Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Septiembre de 2009

En sus informes de alzada, la sociedad mercantil demandada requirió que se declarase la reposición de la causa al estado de que se oiga la apelación interpuesta en contra del fallo interlocutorio producido en juicio en fecha 26 de octubre de 2001, el cual según arguyó la recurrente accionada, consideró el a quo que el escrito mediante el cual se opusieron las cuestiones previas de los numerales 3º, 6º, 9º y 10º por la parte demandada, al contener defensas de fondo constituía un escrito de contestación al mérito de la demanda, por lo tanto desechó las cuestiones previas de los ordinales 3º y 6º al considerarlas como no opuestas, indicando el recurrente que se omitió pronunciamiento con relación a la confesión ficta en que incurrió la parte actora al no contradecir las cuestiones previas opuestas.

Al respecto, quien aquí decide considera oportuno indicar, que si bien es cierto que contra dicho fallo la parte demandada ejerció el recurso de apelación el cual no fue hecho valer nuevamente con la apelación de la sentencia de fondo dictada, como lo ordena el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, tal hecho no impide a la alzada el análisis de dicha materia controvertida por cuanto la apelación de la sentencia definitiva transfiere al ad quem plena jurisdicción en el conocimiento de la controversia, mas aún en el presente caso donde la decisión interlocutoria objeto de apelación guarda relación con la validez del escrito de contestación a la demanda lo cual incide en los puntos controvertidos que serán objeto de revisión en alzada, motivo por el cual dicho aspecto no puede generar la reposición invocada, así se declara.

El segundo aspecto por el cual se solicita la reposición, está referido a la omisión de pronunciamiento por el juzgado a quo en cuanto a tener por admitidas las defensas opuestas conformes a los ordinales 9º y 10º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, al no haber sido oportunamente contradichas por la parte actora conforme lo ordena el artículo 351 eiusdem.

En este aspecto, se observa que el juzgado a quo en su decisión de fecha 26 de octubre de 2001, consideró que el escrito consignado por la parte demandada mediante el cual alegaba cuestiones previas de los ordinales 3º, 6º, 9º y 10º del artículo 346 citado, por contener defensas de fondo, debía entenderse como el escrito de contestación al mérito de la causa, razón por la cual desechó al estimar como no opuestas válidamente las dos primeras y señaló claramente que las consagradas en los ordinales 9º y 10º serían resueltas en la sentencia definitiva, todo lo cual en opinión de este juzgador se encuentra ajustado a derecho en aplicación del criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, asentado en sentencia de fecha 19 de junio de 2000, y así se desprende de las actas procesales, y que en dicho escrito la parte demandada hace referencia que procede a la contestación de la demanda, e incluye el alegato referido a “…que el ejercicio de la acción es extemporánea, está prescrito el derecho y la acción para proponerlo, ex artículo 1.346 del Código Civil que invocamos y damos por reproducido por brevedad de espacio…”.

Sumado a ello, también ha quedado establecido en el presente fallo judicial, que el sentenciador de primera instancia declara que el documento producido por la sociedad mercantil accionada, lo fue con el carácter de contestación al fondo de la demanda y que mal podía dicho sujeto procesal también haber opuesto cuestiones de previo pronunciamiento, dado que el juicio aquí instaurado con ocasión de una acción de nulidad de compraventa, se tramita por el procedimiento ordinario que el legislador patrio establece –y no por un procedimiento especial- el cual no admite que se opongan cuestiones previas en el mismo acto en que se está dando contestación a la demanda. Y siendo que ello quedó judicialmente establecido en la sentencia interlocutoria antes referida, se debe adicionalmente indicar que no tiene recurso de apelación, lo que se decidirá respecto a las cuestiones previas opuestas con arreglo a lo dispuesto en los ordinales 3° y 6° ex artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, amén de que la cosa juzgada y la caducidad de la acción también opuestas en ese mismo escrito de contestación a la demanda, quedó establecido que serían resueltas en la sentencia definitiva y así consta de autos que ha sido, como igualmente consta que la sociedad mercantil accionada ha ejercido recurso de apelación en contra de dicho fallo definitivo, razón por la cual no era aplicable la contradicción de dichas defensas previas conforme al artículo 351 eiusdem por lo tanto no se podía entender como su admisión por la parte actora al no ser contradichas expresamente, aspecto éste que por demás no implica confesión ficta como lo peticiona el recurrente y así ha sido reiterado por la Sala de Casación Civil de nuestro M.T.. Mal podría entonces, la parte actora, dar “oportuna” contestación a unas cuestiones previas que, evidentemente resultaron extemporáneamente opuestas, dado que el legislador patrio señala que en los procedimientos ordinarios, el demandado podrá en la oportunidad de dar contestación a la demanda –en lugar de darla- oponer cuestiones previas, para cuyo caso también fija oportunidad para dar contestación a la demanda una vez denunciada la incidencia abierta con ocasión de las defensas previas opuestas. En modo alguno podría el demandado oponer tales defensas conjuntamente con la contestación, motivo por el cual la entonces Juez Tercero de Primera Instancia resolvió establecer que lo que el demandado hizo fue consignar un escrito de contestación al fondo de la demanda y como tal desechó las cuestiones previas de los numerales 3° y 6°, resolviendo atender las defensas de cosa juzgada y caducidad de la acción como perentorias al fondo y, así ha quedado también establecido en el presente fallo, por lo que

En consecuencia, mal podría existir la confesión ficta de la parte actora argüida con semejantes argumentos por la parte demandada, por lo que forzosamente esta superioridad declara improcedente tal solicitud declarativa y, así se declara.

En consecuencia, resulta forzoso para este jurisdicente declara improcedente la solicitud de reposición de la causa al estado de que se “oiga” la apelación interpuesta por la parte demandada en contra del fallo interlocutorio fechado 26 de octubre de 2001, siendo que los puntos debatidos lo están siendo resueltos en la presente sentencia en virtud del tempestivo recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del fallo definitivo proferido por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. Así se decide.

Despejado lo anterior, se pasa a emitir pronunciamiento con respecto a la defensa de cosa juzgada prevista en el numeral 9º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo la accionada que al haber determinado un Tribunal Penal que los hechos no revestían carácter penal, no podían ser éstos objeto de una nueva revisión, ya que no se abrió investigación penal. Ello, dado que en fecha 13 de octubre de 1994 y ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público del Estado Nueva Esparta, el propio J.C.R.C. solicitó se abriese una investigación penal en relación al referido poder.

En fecha 07 de noviembre de 1994, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de esa Circunscripción Judicial decidió que los hechos relativos al mandato no revestían carácter penal de conformidad con el artículo 99 del Código de Enjuiciamiento Criminal declarando por lo mismo que no había lugar a la formación del sumario; consultada la decisión con el Tribunal Superior Segundo de la misma Circunscripción Judicial, el 30 de enero del año 1995 éste manifestó que la decisión del a quo era ajustada a derecho y en consecuencia la confirmo en todas y cada una de sus partes, sosteniendo que los hechos denunciados no revestían carácter penal, aduciendo que si ello es así mal podía entonces un Tribunal del Área Metropolitana cinco años después, pronunciarse sobre los mismos hechos y las mismas personas porque ello violentaría el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, invocó igualmente el artículo 21 eiusdem.

