Decisión nº 1914 de Juzgado de Primera Instancia Tránsito y Agrario de Merida (Extensión El Vigia), de 13 de Marzo de 2013

Promovió y ratificó la inspección judicial realizada por este Tribunal en fecha 14 de agosto de 2012 (folios 16 al 19, primera pieza), en virtud de que en la línea 14 se dejó constancia que A.D.C.M.B., es propietaria de cuatro animales y de cultivos de café y plátano en el segundo potrero, a lo cual el solicitante no realizó oposición a dicha afirmación, demostrando con ello que dicha ciudadana ha realizado trabajos agrícolas. Dicha prueba es valorada de conformidad con el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 245 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y 1428 del Código Civil Venezolano. Así se establece.

Promovió la planilla sucesoral Nº F-0407 Nº 0088693 y Nº de expediente 000350 de fecha 09 de mayo de 2007, que en copia fotostática simple obra agregada a los folios 66 al 71, primera pieza. Esta prueba se valora de conformidad con los artículos 1359 y 1360 del Código Civil Venezolano. Así se decide.

Promovió y consignó copia fotostática simple de inspección ocular y resguardo realizada por la Patrulla Rural de la Dirección General de Policía del Estado Mérida, de fecha 30 de abril de 2012 (folio 85, primera pieza). Esta prueba se valora de conformidad con el artículo 1359 del Código Civil Venezolano. Así se establece.

Promovió y consignó copia fotostática simple del plano topográfico de la finca objeto del juicio (folio 86, primera pieza). A esta prueba no se le da ningún valor en virtud de que no fue ratificada, por cuanto el referido plano fue elaborado por una persona particular, tal como lo ordena el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Promovió y consignó en copia fotostática simple las facturas que obran a los folios 87 al 104, primera pieza. A esta prueba no se le da ningún valor en virtud de que no fue ratificada, por cuanto dichas facturas fueron emanadas de una persona particular, tal como lo ordena el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Promovió y consignó copia fotostática simple de recibos que obran a los folios 105 al 154, primera pieza. A esta prueba no se le da ningún valor en virtud de que no fue ratificada, por cuanto dichos recibos fueron emanados de una persona particular, tal como lo ordena el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Promovió y consignó en copia fotostática simple constancia y carta aval expedidas por los Consejos Comunales “San Benito” y “Santo Domingo”, las cuales obran agregadas a los folios 155 y 156, primera pieza. Dicha prueba se valora de conformidad con los artículos 1359 y 1360 del Código Civil Venezolano. Así se establece.

Solicitó la practica de una experticia a los fines de dejar constancia de los particulares indicados en el referido escrito de pruebas. Dicha experticia fue acordada por auto de fecha 16 de diciembre de 2012 (folio 174, primera pieza), recayendo el cargo en el Ingeniero L.H., quien fue juramentado en fecha 10 de enero de 2012 (folio 178, primera pieza). A los folios 182 al 272, segunda pieza, consta la experticia y sus recaudos, la cual es valorada de conformidad con el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil y 171 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide.

PRUEBAS DE LA PARTE SOLICITANTE

Igualmente, mediante escrito presentado en fecha 12 de noviembre de 2012 (folios 160 y 161, primera pieza), el abogado R.A.R.H., en su carácter de Defensor Público Primero Agrario del Estado Mérida, por requerimiento expreso del ciudadano C.T.P., promovió a favor de su representado las pruebas siguientes:

a) Valor y mérito jurídico del acta de inspección judicial practicada en fecha 14 de agosto de 2012 (folios 16 al 19, primera pieza). Esta prueba es valorada de conformidad con los artículos 1428 del Código Civil Venezolano, 472 y 473 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

2. Valor y mérito jurídico de la decisión dictada por este Tribunal en fecha 28 de septiembre de 2012, mediante la cual se decreto medida de protección a favor del ciudadano C.T.P. (folios 23 al 25, primera pieza). A esta decisión no se le da ningún valor por cuanto la misma no es prueba.

3. Valor y mérito jurídico del informe técnico realizado por el Ingeniero A.E.U., adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (folios 31 y 32, primera pieza). Quien suscribió dicho informe técnico forma parte de la inspección realizada por este Tribunal en fecha 14 de agosto de 2012, en tal sentido lo valora de conformidad con los artículos 472 y 473 del Código de Procedimiento Civil y 1428 del Código Civil Venezolano. Así se decide.

