Decisión nº PJ0282008000246 de Tribunal Primero de Control de Yaracuy, de 24 de Abril de 2008
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2008 |
| Emisor | Tribunal Primero de Control |
| Ponente | Romel Antonio Ovial |
| Procedimiento | Medida De Proteccion |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy
San Felipe, 24 de Abril de 2008
198º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL : UP01-P-2008-001166
ASUNTO : UP01-P-2008-001166
Corresponde a este tribunal dictar decisión judicial conforme a los artículos 173 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a la solicitud que antecede presentada por el Fiscal Superior del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial relativa a medida de protección a favor del ciudadano: M.A. ROJAS TOVAR, quien es venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N°-7.512.498, de oficio Maestro de Obra, de 51 años, residenciado en la Urbanización Las Tapias, Avenida Urdaneta, Calle N° 03, casa N° s/n, color verde agua, al lado del kiosco color amarillo, familia Rojas Alejos, Municipio San Felipe, del Estado Yaracuy y a su Núcleo Familiar.
Al respecto se observa y considera lo siguiente:
En fecha 24 de Abril de 2008 se recibio en la Unidad de Atención a la Victima adscrita a la Victima adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Memorando N° YA-1-2008-0100-08, procedente de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en donde solicitan se tramite la medida de Protección al ciudadano M.A. ROJAS TOVAR y su Núcleo Familiar; por cuanto el mismo tiene cualidad de víctima indirecta de conformidad con lo establecido en el articulo 119 del Código Orgánico Procesal Penal y el articulo 5 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y demás sujetos procesales, en la investigación llevada por la mencionada Representación Fiscal bajo N° 22-F1-0111-07, y en la que figuran como imputado el ciudadano G.R.L.C., por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO INTENCIONAL EN CIRCUNSTANCIA AGRAVADA en perjuicio de W.J. ROJAS ALEJO.
Se evidencia de Oficio Nº YA-1-2008-010040/08, remitido a la fiscalía Superior que el ciudadano G.R.L.C., compareció por ante la fiscalía Primera e informo que “Solicito medida de protección para mi y mi familia ya que el grupo de amistades del ciudadano G.L., los cuales pertenecen todos a una banda nos han perseguido en las oportunidades que lo hemos conseguido. Haci mismo han pasado varias veces en moto por mi residencia parándose frente a la casa, además a las sra Damaz Aguilar testigo del caso le efectuaron detonaciones en su Residencia.
Por su parte la norma adjetiva Procesal Penal, tutela, reconoce y garantiza, a través de su amplio recorrido los derechos de la víctima. Así en su artículo 23, del Título Preliminar, relativo a los Principios y Garantías, establece el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia y además reconoce que la protección de la víctima y la reparación del daño son también objetivos del proceso penal. Igualmente se exhorta a todo funcionario a tramitar de forma diligente y oportuna las denuncias de las víctimas, so pena de incurrir en responsabilidades y hacerse acreedor de las sanciones que la ley asigne.
Asimismo, tales derechos se encuentran ampliamente definidos en los artículos 118, 119, 120, 121, 122 y 123 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 29, 30, 50, 51 y 55, reconoce los derechos de las víctimas y el Estado asume el compromiso de proteger y garantizar sus derechos a través de sus distintos órganos.
Así las cosas, encuentra el Tribunal que con fundamento a los hechos denunciados por la víctima se hace procedente la aplicación de medida de protección extraproceso de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Protección a la víctima, testigos y demás sujetos procesales, esto es, el resguardo por medio de Rondas Sucesivas en el lugar de residencia de la ciudadana G.R.L.C. y a su Núcleo Familiar, por un lapso de noventa (90) días contados a partir de la presente fecha. Se asigna esta responsabilidad al Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy. Y así se decide.
DISPOSITIVA
En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Primero de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, ACUERDA medida de protección a favor del ciudadano G.R.L.C., quien es venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N°-7.512.498, de oficio Maestro de Obra, de 51 años, residenciado en la Urbanización Las Tapias, Avenida Urdaneta, Calle N° 03, casa N° s/n, color verde agua, al lado del kiosco color amarillo, familia Rojas Alejos, Municipio San Felipe, del Estado Yaracuy, así como a su núcleo familiar, de conformidad con el artículo 21 ordinal 1º de la Ley de Protección a la Víctima, Testigos y Demás Sujetos Procesales, la cual consistirá en el resguardo por medio de Rondas Sucesivas en el lugar de residencia, por un lapso de noventa (90) días contados a partir de la presente fecha. Se asigna esta responsabilidad al Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy. Regístrese, publíquese y remítase el expediente al Archivo Central. Notifíquese a la Fiscalía Superior, a la Unidad de Atención a la Víctima y al ciudadano protegido. Ofíciese al organismo encargado de cumplir la medida.
ABG. R.A. OVIOL RODRIGUEZ
EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL
LA SECRETARIA
ABG. MARIA DE LOS ANGELEZ GIMÉNEZ
