Decisión nº J2-015-2010 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión Mérida), de 29 de Abril de 2010

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Caja de Ahorros del Profesorado de la Universidad de los Andes, CAPROF-ULA, en la que se evidencia que esa institución es una Asociación Civil, por ende de carácter privado, que esta excluida de la aplicación de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios, Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.

Se agregó al expediente en los folios 86 al 95. No fue atacado su valor probatorio en la audiencia de juicio, en consecuencia ilustra a esta Juzgadora, en relación a la constitución de la Caja de Ahorros del Profesorado de la Universidad de los Andes, CAPROF-ULA. Así se establece.

Copia certificada del Acta N° 50, de fecha 15 de junio de 2007, de la Comisión Electoral de la Caja de Ahorros del Profesorado de la Universidad de los Andes, relativa a la juramentación y toma de posesión de los integrantes directivos del C.d.A. y del C.d.V. para el periodo 2007-2010, en la que se evidencia el cargo de Presidenta del C.d.A. de la institución y la representación legal.

Se agregó al expediente en los folios 96 al 103. No fue atacado su valor probatorio en la audiencia de juicio. No obstante, la misma no ilustra en relación a los hechos controvertidos en el presente asunto, desestimándose en tal virtud, su valor probatorio. Así se decide.

Copia de los Estatutos de CAPROF-ULA, aprobados por la Asamblea Extraordinaria de fecha 30 de noviembre de 2006, en el que se hace mención al patrimonio de la institución, lo que evidencia que la misma es exclusivamente privada, ya que no recibe aportes regulares de otras instituciones o dependencias oficiales.

Se agregó al expediente en los folios 104 al 106. El promovente manifestó que en dichos Estatutos se evidencia que el único órgano que tiene facultad para dictar Reglamentos de la Caja de Ahorros, es la Asamblea de Asociados, por lo que el Reglamento que contempla las jubilaciones no puede surtir efectos por tratarse de un error del C.d.A.. La parte actora desconoció el argumento de la parte accionada, manifestando que no se puede alegar su propia torpeza, ya que se tuvo la oportunidad de solicitar la nulidad de la misma.

Al respecto, dado que entre las observaciones efectuadas, no fue objeto de impugnación, desconocimiento o tacha, se le otorga valor probatorio al contenido de los mismos. Así se establece.

Acta N° 245 del C.d.A., de fecha 28 de octubre de 2004, relativa a la sesión conjunta del C.d.A. y de Vigilancia de la Caja de Ahorros del Profesorado de la Universidad de los Andes, en el que se aprobó derogar el Reglamento de jubilaciones y Pensiones del Personal Administrativo y de Servicio de CAPROF-ULA.

Se agregó al expediente en los folios 107 al 115. La representación de la parte actora, desconoció dicha documental por considerar que es emanada de la propia accionada, fue consignada en copia simple. El promovente insistió en hacerlo valer. Este Tribunal le confiere valor, en cuanto al contenido indicado. Así se establece.

Promueve la confesión de la reclamante al reconocer que CAPROF-ULA, en acatamiento de lo dispuesto en sesión conjunta del C.d.A. y del C.d.V. de fecha 28 de octubre de 2004, le otorgó la jubilación a partir del 15 de septiembre de 2004, con el 100% del monto del salario que devengaba para esa fecha. Promueve Constancia expedida por CAPROF-ULA relacionada con los restantes beneficios que recibe la reclamante como bono en el mes de agosto, bono de fin de año, seguro HCM, seguro de vida, seguro de accidentes personales, servicio de CAMIULA, caja de ahorros y prima por hogar.

Se agregó al expediente en los folios 116 y 117. En la audiencia de juicio, fue desconocido por el apoderado judicial de la parte demandante, alegando que proviene de la misma demandada y se está haciendo valer de su propia prueba. Al respecto, dado que se trata de una constancia emanada de la parte demandada, se desestima la misma, conforme las previsiones del artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

Convenio suscrito entre la Universidad de los Andes y la Asociación de Profesores de la Universidad de los andes (APULA), en el que se evidencia que la caja de ahorros es de naturaleza civil y privada, sin subvenciones o aportes de órganos o dependencias oficiales y por lo tanto excluida de la aplicación de la Ley del Estatuto sobre el régimen de pensiones y jubilaciones de los funcionarios o empleados públicos nacionales, de los estados y de los municipios.

Se agregó al expediente en los folios 118 y 119. No hubo observaciones en cuanto a su valor probatorio, e ilustra al Tribunal en relación su contenido. Así se establece.

