Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 29 de Junio de 2010
| Fecha de Resolución | 29 de Junio de 2010 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control |
| Ponente | Victor Hugo Ayala Ayala |
| Procedimiento | Medida De Protección Y Seguridad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 29 de Junio de 2010
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2010-002150
ASUNTO : LP01-P-2010-002150
MEDIDA DE PROTECCIÓN DE VICTIMA.
Vista la solicitud presentada por ante este Tribunal de Control por el ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público, abogado J.A.G.R., en la cual pide que se tomen con carácter urgente las medidas conducentes a garantizar la integridad física de la ciudadana: (Se omite su identidad, por razones de seguridad), quien figura como VICTIMA INDIRECTA en la Causa Penal identificada con el N° 14F4-513-09 conocida y tramitada por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, concretamente el delito de Homicidio Calificado, donde figuran como imputados los ciudadanos: (Se omite su identidad, por razones de seguridad), la cual se encuentra en la fase intermedia, y solicita que la medida de protección sea otorgada por un lapso de tiempo de NOVENTA (90) DÍAS prorrogables, según sea necesario, consistente en Rondas de Patrullaje y Vigilancia Policial por su Residencia a fin de garantizar plenamente la vigencia de los derechos fundamentales de las victimas y su entorno familiar, fundamentando su petición en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 108 y 540.2 del Código Orgánico Procesal Penal, artículo 29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y artículos 2, 4, 5, 17, 18, 24 y 30 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales.
Este Tribunal de Control, una vez revisadas detenidamente las actuaciones que integran la presente solicitud, observa ciertamente que la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, lleva adelante una investigación penal signada con el N° 14F4-513-09, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, concretamente el delito de Homicidio Calificado, José (Se omite su identidad, por razones de seguridad), la cual se encuentra en la fase intermedia, constatando que la victima del hecho acudió de manera voluntaria por ante la sede del Ministerio Público y solicitó que se le otorgue una Medida de Protección, tanto a él como a su familia, por cuanto, manifestó que:
En el día de hoy, (...), se deja expresa constancia por medio de la presente acta, que la ciudadana (Se omite su identidad, por razones de seguridad), en su carácter de víctima por extensión del delito de homicidio,en entrevista sostenida con la abogado N.A.R., Supervisora de la Unidad de Atención a la Víctima adscrita a la Fiscalía Superior, luego de habérsele informado sobre sus derechos y en relación con las modalidades de aplicación de las medidas de protección prevista en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, expone: mi hermana (...) fue encontrada muerta (...). Este hecho ocurrió el (...) y encontrada el día (...). Por este hecho hubo tres detenidos, entre los cuales se encontraba el concubino (...) quien salió en libertad, quedando dos presos (...). Esta causa la conoce la Fiscalía Cuarta y ya está fijada la Audiencia Preliminar. Nos preocupa es que a mi hermana (...) quien es sorda muda, ha sido amenazada por los hermanos de (...) haciéndole señas que la va a matar. Como en Diciembre a mi hermano lo habían amenazado y lo golpearon, queremos evitar que con mi hermana pase lo mismo. Por estas razones pido protección para ella en su domicilio en (...). Es todo…
.
Por tal razón, considera este Tribunal de Control que se hace necesario adoptar la medida solicitada por considerar que la misma se encuentra plenamente ajustada a derecho y tiene un fundamento legal suficiente como para estimarla procedente.
En tal sentido, debemos tener presente que el artículo 4 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, señala cuales son los destinatarios de la misma en los siguientes términos:
Son destinatarios de la protección prevista en este Ley, todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su intervención actual o eventual en el proceso penal, por ser victima directa o indirecta, testigo, experto o experta, funcionario o funcionaria del Ministerio Público, o de los órganos de policía, y demás sujetos principales y secundarios, que intervengan en ese proceso…
.
Por su parte, el artículo 19 ejusdem, hace referencia a la provisionalidad de tales medidas, atendiendo diferentes criterios legales, a saber:
Toda medida de protección debe ser impuesta provisionalmente de acuerdo con las particulares necesidades del caso. Ante diversas posibilidades, debe aplicarse la medida que resulte adecuada y que, además, resulte menos lesiva o restrictiva de derechos de terceros.
Cuando por el cambio de las circunstancias que dieron lugar a la medida de protección sea necesario modificarla, se podrá imponer una o más medidas.
Cuando las medidas de protección previstas en la presente Ley resulten, por especiales circunstancias ineficaces, inadecuadas o insuficientes para asegurar los derechos e intereses de la persona protegida, el Ministerio Público debe requerir la aplicación de otras medidas de protección que resulten sustancialmente análogas a las reconocidas expresamente en la presente Ley, mientras sean compatibles con su objeto y fin.
En cuanto al Órgano Jurisdiccional competente para proceder a dictar tales medidas, el artículo 31 de la mencionada Ley establece que:
…La competencia para dictar las medidas de protección previstas en la presente Ley corresponderá, previa solicitud del Ministerio Público, al órgano jurisdiccional competente.