Este Tribunal pasa a a.l.d.d. la jurisdicción penal que cursan en autos, mediante la cual el a quo declaró lo siguiente:

“…Se inicia por denuncia del ciudadano J.C.R. asistido por el ciudadano abogado R.B.O., en dicha denuncia señala el denunciante que “desde fecha 19-11-93 hasta la presente he venido ejerciendo las facultades del referido poder en forma normal y previa instrucciones verbales recibidas de mis padres. Sin embargo se da el caso que uno de mis hermanos se ha dado a la tarea de sostener con fines inconfesables de obstruir una serie de negociaciones que se adelantan en Estados Unidos de Norte América que con el mencionado instrumento poder, estoy cometiendo delito en contra de mis padres a tal punto que han llegado a formular denuncias ante autoridades norteamericanas concretamente ante él: LAW ENFOREMENT AGENCIES, INTERPOL Y EL FEDERAL BUREAU INVESTIGATIONS (F.B.I). Es por ello que estoy acudiendo a su competente autoridad, para solicitar de conformidad con los artículos 92 y 90 del Código de Enjuiciamiento Criminal, se adelante la investigación correspondiente por estos hechos de los cuales está conociendo mediante el presente escrito y en pleno ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, como mi Juez natural determine si existen tales violaciones al ordenamiento Jurídico erigidas por el Estado como delitos o faltas. Con prescindencia de si en una conducta así hay o no delito, cuestión esta a lo mejor sin mayor trascendencia, si es necesario, con vista al ante referido Instrumento Poder que me fuera conferido por mis padres, precisar si el actuar conforme a las facultades inherentes al Poder, se podía cometer algún delito”..Omissis...... “Si en el ejercicio de las facultades del referido Poder otorgado conforme a las Leyes del País la persona del APODERADO, puede; Sin Cometer delito, efectuar todos los actos que sus apoderados le Autorizaron a realizar por ellos”. Vista la denuncia el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta el 07 de noviembre de 1994, dictó un auto que es del tenor siguiente: Este Tribunal al observar la denuncia señala que la misma no reviste carácter Penal por lo tanto de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Enjuiciamiento Criminal Vigente, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta Administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la ley DECLARA NO HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DEL SUMARIO......” .- El Juzgado Superior Segundo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta con sede en la Asunción en fecha 30 de enero de 1995, confirmó la decisión dictada por el Juez de la causa DECLARA NO HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DEL SUMARIO de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de Código de Enjuiciamiento Criminal. De estos análisis se deriva con meridiana claridad que no hubo una investigación de los hechos, por cuanto no cursa el auto de proceder que a tenor del artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal debe iniciar todo proceso penal, por ello no puede hablarse de la existencia de cosa juzgada en lo penal , por cuanto ciertamente a simple vista el poder se encuentra firmado por los otorgantes y está autenticado por ante un funcionario, pero no hay una investigación sobre los hechos que han sido denunciados por la agraviada, las partes tienen diferente situación, aún cuando el objeto es el mismo: el poder; los hechos denunciados son diferentes, no hubo una investigación, sino que a priori se declaró no haber lugar a la formación del sumario, por ello debe declararse improcedente el alegato, por ser una investigación muy diferente y para que haya cosa juzgada en cualquier materia debe haber identidad de personas, de objeto y de causa, en el caso analizado no la hay, se observa además que el ciudadano J.C.R., mandatario de sus padres según el poder, instrumento anulado por el juicio penal donde hubo una investigación a fondo, está asistido en esta denuncia por el ciudadano R.B., quien es el director de la empresa Compañía Oriente, a quien aquél ciudadano vende todos los bienes de sus padres, esta situación es anómala a los ojos de cualquier Juzgador, por todos los análisis realizados de los instrumentos acompañados en autos se concluye en desestimar los argumentos esgrimidos por la parte demandada.- Igualmente cursa un fallo de fecha 09 de octubre de 1998, dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto Superior en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas confirmatoria de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la misma Circunscripción Judicial, el cual inició la averiguación mediante auto de proceder, practicando todas las diligencias preliminares tendientes al total esclarecimiento de los hechos , derivada de la denuncia de la ciudadana S.C.d.R., interpuesta el 11 de enero de 1995, la denuncia entre otros hechos narrados indica que “... se apersonaron en mi casa de habitación mis hijos J.C.R.C. Y R.R.C., quienes me presentaron un documento y me expresaron que se requería lo firmáramos tanto mi esposo como yo, pues se trataba de un poder que era necesario para desalojar al inquilino que ocupaba el galpón. Por tratarse de mis hijos, me limité a firmarlo y lo mismo hizo mi esposo (...) con ese poder, sin mi conocimiento y sin mi consentimiento, y con una firma que permitió la autenticación que no fue hecha por mi esposo, nuestro hijo vendió los cuatro inmuebles a que he hecho referencia a precio muy inferiores a los del mercado y a una misma persona jurídica, a COMPAÑÍA DE ORIENTE C.A. Después de las operaciones señaladas, no he recibido suma de dinero alguna ni explicación razonable de lo ocurrido (...)Cursa declaración de la ciudadana E.V.P.C., la cual es la persona que como abogada se menciona como redactora del poder que es objeto de la investigación penal, en su declaración ante el tribunal instructor declara que no redactó dicho poder, que no lo suscribió, y desconoce la firma que como de ella aparece en el instrumento y que no fue contratada por los accionantes para redactar el poder, y que no es su firma. Se realizó experticia grafotécnica por funcionarios adscritos al Laboratorio Central de la Guardia Nacional sobre todas las firmas del instrumento de poder otorgado por los accionantes , llegando a las siguientes CONCLUSIONES: 1.- La firma que con el carácter de“ Dra. P.E. V” ubicada en el extremo superior izquierdo del documento “PODER GENERAL”, registrado en la Notaría Pública Vigésima Tercera de Caracas, ha sido realizada por una persona diferente a la que ejecutó los trazos y rasgos del cuerpo manuscrito de la ciudadana E.V.P.C., ubicada al folio 223 del Expediente que nos ocupa. 2.- La firma que se observan entre las pautas 57,58 y 59, ubicada en el extremo inferior izquierdo del “PODER GENERAL” así como su homóloga ubicada en la planilla de autenticación, específicamente en el primer plano en el espacio destinado a “LOS OTORGANTES” presente en el documento de otorgamiento de poder signado bajo el número 67, Tomo 150, año 1993, del libro de Autenticaciones llevado por la Notaría Vigésima tercera de caracas corresponde a una autoría escritural distinta a la persona que realizó la firma (en tinta de tono negro), ....” (Negrillas y resaltado de la alzada)

Si bien tal y como el demandado ha argüido, en jurisdicción penal un tribunal ha declarado que los “hechos” no revisten carácter penal, también ha quedado evidenciado en juicio civil que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de esta Circunscripción Judicial, mediante sentencia fechada 22 de septiembre de 1998, declaró demostrada la comisión del delito de uso de documento falso, previsto y sancionado en el artículo 323 del Código Penal en relación con el 322 eiusdem, decisión confirmada en fecha 09 de octubre de 1998 por el Juzgado Vigésimo Cuarto Superior en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En adición a lo anterior, la cosa juzgada penal también abarca la declaratoria de prescripción de la acción penal. Pero, ello en nada afecta a la acción civil de nulidad de compraventa inmobiliaria ejercida en el presente juicio.

