Decisión de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 20 de Julio de 2005

La filiación del n.A.M., se encuentra debidamente probado en autos, de la copia fotostática de la partida de nacimiento asentada en los Libros de nacimiento que lleva la Prefectura del Municipio B.d.E.A., identificada con el Nro. 248, donde se evidencia que el niño, nació en Bülach, Suiza, quien nació el 11 de Diciembre de 1992, a las diecisiete horas y cinco minutos y es hijo de R.M. y W.J.M.P.D.M., valoración que se hace de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 483 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. Y así se decide.

En cuanto a los recaudos consignados por la Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público, junto con la solicitud, tales como oficio enviado por la Directora de Protección Integral de la Familia Encargada, oficio enviado a la referida Dirección de la Fiscalía del Ministerio Público, por el Embajador, Director del Servicio Consular Nacional, donde le remite las actuaciones originales, procedente de la Autoridad Central Para la Aplicación del Convenio de la Haya, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores en Italia, enviada a su Despacho, tales como Acta de Custodia, de fecha 3 de septiembre del año 1999, Decreto realizado por el Tribunal de Menores de Venecia, donde el n.A.M., fue entregado al Servicio Social de Venecia, documento de fecha 25 de septiembre del año 1999, Informe social realizado por el Servicio de Menores de Italia, en fecha 20 de junio del año 2000, donde recomienda que el padre no pueda llevarse consigo al niño. Solicitud realizada al Tribunal de Menores de Venecia, donde se solicita la restitución del N.A.M., Decreto de fecha 20 de Diciembre del año 2000, donde el Tribunal de Menores de Venecia, acordó privar de la patria potestad al ciudadano R.M., y la entrega del Niño al servicio Social de Venecia, y se le nombró tutor al Alcalde de Venecia. Fotografías y acta de nacimiento del n.A.M., Actuaciones realizadas por el Tribunal de Menores de Venecia, estudios anagráficos del menor, Descripción somática y características físicas del menor A.M., realizado por la Oficina Menores de Venecia, fotografías del niño, pasaporte del niño, Telegrama enviado por el Director del Servicio Consular Extranjero a la abuela materna del niño, solicitando que la misma se comunique con dicho organismo, Informe social realizado por el Jefe del centro de Atención Comunitaria Familiar Barcelona, Nro 01, del Instituto Nacional del Menor, Estado Anzoátegui, Venezuela e Informe Servicio Social Internacional, realizado por la trabajadora Social Lic. Lolimar Reina, adscrita a la Comisión Venezuela. Todos estos recaudos son plenamente valorados por tratarse de documentos emanados de funcionarios públicos, no sólo de la República de Italia, específicamente de la ciudad de Venecia, y funcionarios consulares y administrativos de la República Bolivariana de Venezuela, para los cual se asigna pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil, y del artículo 483 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente.

En cuanto al Informe General de la Actuación del Alumno en el Aula, Informe Psicológico realizado por el Servicio Social Internacional, al n.A.M., este Tribunal, le otorga pleno valor probatorio por emanar de funcionarias idóneas, que d.f. pública de las actuaciones por ellos realizados de conformidad con el artículo 1359 del Código Civil Vigente, en concordancia con el artículo 483 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente.

Igual valor probatorio le merece a esta Sentenciadora de la Sala de Juicio Nro 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el Informe Social y Psiquiátrico, realizado al adolescente A.M.M., por el equipo multidisciplinario adscrito a este Tribunal, así como el Informe Psiquiátrico realizado a la abuela materna ciudadana O.P.. Igualmente se le asigna este mismo valor probatorio al Informe psicológico realizado a la madre del n.A.M.. Así como Informe realizado el Dr. J.S., especialista en medicina del adolescente y especialista en salud mental y fármaco dependencia.