Habiéndose formulado tal oposición, el Tribunal para decidir sobre la misma, hace las consideraciones siguientes:

Que la opositora de la medida de protección decretada, ciudadana A.D.C.M.B., alega que, es falso que el ciudadano C.T.P., haya desarrollado la actividad agrícola por más de veinte (20) años sobre un lote de terreno ubicado en el sector S.R.d. la Iglesia hacia arriba S.A., Municipio T.F.C.d.E.M., propiedad de la Sucesión M.R.F.D. y que en ningún momento ha puesto en riesgo la soberanía agroalimentaria, todo lo contrario, ya que la actividad agrícola que se viene desarrollando durante los últimos siete (7) meses en la referida Sucesión está bajo su responsabilidad. Igualmente, alega que el mencionado ciudadano en su condición de cónyuge sobreviviente es heredero del 50% de los bienes de la sucesión M.d.T.Á.R., la cual está constituida por bienes muebles e inmuebles en la jurisdicción del Municipio T.F.C. de la Parroquia S.A. y, que por cuanto el principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja, no es aplicable al ciudadano C.T.P., en virtud de en el predio de la sucesión M.R.F.D., nunca dicho ciudadano ha trabajado la tierra, sólo se ha dedicado a la destrucción, tal como se evidencia en la zona la poda de árboles, destruyendo además plantaciones de café, conucos, potreros con pasto y árboles de aguacates, realizando actividades de deforestaciones prohibidas, también defraudando, abusando y además aprovechándose del trabajo de los labriegos de la zona.

Ahora bien, las medidas autónomas de protección a la producción es diseñada por el legislador a los fines de brindar protección efectiva a los ciclos vegetativos destinados a la satisfacción de alimentos de la población, es decir, garantizar nuestra soberanía agroalimentaria llevando la mayor cantidad de alimentos al mayor número de personas tal como lo establece nuestra Carta Magna, en su artículo 305. En tal sentido, la medida que se dicta es a favor de los rubros que se encuentran en pleno desarrollo y no versa o trata dicha medida sobre el derecho de propiedad que observa esta juzgadora discute o alega el ciudadano C.T.P. y, que este Tribunal protege a través de la medida decretada en fecha 28 de septiembre de 2012.

A diferencia de las medidas del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, estas medidas en el ámbito agrario no se requieren de la existencia de un juicio previo, ya que su justificación esta basada en el aseguramiento y protección de los intereses públicos, y no a las resultas de un juicio en concreto. Así pues las cosas, estas medidas autosatisfactivas como fue denominado en sentencia Nº 962 del 09 de mayo de 2006; esto es que no dependen de un juicio principal y la eventual oposición está llamada a resolver el fondo del asunto en cuanto a la no interrupción, ruina, desmejoramiento o destrucción de la producción agraria, así como del ambiente.

En tal sentido, estas medidas no pueden ser entendidas como medio restitutivo de la vía ordinaria tendiente a dilucidar conflictos que van más allá de “ruina, desmejoramiento o destrucción” de la producción agroalimentaria y/o del ambiente, por lo que necesariamente esta medida debe ser temporal.

Ahora bien, observa quien suscribe que en el presente caso la opositora a la medida esgrime que ella es heredera del lote de terreno donde se decretó la medida en cuestión, es por lo que en base a lo anteriormente expuesto esta juzgadora le indica que para debatir sobre la propiedad debe recurrir a las acciones ordinarias previstas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Seguidamente, esta juzgadora pasa a revisar la medida decretada por este Tribunal en fecha 28 de septiembre de 2012, todo en cuanto a si se encuentran cumplidos o no los requisitos de procedencia de la misma:

Se observa de la inspección practicada por este Tribunal en fecha 14 de agosto de 2012, en el lote de terreno ubicado en el sector S.R.d. la Iglesia hacia arriba S.A., Municippio T.F.C.d.E.M., que existen potreros con pastos tipo estrella y que se observa que los mismos se encuentran cuatro meses aproximadamente sin pastoreo. Igualmente se observan cultivos de reciente data de plátanos y café. Se observaron dieciséis animales debidamente identificados con hierro y dos sin hierro, para un total de dieciocho animales, los cuales manifestó el ciudadano C.T.P., son de su propiedad. También se observó que se encuentran cuatro becerros de aproximadamente nueve meses a doce meses sin marca alguna, que son propiedad de la ciudadana A.D.C.M.B..