Copias certificadas de las aludidas sentencias cursan en los autos, y las mismas así se aprecian y valoran de conformidad con lo previsto en los artículos 1.384 y 1.357 del Código Civil. Así se establece.

A modo general, la doctrina patria y judicial, básicamente enmarca los efectos que la autoridad de cosa juzgada otorga, en tres aspectos: A) Inimpugnabilidad, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún otro Juez, cuando se hayan agotado todos los recursos que dé la ley. B) Inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, por no ser posible abrir un nuevo proceso sobre el mismo tema; no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada. C) Coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencia de condena.

Por tanto, la cosa juzgada se limita únicamente a lo que ha sido objeto de la sentencia y, ninguna de las averiguaciones penales abiertas lo fueron respecto a la solicitud de nulidad de compraventa inmobiliaria ejercida en el presente juicio civil, sobre lo cual también se ha argüido que el instrumento poder utilizado para ejecutar tales negociaciones, en sede penal se declaró la comisión del delito de uso de documento falso.

En adición a lo anterior, igualmente comparte esta superioridad lo que textualmente estableció la juzgadora de primera instancia. A saber:

…Se observa del análisis de la sentencia acompañada por la parte demandada, que lo decidido fue que no hubo una investigación a fondo de los hechos relativos al poder otorgado, sin llamar a declarar a los otorgantes del poder respecto al mandatario, personas agraviadas, por ello no puede considerarse que respecto a los hechos exista cosa juzgada, ya no se desarrolló con la denuncia del ciudadano J.C.R. el proceso penal que se inicia con el auto de proceder y éste no lo hubo, sino que solo se declaró que no había lugar a la formación del sumario, ello no puede constituir cosa juzgada con respecto al juicio que sí se inició por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal por denuncia de la agraviada (demandante) fundamentada en que se le causaba un daño al patrimonio de la comunidad conyugal R.C. y consultada ante el Juzgado Superior Vigésimo Cuarto en lo Penal que declaró la comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, en razón de los argumentos antes expuestos debe este Tribunal desechar el alegato esgrimido por la parte demandada relativo a la cosa juzgada; y así se decide…

Como consecuencia de lo anterior y con base a las motivaciones aquí esgrimidas, esta superioridad declara improcedente la defensa de cosa juzgada opuesta por la parte demandada y, así se decide.

Partiendo de un falso supuesto la parte demandada al señalar en su contestación que la parte actora había pretendido en la demanda que encabeza las presentes actuaciones, una acción de “nulidad de poder judicial”, lo cual no es cierto, dado que lo pretendido por la parte actora lo fue una acción de nulidad absoluta de cuatro negociaciones de compraventa inmobiliaria, la sociedad mercantil accionada opuso a dicha “acción de nulidad de poder” la defensa previa de caducidad de la acción, alegando igualmente como fundamento de la misma el lapso de prescripción de cinco (5) años previsto en el artículo 1.346 del Código Civil, que establece lo siguiente:

… La acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco años, salvo disposición especial de la Ley.

Este tiempo no empieza a correr en caso de violencia sino desde el día en que ésta ha cesado; en caso de error o de dolo, desde el día en que han sido descubiertos, respecto de los actos de los entredichos o inhabilitados, desde el día en que haya sido alzada la interdicción o inhabilitación, y respecto de los actos de los menores, desde el día de su mayoridad.

En todo caso, la nulidad puede ser opuesta por aquel que ha sido demandado por la ejecución del contrato…

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En materia de nulidades la Sala de Casación Civil, en sentencia fechada 15 de noviembre de 2004, con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez, dejó asentado lo siguiente:

… Ahora bien, corresponde a la Sala analizar si el defecto atribuido al referido contrato es anulable por nulidad relativa o si por el contrario lo es por nulidad absoluta, como lo estableció la recurrida en su sentencia.

Es principio general y universal del derecho contractual la autonomía de la voluntad de las partes, entendiéndose como tal que éstas son libres para crear, modificar, reglamentar o extinguir sus relaciones jurídicas de carácter contractual. (López Herrera, Francisco: “La nulidad de los contratos en la Legislación civil de Venezuela”, Caracas 1952, p. 13).

Este principio, si bien no está consagrado explícitamente en nuestro Código Civil, surge de dos disposiciones legales a saber: la primera, del artículo 1.159 del Código Civil que establece “los contratos tienen fuerza de ley entre las partes...”; la segunda, del artículo 1.262 eiusdem que dispone que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas; por tanto, de conformidad con las referidas disposiciones la ley permite la libertad contractual.

No obstante, esa libertad contractual no es ilimitada y, en consecuencia, las partes o un tercero pueden solicitar ante el órgano jurisdiccional su nulidad si contraviene las leyes de la República, el orden público o las buenas costumbres, y es la intensidad de la sanción de nulidad junto con la intención de la norma sustantiva imperativa o prohibitiva violada la que distingue entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa del contrato, pues mientras unas están dirigidas a la protección del orden público o a la salvaguarda de las buenas costumbres, otras están destinadas a amparar a uno de los contratantes o un particular que por hallarse en situación especial, la ley mira con particular simpatía. (Ob. cit. p. 18).

De esta manera, al ser violada una norma del primer tipo, todos los interesados en el contrato, además de las partes contratantes, pueden prevalerse de ella y solicitar del juez la declaración de nulidad absoluta correspondiente; en cambio, si se viola en un contrato una norma destinada a proteger exclusivamente a un particular por no encontrarse en juego intereses superiores, sólo el interesado tiene la titularidad de la acción de nulidad (relativa) y está única y exclusivamente en sus manos determinar si el contrato ha de ser anulado por el tribunal o si ha de continuar existiendo en el mundo del derecho...

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Ahora bien, con relación a la caducidad de la acción, la jurisprudencia ha señalado que debe entenderse como el ejercicio de un derecho o el incumplimiento de una conducta, que conduce a la extinción o pérdida del derecho o potestad jurídica, que constituye la pérdida del ejercicio del derecho a la indemnización por no haber introducido la demanda en el plazo estipulado por la ley, y siendo aceptado el concepto de caducidad como causa extintiva del derecho subjetivo o del derecho potestativo, por no acontecer un hecho impeditivo, durante el plazo prefijado por la ley o por el acuerdo contractual, se desprende que ésta puede ser legal o convencional y que por lo tanto, es válida la estipulación en la cual se establezca un lapso para el ejercicio de un derecho, so pena de su pérdida, si no es ejercida la acción dentro del plazo estipulado por las partes.

La caducidad de la acción, es una sanción jurídica procesal en virtud de la cual el transcurso del tiempo fijado por la ley, para el ejercicio de un derecho, acarrea la inexistencia misma del derecho que se pretende hacer valer con posterioridad.

Según Messineo la diferencia entre prescripción y caducidad es que “…con la prescripción, se castiga la omisión en la continuación del ejercicio del derecho durante un cierto tiempo, mientras que con la caducidad se priva del derecho a quien ha omitido ejercitarlo por primera vez o aquella sola vez que la ley exige, dentro del término establecido…”.

En la caducidad, se trata de que el derecho en realidad nunca llegó a existir, por cuanto quien pudo haber sido su titular se abstuvo de obrar en el momento oportuno, y la abstención hizo imposible el nacimiento del derecho y por consiguiente su ejercicio.