INFORMES. Solicita se oficie al Instituto de Seguro Social en Mérida, requiriendo información acerca de si la reclamante esta beneficiada o no por ese instituto con una pensión de jubilación, así como el monto acordado y la fecha del beneficio.

No consta en actas procesales respuesta al oficio enviado por este Tribunal.

DECLARACIÓN DE PARTE

La ciudadana A.S.D.C.T., manifestó, de manera resumida lo siguiente: Que, recibe mensualmente como pensión la cantidad de Bs. 600,00 el bono vacacional y aguinaldos una vez al año, de lo que recibe como pensión se le hacen todas las deducciones, percibiendo como Bs. 400,00 mensual. Solicita se le homologue su pensión de jubilación al salario mínimo a futuro, se le pague el retroactivo y seguir en la caja de ahorro como socia.

La ciudadana M.F.P.D.B., manifestó, de manera resumida lo siguiente: Que, la demandante recibía lo que aparece en los recibos de pago como asignación total, por ser trabajadora jubilada y, como asociada a la Caja de Ahorros puede solicitar préstamos, los cuales son deducidos de su asignación. Que, lo que aparece en las nóminas, como asignación es lo correspondiente a su pensión de jubilación, la cual esta formada por el sueldo base, que es el 100 % de lo que ella ganaba para el momento de la jubilación, la cual no ha cambiado desde que ella se jubiló, más la prima por hogar y la suma de esas dos da la pensión de jubilación que le otorga la Caja de Ahorro. Que, cuando se va a calcular el bono vacacional y los aguinaldos se considera esa pensión de jubilación.

Este Tribunal conforme lo preceptúa el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, confiere valor probatorio a las declaraciones de las ciudadanas A.S.D.C.T. y M.F.P.D.B., en representación de la demandada. Así se establece.

III

PUNTO PREVIO

DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION

Opone con carácter subsidiario, la prescripción de la acción en cuanto respecta al reclamo de diferencia salarial y homologación del salario devengado por la demandante al salario mínimo nacional, desde el 01 de junio de 2006 hasta el 22 de enero de 2008, por haber transcurrido más de un año desde la fecha en que se causó cada monto de diferencia salarial reclamada y la fecha en que fue citada para el presente juicio, esto es el 22 de enero de 2009, resultando prescritos los conceptos demandados que se causaron con anterioridad al 22 de enero de 2008.

Indicado lo expuesto por la accionada y, antes de pronunciarse a fondo sobre el punto, este Tribunal hace la siguiente observación, en relación a la fecha en que fue citada la demandada en el presente juicio; la demanda fue interpuesta por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Coordinación del Trabajo de la ciudad de Mérida, en fecha 14 de julio de 2009 y la demandada fue debidamente notificada en fecha 18 de septiembre de 2009, tal como se evidencia de la exposición del Alguacil de la Coordinación del Trabajo que obra al folio 22, en la que señala que en fecha 18 de septiembre de 2009, practicó la notificación cartelaria e hizo entrega de la copia del cartel de notificación al Gerente de la Institución, y no como indica la parte demandada en cuanto a ello.

En cuanto a la prescripción de la acción para ejercer acciones provenientes de la jubilación, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en diversas decisiones ha asentado que debe aplicarse el lapso establecido en el artículo 1980 del Código Civil, al respecto cabe señalar el fallo N° 1.792 de fecha 18 de noviembre de 2009, el cual señala:

… Ahora bien, tal y como se argumentó anteriormente, conteste con el criterio reiterado de la Sala, el lapso para ejercer las acciones provenientes de la jubilación –entre ellas, solicitud de otorgamiento de la jubilación, reajuste, cobro de diferencias de pensión, solicitudes de aumentos de la asignación- es de tres (3) años contados a partir de terminación de la relación de trabajo o desde la fecha de su otorgamiento, o desde la fecha en que quedaron insolutas las pensiones. …

Así mismo, la Sala de Casación Social ha establecido en decisión N°. 1517, del 09 de octubre de 2008, lo siguiente:

…En este sentido, como la pensión de jubilación se causa mes a mes, el lapso de prescripción debe computarse a partir de que se genere la obligación para el expatrono de pagar cada una de ellas, esto es, mes a mes, por lo que cada pensión de jubilación causada, genera para cada una de ellas, de manera independiente, un lapso de prescripción de tres (3) años…

Ahora bien, tomando en consideración lo tipificado en el prenombrado artículo 1980 del Código Civil y en aplicación al presente asunto, se debe computar el lapso de prescripción, desde la fecha en la cual se alega en el libelo se hicieron inferiores al salario mínimo, los montos por concepto de pensión de jubilación, es decir, desde el 01 de junio de 2006, hasta la fecha de interposición de la presente demanda. Así se decide.