En cuanto al Informe realizado por el Servicio Internacional a través de la Asistente social A.D.S., en el hogar de la abuela paterna BONORA GIULIANA, del n.A.M., es plenamente valorado por emanar de una funcionaria pública internacional, que da fé pública de los hechos por ella constatado, de conformidad con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 483 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. Al igual que el realizado en el hogar de la madre biológica del n.A.M., ciudadana W.P. , así como Informe social realizado en la casa de la tía materna del N.A.M., ciudadana W.M..

El Tribunal de Protección procedió a convocar una reunión con el equipo multidisciplinario, en cual asistieron: la Dra. A.M.D., psiquiatra, YUNAIMY MARTINEZ y ARAIMA R.C., psicólogos clínicos y la trabajadora social Lic. NOHELIA DIAZ, para tratar el presente asunto, donde se acordó que el niño se mantuviera con su tía W.M., que se le tramitara cupo al niño en un colegio privado, con actividades complementarias, como deporte, y hacer un seguimiento del presente caso, a los fines de supervisar la evolución del mismo, hacerles orientaciones psicológicas al grupo familiar, fomentar en el adolescente la motivación al logro, vínculo de pertenencia grupal, solicitar beca para que el niño curse estudios en institución privada.

Comenzaremos analizando lo que señala la Convención sobre Los Derechos del Niño, ratificada por Venezuela en agosto de 1990 y por lo tanto carácter de Ley, tanto en su preámbulo, cuando expresa “Convencidos de que la familia, como elemento básico de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”. (Subrayado nuestro)

El artículo 3 ejusdem, establece, que en todas las medidas concernientes a los niños. Que tomen cualquier institución pública o privada, los Tribunales y cualesquiera autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben y tiene el deber, la consideración primordial de que se atenderá el INTERES SUPERIOR DE NIÑO, siempre velando que el niño y el adolescente no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, a excepción que su Interés Superior aconsejen lo contrario ( artículo 9) y el derecho que tienen los niños que cuando sus padres vivan separados, o en Estado Diferentes, de mantener periódicamente con sus hijos, relaciones personales y contacto directo con ambos padres, a excepción claro está de circunstancias excepcionales y que su Interés superior no lo aconseje (artículo 10), (subrayado mío)

La exposición de motivo de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, Ley Vigente en la República Bolivariana de Venezuela, establece, cual es el rol de la familia, el cual es fundamental en el respeto y pleno disfrute de las garantías de los derechos del niño y reconoce el principio de la convención que señala “...Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”

En este sentido, nuestra doctrina y nuestra legislación considera que la familia es objeto de protección, ya que la tilda de privilegiada, como el medio natural y primario donde se garantiza el desarrollo y la protección del niño y del Adolescente. Los padres son los principales responsables de cuidarlos y educarlos. Y el Estado debe garantizar a la familia la ayuda necesaria para poder asumir plenamente su responsabilidad porque apoyando a la familia se apoya al niño y este principio, obliga al Estado a evitar medidas que separen al niño de su familia, entendida en su sentido más amplio. Y ante cualquier circunstancia, debe tomarse en cuenta la familia de origen y luego los parientes mas cercanos y en el extremos de los casos medidas como la colocación familiar en hogares sustitutos o entidades de atención, en este sentido, hablamos de la familia extendida, a aquellos parientes que no son ni el padre , ni la madre, en línea consanguínea o colateral.

Y cuando hablamos del Interés Superior de Niño, debemos tener presente que se trata de un principio de interpretación y aplicación de la Ley, el cual es de imperativo cumplimiento para el Estado, La Familia y la Sociedad.

Es de tan vital importancia que la misma Constitución Bolivariana de Venezuela, en su Capitulo V, referente a los Derechos Sociales y de las Familias, y tanto es así, que el artículo 75, establece, cito “El Estado protegerá a las familias como Asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El estado garantizará a la madre, al padre o a quienes ejercen la jefatura de la familia.”

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. (...) “.

El artículo 76 de la citada Constitución en el último párrafo, establece: “ El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquel o aquélla no puede hacerlo por si misma. La Ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaría. “.