La caducidad puede ser de dos tipos: La caducidad legal y la caducidad convencional. La caducidad legal es la establecida por el legislador y es de estricto orden público; y la caducidad contractual es la establecida por las partes en sus relaciones contractuales, y es de orden privado.

En el caso sub examine, ha quedado reiteradamente establecido que la acción interpuesta por la codemandante S.C.d.R., por sus propios derechos y por los de su cónyuge, ciudadano J.R.R. -representación ésta prevista y autorizada por el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil- es de nulidad de cuatro (4) convenciones de compraventa inmobiliaria, respecto de las cuales la sociedad mercantil demandada tan solo ha alegado que las mismas resultaron válidas y legítimas, amen de que no hay dudas de que el lapso previsto en el artículo 1.346 citado, es un lapso de prescripción y no de caducidad, el cual no se ha opuesto en forma efectiva al procedimiento de nulidad absoluta de las convenciones de compraventa accionadas, donde por demás no opera dicha prescripción que se rige, en cambio, por el artículo 1.977 ibidem.

En consecuencia, forzosamente este sentenciador declara improcedente la solicitud declarativa de caducidad de la acción de “nulidad de poder” interpuesta en contra de la demanda por la accionada, dado que dicha acción no fue la ejercida por la parte actora. Así se declara.

Pasa este Juzgado Superior a pronunciarse con respeto al fondo de la controversia, para lo cual se observa: La parte actora pretende que se declaren absolutamente nulas las siguientes negociaciones de compraventa inmobiliaria: A) Aquella contenida en el documento protocolizado el 20 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 31, folios 151 al 156, Tomo 2, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue el inmueble integrado por un terreno y la casa sobre él construida –LA CASA- ubicado en Salamanca, Distrito A.d.E.N.E., con medida de quince (15) metros de frente por doscientos cincuenta metros (250 mts.) de largo, esto es, con una superficie de tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados (3.750 mts2), y la casa con un área aproximada de construcción de doscientos veintiocho metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (228,50 mts2). Igualmente, que se declare que dicho inmueble sigue siendo propiedad de los demandantes conforme documento protocolizado el 17 de enero de 1994, bajo el No. 38, Tomo 1, folios 181 al 185, Protocolo Primero, Primer Trimestre del año de 1994. B) La contenida en el documento protocolizado el 20 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 30, folios 146 al 150, Tomo 2, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue el inmueble constituido por un terreno y un galpón, el primero con un área aproximada de un mil ciento cuarenta metros cuadrados (1.140 mts2), con doce metros (12 mts.) de frente por noventa y cinco metros (95 mts.) de fondo, ubicado en el lugar denominado las Huertas de las Iralas, Municipio A.d.E.N.E.. Igualmente, que se declare que dicho inmueble sigue siendo propiedad de los demandantes conforme documento protocolizado el 30 de octubre de 1990 ante la citada oficina de registro público, bajo el No. 21, Tomo 4, folios 63 al 66, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año de 1990. C) La venta contenida en el documento protocolizado el 18 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito M.d.E.N.E., Porlamar, bajo el No. 44, folios 238 al 242, Tomo 4, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue “EL APARTAMENTO”, distinguido con el No. 73 y destinado a vivienda, ubicado en el sector Genovés, Residencias 4 de Mayo, Avenida 4 de Mayo, Municipio Mariño de la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, con una superficie de cincuenta y siete metros cuadrados (57 mts.2). Igualmente, que se declare que dicho inmueble sigue siendo propiedad de los demandantes conforme documento protocolizado el 16 de junio de 1978 ante la citada oficina de registro público del Distrito M.d.E.N.E., bajo el No. 137, Tomo 5, folios 295 al 298, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año de 1978. D) La venta inmobiliaria contenida en el documento protocolizado el 18 de mayo de 1994 ante la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, bajo el No. 30, Tomo 12, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue “LA QUINTA”, constituido por la parcela No. 3, Sección 7 de la Urbanización S.M., Calle Codazzi, Caracas, y la casa quinta denominada ROCAM en la misma construida, con superficie de quinientos dos metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (502,50 mts.2). Igualmente, que se declare que dicho inmueble sigue siendo propiedad de los demandantes conforme documento protocolizado el 18 de mayo de 1994 ante la citada Oficina de Registro Público, del Distrito M.d.E.N.E., bajo el No. 29, Tomo 12, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año de 1994. Todo ello, en razón de que los aludidos inmuebles forman parte de la comunidad de gananciales habida entre los demandantes, quienes son cónyuges según se alegó, desde el 11 de diciembre de 1937; y en razón de que las mismas se ejecutaron con ocasión de un instrumento poder falsamente otorgado –según alegaron- en fecha 19 de noviembre de 1993 y a su hijo J.C.R.C., falsamente visado por la abogada P.E. V., y autenticado en la Notaría Pública Vigésima Tercera de Caracas, bajo el No. 67, Tomo 150 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, posteriormente protocolizado el 17 de enero de 1994 por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 2, Tomo 1, folios 7 al 12, Protocolo Tercero, Primer Trimestre del año 1994. Que la aludida falsedad consta de sentencia definitiva dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto Superior en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, proferida el 09 de octubre de 1998 –expediente No. 985142- la cual se encuentra definitivamente firme con fuerza de cosa juzgada. En tal sentido, arguyen que faltó válido consentimiento para tales operaciones. Que con el referido poder, dicho ciudadano dio en venta a la sociedad mercantil demandada, COMPAÑÍA DE ORIENTE C.A., los aludidos bienes. En adición a ello, arguyó que el precio presuntamente pagado en cada una de dichas negociaciones fue vil, pagándose por la primera la cantidad de Bs. 850.000,oo –hoy, Bs.F 850,oo- supuestamente pagado con cheque de gerencia signado 61015677, librado en contra del Banco Progreso a la referida empresa demandada, la cual estuvo representada por el ciudadano R.B.O. -representación según consta de Asamblea Extraordinaria celebrada el 15 de marzo de 1994, inscrita el 08 de abril de 1994 en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, bajo el No.331, Tomo IV, Adic. 6. La segunda de las ventas, por la cantidad de Bs. 80.000,oo –hoy, Bs.F 80,oo- mediante cheque de gerencia signado 61015678, librado contra el Banco Progreso; igualmente autorizado el representante de la demandada por la señalada asamblea extraordinaria de accionistas. La tercera de las ventas, por la suma de Bs. 1.000.000,oo –hoy, Bs.F 1.000,oo- el 18 de abril de 1994, mediante cheque distinguido con el No. 61015676, librado contra el Banco Progreso; también autorizado el aludido representante de la demandada. Finalmente, la cuarta de las ventas, por la cantidad de Bs. 4.000.000,oo –hoy, Bs.F 4.000,oo- representada igualmente por el ciudadano R.B.O., mediante cheque emitido contra el Banco Progreso No. 061-000177-7.

En su escrito de contestación de la demanda, la sociedad mercantil accionada adujo que como se trata de bienes gananciales, la representación en juicio debía ser conjunta, por lo que alegó que el poder judicial conferido a los abogados de dichos sujetos procesales, fue otorgado únicamente por la codemandante S.C.d.R. y no por su cónyuge J.R.R., por lo que resulta anómalo y sin valor alguno y no lo representa en juicio, dado que no se puede hacer valer en juicio y en nombre propio un derecho ajeno.

