Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 27 de Julio de 2009
| Fecha de Resolución | 27 de Julio de 2009 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control |
| Ponente | Victor Hugo Ayala Ayala |
| Procedimiento | Medida De Protección Y Seguridad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 27 de Julio de 2009
199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2009-003840
ASUNTO : LP01-P-2009-003840
MEDIDA DE PROTECCIÓN DE VICTIMAS.
Vista la solicitud presentada por ante este Tribunal de Control por el ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público, abogado J.A.G.R., en la cual pide que se tomen con carácter urgente las medidas conducentes a garantizar la integridad física de la ciudadana: (SE OMITE SU IDENTIDAD POR RAZONES DE SEGURIDAD), venezolana, mayor de edad, nacida en fecha 27-10-1946, de 64 años de edad, titular de la cédula de identidad No. V- , casada, de profesión comerciante, domiciliada en la M.E.M., quien figura como VICTIMA POR EXTENSIÓN en la Causa Penal identificada con el N° 14F01-0466-2008 conocida y tramitada por la Fiscalía Primera del Ministerio Público, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, concretamente el delito de Homicidio Intencional en Grado de Complicidad Correspectiva, cometido en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de: D.R.R., (hoy occiso), la cual se encuentra en su fase de investigación, y donde aparecen como investigados los ciudadanos identificados como: J.C.A.S., J.L.G.S., A.I.A. y W.A.Q., y solicita que la medida de protección sea otorgada por un lapso de tiempo de CIENTO VEINTE (120) DÍAS prorrogables, según sea necesario, consistente en Rondas Policiales por su Residencia, pero por cuanto el organismo implicado es la Policía del Estado Mérida, se requiere que dicha medida sea ejecutada por un organismo distinto a este, fundamentando su petición en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 108 y 540.2 del Código Orgánico Procesal Penal, artículo 29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y artículos 2, 4, 5, 17, 18, 24 y 30 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales.
Este Tribunal de Control una vez revisadas detenidamente las actuaciones que integran la presente solicitud, observa que la Fiscalía Primera del Ministerio Público, lleva adelante una investigación penal signada con el N° 14F01-0466-2008 conocida y tramitada por la Fiscalía Primera del Ministerio Público, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, concretamente el delito de Homicidio Intencional en Grado de Complicidad Correspectiva, cometido en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de: D.R.R., (hoy occiso), la cual se encuentra en su fase de investigación, en el cual figura como VICTIMA POR EXTENSIÓN del presunto hecho punible, la ciudadana: (SE OMITE SU IDENTIDAD POR RAZONES DE SEGURIDAD), titular de la cédula de identidad No. V-, constatando que esta acudió de manera voluntaria por ante la sede del Ministerio Público y solicitó que se le otorgue una Medida de Protección, tanto a ella como a sus hijos, por cuanto, según lo manifestado por esta ante la ciudadana Fiscal Primero del Ministerio Público, “…Mi preocupación es como madre de mis hijos DUBLIS ROJAS JIMENEZ y F.J.R.J., y mi persona también de que este señor funcionario de nombre J.C.A.S., quien se desempeña como Inspector de la Polimérida, quien le quito la vida a mi hijo ..., de un metrazo en su cabecita, hecho ocurrido en la Facultad de Medicina dentro de las instalaciones de dicho estacionamiento en una manifestación, por la inseguridad que se vive aquí en Mérida … y ahora hace unos días anda rodeando por donde yo vivo con mis hijos por la entrada de S.E., Sector B.V., cerca del Palacio del Niño, mi hija que estudia farmacia ya se lo ha encontrado dos veces por el sector, ella anda muy nerviosa … en vista de tal situación tengo gran preocupación por mis hijos…”, lo que hace necesario adoptar la medida solicitada por considerar que la misma se encuentra ajustada a derecho y tiene un fundamento legal suficiente como para estimarla procedente.
En tal sentido, debemos tener presente que el artículo 4 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, señala cuales son los destinatarios de la misma en los siguientes términos:
Son destinatarios de la protección prevista en este Ley, todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su intervención actual o eventual en el proceso penal, por ser victima directa o indirecta, testigo, experto o experta, funcionario o funcionaria del Ministerio Público, o de los órganos de policía, y demás sujetos principales y secundarios, que intervengan en ese proceso…
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Por su parte, el artículo 19 ejusdem, hace referencia a la provisionalidad de tales medidas, atendiendo diferentes criterios legales, a saber:
Toda medida de protección debe ser impuesta provisionalmente de acuerdo con las particulares necesidades del caso. Ante diversas posibilidades, debe aplicarse la medida que resulte adecuada y que, además, resulte menos lesiva o restrictiva de derechos de terceros.
Cuando por el cambio de las circunstancias que dieron lugar a la medida de protección sea necesario modificarla, se podrá imponer una o más medidas.
Cuando las medidas de protección previstas en la presente Ley resulten, por especiales circunstancias ineficaces, inadecuadas o insuficientes para asegurar los derechos e intereses de la persona protegida, el Ministerio Público debe requerir la aplicación de otras medidas de protección que resulten sustancialmente análogas a las reconocidas expresamente en la presente Ley, mientras sean compatibles con su objeto y fin.
En cuanto al Órgano Jurisdiccional competente para proceder a dictar tales medidas, el artículo 31 de la mencionada Ley establece que:
…La competencia para dictar las medidas de protección previstas en la presente Ley corresponderá, previa solicitud del Ministerio Público, al órgano jurisdiccional competente.
