Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 15 de Mayo de 2014

En fecha 12 de Junio de 2009, se recibió por ante el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, el escrito contentivo del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por la Sociedad Mercantil SERENOS LOS ANDES C.A. (S.E.A.N.C.A.), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Carabobo, en fecha 04 de octubre de 1983, bajo el N° 57, Tomo 30-B., mediante Apoderada Judicial, contra la P.A. N° 00832, de fecha 28 de Noviembre de 2008, en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, dictada por la Inspectoría del Trabajo de Maracay Estado Aragua.

2. DEL PROCEDIMIENTO

   En fecha 16 de Junio de 2009, se le dio entrada al presente expediente y se da cuenta al ciudadano juez.

   En la misma fecha 16 de Junio de 2009, el Tribunal admitió cuanto ha lugar en derecho el recurso interpuesto, ordenando librar las notificaciones de Ley.

   En fecha 19 de Marzo de 2010, diligenció la ciudadana Abogada A.C.L., Inpre N° 75.679, en la cual solicita abocamiento.

   De igual forma el día 20 de Abril de 2010, dicha Representación Judicial de la parte actora solicitó copias certificadas del expediente.

   En fecha 10 de Mayo de 2010, la ciudadana Abogada A.C.L., Inpre N° 75.679, mediante diligencia acompañó anexos y solicitó medida cautelar.

   En fecha 20 de Mayo de 2010, por auto el tribunal acordó expedir las copias certificadas solicitadas y ordenó practicar cómputo por secretaría.

   En fecha 13 de Agosto de 2010, la Representación Judicial de la parte demandante consigna las copias necesarias para la práctica de las notificaciones.

   El día 02 de Febrero de 2011, la Abogada de la parte actora solicitó el abocamiento.

   Por auto de fecha 03 de Febrero de 2011, quien suscribe procedió al abocamiento en los términos previstos en los artículos 14 y 90 del Código de Procedimiento Civil.

   En fecha 28 de Febrero de 2011, la Representación Judicial de la parte actora presentó escrito realizando consideraciones conjuntamente con solicitud de medida cautelar.

   En fecha 03 de Marzo de 2011, el Tribunal dictó sentencia interlocutoria mediante la cual declaró Improcedente la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos del Acto.

   Por auto de fecha 16 de Marzo de 2011, se ordenó la notificación de las partes a los fines de que tuviesen conocimiento de la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio.

   En fecha 28 de Marzo de 2011, el ciudadano Alguacil dejó constancia de haber practicado las notificaciones en las zonas comprendidas en la jurisdicción del tribunal.

   La Representación Judicial de la parte demandante diligenció el día 12 de Abril de 2011, solicitando copias de los autos.

   En fecha 20 de Septiembre de 2011, el Tribunal ordenó agregar a los autos las resultas de la comisión recibidas, provenientes del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

   El día 26 de Septiembre de 2012, por auto el Tribunal ordenó librar oficio con el requerimiento de los Antecedentes Administrativos.

   En fecha 06 de Noviembre de 2012, la Representación Judicial de la parte actora mediante diligencia solicitó copias del oficio librado en fecha 06 de Noviembre de 2012.

2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

   En fecha 12 de Junio de 2009, la parte actora presentó escrito de demanda en los términos siguientes:

   Reseña: "Omissis... [en] fecha trece de enero del año dos mil nueve (13/01/2009), fue notificada mi representada de la P.A. N° 00832, […] dictado por la Inspectoría del Trabajo de Maracay Estado Aragua, en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil ocho (28/11/2008), en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, incoado por le ciudadano F.G.U.E., […] titular de la Cédula de Identidad N° V.- 4.548.530…”

   Que, "Omissis... la P.A. N° 00832-08, de efectos particulares, contiene un vicio en un elemento esencial del acto administrativo como es la causa, cual es el falso supuesto, que se produce en este caso en lo relativo a los hechos y al derecho, se constituye cuando la Inspectoría del Trabajo desecha del proceso la carta de renuncia suscrita por el trabajador reclamante, fundamentando su decisión en la existencia de un procedimiento de tacha de documento privado, lo que deviene, en errónea apreciación de los hechos, que de no haber incurrido en él, la decisión hubiera sido otra. El segundo de los vicios lo constituye el falso supuesto de derecho, que surge con la aplicación indebida del supuesto de hecho abstractos contenidos en [el] artículo 44 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, norma que no corresponde ni lo acontecido ni a lo probado en los autos, por cuanto, para el día 10 de septiembre de 2007, el trabajador reclamante no tenía cualidad jurídica para intentar la acción de reenganche y pago de salario caídos…”

   Que, "Omissis... la Inspectoría del Trabajo incurrió en la flagrante violación de los derechos consagrados en [el] artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la relación al derecho al debido proceso y a la defensa, acto que se consumó, cuando el ente administrativo da valor probatorio a los documentos públicos tachados por mi representada de manera oportuna, […] la Inspectoría del Trabajo no ajustó a sus deberes como sentenciador, de guardar el equilibrio y la igualdad procesal debida entre las partes, acto innegable, que vulnera las citadas garantías a la defensa y al debido proceso de mi representado, en virtud de lo cual, de conformidad con el artículo 19, numeral 1° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la decisión de la Inspectoría del Trabajo, es violatoria de los precitados derechos y es absolutamente nula, porque así lo establece el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,…”