El Tribunal observa que dicha medida fue decretada motivado a que el solicitante cumple con los requisitos exigidos para la procedencia de dicha medida, los cuales son: fumus boni iuris, periculum in mora y el periculum in damni. En consecuencia este Tribunal pasa a revisar los mismos para el caso que nos ocupa: En cuanto al fumus boni iuris, o presunción del buen derecho el cual requiere prueba del derecho que se reclama, esta juzgadora observa que de la inspección practicada por este Tribunal en fecha 14 de agosto de 2012 (folios 16 al 19, primera pieza), se observó que la producción agroalimentaria que se realiza en el terreno cuya ubicación y linderos se encuentran especificados en el escrito de solicitud y que este Tribunal constató que efectivamente existe en dicho terreno y la misma es fomentada por el ciudadano C.T.P., es lo que lleva a la convicción cierta a esta juzgadora a concluir que estamos en presencia del cumplimiento del primer requisito de los exigidos para la procedencia de la medida autónoma de protección a la producción. Asimismo, de la referida inspección se evidencia que igualmente existe una producción fomentada por la ciudadana A.D.C.M.B..

En cuanto al segundo elemento periculum in mora, basado en la frase cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que constituya medio de prueba de la presunción grave de esta circunstancia, en cuanto a este requisito esta juzgadora observa que los mencionados requisitos de concurrencia son los establecidos en el Código de procedimiento Civil en su artículo 585. Sin embargo a diferencia de las medidas preventivas o cautelares del artículo 585 eiusdem, en el ámbito agrario no dependen de un juicio principal sino que están basadas en la protección de la producción agroalimentaria y del ambiente, resguardando el principio constitucional de soberanía agroalimentaria, visto dicho principio como la garantía del bien común de la mayor cantidad de alimento para el mayor número de personas y no a las resultas de un juicio en concreto, sino al fin proteccionista de la agroproducción como protección del ambiente. Finalmente en cuanto al tercer requisito, periculum in damni, se refiere al temor manifiesto del daño que se pueda ocasionar a la producción agroalimentaria fomentada por el solicitante, atentando contra la soberanía agroalimentaria establecida en nuestra Carta Magna.

En cuanto a este requisito observa la juzgadora que el ciudadano C.T.P. fomenta una eficaz producción carnica en el lote de terreno ubicado en el sector S.R.d. la Iglesia hacia arriba S.A., Municipio T.F.C.d.E.M. y que la ciudadana A.D.C.M.B., perturba dicha producción cuando realiza diferentes gestiones destinadas a defender su presunta propiedad en los terrenos objeto de la medida de protección, alegando que dichos terrenos pertenecen a la sucesión M.R.F.D., a la cual ella pertenece y no permitiendo el libre pastoreo a los semovientes propiedad del ciudadano C.T.P., por lo que esta juzgadora considera que este requisito también se encuentra cumplido.

Ahora bien, el Tribunal observa que para que prospere la oposición a la medida decretada formulada por la ciudadana A.D.C.M.B., tal oposición debe basarse en los siguientes requisitos:

1) Probar que la opositora de la medida tiene un interés directo en el asunto que se ventila.

2) Que la medida decretada le afecta directamente en sus intereses.

3) De que manera le afecta dicha medida.

En el primer supuesto requisito la ciudadana A.D.C.M.B., demostró que tiene un interés directo en la presente medida cuando afirma y con los documentos aportados al proceso que existe una sucesión en la cual supuestamente es propietaria de los terrenos objeto de la medida de protección a la producción decretada en fecha 28 de septiembre de 2012 por este Tribunal; y que ella forma parte de tal sucesión, este requisito se encuentra cumplido.