Corresponde previamente a este sentenciador cumplir con la tarea valorativa de los medios probatorios que han quedado válidamente aportados al proceso, resaltándose que en este juicio no se evidencia del expediente reconstruido que las partes hayan promovido tempestivamente pruebas, salvo la parte actora que acompañó en copias simples y certificadas recaudos como fundamentales junto con su texto libelar, los cuales posteriormente aparecen producidos en copia certificada. De igual modo, la parte demandada consignó junto con los informes de alzada copia certificada del fallo penal que alude en dicho escrito. A saber:

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA:

• Marcado con la letra “B”, copia del documento de propiedad del terreno ubicado en Salamanca, Distrito A.d.E.N.E., con medida de quince (15) metros de frente por doscientos cincuenta (250) metros de largo, con superficie de tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados (3.750 mts2), protocolizado el 17 de enero de 1994 por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 38, Tomo I, folios 181 al 185, Protocolo Primero, Primer trimestre del año 1994. Este recaudo al no haber sido impugnado se aprecia y valora a tenor de lo previsto en los artículos 1.384 y 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo que el aludido inmueble con superficie de 3.750 mts2, era al 17 de enero de 1994 oponible a terceros como propiedad de los demandantes y, por ende, integrante de la comunidad de gananciales de bienes habido entre ellos. En adición a ello, consta que dicho inmueble fue privadamente adquirido por los hoy accionantes en fecha 09 de noviembre de 1988, por ante la Notaría Décima Sexta de Caracas. Así se declara.

• Marcado con la letra “C”, documento protocolizado el 20 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito A.d.E.N.E., La Asunción, bajo el Nº 31, folios 151 al 156, Tomo 2, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, constante de cinco (5) folios útiles. Este recaudo se aprecia y valora a tenor de lo previsto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 y 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo que, en efecto, al 20 de abril de 1994 el ciudadano J.C.R.C., procediendo en su carácter de apoderado de los hoy demandantes, vendió el aludido inmueble de aproximadamente 3.750 mts.2 a la sociedad mercantil demandada, y que para tal efecto, hizo valer el instrumento poder que aparece autenticado en fecha 19 de noviembre de 1993 ante la Notaría Pública Vigésima Tercera de Caracas, bajo el No. 67, Tomo 150, posteriormente protocolizado el 17 de enero de 1994 por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 2, Tomo 1, folios 7 al 12, Protocolo Tercero, Primer Trimestre del año 1994. Así se declara.

• Marcado con la letra “D”, copia del documento de propiedad de un terreno con un mil ciento cuarenta metros cuadrados (1.140 mts2) y un galpón, con doce (12) metros de frente, por noventa y cinco metros (95 mts.) de fondo, ubicado en el lugar denominado las Huertas de las Iralas, Municipio A.d.E.N.E., conforme se desprende del instrumento protocolizado el 30 de octubre de 1990 ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 21, Tomo 4, folios 63 al 66, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año 1990. Este recaudo se aprecia y valora a tenor de lo previsto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 y 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo que el aludido inmueble con superficie de 1.140 mts2, era al 30 de octubre de 1990 propiedad de los demandantes y, por ende, integrante de la comunidad de gananciales de bienes habido entre ellos. Así se declara.

• Marcado con la letra “E”, copia certificada del documento de propiedad del inmueble ubicado en la Asunción, el cual fue protocolizado el 20 de abril de 1994 por ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio A.d.E.N.E., bajo el No. 30, folios 146 al 150, Tomo 2, Protocolo Primero, constante de cuatro (04) folios útiles. Este recaudo se aprecia y valora a tenor de lo previsto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 y 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo que, en efecto, al 20 de abril de 1994 el ciudadano J.C.R.C., procediendo en su carácter de apoderado de los hoy demandantes, vendió el aludido inmueble de aproximadamente 1.140 mts.2 a la sociedad mercantil demandada, y que para tal efecto, hizo valer el instrumento poder que aparece autenticado en fecha 19 de noviembre de 1993 ante la Notaría Pública Vigésima Tercera de Caracas, bajo el No. 67, Tomo 150, posteriormente protocolizado el 17 de enero de 1994 por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 2, Tomo 1, folios 7 al 12, Protocolo Tercero, Primer Trimestre del año 1994. Así se declara.

• Marcado con la letra “F”, copia del documento de propiedad del inmueble constituido por un apartamento destinado a vivienda, ubicado en el sector Genovés, Residencias 4 de Mayo, de la Avenida 4 de Mayo, piso 7, apartamento distinguido con el No. 73, Municipio Mariño de la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, cuya propiedad se evidencia de documento de propiedad protocolizado el 16 de junio de 1978 por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito M.d.E.N.E., bajo el No. 137, Tomo 5, folios 295 al 298, Protocolo Primero, Segundo Trimestre. Este recaudo se aprecia y valora a tenor de lo previsto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 y 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo que el aludido inmueble constituido por el apartamento No. 73 de Residencias 4 de mayo, Avenida 4 de mayo, Porlamar, Estado Nueva Esparta, era al 16 de junio de 1978 propiedad de los demandantes y, por ende, integrante de la comunidad de gananciales de bienes habido entre ellos. Así se declara.

• Marcado con la letra “H”, copia del documento de propiedad de una casa quinta de dos plantas, denominada ROCAM y el terreno sobre el construida, situada en la Calle Codazzi, Parcela No. 3, Sección 7, de la Urbanización S.M., Caracas, el cual fue protocolizado en la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal el 18 de mayo de 1994, bajo el Nº 29, Tomo 12, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994. Este recaudo se aprecia y valora a tenor de lo previsto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 y 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo que el aludido inmueble era al 18 de mayo de 1994, y por haber sido protocolizado bajo el No. 29, propiedad de los demandantes y, por ende, integrante de la comunidad de gananciales de bienes habido entre ellos. Así se declara.

• Marcada con la letra “I”, documento de propiedad del inmueble constituido por la quinta ubicada en la Urbanización S.M., protocolizado el 18 de mayo de 1994 por ante la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, bajo el No. 30, Tomo 12, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994. Este recaudo se aprecia y valora a tenor de lo previsto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 y 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo que, en efecto, al 18 de mayo de 1994, pero mediante documento protocolizado bajo el No. 30, con posterioridad al registro que con el Nº 29 hicieran los accionantes de dicho inmueble y, por ende, adquiriéndolo para la comunidad conyugal, el ciudadano J.C.R.C., procediendo en su carácter de apoderado de los hoy demandantes, vendió el aludido inmueble a la sociedad mercantil demandada, y que para tal efecto, hizo valer el instrumento poder que aparece autenticado en fecha 19 de noviembre de 1993 ante la Notaría Pública Vigésima Tercera de Caracas, bajo el No. 67, Tomo 150, posteriormente protocolizado el 17 de enero de 1994 por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 2, Tomo 1, folios 7 al 12, Protocolo Tercero, Primer Trimestre del año 1994. Así se declara.