Todas estas normas así señaladas nos llevan a concluir, que tanto la Convención sobre Los Derechos del Niño, La Constitución Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, tiene un fin común y primordial, cual es el defender a la familia, y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes de ser criados en el seno de su familia, y tanto el Estado, la Sociedad y la Familia misma velaran porque se cumplan efectivamente el pleno disfrute de los derechos, garantías y deberes de los niños y adolescentes.

En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que “Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.- Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”. El articulo 9 de la referida Convención sobre los derechos del niño en el numeral 3, contempla: “Los Estados Partes, respetar el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”. En el mismo artículo en su numeral 2, En Y refiere la misma Convención el artículo 18, en su numeral 1: “Los Estado Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo del niño.- Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.-“

El artículo 20 de la referida Convención, establece, cito textual; “Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.” (…)

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que textualmente señala: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tiene Jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio mas favorables a las establecidas por esta Constitución y la Ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los Tribunales y demás órganos del poder público.-“, lo que significa que habiendo la República Bolivariana de Venezuela suscrito y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, esta tiene rango constitucional y es de aplicación inmediata, lo que significa que se debe tomar en cuenta en el momento de dictar cualquier sentencia por los Tribunales de la República, en especial por los Tribunales de Protección, los contenidos del preámbulo y las normas de la citada convención, son ratificadas no solo por la Constitución Bolivariana de Venezuela ,sino por la Ley especial, como lo es la Ley Orgánica Para la Protección del niño y del Adolescente.

En este orden de ideas, tenemos que el Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, instrumento internacional ratificado por Venezuela en fecha 16 de Octubre de 1996, en el cual se puede copiar textualmente lo contenido en ello: “Los Estado signatarios del presente convenio. Profundamente convenidos de que los intereses del menor son de una importancia primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia… Deseosos siempre de proteger al menor en el plano internacional de los efectos perjudiciales que podrían ocasionarle un traslado o retención ilegítima procedieran a establecer los procedimientos para garantizar la restitución inmediata del mismo. (…)”

Ahora bien en ese mismo convenio en su artículo 12 establece: “… Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que el menor ha sido trasladado a otro estado podrá suspender el procedimiento o rechazar la solicitud de retorno del menor”.

Seguidamente el artículo 13, ejusdem, establece: “No obstante los dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no ésta obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestre que:

(…) exista un grave riesgo de que la restitución lo exponga a un peligro grave o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. (…)”

El presente muy particular, podemos observar que el n.A.M., a pesar de haber estado bajo la custodia de hecho de su abuela paterna, G.B.D.M., fue sustraído por su padre y traído a Venezuela, para que el mismo permaneciera con su progenitora y familiares maternos, lo cierto es que el n.A.M., ha vivido un sin fin de traumas, no ha tenido un hogar estable que le brinde un ambiente de paz, amor y bienestar, ha sido sujeto de maltratos por parte, supuestamente, de la pareja de su padre, pero no está probado en autos que el mismo haya sido maltratado por su familia materna, en especial, por la abuela materna O.P., con quien el niño ha permanecido, desde que ingresó al país, por el contrario desde que el niño fue ingresado al país ilegítimamente, ha convivido en el entorno de la familia materna, abuela y tía, que ésta última, tuvo y tiene bajo su cuidado al adolescente, quien ha presentado bastante problemas, por su paso de la niñez a la adolescencia, sumado a las múltiples situaciones que ha vivido el mismo a lo largo de su vida, llena de inestabilidad, sin sabores y maltratos. Por otro lado el Adolescente estaba bajo la custodia de la ciudad de Venecia, en una entidad de atención, por lo que de las normas transcritas, de la Convención Sobre los Derechos del Niño y de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, es menester y aconsejable que los niños y adolescente se críen, formen y crezcan en un ambiente familiar.