En cuanto al segundo requisito de que la mencionada ciudadana es afectada por dicha medida, que lesiona sus derechos e intereses derivados de la sucesión M.R. puesto que esos derechos tienen que ver con la propiedad de los terrenos donde el ciudadano C.T.P. fomenta la producción agroalimentaria protegida por la medida decretada en fecha 28 de septiembre de 2012 por este Tribunal. Esta juzgador observa que el derecho de propiedad el cual alega la opositora de la medida, ciudadana A.D.C.M.B. le asiste tiene sus defensa por la vía ordinaria establecida en el Lay de Tierras y Desarrollo Agrario y no a través del procedimiento cautelar autónomo el cual es el caso de marras, para lo cual se le exhorta a dicha ciudadana ejercer sus defensas por la vía ordinaria; este requisito no se encuentra cumplido, en virtud de que la medida es provisional y esta destinada a proteger la producción fomentada por el ciudadano C.T.P. y no la propiedad.

En cuanto al tercer requisito, esta juzgadora no emite pronunciamiento alguno, en virtud de que por cuanto los requisitos son concurrentes y al no encontrarse cumplido uno de ellos, se hace innecesario e inoficioso analizarlo.

No encontrándose cubierto los tres requisitos antes mencionados de concurrencia para que prospere la oposición de la medida formulada por la ciudadana A.D.C.M.B., deberá necesariamente declararse sin lugar tal oposición, tal como se hará en la parte dispositiva de este fallo.

Ahora bien, de las pruebas aportadas en el proceso por la ciudadana A.D.C.M.B. y de la inspección judicial practicada por este Tribunal en fecha 14 de agosto de 2012, se evidencia que la ciudadana antes mencionada mantiene una agroproducción en el lote de terreno objeto del presente procedimiento, ubicado en el sector S.R.d. la Iglesia hacia arriba S.A., Municipio T.F.C.d.E.M., y visto que el juez agrario está facultado de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a decretar medidas pertinentes para proteger la protección agroalimentaria, para de esa manera garantizar el ejercicio de la soberanía agroalimentaria establecida en nuestra Constitución artículo 305 y artículos 4, 5 de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía agroalimentaria, es por lo que este Tribunal seguidamente procede a a.l.r.d. concurrencia de las medidas autónomas de protección a la producción sobre la agroproducción fomentada por la ciudadana A.D.C.M.B., en el lote de terreno ubicado en el sector S.R.d. la Iglesia hacia arriba S.A., Municipio T.F.C.d.E.M., los cuales son: fumus boni iuris, periculum in mora y el periculum in damni.

Seguidamente, este Tribunal pasa a revisar los mismos para el caso que nos ocupa: En cuanto al fumus boni iuris, o presunción del buen derecho el cual requiere prueba del derecho que se reclama, esta juzgadora observa que de la inspección practicada por este Tribunal en fecha 14 de agosto de 2012 (folios 16 al 19, primera pieza), se observó que la producción agroalimentaria que se realiza en el terreno cuya ubicación y linderos se encuentran especificados en el escrito de solicitud y que este Tribunal constató que efectivamente existe en dicho terreno una pequeña producción agroalimentaria de tipo carnico (cuatro becerros) y plantas de café de nueva data y que la misma es fomentada por la ciudadana A.D.C.M.B., es lo que lleva a la convicción cierta a esta juzgadora a concluir que estamos en presencia del cumplimiento del primer requisito de los exigidos para la procedencia de la medida autónoma de protección a la producción.

En cuanto al segundo elemento periculum in mora, basado en la frase cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que constituya medio de prueba de la presunción grave de esta circunstancia, en cuanto a este requisito esta juzgadora observa que los mencionados requisitos de concurrencia son los establecidos en el Código de procedimiento Civil en su artículo 585. Sin embargo a diferencia de las medidas preventivas o cautelares del artículo 585 eiusdem, en el ámbito agrario no dependen de un juicio principal sino que están basadas en la protección de la producción agroalimentaria y del ambiente, resguardando el principio constitucional de soberanía agroalimentaria, visto dicho principio como la garantía del bien común de la mayor cantidad de alimento para el mayor número de personas y no a las resultas de un juicio en concreto, sino al fin proteccionista de la agroproducción como protección del ambiente. Finalmente en cuanto al tercer requisito, periculum in damni, se refiere al temor manifiesto del daño que se pueda ocasionar a la producción agroalimentaria fomentada por la opositora, ciudadana A.D.C.M.B..