• Marcada con la letra “J”, copia del documento de propiedad protocolizado el 17 de enero de 1994 por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No.2, Tomo 1, folio 1 al 12, Protocolo Tercero, Primer Trimestre de 1994. Este recaudo se aprecia y valora a tenor de lo previsto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 y 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo que, en efecto, al 17 de enero de 1994 el ciudadano J.C.R.C., procediendo en su carácter de apoderado de los hoy demandantes, vendió el apartamento Nº 73 de la Residencias 04 de mayo, Avenida 4 de mayo, Porlamar, Estado Nueva Esparta, a la sociedad mercantil demandada, y que para tal efecto, hizo valer el instrumento poder que aparece autenticado en fecha 19 de noviembre de 1993 ante la Notaría Pública Vigésima Tercera de Caracas, bajo el Nº 67, Tomo 150, posteriormente protocolizado el 17 de enero de 1994 por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito A.d.E.N.E., bajo el Nº 2, Tomo 1, folios 7 al 12, Protocolo Tercero, Primer Trimestre del año 1994. Así se declara.

• Marcada con la letra “K”, copia certificada de la sentencia proferida el 09 de octubre de 1998 por el Juzgado Vigésimo Cuarto Superior en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Este recaudo se aprecia y valora a tenor de lo previsto en los artículos 1.384 y 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo tal y como ya ha quedado apreciado en el presente fallo judicial mediante experticia grafotécnica, que el instrumento poder en virtud del cual el ciudadano J.C.R.C. enajenó los cuatro inmuebles cuya nulidad se demanda, falsamente aparece visado por la abogada allí señalada, así como también falsamente aparece suscrito por el cónyuge codemandante J.R.R., y así se declara. A saber: “…Cursa declaración de la ciudadana E.V.P.C., la cual es la persona que como abogada se menciona como redactora del poder que es objeto de la investigación penal, en su declaración ante el tribunal instructor declara que no redactó dicho poder, que no lo suscribió, y desconoce la firma que como de ella aparece en el instrumento y que no fue contratada por los accionantes para redactar el poder, y que no es su firma. Se realizó experticia grafotécnica por funcionarios adscritos al Laboratorio Central de la Guardia Nacional sobre todas las firmas del instrumento de poder otorgado por los accionantes , llegando a las siguientes CONCLUSIONES: 1.- La firma que con el carácter de“ Dra. P.E. V” ubicada en el extremo superior izquierdo del documento “PODER GENERAL”, registrado en la Notaría Pública Vigésima Tercera de Caracas, ha sido realizada por una persona diferente a la que ejecutó los trazos y rasgos del cuerpo manuscrito de la ciudadana E.V.P.C., ubicada al folio 223 del Expediente que nos ocupa. 2.- La firma que se observan entre las pautas 57,58 y 59, ubicada en el extremo inferior izquierdo del “PODER GENERAL” así como su homóloga ubicada en la planilla de autenticación, específicamente en el primer plano en el espacio destinado a “LOS OTORGANTES” presente en el documento de otorgamiento de poder signado bajo el número 67, Tomo 150, año 1993, del libro de Autenticaciones llevado por la Notaría Vigésima tercera de Caracas corresponde a una autoría escritural distinta a la persona que realizó la firma (en tinta de tono negro), ....”

• Marcada con la letra “L”, copia certificada del expediente mercantil de la sociedad de comercio demandada, COMPAÑÍA DE ORIENTE, C.A., expedida por el Registrador Mercantil de la Circunscripción del Estado Nueva Esparta, el 03 de noviembre de 1994. Este recaudo se aprecia y valora a tenor de lo previsto en los artículos 1.363 y 1.384 del Código Civil, evidenciándose del mismo que la aludida sociedad mercantil celebró la reunión de asamblea de accionistas de fecha 15 de marzo de 1994, autorizando la adquisición de las acciones por parte del nuevo accionista. Así se declara.

• Marcada con la letra “M”, copia certificada del acta de matrimonio de los demandantes, celebrado el 11 de diciembre de 1937 ante la Prefectura del Municipio A.d.E.N.E., inserta bajo el No. 24, folio vuelto 36. Esta certificación de acta no aparece impugnada en juicio, razón por la cual se le otorga todo su valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357 y 1384 del Código Civil, y demuestra que, en efecto, los ciudadanos J.R.R. y S.C.d.R. son cónyuges desde el 11 de diciembre de 1937, por tanto los bienes inmuebles adquiridos con posterioridad a dicha fecha, forman parte de una comunidad de gananciales, por lo que ambos cónyuges son –debido a ello- también comuneros. En tal sentido, el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, textualmente establece: “…Podrán presentarse en juicio como actores sin poder: el heredero por su coheredero, en las causas originadas por la herencia, y el comunero por su condueño, en lo relativo a la comunidad…”. (Remarcado de la Alzada). Siendo que este juicio trata de la acción de nulidad de cuatro compraventas inmobiliarias, todas las cuales aparecen como adquiridas para la comunidad conyugal de gananciales, y siendo que por ley los cónyuges son condueños y comuneros de dicha comunidad especial, es válido que la cónyuge haya procedido en representación de su cónyuge sin necesidad de poder, habiéndose invocado así expresamente en el escrito libelar lo que es valido conforme a sentencia No. 221 de la Sala Constitucional de nuestro M.T. de fecha 16 de marzo de 2009, y por así expresamente autorizarlo la ley. Así se declara.

Finalmente, la sociedad mercantil demandada consignó copia certificada del fallo proferido el 04 de julio de 2003 por la Corte de Apelaciones No. 18 del Estado Nueva Esparta, la cual se aprecia y valora a tenor de lo previsto en los artículos 1.384 y 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo que, en efecto, dicho procedimiento penal comenzó por solicitud hecha por el ciudadano J.C.R.C., parte del cual aparece ya transcrito en el presente fallo judicial, dándose en este acto por reproducido, en virtud del cual se declaró que las compraventas inmobiliarias por él ejecutadas con ocasión del instrumento poder que le fuera conferido en fecha 19 de noviembre de 1993 por sus ciudadanos padres, no revisten carácter penal alguno. No obstante, esta declaratoria judicial penal no valora y examina la validez del aludido poder fechado 19 de noviembre de 1993, el cual sí fue objeto de análisis estimado como falso en lo que respecta a la suscripción de firmas tanto por la abogada que aparece visándolo, como por el codemandante J.R.R., mediante sentencia fechada 09 de octubre de 1998 por el Juzgado Vigésimo Cuarto Superior en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas –expediente No. 985142- la cual se encuentra definitivamente firme con fuerza de cosa juzgada, en ese aspecto. Así se declara.

En conclusión, la parte actora ha demostrado fehacientemente en juicio, que en sede penal se demostró falsedad en el otorgamiento por parte del codemandante J.R.R. y por la supuesta abogada que lo visó, mediante experticia grafotécnica, del instrumento poder autenticado el 19 de noviembre de 1993, conforme lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que señala:

… Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación…

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En ese sentido, nuestro procesalista patrio Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, señala: “…Nuestro Código acoge la antigua m.r. “incumbit probatio qui dicit”, no qui negat, al prescribir que cada parte debe probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Pero esa formula es de todo punto de vista inconveniente. Según enseña mejor doctrina, la negación o afirmación puede ser simple modalidad de redacción. La circunstancia de afirmar o negar un hecho no altera la mayor o menor posibilidad de su prueba; un hecho negativo concreto puede probarse, en tanto una afirmación indefinida… no puede probarse. La doctrina más exacta sobre la carga de la prueba es esta: Corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica aplicable; o, expresada de otra manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal… Esta regla es tan cabal y amplia que obvia todo distingo entre prueba de obligaciones (Art. 1.354 CC) y prueba de hechos en general, cuyas normas ha juntado el legislador en este nuevo artículo 506…”.