   Reitera "Omissis... la P.A. se impugna […] por cuanto las pruebas aportadas demuestran que el trabajador reclamante […] jamás fue despedido, trasladado o desmejorado de su sitio de trabajo el día ocho de agosto del año [sic.], no existen elementos que acrediten que el trabajador reclamante goce de la inamovilidad especial prevista en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, […] es deber del sentenciador administrativo atenerse a lo alegado y probad en juicio, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados, ni probados…”

   Finalmente, solicitó la nulidad del acto administrativo de fecha 28 de Noviembre de 2008, recaída en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, que emanó de la Inspectoría del Trabajo del Estado Aragua.

3. COMPETENCIA

   Ahora bien, en el caso de autos, se observa que, el recurso hoy sometido a pronunciamiento y de toda la situación planteada por el recurrente, que se trata de un Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA.

   En ese sentido, se debe advertir que las Inspectorías del Trabajo son órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo según lo previsto en el artículo 588 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 229 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

   Visto lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a efectos de regular la competencia en relación a los recursos contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, estableció un nuevo criterio con carácter vinculante referido al régimen de conocimiento en esta materia, fortaleciendo la protección jurídica-constitucional de los trabajadores y trabajadoras. En tal sentido, la sentencia No. 955 del veintitrés (23) de septiembre de 2010, plasmó:

   "Omissis... el artículo 259 constitucional…establece una regla general, existen algunas excepciones, como es el caso de la jurisdicción especial agraria, que conoce asuntos que versan sobre aspectos del contencioso administrativo, pero que por la especialidad de la materia y la protección constitucional reconocida a la misma, han sido reservados a los tribunales agrarios (artículo 269 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario) en vista de esta situación, considera oportuno la Sala revisar los criterios de interpretación de esta norma constitucional, que ha venido aplicando de manera pacífica y reiterada en casos como el de autos, a fin de garantizar la efectiva vigencia y respeto de los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A estos efectos, es importante recordar que una norma no puede ser interpretada de forma aislada, sino dentro del contexto en el cual la misma se encuentra. De allí que debe a.h.q.p. podría ser viable la exclusión del conocimiento de acciones relacionadas con providencias administrativas dictadas por Inspectorías del Trabajo –en el ámbito de una relación laboral–, de la jurisdicción contenciosa administrativa. En este orden de ideas, destaca la regulación constitucional del derecho al trabajo, plasmada en los artículos 87 al 97, Título III: Derechos Sociales, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al considerarlo un derecho y un hecho social, el Constituyente impone al Estado el deber de protegerlo. De allí que la Disposición Transitoria Cuarta, en su numeral 4, de nuestra Carta Magna, estableció el deber para la Asamblea Nacional de aprobar, dentro del primer año, contado a partir de su instalación: ‘Una ley orgánica procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador o trabajadora en los términos previstos en esta Constitución y en las leyes. La ley orgánica procesal del trabajo estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso’...Esta posición se ve reforzada por la reciente entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 377.244 del 16 de junio de 2010; la cual tiene por objeto “regular la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en las leyes especiales” (artículo 1). Las competencias de los órganos integrantes de esta jurisdicción, están consagradas en los artículos 9, 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley Orgánica. De esos artículos interesa, a los efectos de determinar la competencia para el conocimiento de las acciones relacionadas con providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo…De los artículos anteriormente transcritos, se puede apreciar que el legislador excluyó –de forma expresa– de las competencias asignadas a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa, la relativa al conocimiento de “las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo”. Con este criterio, la Sala puede evidenciar que el legislador viene a fortalecer la protección jurídico-constitucional de los trabajadores, a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo la vigencia y efectividad del trabajo, como derecho y como hecho social que debe ser protegido por el Estado (artículos 87 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), en pro del interés general y de la propia vida en el porvenir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para hacerla descansar en la justicia social y humanitaria…Ese deber del Estado se ha traducido en la creación de una jurisdicción especial -la laboral-, que conoce las normas sustantivas dictadas en la materia y los procedimientos especialmente creados para resolver las controversias surgidas con ocasión de relaciones laborales. De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación. En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara. Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara. Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República: 1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral. 2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo….”.