Establecido lo anterior, se evidencia que la presente demanda fue interpuesta por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Coordinación del Trabajo de la ciudad de Mérida, en fecha 14 de julio de 2009, en la que se reclama la diferencia de las pensiones de jubilación al salario mínimo vigente, desde el mes de junio de 2006, tomando en cuenta el lapso de prescripción de 3 años y las fechas en que se hace exigible cada pensión, se observa verificado además de los recibos y nóminas de pago, que la pensión de jubilación reclamada correspondiente al mes de junio de 2006, esta prescrita, no así las demás pensiones. En consecuencia, este Tribunal declara Parcialmente Con Lugar el alegato de Prescripción. Así se decide.

IV

MOTIVA

Previamente, debe establecer este Tribunal, que no considera hecho controvertido en el presente asunto, que la demandante fue trabajadora jubilada de la Caja de Ahorros del Profesorado de la Universidad de los Andes (CAPROF ULA).

Se excepciona la accionada en su escrito de contestación de la demanda, alegando que el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal Administrativo y de Servicio Caja de Ahorros del Profesorado de la Universidad de los Andes (CAPROF ULA), fue aprobado por quien no tenía facultad para ello, aunado al hecho que posteriormente dicho Reglamento fue expresamente derogado en Asamblea de Asociados celebrada en fecha 28/10/2004, no teniendo en consecuencia aplicación a la fecha. En relación a ello, es menester indicar, que de manera constitucional (artículo 89), y en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (artículo 9), se ha establecido el principio de intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, así como el principio de conservación de la condición laboral más favorable, en razón de lo cual resulta impropia tal defensa. Así se establece.

De igual forma, la demandada arguye alegatos en cuanto al objeto de la reclamación. En cuanto a ello, conteste con el principio iura novit curia, la calificación jurídica de los hechos dados por las partes, no vincula de modo alguno al operador de justicia. De esta manera lo ha dejado sentado la Sala de Casación Social en decisión N°. 1274 del 04/08/2009, al expresar:

… Observa esta Sala que, conteste con el principio iura novit curia, el juez puede aplicar las disposiciones legales y principios de derecho al decidir el caso que es sometido a su consideración, aun cuando no hayan sido invocados por las partes; así, corresponde a las partes probar los hechos alegados, y la calificación jurídica que de ellos hagan no vincula de modo alguno al juzgador, quien puede corregir una errónea calificación sin que ello configure el vicio de incongruencia.

En sentencia N° 2.361 del 3 de octubre de 2002 (caso: Municipio Iribarren del Estado Lara), la Sala Constitucional sistematizó, acerca del principio iura novit curia, lo siguiente:

(…) [el] principio iura novit curia (del Derecho conoce el Tribunal) (…) se utiliza para expresar el principio según el cual los jueces pueden aplicar en sus fallos las disposiciones legales y principios de derecho que, aún no habiendo sido invocados por las partes, rigen el conflicto materia de decisión (COUTURE, E.J.V.J.. Buenos Aires. Ed. Depalma. 1976. p. 366).

De acuerdo con el principio referido se sigue:

1) Las partes no tienen la carga de probar la existencia del derecho, porque sólo los hechos están sujetos a prueba. Por excepción lo está en determinadas circunstancias el derecho extranjero, y, en algunas legislaciones, las costumbres jurídicas.

2) Los jueces tienen la obligación de conocer el derecho objetivo y de estudiarlo con o sin la colaboración de las partes.

3) Los tribunales no están supeditados al derecho alegado por las partes, de tal modo que aunque ellas no lo hagan valer o invoquen un derecho improcedente cometiendo errores en materia jurídica, los tribunales pueden fundar libremente sus resoluciones en las normas que estimen pertinentes sin que por ello se viole el principio de que los jueces han de sentenciar según lo alegado y probado en autos (PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. México. Ed. Porrúa. 19na ed. 1990. p. 510)

De hecho, el principio admite tres matices: a) aplicar el derecho no alegado por las partes, si es el que corresponde a la relación litigiosa y es congruente con lo pedido; b) aplicar el derecho correcto, cuando fue erróneamente invocado por las partes; y c) contrariar la calificación jurídica de los hechos efectuada por los propios interesados (DÍAZ, Clemente. Instituciones de Derecho Procesal. Buenos Aires. Abeledo-Perrot. 1972. Tomo II. Jurisdicción y competencia. Volumen A. Teoría de la jurisdicción. p. 218-220; A.V., Adolfo. El Juez sus Deberes y Facultades. Los derechos procesales del abogado frente al juez. Buenos Aires. Depalma. 1982. p. 181)…

Criterio compartido por quien juzga, en razón de lo cual resultan improcedentes los alegatos de la parte demandada en relación a la calificación jurídica dada por las partes en el presente asunto. Así se decide.

Establecido lo anterior, se debe determinar que lo que se pretende en el presente caso, no es la “Homologación Salarial y Pago Retroactivo de Diferencia Salarial desde el 01 de junio de 2006 a la fecha”, sino la homologación de lo que percibe mensualmente por concepto de pensión de jubilación al salario mínimo vigente; así como la diferencia en dinero, entre los montos recibidos desde el 01 de junio de 2006 y el monto del salario mínimo vigente de cada cuota. Así se establece.

Ahora bien, con el objeto de dilucidar en relación a ello y, por cuanto la parte demandada se excepciona arguyendo que se encuentra al margen de la esfera de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Nacional, de los Estados y de los Municipios, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado en caso similar al de autos, en decisión N° 03, de fecha 25 de enero 2005, lo siguiente:

… El concepto de seguridad social consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser entendido como un sistema que abarca toda una estructura que integra entes de derecho público-sistema de asistencia y seguridad social, configurado bajo el régimen único de seguro social entendido, en su acepción tradicional- al igual que el régimen privado, cuyo objeto común es garantizar la obtención de los medios económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos titulares del derecho a pensiones y jubilaciones. En consecuencia, resulta obligatoria la aplicación del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los diferentes entes de derecho público o privado, distintos de la República, que hayan implementado mecanismos alternativos de pensiones y jubilaciones, por ser considerados como parte integrante del actual sistema de seguridad social, inclusive aquellos derivados de las contrataciones colectivas o laudos arbitrales, como es el caso, determinando que, según lo dispuesto en dicha norma, el monto que pagan los sistemas alternativos de jubilaciones y pensiones a sus beneficiarios no puede ser inferior al salario mínimo urbano. En este contexto cabe destacar que, el principio de la Seguridad Social es de orden público y no se puede modificar ni por convención colectiva ni por convenio entre particulares. En tal sentido, esta Sala ha indicado en decisión número 85 del 24 de enero de 2002 (Caso: Asodeviprilara), que…

… En consecuencia, la protección que el Estado brinda al hecho social trabajo, incide directamente en el contexto de toda la sociedad, ya que ello puede conllevar a un alto índice de desempleo y una serie de inconvenientes colaterales socioeconómicos que de mantenerse causarían daños, tanto a los trabajadores, como a los entes públicos vinculados al caso. Tal protección no debe excluir a quienes ostenten la cualidad de pensionados o jubilados, ya que el cobro de las pensiones de jubilación forma parte del carácter irrenunciable del que gozan los derechos laborales previstos en el Texto Fundamental.

A juicio de la Sala, se encuentra que la jubilación se incluye en el derecho constitucional a la seguridad social que reconoce el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -artículo 94 y 2 de la Enmienda de la Constitución de 1961- como pensión de vejez para la persona que cumplió con los requisitos de edad y años de servicio para que sea recipendiaria de tal beneficio de orden social, pues su espíritu es, precisamente, garantizar la calidad de vida del funcionario público o trabajador privado, una vez que es jubilado.

En ese sentido, la Sala considera que la pensión de jubilación, por definición, si bien debe ser calculada sobre la base de los últimos sueldos que percibió el beneficiario de la misma, no puede ser inferior al salario mínimo urbano, tal y como lo ordena el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí que, en el caso de autos, al no tomarse en cuenta ni considerar el cumplimiento de la disposición constitucional para el cálculo de las pensiones de jubilación, se vulneró ese derecho constitucional. …

(Negrillas de este Tribunal)

Visto el criterio de la Sala Constitucional del M.T. de la República, plenamente compartido por esta instancia, resulta procedente llevar los montos percibidos por concepto de jubilación al salario mínimo, dando cumplimiento al artículo 80 constitucional. Así se decide.

En este mismo orden, dado que fue expuesto en juicio por la parte actora y discutido en juicio, lo relativo al ajuste de las pensiones de jubilación a futuro o las que se sigan causando, al salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, este Tribunal en aplicación de lo señalado en el parágrafo único del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, considera procedente ordenar a la accionada que realice hacía el futuro el ajuste del monto de la pensión de jubilación de la accionante, conforme el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, en la medida en que se produzcan los aumentos salariales. Así se decide.

