 2008 es nulo, en base a las razones expuestas en la reforma del libelo de demanda y por ende, para el momento de contestar la reconvención estaba vigente la quinta prórroga del contrato de arrendamiento.

Niega adeudar suma alguna por concepto de cláusula penal ya que el acuerdo celebrado el 4 de julio de 2008 es nulo al contradecir el contrato de arrendamiento, por lo que no está en mora en la entrega del inmueble arrendado.

Niega adeudar porción del canon de arrendamiento del mes de septiembre de 2010, ya que el canon del período comprendido entre el 15 de agosto de 2010 al 14 de septiembre de 2010, en el cual está comprendido el monto reclamado como no pagado, fue consignado en el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, expediente Nº 695-A, ya que el arrendador ser negó a recibir el pago.

III

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS

PRUEBAS DE LA DEMANDANTE

Produce junto al libelo de demanda a los folios 5 al 10 de la primera pieza del expediente, copia fotostática simple de instrumento protocolizado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 19 de enero de 2004, que al no haber sido impugnada se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, quedando demostrado que la sociedad mercantil INVERSIONES PACUEL C.A. está representada por el ciudadano J.M.C.A., quien es su presidente.

Produce a los folios 12 al 14 de la primera pieza del expediente, copia fotostática certificada de instrumento autenticado en la Notaría Pública Quinta de Valencia en fecha 19 de septiembre de 2005, la cual se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, quedado demostrado que las partes celebraron un contrato de arrendamiento sobre un galpón con un área aproximada de quinientos cincuenta metros cuadrados, ubicado en la calle Páez, Nº 85-59-A de la parroquia San Blas, municipio Valencia del estado Carabobo, por un canon de mil quinientos bolívares mensuales, estableciendo un lapso de duración de un año fijo, contados a partir del 15 de septiembre de 2005 prorrogable por periodos de un año si una de las partes no manifiesta a la otra por escrito su voluntad de no prorrogar con por lo menos treinta días de anticipación al vencimiento del contrato o cualesquiera de sus prórrogas. Esta instrumental fue promovida igualmente por la demandada en el lapso probatorio en copia certificada a los folios 228 al 230 de la primera pieza del expediente.

Produjo al folio 15 de la primera pieza del expediente original de instrumento privado que al no ser desconocido adquiere la condición de documento privado tenido por reconocido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia, se le concede valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil, sin embargo, al tratarse del instrumento que contiene el acuerdo cuya nulidad se pretende, entraña el mérito de la controversia y por ende este juzgador se pronunciará sobre el mismo en las consideraciones para decidir. Esta instrumental fue promovida igualmente por la demandada en el lapso probatorio al folio 232 de la primera pieza del expediente.

Produce a los folios 16 y 17 de la primera pieza del expediente, copia fotostática simple de instrumento autenticado en la Notaría Pública Sexta de Valencia en fecha 12 de septiembre de 2006, que al no haber sido impugnada se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, quedando demostrado que el ciudadano TOUFIK AL SAFADI otorgó poder especial al abogado O.A.M. para que en su nombre y representación pueda hacer todos los actos de simple administración sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento entre otros. Esta instrumental fue producida igualmente con el escrito de reforma del libelo de demanda a los folios 34 y 35 de la primera pieza del expediente.

Produce al folio 18 de la primera pieza del expediente, instrumento con sello húmedo del Instituto Postal Telegráfico IPOSTEL y siendo que se trata de una institución pública se les concede valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que el demandado envió telegrama al demandante en fecha 11 de noviembre de 2010 en donde le comunicaba que está en supuesta mora en la entrega de un inmueble por supuesto vencimiento de la prórroga legal.

Produce junto al escrito de reforma del libelo de demanda a los folios 32 y 33 de la primera pieza del expediente, copia fotostática simple de instrumento protocolizado en la oficina de Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Valencia, que al no haber sido impugnada se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, quedando demostrado que el ciudadano TOUFIK AL SAFADI dio en venta a la sociedad de comercio T.L.W. INVERSIONES C.A. el inmueble objeto del contrato de arrendamiento.

Al folio 81 de la primera pieza del expediente, produce copia fotostática simple de instrumento que posee sello húmedo del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que al no haber sido impugnada se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, quedando demostrado que el ciudadano J.M.C. consignó en el referido juzgado a favor del demandado, la cantidad de tres mil novecientos setenta y dos bolívares correspondientes al canon de arrendamiento del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2010.

Produce junto al escrito de contestación a la reconvención a los folios 89 al 91 de la primera pieza del expediente, copia fotostática certificada emanada del Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, la cual se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.360 del Código Civil, quedado demostrado que la sociedad de comercio T.L.W. INVERSIONES C.A. autorizó al ciudadano TOUFIK AL SAFADI para administrar el inmueble objeto del contrato de arrendamiento.

Junto al escrito de contestación a la reconvención a los folios 92 al 111 de la primera pieza del expediente, copia fotostática certificada emanada del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, la cual se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.360 del Código Civil, quedado demostrado que el ciudadano J.M.C. consignó en el referido juzgado a favor del demandado, la cantidad de tres mil novecientos setenta y dos bolívares correspondientes al canon de arrendamiento de los meses que van del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2010; 15 de octubre al 14 de noviembre de 2010; 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2010; y del 15 de diciembre al 14 de enero de 2011.

En el lapso probatorio, la parte demandante reproduce e invoca el valor probatorio de las instrumentales que cursan en autos sobre las cuales este juzgador ya se pronunció, por lo que se reitera lo decidido sobre ellas.