Asimismo, la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 30 de mayo de 2006, expediente No. 2002-000729, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, dejó establecido lo siguiente:

“… En relación con la regla de la carga de la prueba, establecida en el artículo 1354 del Código Civil, se consagra allí un principio sustancial en materia de onus probandi, según el cual, quien fundamente su demanda o su excepción en la afirmación o negación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de la existencia o no existencia del hecho. Con lo cual, cuando el demandado alega hechos nuevos en la excepción, tocará a él la prueba correspondiente.

De tal manera que, desde el punto de vista procedimental, el legislador ha acogido de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fit actor” referido al principio general según el cual: “corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa”.

En este orden de ideas, la Sala, en sentencia No. 389 de fecha 30 de noviembre de 2000, al interpretar el sentido y alcance de la regla de distribución de la carga de la prueba, estableció:

…Al respecto, esta Sala observa que el artículo en comento se limita a regular la distribución de la carga de la prueba, esto es, determina a quién corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, de allí que incumbe al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor y se traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos ya que éste puede encontrarse en el caso de afirmar hechos que vienen a modificar los del actor, a extinguir sus efectos jurídicos o a ser un impedimento cuando menos dilatorio para las exigencias de los efectos...

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Así las cosas, también ha quedado demostrado en juicio que las cuatro (4) operaciones de compraventa inmobiliaria cuya nulidad se ha accionado, fueron ejecutadas por el ciudadano J.C.R.C. haciendo uso del aludido instrumento poder, vendiendo dichos inmuebles a la sociedad mercantil demandada, por lo que en esas cuatro (4) negociaciones de compraventa falta un requisito fundamental de existencia, cual es el consentimiento válidamente dado. En efecto, el artículo 1.141 del Código Civil, textualmente establece:

…Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son:

1°.- Consentimiento de las partes;

2°.- Objeto que pueda ser materia de contrato; y

3°.- Causa lícita…

La parte actora pretende que se declaren absolutamente nulas las siguientes negociaciones de compraventa inmobiliaria:

1. Aquella contenida en el documento protocolizado el 20 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 31, folios 151 al 156, Tomo 2, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue “LA CASA”, integrado por un terreno y la casa sobre él construida ubicado en Salamanca, Distrito A.d.E.N.E., con medida de quince (15) metros de frente por doscientos cincuenta metros (250 mts.) de largo, esto es, con una superficie de tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados (3.750 mts2), y la casa con un área aproximada de construcción de doscientos veintiocho metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (228,50 mts2). Igualmente, que se declare que dicho inmueble sigue siendo propiedad de los demandantes conforme documento protocolizado el 17 de enero de 1994, bajo el No. 38, Tomo 1, folios 181 al 185, Protocolo Primero, Primer Trimestre del año de 1994.

   Quedó evidenciado de los autos que, en efecto, la aludida negociación inmobiliaria se ejecutó mediante el instrumento poder otorgado en fecha 19 de noviembre de 1993 que en sentencia penal definitiva fue declarado falsamente suscrito. Por tanto, esta negociación adolece del requisito fundamental de existencia para tal contrato, cual es el consentimiento del condueño original del mismo, esto es, el ciudadano J.R.R..

   En consecuencia, y con base a las motivaciones ampliamente aquí expuestas, esta superioridad declara nulo de nulidad absoluta la negociación contenida en el documento protocolizado en fecha 20 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 31, folios 151 al 156, Tomo 2, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994. En tal sentido, el inmueble constituido por el terreno y la casa sobre él construida, ubicado en Salamanca, Distrito A.d.E.N.E., con medida de quince (15) metros de frente por doscientos cincuenta metros (250 mts.) de largo, esto es, con una superficie de tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados (3.750 mts2), y la casa con un área aproximada de construcción de doscientos veintiocho metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (228,50 mts2), se declara que es propiedad de la comunidad ganancial de bienes habida entre los demandantes, todo conforme a lo previsto en documento protocolizado el 17 de enero de 1994, bajo el No. 38, Tomo 1, folios 181 al 185, Protocolo Primero, Primer Trimestre del año de 1994. Así se declara.

2. La contenida en el documento protocolizado el 20 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 30, folios 146 al 150, Tomo 2, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue “EL GALPÓN”, inmueble constituido por un terreno y un galpón, el primero con un área aproximada de un mil ciento cuarenta metros cuadrados (1.140 mts2), con doce metros (12 mts.) de frente por noventa y cinco metros (95 mts.) de fondo, ubicado en el lugar denominado las Huertas de las Iralas, Municipio A.d.E.N.E.. Igualmente, que se declare que dicho inmueble sigue siendo propiedad de los demandantes conforme documento protocolizado el 30 de octubre de 1990 ante la citada oficina de registro público, bajo el No. 21, Tomo 4, folios 63 al 66, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año de 1990.

   Quedó evidenciado de los autos que, en efecto, la aludida negociación inmobiliaria se ejecutó mediante el instrumento poder otorgado en fecha 19 de noviembre de 1993 que en sentencia penal definitiva fue declarado falsamente suscrito. Por tanto, esta negociación adolece del requisito fundamental de existencia para tal contrato, cual es el consentimiento del condueño original del mismo, esto es, el ciudadano J.R.R..

   En consecuencia, y con base a las motivaciones ampliamente aquí expuestas, esta superioridad declara nulo de nulidad absoluta la negociación contenida en el documento protocolizado en fecha 20 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 30, folios 146 al 150, Tomo 2, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994. En tal sentido, el inmueble constituido por un terreno y un galpón, el primero con un área aproximada de un mil ciento cuarenta metros cuadrados (1.140 mts2), con doce metros (12 mts.) de frente por noventa y cinco metros (95 mts.) de fondo, ubicado en el lugar denominado las Huertas de las Iralas, Municipio A.d.E.N.E., se declara que es propiedad de la comunidad ganancial de bienes habida entre los demandantes, todo conforme a lo previsto en documento protocolizado el 30 de octubre de 1990 ante la citada oficina de registro público, bajo el No. 21, Tomo 4, folios 63 al 66, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año de 1990. Así se declara.

3. La venta contenida en el documento protocolizado el 18 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito M.d.E.N.E., Porlamar, bajo el No. 44, folios 238 al 242, Tomo 4, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue “EL APARTAMENTO”, distinguido con el No. 73 y destinado a vivienda, ubicado en el sector Genovés, Residencias 4 de Mayo, Avenida 4 de Mayo, Municipio Mariño de la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, piso 7, con una superficie de cincuenta y siete metros cuadrados (57 mts.2). Igualmente, que se declare que dicho inmueble sigue siendo propiedad de los demandantes conforme documento protocolizado el 16 de junio de 1978 ante la citada oficina de registro público del Distrito M.d.E.N.E., bajo el No. 137, Tomo 5, folios 295 al 298, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año de 1978.

   Quedó evidenciado de los autos que, en efecto, la aludida negociación inmobiliaria se ejecutó mediante el instrumento poder otorgado en fecha 19 de noviembre de 1993 que en sentencia penal definitiva fue declarado falsamente suscrito. Por tanto, esta negociación adolece del requisito fundamental de existencia para tal contrato, cual es el consentimiento del condueño original del mismo, esto es, el ciudadano J.R.R..