   De igual forma, la Sala Constitucional mediante decisión No. 108 del veinticinco (25) de febrero de 2011, ratificó el criterio anteriormente transcrito, estableciendo además los efectos temporales del nuevo régimen de competencia, especificando:

   "Omissis... esta Sala estima necesario señalar que, de acuerdo a la sentencia Nro. 955, de fecha 23 de septiembre de 2010, caso: B.J.S.T. y otros, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, se estableció que la jurisdicción laboral es la competente para conocer de las distintas pretensiones que se planteen en relación con las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, tanto para juicios de nulidad contra las referidas providencias, como para la resolución de los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de éstas, que han quedado firmes en sede administrativa, como por demandas de amparo constitucional fundamentadas en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos…. siendo en esta oportunidad preciso señalar que todos los conflictos de competencia que surjan con ocasión a dichos juicios, e incluso los que hayan surgido con anterioridad al presente fallo, se resolverán atendiendo el criterio vinculante contenido en la sentencia N° 955/10, la cual tiene aplicación efectiva desde su publicación el 23 de septiembre de 2010, como ya antes apuntó esta Sala en sentencia N° 43 del 16 de febrero de 2011…Con fundamento en las consideraciones que anteceden, y en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 335 de la Constitución, esta Sala deja asentado con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, que el criterio vinculante contenido en la sentencia de esta Sala N° 955 del 23 de septiembre de 2010, la cual tiene aplicación efectiva desde esa fecha (como se dispuso en sentencia N° 43 del 16 de febrero de 2011), tiene alcance para todos los conflictos de competencia que surjan con ocasión a las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, e incluso los que hayan surgido con anterioridad al presente fallo…”.

   Desarrollando a su vez, la Sala Constitucional de este M.T. en sentencia No. 43 del trece (13) de febrero de 2012, lo siguiente:

   "Omissis... En el caso concreto, corresponde a esta Sala pronunciarse respecto del conflicto negativo de competencia que surgió entre el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental y el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y, por tanto, la determinación del juzgado competente para el juzgamiento de la demanda de amparo constitucional que incoó el ciudadano Dulfan R.M. contra la sociedad mercantil Costa Norte Construcciones C.A., el 18 de enero de 2010. Es así, conforme a la doctrina vinculante que estableció esta Sala…visto que en el presente caso el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental no llegó a celebrar la Audiencia Constitucional respectiva y el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo planteó el conflicto de competencia, la Sala, a los fines de garantizar la celeridad, la tutela judicial efectiva, y el derecho a ser juzgado por el juez natural, concluye que corresponde el juzgamiento del presente asunto al juez laboral, por cuanto resulta en interés y en beneficio de las partes que las demandas que se interpongan contra los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo sean decididas en la jurisdicción laboral, con independencia de los criterios atinentes a la competencia que se hayan podido sostener con anterioridad y, por tanto, de la fecha de la interposición de las demandas, de modo que esta circunstancia fáctica, que les es ajena, no les impida a las partes el acceso al juez que está más calificado para la cabal composición de la controversia…Así, se insiste, debe atenderse al contenido de la relación más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural para la decisión de este tipo de pretensiones es el laboral, que es el especializado en proteger la persona de los trabajadores y, en particular, ‘la parte humana y social de la relación’. Así se declara”.

   Ahora bien, en atención a lo expuesto, la sentencia dictada por la Sala Plena, en Diciembre de 2013 Magistrado Ponente Dr. P.J.A.R., estableció que referido al régimen de competencia laboral, aplicable al conocimiento de las acciones ejercidas contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo (en cualquier tiempo), inclusive los conflictos surgidos con anterioridad a los fallos citados, y aplicable al caso de autos donde se planteó el conflicto de no conocer el veintiocho (28) de abril de 2010, esta Sala Plena declara que la competencia para conocer de la demanda por cumplimiento de la p.a. No. 073-07 de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2007, dictada por la Inspectoría del Trabajo de Carúpano, en virtud del procedimiento de desmejora interpuesto por el ciudadano P.R.J.M.M. contra la FUNDACIÓN PARA LA SALUD DEL ESTADO SUCRE (FUNDASALUD), le corresponde al Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial Laboral del Estado Sucre (extensión Carúpano).

   En atención al nuevo criterio con carácter vinculante establecido por la Sala Constitucional; referido al régimen de competencia laboral, aplicable al conocimiento de las acciones ejercidas contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo (en cualquier tiempo), inclusive los conflictos surgidos con anterioridad a los fallos citados; mediante el cual determinó que cuando una demanda de cualquier naturaleza que tenga por objeto, como la de autos, esto es la nulidad de una p.a. dictada por una Inspectoría del Trabajo, la competencia corresponde a los tribunales laborales. Así, al corresponder a una demanda de nulidad contra la p.a. N° 00832, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Inspectoría del Trabajo, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos intentada por el ciudadano F.G.U.E., titular de la Cédula de Identidad N° V.- 4.548.530; éste Juzgado Superior Estadal declara que la competencia le corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

   En virtud de los criterios transcritos, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, considera que la jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la Jurisdicción laboral, y como quiera que la presente acción se trata de un Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, razón por ello, se declara INCOMPETENTE para conocer y decidir el presente recurso; y en consecuencia DECLINA el conocimiento de la presente causa ante uno de los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, a quien le corresponda conocer previa distribución. Así se decide.

   DECISIÓN

   Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua declara: