Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 15 de Julio de 2008
| Fecha de Resolución | 15 de Julio de 2008 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control |
| Ponente | Alida Morella Torcatti Berroteran |
| Procedimiento | Entrega De Vehiculo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control N° 1 del Circuito Judicial del Estado Mérida
Mérida, 15 de Julio de 2008
198º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2008-001482
ASUNTO : LP01-P-2008-001482
Vista las solicitud interpuesta por el ciudadano Abogado R.O.P.V., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° 3.764.168, en su carácter apoderado de la ciudadana I.G.C., propietaria. En el cual pide que el Tribunal le entregue el vehículo propiedad de su representada, de las siguientes características: PLACAS: VGI-607, SERIAL DE CARROCERIA: 5C115FV202957, SERIAL DE MOTOR: 5FV202957, MARCA : CHEVROLET, MODELO: CHEVETTE, AÑO: 1985, COLOR: BLANCO, CLASE : AUTOMOVIL, TIPO: COUPE; USO: PARTICULAR.
Este Tribunal de Control 1, pasa a dictar auto fundado de conformidad con lo pautado en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, y en tal sentido lo hace en los siguientes términos:
LA SOLICITUD
Básicamente esta circunscrita a que el referido vehículo fue retenido por encontrarse incurso en la causa penal LP01-P-2008-001482, motivado a que fue uno de los vehículos involucrados en el lamentable accidente de transito ocurrido en fecha 30-03-2008, frente al Centro Comercial El Rodeo, ubicado en esta ciudad de Mérida, Estado Mérida, y por cuanto consta en las actuaciones experticia de seriales del solicitado vehículo, donde se deja constancia de que “El vehículo en estudio presente el serial de Motor y serial de Carrocería en estado ORIGINAL”.
EL TRIBUNAL
Así las cosas, el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal prevé el supuesto de que el Juez de Control, devuelva los objetos incautados en la investigación y también contempla la prescindibilidad o no, de ese objeto para continuar con la investigación.
En el presente caso se observa que el solicitado vehículo esta retenido por estar incurso en causa penal, el ciudadano Abogado, solicita le sea entregado a su representada, y presentó ante este Tribunal documentos originales que la acreditan como legitima propietaria del mismo, así las cosa, el hecho de que este vehículo ha permanecido por varios meses detenido, le causa un gravamen irreparable a su propietario, y por lo tanto, debe sopesarse si dicho vehículo es imprescindible para la investigación o no, y por ende si debe quedar retenido.
Ahora bien, con vista a lo anterior, debe considerarse la circunstancia por la cual el propietario del vehículo sufre a diario una merma patrimonial en su peculio por mantenerse tal vehículo en dicha situación con las circunstancias apuntadas, y al no desprenderse de las presentes actuaciones que se encuentre solicitado por algún organismo de seguridad, o incurso en otro hecho delictivo, y por el hecho de que el solicitante ha presentado la documentación original que lo acredita como propietario del referido vehículo, lo procedente es entregar a su propietario el vehículo solicitado, Dando cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Antonio J. García García de fecha 13 de agosto de 2001., la cual es vinculante, de la que se lee textualmente:
" Ahora bien observa esta Sala que, en atención a lo dispuesto en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe devolver los objetos recogidos o que se incautaron y que no sean indispensables para la investigación, a quienes habiendo acudido ante el Juez de Control a solicitar su devolución, demuestren prima facie ser propietarios o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de los vehiculos automotores, resulta obligatoria su devolución a quienes exhiban la documentación expedidas por las autoridades administrativas de transito o que puedan probar sus derechos por algún medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. Por ello, considera esta Sala que una vez comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente"
Cabe destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por sentencia N°2532, del 17-09-03, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, estableció:
(…) Conforme al artículo 3 de la citada ley- Ley de Bienes Muebles Recuperados por las Autoridades Policiales (Apunte nuestro)-, el entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial y por ente su sucesor el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (sic) debe tener locales destinados al deposito de bienes, no señalando dicha ley, en su articulado, que dicho deposito sea onerosa para el propietario de los bienes.
La ley especial señalada se refiere a bienes muebles recuperados por la policía en los casos de sustracción de los mismos (…) Sin embargo, cuando no hay local apropiado, o los bienes por su volumen no podrían guardarse en los locales, el deposito deberá hacerse en lugares o locales especializados o que puedan dar cabida a los mismos, y en estos casos, a falta de una ley general que regule la situación, hay que acudir a diversas y casuísticas soluciones.
(…) Si se trata de bienes a ocuparse en causas distintas a las señaladas, ellos pueden ser depositados en los locales designados como depositarias judiciales, pero estas no podrán igualmente cobrar emolumento alguno o ejercer el derecho de retención sobre los bienes depositados, por cuanto la persona que tiene derecho sobre los mismos no dio origen a la medida de incautación, y por tanto no queda obligada a pagar los gastos de depósito, tal como se desprende de la letra del articulo 16 de la Ley Sobre Deposito Judicial.
En todo caso los gastos que se generen a causa del deposito serán sufragados por el Estado, quién queda obligado a pagarlos como consecuencia de no tener los locales o lugares para tal fín o por resultar éstos insuficientes, y será solo a este – el Estado- a quién el depositario tendrá que exigirle el cumplimiento de la obligación relativa al pago por concepto de almacenaje o deposito.
En atención a la Jurisprudencia vinculante citada, es necesario concluir que el solicitante ciudadano R.O.P.V., no está obligado a cancelar estacionamiento, que funge como depositario del vehículo. Y así se decide. En este sentido deberá el Estacionamiento reclamar al Estado Venezolano el pago ocasionado por dicho depósito.
DISPOSITIVA
Por las razones tanto de hecho como de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal de Primera Instancia de Funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta:
Hace entrega al ciudadano Abogado R.O.P.V., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° 3.764.168, en su carácter de apoderado de la propietaria ciudadana I.G.G. del vehículo de de las siguientes características: PLACAS: VGI-607, SERIAL DE CARROCERIA: 5C115FV202957, SERIAL DE MOTOR: 5FV202957, MARCA : CHEVROLET, MODELO: CHEVETTE, AÑO: 1985, COLOR: BLANCO, CLASE : AUTOMOVIL, TIPO: COUPE; USO: PARTICULAR. SEGUNDO: Se ordena el desglose de los documentos Originales, previa certificación en autos, para la entrega al mencionado ciudadano. TERCERO: En atención a la Jurisprudencia vinculante citada, se exonera al ciudadano R.O.P.V., del pago de estacionamiento, que funge como depositario del vehículo. Y así se decide. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Ofíciese al Estacionamiento que funge como depositario a los fines de la entrega del vehículo.
LA JUEZ DE CONTROL N° 1,
ABG. A.M.T.B..
La Secretaria,
ABG. Yurimar Rodríguez.