En cuanto a este requisito observa la juzgadora que la ciudadana A.D.C.M.B. fomenta una eficaz producción carnica en el lote de terreno ubicado en el sector S.R.d. la Iglesia hacia arriba S.A., Municipio T.F.C.d.E.M. y que el ciudadano C.T.P., perturba dicha producción cuando realiza diferentes gestiones destinadas a defender su presunta propiedad en los terrenos objeto de la medida de protección, alegando que dichos terrenos le pertenecen y no permitiendo el libre pastoreo a los semovientes propiedad de la ciudadana A.D.C.M.B., por lo que esta juzgadora considera que este requisito también se encuentra cumplido. En tal sentido, este Tribunal necesariamente deberá decretar de oficio medida de protección a la producción a favor de la ciudadana A.D.C.M.B., tal como lo hará en la parte dispositiva de este fallo.

Así pues las cosas y cumplidos como se encuentran los requisitos de procedencia para ratificar la medida de protección a la producción decretada en fecha 28 de septiembre de 2012, indicados en el particular segundo de la presente decisión, a este Tribunal no le queda otra alternativa que ratificar dicha medida, tal como en efecto así lo hará en la parte dispositiva de esta sentencia.

DISPOSITIVA

En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia definitiva en los términos siguientes:

Se declara SIN LUGAR LA OPOSICION a la medida decretada en fecha 28 de septiembre de 2012, formulada por la ciudadana A.D.C.M.B., mediante escrito presentado en fecha 25 de octubre de 2012.

Se RATIFICA la medida de protección a la producción, sobre el lote de terreno ubicado en el sector S.R.d. la Iglesia hacia arriba S.A., Municipio T.F.C.d.E.M., decretada en fecha 28 de septiembre de 2012, a favor del ciudadano C.T.P., de conformidad con el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 196, 243 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para evitar la lesión y destrucción a la producción, a fin de que el mencionado ciudadano continúe su actividad agroproductiva la cual se extiende hasta dos años, a partir de la fecha de la publicación de la presente decisión, tiempo suficiente para que las partes ventilen el problema de fondo que se observa existe en el lote de terreno tendiente a dilucidar lo referente al derecho de propiedad. Así se decide.

Como consecuencia del pronunciamiento anterior, se le ordena a la ciudadana A.D.C.M.B., permitirles el libre pastoreo en los pastos del terreno objeto de marra a los animales del ciudadano C.T.P., estableciendo para ello un sistema rotativo de los potreros. Así se decide.

Se DECRETA DE OFICIO medida de protección a la producción agropecuaria, sobre el lote de terreno ubicado en el sector S.R.d. la Iglesia hacia arriba S.A., Municipio T.F.C.d.E.M., a favor de de la ciudadana A.D.C.M.B., de conformidad con el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 196, 243 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para evitar la lesión y destrucción a la producción, a fin de que la mencionada ciudadana continúe su actividad agroproductiva y que dicha medida tenga una vigencia de dos años, a partir de la fecha de la publicación de la presente decisión, tiempo suficiente para que las partes ventilen y resuelvan el problema de fondo que se observa existe en el lote de terreno tendiente a dilucidar lo referente al derecho de propiedad. Así se decide.

Como consecuencia del pronunciamiento anterior, se le ordena al ciudadano C.T.P., permitirle el libre pastoreo en los pastos del terreno objeto de marra a los animales de la ciudadana A.D.C.M.B., estableciendo para ello un sistema rotativo de los potreros. Así se decide.

No se condena en costas procesales a ninguna de las partes, por tratarse el presente procedimiento de una materia de gran contenido social.

Publíquese, regístrese, cópiese y notifíquese.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despa¬cho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.- El Vigía, a los trece días del mes de marzo del año dos mil trece.- Años 202º de la Indepen¬den¬cia y 154º de la Federación.

La Juez Temporal,

Dra. Agnedys Hernández

La Secretaria,

Ab. A.T.N.C.

En la misma fecha y siendo las tres y veinte minutos de la tarde, se publicó la anterior decisión, lo que certifico.

La Sria.,

Abg. A.T.N.C.

Solicitud Nº 457.-

bcn.-