En el mismo orden de ideas, el artículo 42 ibidem, establece el tiempo de duración de las medidas otorgadas en los siguientes términos:
Las medidas de protección tendrán una duración máxima de seis (6) meses, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas y las mismas serán decretadas por el órgano jurisdiccional correspondiente, determinando las circunstancias de modo, lugar y tiempo, de acuerdo con la evaluación que realice el juez o jueza competente que conozca el caso y previa opinión del Ministerio Público, sin perjuicio del derecho de defensa del imputado o imputada, acusado o acusada. Queda entendido que mientras se aprueba la prorroga arriba mencionada se mantendrán las medidas de protección.
Las medidas de protección se darán por terminadas, previa decisión judicial fundada, cuando finalice el plazo por el cual fueron otorgadas, sin que hubieren sido prorrogadas, cuando desaparezcan las circunstancias de riesgo que motivaron la protección o cuando el beneficiario o beneficiaria incumpla la medida, condiciones u obligaciones establecidas.
La prorroga de las medidas de protección será acordada de oficio por el órgano jurisdiccional, o a solicitud del Ministerio Público, de la victima, testigo y demás sujetos procesales amparados por la medida.
Además de ello, el artículo 24 de la Ley hace especial referencia a la protección policial en los siguientes términos:
El ministerio Público podrá solicitar a la autoridad judicial competente que se le conceda protección policial a las victimas, testigos y demás sujetos procesales que la ameriten. Esta protección policial podrá ser acordada por la autoridad judicial competente en cualquiera de las etapas del proceso penal.
Por su parte, el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el mismo sentido lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…
.
El artículo 118 del Código Orgánico Procesal Penal establece claramente cuales son los objetivos del proceso penal, de la siguiente forma:
La protección reparación del daño causado a la victima del delito son objetivos del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Por su parte, los jueces garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso.
Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de afectado, facilitando al máximo su participación en los tramites en que debe intervenir.
Finalmente, el artículo 120 numeral 3° del mismo Código Adjetivo Penal, señala claramente cuales son los derechos de la victima, al establecer que:
Quien de acuerdo con las disposiciones de este Código sea considerado victima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos: …(Omissis)
3. Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia…
.
Así las cosas, este Tribunal de Control teniendo en cuenta que existe una grave presunción de que la VICTIMA anteriormente identificada y sus familiares puedan sufrir algún tipo de agresión o represalia, por los hechos ocurridos y por el conocimiento que tienen de los mismos, lo que puede constituir un riesgo para la integridad física de esta y de su familia, es por lo que considera prudente y oportuno, además de ajustado a derecho declarar Con Lugar la solicitud de protección realizada por el Ministerio Público, razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 34 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, se impone de manera provisional a la ciudadana: (Se omite su identidad, por razones de seguridad), quien figura como VICTIMA INDIRECTA en la Causa Penal identificada con el N° 14F4-513-09 conocida y tramitada por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, concretamente el delito de Homicidio Calificado, donde figuran como imputados los ciudadanos: (...), la cual se encuentra en la fase intermedia, la cual se encuentra en la fase intermedia, una Medida de Protección consistente en Rondas de Patrullaje y Vigilancia Policial por su Residencia correspondiéndole cumplir tal función, a la Comandancia General de Policía del Estado Mérida, por un lapso de tiempo de NOVENTA (90) DÍAS contados a partir del momento en que se designe formalmente y se materialice la mencionada vigilancia, los cuales podrán ser prorrogados por otro periodo igual en caso de ser necesario y previa justificación de tal solicitud ante el Tribunal de Control, dejando claramente establecido que la solicitante de la medida acordada, aceptó expresamente las condiciones previstas en el artículo 28 de la referida Ley, mediante acta de aceptación debidamente suscrita por ante la Unidad de Atención a la Victima adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Mérida. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA.
Por todas las razones de hecho y de derecho anteriormente señaladas, este Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procediendo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 118 y 120 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, y en armonía con lo previsto en los artículos 4, 19, 24, 31 y 42 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, declara: CON LUGAR la solicitud presentada por ante este Tribunal de Control por el ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público, abogado J.A.G.R., y en consecuencia, se impone de manera provisional a la ciudadana: (Se omite su identidad, por razones de seguridad), quien figura como VICTIMA INDIRECTA en la Causa Penal identificada con el N° 14F4-513-09 conocida y tramitada por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, concretamente el delito de Homicidio Calificado, donde figuran como imputados los ciudadanos: (...), la cual se encuentra en la fase intermedia, la cual se encuentra en la fase intermedia, una Medida de Protección consistente en Rondas de Patrullaje y Vigilancia Policial por su Residencia correspondiéndole cumplir tal función, a la Comandancia General de Policía del Estado Mérida, por un lapso de tiempo de NOVENTA (90) DÍAS, contados a partir del momento en que se designe formalmente y se materialice la mencionada vigilancia, los cuales podrán ser prorrogados por otro periodo igual en caso de ser necesario y previa justificación de tal solicitud ante el Tribunal de Control, dejando claramente establecido que la solicitante de la medida acordada, aceptó expresamente las condiciones previstas en el artículo 28 de la referida Ley, mediante acta de aceptación debidamente suscrita por ante la Unidad de Atención a la Victima adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Mérida.
Notifíquese y remítase a la Fiscalía Superior del Ministerio Público.
Cúmplase.
ABG. V.H.A.
JUEZ DE CONTROL No. 03.
ABG. G.J. DIAZ SANCHEZ.
SECRETARIA.