Establecido lo anterior, este Tribunal tomando en consideración el monto percibido mensualmente por la accionante, por concepto de jubilación y los salarios mínimos decretados por el Ejecutivo Nacional, desde el 01 de julio de 2006 hasta la fecha de la publicación de la presente sentencia (abril 2010), pasa a establecer la diferencia que le corresponde a la accionante, de la siguiente manera:

Período Salario Mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional Pensión de Jubilación Diferencia de la Pensión con el Salario Mínimo

2006

Junio PRESCRITA

Julio 465,75 462,15 3,6

Agosto 465,75 462,15 3,6

Sept. 512,33 462,15 50,18

Octubre 512,33 462,15 50,18

Noviembre 512,33 462,15 50,18

Diciembre 512,33 462,15 50,18

2007

Enero 512,33 462,15 50,18

Febrero 512,33 462,15 50,18

Marzo 512,33 462,15 50,18

Abril 512,33 462,15 50,18

Mayo 614,79 462,15 152,64

Junio 614,79 462,15 152,64

Julio 614,79 462,15 152,64

Agosto 614,79 462,15 152,64

Sept. 614,79 462,15 152,64

Octubre 614,79 462,15 152,64

Noviembre 614,79 462,15 152,64

Diciembre 614,79 462,15 152,64

2008

Enero 614,79 462,15 152,64

Febrero 614,79 462,15 152,64

Marzo 614,79 462,15 152,64

Abril 614,79 462,15 152,64

Mayo 799,23 462,15 337,08

Junio 799,23 462,15 337,08

Julio 799,23 462,15 337,08

Agosto 799,23 462,15 337,08

Sept. 799,23 462,15 337,08

Octubre 799,23 462,15 337,08

Noviembre 799,23 462,15 337,08

Diciembre 799,23 462,15 337,08

2009

Enero 799,23 521,51 337,08

Febrero 799,23 462,15 337,08

Marzo 799,23 462,15 337,08

Abril 799,23 462,15 337,08

Mayo 879,15 462,15 417,oo

Junio 879,15 462,15 417,oo

Julio 879,15 462,15 417,oo

Agosto 879,15 462,15 417,oo

Sept. 959,08 462,15 496,93

Octubre 959,08 462,15 496,93

Noviembre 959,08 462,15 496,93

Diciembre 959,08 462,15 496,93

2010

Enero 959,08 462,15 496,93

Febrero 959,08 462,15 496,93

Marzo 1.064,25 462,15 602,1

Abril 1.064,25 462,15 602,1

TOTAL Bs. 9.941,oo

V

DISPOSITIVO

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PARCIALMENTE CON LUGAR la defensa de prescripción de la acción opuesta por la accionada.

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana A.S.D.C.T.M. en contra de la Sociedad Civil CAJA DE AHORROS DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CAPROF ULA), ambas partes plenamente identificadas en actas procesales, por COBRO DE DIFERENCIA Y AJUSTE DE PENSION DE JUBILACION .

Se condena a la Sociedad Civil CAJA DE AHORROS DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CAPROF ULA), a pagar a la ciudadana A.S.D.C.T.M., la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 9.941,oo) por los conceptos indicados en la parte motiva del presente fallo.

Se ordena el pago de intereses de mora sobre la cantidad condenada a pagar, con fundamento en lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dichos intereses deberán ser calculados a través de una experticia complementaria del fallo, mediante la designación de un experto designado por el Tribunal de Ejecución, desde la fecha de la notificación de la demanda, esto es, desde el 18 de septiembre de 2009, hasta la oportunidad efectiva del pago, conforme a la tasa fijada en el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Se ordena a la Sociedad Civil CAJA DE AHORROS DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CAPROF ULA), realizar el ajuste del monto de la pensión de jubilación de la ciudadana A.S.D.C.T.M., conforme el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, en la medida en que se produzcan los aumentos salariales.

Se ordena la indexación de cada una de las pensiones de jubilación, sólo en lo que respecta a la diferencia mensual condenada a pagar por este Tribunal, tal como quedo señalado en el cuadro presentado en la parte motiva del presente fallo, indexación que será calculada desde la fecha en que se hizo exigible cada pago. Dicha indexación será calculada por el mismo experto designado en la experticia ordenada en el particular anterior.

No hay condenatoria en costas a la parte accionada, por no haber vencimiento total.

Cópiese y publíquese la presente sentencia.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Mérida a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

Dios y Federación

La Juez

Dubrawska Pellegrini Paredes

La Secretaria

Yurahí Gutiérrez Quintero

En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las nueve y cuarenta y cuatro minutos de la mañana (9:44 AM).

Sria