Decisión nº 11347 de Juzgado Segundo en lo Civil de Vargas, de 29 de Octubre de 2015
| Fecha de Resolución | 29 de Octubre de 2015 |
| Emisor | Juzgado Segundo en lo Civil |
| Ponente | Liseth Carolina Mora Villafañe |
| Procedimiento | Daños Derivados De Accidente De Transito |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y AGRARIO DEL CIRCUITO JUDICIAL CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.
Maiquetía, veintinueve (29) de Octubre de dos mil quince (2015)
204º y 155º
DEMANDANTE:
DEMANDADO: SOCIEDAD MERCANTIL VENEZOLANA DE FLETAMENTOS CAVEFLE, inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha de 30 de septiembre de 1998, bajo N. 50, Tomo: 19-A-VII
SOCIEDAD MERCANTIL TRANSPORTE TORRE 6018, C.A inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en fecha de 13 de marzo de 2009, bajo N. 11, Tomo: 8-A, expediente N° 457-1014
MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS (DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO)
DECISIÓN: PERENCIÓN.
EXPEDIENTE: W1P12-V-2014-000176
I
Se da inicio al presente juicio en fecha 13 de agosto de 2014, mediante demanda de DAÑOS Y PERJUICIOS (DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO), presentada por la SOCIEDAD MERCANTIL VENEZOLANA DE FLETAMENTOS CAVEFLE, inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha de 30 de septiembre de 1998, bajo N. 50, Tomo: 19-A-VII, representada por el profesional del derecho RESCIGNO SESSA DOMINGO, inscrito en el inpreabogado bajo el número 82.120 en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL TRANSPORTE TORRE 6018, C.A inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en fecha de 13 de marzo de 2009, bajo N. 11, Tomo: 8-A, expediente N° 457-1014
Por auto de fecha 14 de agosto de 2014, se le dio entrada a la presente demanda.
Previa consignación de los recaudos, en fecha 17 de septiembre de 2014, se dicto auto mediante el cual se admitió la demanda, y se emplazo a la parte demandada para la contestación a la demanda.
En fecha 08 de octubre de 2014, previa consignación de los fotostatos, se libro la compulsa de citación.
En fecha 24 de noviembre de 2014, el ciudadano LEMMI L.V.C. Alguacil designado de éste Circuito Judicial Civil, dejo constancia de haberse trasladado a los fines de practicar la citación de la parte demandada y manifestó al efecto que fue atendido por una ciudadana llamada R.V.M., quien le manifestó ser sobrina del demandado, y se reservó la compulsa para trasladarse nuevamente.
En fecha 14 de enero de 2015, el apoderado judicial de la parte actora el abogado D.R.S. presentó escrito de reforma de demanda.
En fecha 16 de enero de 2015, el Tribunal admitió la reforma de demanda.
En fecha 02 de marzo de 2015, el ciudadano LEMMI L.V.C. Alguacil designado de éste Circuito Judicial Civil, dejo constancia de haberse trasladado a los fines de practicar la citación de la parte demandada y manifestó al efecto que fue atendido por una ciudadana llamada R.V.M., quien le manifestó ser sobrina del demandado, y siendo infructuosa la localización de los demandados consigno la compulsa y el recibo sin firma.
En fecha 04 de marzo de 2015, el Tribunal dicto auto, instando a la parte actora a consignar los fotostatos del escrito de reforma de demanda y del auto que las admite, a fin de proveer sobre lo conducente y así garantizar el respectivo derecho a la defensa.
En vista de la falta de impulso de la parte actora, en la cual no dio cumplimiento a lo solicitado en el auto dictado por este Tribunal en fecha 04/03/2015, fecha desde la cual han transcurrido seis (6) meses y doce (12) días, el Tribunal observa:
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, expediente Nro. AA20-C-2001-000436, señaló lo siguiente:
…En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.…
…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece...
Asimismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de septiembre de 1993, expediente Nro. 92-0439, afirmó:
…La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del Art. 267 del C.P.C. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio de las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…
Y por su parte el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal primero, referente al momento de extinción de la instancia, señala lo siguiente:
2º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”
Igualmente, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:
La Perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes y pueden declararse de oficio por el tribunal
.-
Ahora bien, por cuanto han transcurrido más de seis (6) meses sin que la parte actora no ha demostrado interés en la presente causa, y en virtud que no consta en autos que hubiese cumplido con las obligaciones que impone la Ley a tales efectos, considera esta sentenciadora de acuerdo a la doctrina antes citada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y el ordinal 2° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que la presente causa se encuentra extinguida. Y así se decide.
En razón de lo anterior, este Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA y en consecuencia PERIMIDO EL PRESENTE PROCESO.-
PUBLIQUESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y DEJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los Veintinueve (29) días del mes de octubre del 2015. A los 204ª años de la Independencia y a los 155ª años de La Federación.-
LA JUEZ,
Abg. L.C. MORA VILLAFAÑE.
LA SECRETARIA ACC
ABG.A.M..
En la misma fecha de hoy, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 3:25 de la tarde.
LA SECRETARIA ACC
ABG. A.M..
LCMV/CP/Christian.-