En el mismo orden de ideas, el artículo 42 ibidem, establece el tiempo de duración de las medidas otorgadas en los siguientes términos:
Las medidas de protección tendrán una duración máxima de seis (6) meses, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas y las mismas serán decretadas por el órgano jurisdiccional correspondiente, determinando las circunstancias de modo, lugar y tiempo, de acuerdo con la evaluación que realice el juez o jueza competente que conozca el caso y previa opinión del Ministerio Público, sin perjuicio del derecho de defensa del imputado o imputada, acusado o acusada. Queda entendido que mientras se aprueba la prorroga arriba mencionada se mantendrán las medidas de protección.
Las medidas de protección se darán por terminadas, previa decisión judicial fundada, cuando finalice el plazo por el cual fueron otorgadas, sin que hubieren sido prorrogadas, cuando desaparezcan las circunstancias de riesgo que motivaron la protección o cuando el beneficiario o beneficiaria incumpla la medida, condiciones u obligaciones establecidas.
La prorroga de las medidas de protección será acordada de oficio por el órgano jurisdiccional, o a solicitud del Ministerio Público, de la victima, testigo y demás sujetos procesales amparados por la medida.
Además de ello, el artículo 24 de la Ley hace especial referencia a la protección policial en los siguientes términos:
El ministerio Público podrá solicitar a la autoridad judicial competente que se le conceda protección policial a las victimas, testigos y demás sujetos procesales que la ameriten. Esta protección policial podrá ser acordada por la autoridad judicial competente en cualquiera de las etapas del proceso penal.
Por su parte, el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el mismo sentido lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…
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El artículo 118 del Código Orgánico Procesal Penal establece claramente cuales son los objetivos del proceso penal, de la siguiente forma:
La protección reparación del daño causado a la victima del delito son objetivos del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Por su parte, los jueces garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso.
Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de afectado, facilitando al máximo su participación en los tramites en que debe intervenir.
Finalmente, el artículo 120 numeral 3° del mismo Código Adjetivo Penal, señala claramente cuales son los derechos de la victima, al establecer que:
Quien de acuerdo con las disposiciones de este Código sea considerado victima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos: …(Omissis)
3. Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia…
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Así las cosas, este Tribunal de Control teniendo en cuenta que existe una grave presunción de que la VICTIMA POR EXTENSIÓN anteriormente identificada, pueda sufrir algún tipo de represalia, producto de la relación de parentesco con la victima del hecho, lo que puede constituir un riesgo para la integridad física de esta y de su familia, es por lo que considera prudente y oportuno, además de ajustado a derecho declarar Con Lugar la solicitud de protección realizada por el Ministerio Público, razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 34 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, se impone de manera provisional a la ciudadana: (SE OMITE SU IDENTIDAD POR RAZONES DE SEGURIDAD), titular de la cédula de identidad No. V- , una Medida de Protección, consistente en la Vigilancia Directa de su Vivienda bajo la modalidad de Rondas de Vigilancia, correspondiéndole cumplir tal función, en vista de que los imputados de autos pertenecen a la Policía del Estado Mérida, como Funcionarios Activos, y esto pudiera poner en tela de juicio la actuación de los mismos, además de que debe garantizarse la total imparcialidad de los funcionarios destinados para tal fin, es por lo que se acuerda comisionar directamente a la Guardia Nacional, con sede en el Destacamento No. 16 de esta ciudad de Mérida para que cumpla con tal fin, pero por un lapso de tiempo de NOVENTA (90) DÍAS contados a partir del momento en que se designe formalmente y se materialice la mencionada vigilancia, los cuales podrán ser prorrogados por otro periodo igual en caso de ser necesario y previa justificación de tal solicitud ante el Tribunal de Control, dejando claramente establecido que la beneficiaria de la medida acordada aceptó expresamente las condiciones previstas en el artículo 28 de la referida Ley, mediante acta de aceptación debidamente suscrita por ante la Unidad de Atención a la Victima adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Mérida. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA.
Por todas las razones de hecho y de derecho anteriormente señaladas, este Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procediendo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 118 y 120 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, y en armonía con lo previsto en los artículos 4, 19, 24, 31 y 42 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, declara: CON LUGAR la solicitud presentada por ante este Tribunal de Control por el ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público, abogado J.A.G.R., y en consecuencia, se impone de manera provisional a la ciudadana (SE OMITE SU IDENTIDAD POR RAZONES DE SEGURIDAD), venezolana, mayor de edad, nacida en fecha 27-10-1946, de 64 años de edad, titular de la cédula de identidad No. V- , casada, de profesión comerciante, domiciliada en M.E.M., quien figura como VICTIMA POR EXTENSIÓN en la Causa Penal identificada con el N° 14F01-0466-2008 conocida y tramitada por la Fiscalía Primera del Ministerio Público, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, concretamente el delito de Homicidio Intencional en Grado de Complicidad Correspectiva, cometido en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de: D.R.R., (hoy occiso), una Medida de Protección, consistente en la Vigilancia Directa de su Vivienda bajo la modalidad de Rondas de Vigilancia, correspondiéndole cumplir tal función, en vista de que los imputados de autos pertenecen a la Policía del Estado Mérida, como Funcionarios Activos, y esto pudiera poner en tela de juicio la actuación de los mismos, además de que debe garantizarse la total imparcialidad de los funcionarios destinados para tal fin, es por lo que se acuerda comisionar directamente a la Guardia Nacional, con sede en el Destacamento No. 16 de esta ciudad de Mérida para que cumpla con tal fin, pero por un lapso de tiempo de NOVENTA (90) DÍAS contados a partir del momento en que se designe formalmente y se materialice la mencionada vigilancia, los cuales podrán ser prorrogados por otro periodo igual en caso de ser necesario y previa justificación de tal solicitud ante el Tribunal de Control.
Notifíquese y remítase a la Fiscalía Superior del Ministerio Público. Cúmplase.
ABG. V.H.A.
JUEZ DE CONTROL No. 03.
ABG. G.J. DIAZ.
SECRETARIA.