Promueve al folio 252 de la primera pieza del expediente, instrumento que posee sello húmedo del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.360 del Código Civil, quedando demostrado que el ciudadano J.M.C. consignó en el referido juzgado a favor del demandado, la cantidad de tres mil novecientos setenta y dos bolívares correspondientes al canon de arrendamiento del 15 de enero al 15 de febrero de 2011.

PRUEBAS DEL DEMANDADO

Por un capítulo primero, promueve copia fotostática simple del expediente Nº 2.077 llevado por el Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que al no haber sido impugnada se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, quedando demostrado que el ciudadano TOUFIK AL SAFADI demandó a la sociedad de comercio INVERSIONES PACUEL C.A. por cumplimiento de contrato de arrendamiento, sin embargo, esa causa quedó extinguida por litispendencia según consta en sentencia dictada el 25 de enero de 2011 por el Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, agregada a los autos el 3 de diciembre de 2015, cursando a los folios 18 al 21 de la tercera pieza del expediente.

Por un capítulo segundo, promueve la prueba de exhibición de documentos cuya admisión fue negada por auto del 25 de febrero de 2011. No obstante la demandada apela del referido auto, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en sentencia de fecha 25 de mayo de 2011 declara inadmisible este medio de prueba, por lo que nada tiene que valorar este juzgador en ese sentido.

Por un capítulo tercero, promueve la prueba de informes a ser rendida por la sociedad de comercio T.L.W. INVERSIONES C.A. la cual fue admitida por auto del 25 de febrero de 2011 y a los folios 265 y 266 de la primera pieza del expediente consta la respuesta ofrecida por la sociedad de comercio requerida. No obstante, no consta en autos que el recurso de apelación interpuesto por la demandante respecto a la admisión de este medio de prueba fuese sustanciado y decidido, así como tampoco consta que el demandado haya hecho valer nuevamente esa apelación junto al recurso interpuesto contra la sentencia definitiva como lo dispone el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, no puede pasar inadvertido a esta superioridad que el representante de la sociedad de comercio T.L.W. INVERSIONES C.A. es la misma parte demandada, ciudadano TOUFIK AL SAFADI, por lo que en criterio de esta alzada la prueba de informes rendida por la sociedad de comercio T.L.W. INVERSIONES C.A. no puede ser valorada conforme al principio de alteridad, según el cual la fuente de la prueba debe ser distinta de la persona que pretende aprovecharse de ella, ya que nadie puede fabricarse sus propios medios de prueba.

También por un capítulo tercero, promueve la prueba de informes a ser rendida por la parte demandante, sociedad de comercio INVERSIONES PACUEL C.A., la entidad bancaria Banesco Banco Universal y por el Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, cuya admisión fue negada por auto del 25 de febrero de 2011. No obstante la demandada apela del referido auto, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en sentencia de fecha 25 de mayo de 2011 declara inadmisible estos medios de prueba, por lo que nada tiene que valorar este juzgador en ese sentido.

Promueve al folio 231 de la primera pieza del expediente, original de instrumento privado cuya admisión fue ordenada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en sentencia de fecha 25 de mayo de 2011 y que al no ser desconocido adquiere la condición de documento privado tenido por reconocido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia se le concede valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1363 del Código Civil, quedando demostrado que la demandante suscribió el 25 de julio de 2007 con el abogado O.A.M. quien actuaba con el carácter de apoderado del demandado un acuerdo mediante el cual prorrogaron el contrato de arrendamiento por el período de un año y fijaron un nuevo canon de arrendamiento.

A los folios 233 y 235 de la primera pieza del expediente, promueve original de instrumentos privados cuya admisión fue ordenada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en sentencia de fecha 25 de mayo de 2011 y que al no ser desconocidos adquieren la condición de documentos privados tenidos por reconocidos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia se les concede valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil, quedando demostrado que la demandante recibió de la demandada en fechas 12 de septiembre de 2006 y 11 de septiembre de 2009, mediante las cuales se le comunicó que había sido designado el abogado O.A.M. como apoderado del ciudadano TOUFIK AL SAFADI y asimismo se le comunicó que el año de la prórroga legal comenzaba el 15 de septiembre de 2009 terminando el 14 de septiembre de 2010 y que el canon de arrendamiento para ese período era de tres mil novecientos setenta y dos bolívares.

A los folios 234 y 236 de la primera pieza del expediente, promueve original de instrumentos privados cuya admisión fue ordenada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en sentencia de fecha 25 de mayo de 2011. Sin embargo, estas pruebas no consta que hayan sido suscritas por el demandante por lo que las mismas no le pueden ser opuestas y en consecuencia, debe ser desechadas del proceso.

A los folios 237 y 238 de la primera pieza del expediente, promueve instrumentos con sellos húmedos del Instituto Postal Telegráfico IPOSTEL y siendo que se trata de una institución pública se les concede valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que el demandado envió telegrama al demandante en fecha 9 de noviembre de 2010 en donde le comunicaba que supuestamente estaba en mora en la entrega del inmueble.

Al folio 239 de la primera pieza del expediente, promueve original de instrumento privado suscrito por la misma parte demandada que promueve la prueba, por lo que la misma no puede ser valorada conforme al principio de alteridad, según el cual la fuente de la prueba debe ser distinta de la persona que pretende aprovecharse de ella, ya que nadie puede fabricarse sus propios medios de prueba.

IV

PRELIMINARES