   En consecuencia, y con base a las motivaciones ampliamente aquí expuestas, esta superioridad declara nulo de nulidad absoluta la negociación contenida en el documento protocolizado en fecha 18 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito M.d.E.N.E., Porlamar, bajo el No. 44, folios 238 al 242, Tomo 4, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994. En tal sentido, el inmueble constituido por el apartamento No. 73, Residencias 4 de mayo, Avenida 4 de mayo, Porlamar, Estado Nueva Esparta, se declara que es propiedad de la comunidad ganancial de bienes habida entre los demandantes, todo conforme a lo previsto en documento protocolizado el 16 de junio de 1978 ante la citada oficina de registro público del Distrito M.d.E.N.E., bajo el Nº 137, Tomo 5, folios 295 al 298, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año de 1978. Así se declara.

4. La venta inmobiliaria contenida en el documento protocolizado el 18 de mayo de 1994 ante la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, bajo el No. 30, Tomo 12, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue “LA QUINTA”, constituido por la parcela No. 3, Sección 7 de la Urbanización S.M., Calle Codazzi, Caracas, y la casa quinta denominada ROCAM en la misma construida, con superficie de quinientos dos metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (502,50 mts.2). Igualmente, que se declare que dicho inmueble sigue siendo propiedad de los demandantes conforme documento protocolizado el 18 de mayo de 1994 ante la citada oficina de registro público, del Distrito M.d.E.N.E., bajo el No. 29, Tomo 12, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año de 1994.

   Quedó evidenciado de los autos que, en efecto, la aludida negociación inmobiliaria se ejecutó mediante el instrumento poder otorgado en fecha 19 de noviembre de 1993 que en sentencia penal definitiva fue declarado falsamente suscrito. Por tanto, esta negociación adolece del requisito fundamental de existencia para tal contrato, cual es el consentimiento del condueño original del mismo, esto es, el ciudadano J.R.R..

   En consecuencia, y con base a las motivaciones ampliamente aquí expuestas, esta superioridad declara nulo de nulidad absoluta la negociación contenida en el documento protocolizado en fecha protocolizado el 18 de mayo de 1994 ante la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, bajo el No. 30, Tomo 12, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994. En tal sentido, el inmueble constituido por la parcela No. 3, Sección 7 de la Urbanización S.M., Calle Codazzi, Caracas, y la casa quinta denominada ROCAM en la misma construida, con superficie de quinientos dos metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (502,50 mts.2, se declara que es propiedad de la comunidad ganancial de bienes habida entre los demandantes, todo conforme a lo previsto en documento protocolizado el 18 de mayo de 1994 ante la citada oficina de registro público, del Distrito M.d.E.N.E., bajo el No. 29, Tomo 12, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año de 1994. Así se declara.

   Congruente con todo lo explanado, estando los méritos probatorios a favor de la parte actora, conforme a lo previsto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso declarar ha lugar la demanda e improcedente el medio recursivo ejercido por la representación judicial de la parte demandada en contra de la sentencia proferida en fecha 30 de noviembre de 2007 por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta misma Circunscripción Judicial, la cual queda confirmada con las motivaciones aquí expuestas. Y ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE.

   IV

   DISPOSITIVO DEL

SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, sociedad mercantil COMPAÑÍA DE ORIENTE C.A., en contra del fallo proferido en fecha 30 de noviembre de 2007, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual queda confirmada con las motivaciones aquí expuestas.

SIN LUGAR las defensas de cosa juzgada y de caducidad de la acción, opuestas por la parte demandada sociedad mercantil COMPAÑÍA DE ORIENTE C.A.

CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana S.C.D.R., actuando por sus propios derechos y en nombre y representación de su cónyuge J.R.R., en contra de la sociedad mercantil COMPAÑÍA DE ORIENTE C.A., y en consecuencia, se declaran NULAS las siguientes negociaciones de compraventa inmobiliaria, contenidas en los siguientes documentos: A) Aquella contenida en el documento protocolizado el 20 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 31, folios 151 al 156, Tomo 2, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue el inmueble integrado por un terreno y la casa sobre él construida, ubicado en Salamanca, Distrito A.d.E.N.E., con medidas de quince (15) metros de frente por doscientos cincuenta metros (250 mts.) de largo, esto es, con una superficie de tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados (3.750 mts2), y la casa con un área aproximada de construcción de doscientos veintiocho metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (228,50 mts2). B) La contenida en el documento protocolizado el 20 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito A.d.E.N.E., bajo el No. 30, folios 146 al 150, Tomo 2, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue un inmueble constituido por un terreno y un galpón, el primero con un área aproximada de un mil ciento cuarenta metros cuadrados (1.140 mts2), con doce metros (12 mts.) de frente por noventa y cinco metros (95 mts.) de fondo, ubicado en el lugar denominado las Huertas de las Iralas, Municipio A.d.E.N.E.. C) La venta contenida en el documento protocolizado el 18 de abril de 1994 ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito M.d.E.N.E., Porlamar, bajo el No. 44, folios 238 al 242, Tomo 4, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue el apartamento distinguido con el No. 73 y destinado a vivienda, ubicado en el sector Genovés, Residencias 4 de Mayo, Avenida 4 de Mayo, Municipio Mariño de la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, piso 7, con una superficie de cincuenta y siete metros cuadrados (57 mts.2). D) La venta inmobiliaria contenida en el documento protocolizado el 18 de mayo de 1994 ante la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, bajo el No. 30, Tomo 12, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1994, cuyo objeto fue el inmueble constituido por la parcela No. 3, Sección 7 de la Urbanización S.M., Calle Codazzi, Caracas, y la casa quinta denominada ROCAM en la misma construida, con superficie de quinientos dos metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (502,50 mts2).

Se declaran integrantes de la comunidad conyugal habida entre los accionantes, los inmuebles objeto de las negociaciones contenidas en los siguientes documentos: A) Protocolizado el 17 de enero de 1994, bajo el No. 38, Tomo 1, folios 181 al 185, Protocolo Primero, Primer Trimestre del año de 1994. B) Protocolizado el 30 de octubre de 1990 ante la citada oficina de registro público, bajo el No. 21, Tomo 4, folios 63 al 66, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año de 1990. C) Protocolizado el 16 de junio de 1978 ante la citada oficina de registro público del Distrito M.d.E.N.E., bajo el No. 137, Tomo 5, folios 295 al 298, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año de 1978. D) Protocolizado el 18 de mayo de 1994 ante la citada oficina de registro público del Distrito M.d.E.N.E., bajo el No. 29, Tomo 12, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año de 1994. Todo ello, en razón de que los aludidos inmuebles forman parte de la comunidad de gananciales habida entre los demandantes, quienes son cónyuges según se alegó, desde el 11 de diciembre de 1937.

De conformidad con lo previsto en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada.

Por cuanto el presente fallo judicial se publica fuera de la oportunidad prevista en la ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 251 eiusdem, se ordena su notificación a las partes.

Expídase por Secretaría copia certificada del presente fallo, a los fines de su archivo en el copiador de sentencias definitivas que lleva este juzgado, tal y como lo dispone el artículo 248 íbidem.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación, a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil nueve (2009).

EL JUEZ,

A.M.J.

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

En esta misma data, siendo las tres y veintiocho minutos de la tarde (3:28 p.m.) se publicó, registró y agregó al presente expediente la anterior decisión, constante de treinta y tres folios (33) útiles.

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

Expediente Nº 08-10140

AMJ/MCF/ag.-