De los informes psicológicos, psiquiátricos y sociales, realizados a nivel nacional e internacional, donde en ellos se puede evidenciar que la familia materna de A.M., cuenta con un apoyo adecuado en la conducción y desarrollo del Adolescente, que el Adolescente se identifica con la abuela materna ciudadana O.P., desde el punto de vista psiquiátrico, se ha recomendado que se le provea al Adolescente de un hogar que le brinde estabilidad para su desarrollo psicológico sano, y orientación al grupo familiar y estudio de las figuras paternas. Desde el punto de vista social el hogar de la abuela materna ofrece y reúne buenas condiciones de habitabilidad, para un buen desarrollo bio psicosocial. En cuanto a la evaluación Psiquiátrica realizada a la abuela materna ciudadana O.P., se concluyó que el niño debe permanecer al lado de la abuela materna, permitir el contacto del niño con su madre, una vez que esta sea recuperada de su adicción a las drogas, hacer un seguimiento del caso.

Del informe social internacional realizado en el hogar de la abuela paterna en la ciudad de Venecia, donde se encuentran preocupadas por el niño, y consideran que un cambio supondría otro trauma a los que tanto ha sufrido el adolescente, por lo que renunciaban a presentar solicitud de custodia, todo ello nos lleva a concluir que el adolescente A.M., debe permanecer en su país de origen VENEZUELA, al lado de su familia materna. Y así se decide.

Del estudio social practicado por Servicio Social Internacional, en el hogar de la progenitora o madre biológica del n.A.M., realizado en Suiza, donde se aconseja o recomienda que no se le otorgue el derecho de Tutela (guarda) a la madre, ya que su estado psicosocial actual no puede garantizar el bienestar y desarrollo del joven, aunque los contactos con la madre serian indispensables y urgentes.

Y en este caso la abuela cuenta con el apoyo irrestricto de la tía materna W.M., quien le puede reforzar los lazos familiares, y es apoyo para el grupo familiar.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala de Juicio Nro. 2, del Tribunal del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, tomando en consideración el Interés Superior del adolescente A.M., de doce (12) años de edad actualmente, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, de obligatorio cumplimiento en la toma de decisiones concernientes a los niños y a los adolescentes y dirigido especialmente, a asegurar el desarrollo integral de los niños y de los adolescente, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, y teniendo presente esta Sentenciadora el equilibrio de los derechos de las demás personas (padres entre si) debe tener prioridad por los derechos y garantías del Niño o del adolescente, y la condición misma de los niños de autos, especialmente los contenidos en el artículo: 25 de la Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente que reza: “Todos los niños y adolescentes independientemente de cuál fuere su filiación, tiene derecho a conocer a sus padres y a ser criado por ellos, salvo, cuando sea contrario a su interés superior”, Artículo 26: “Todos los niños y adolescentes tienen derecho a vivir, a ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen. Excepcionalmente, en los casos en que ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrá derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en una familia sustituta, de conformidad con la Ley. Parágrafo Primero: Los niños y adolescentes solo podrán ser separados de la familia en los casos que sea estrictamente necesario para preservar su interés superior, de conformidad con los requisitos y procedimientos previstos en esta ley.- Parágrafo Tercero: En cualquier caso, la familia debe ofrecer un ambiente de afecto y seguridad, que permita el desarrollo integral de los niños y adolescentes. (...)” Artículo 27: “ Todos los niños y adolescentes tienen derecho a mantener, de forma regular y permanente, relaciones personales y contacto directo con ambos padres, aún cuando exista separación entre éstos, salvo, que ello sea contrario a su interés superior”, Artículo 28: “ Todos los niños y adolescentes tienen derecho al libre y pleno desarrollo de su personalidad, sin mas limitaciones que las establecidas en la Ley.” y considerando que el adolescente A.M., tiene derecho a vivir con uno cualquiera de sus progenitores y como en este caso no es recomendable, tiene derecho a vivir con su familia extendida, y del seguimiento que se le ha hecho al presente caso, se observa el apego del mismo hacia su familia extendida (materna), por lo que se hace necesario que el adolescente permanezca en un espacio conocido por el, dándole seguridad y bienestar.

Y es el compromiso de la familia dar felicidad, bienestar y amor a sus miembros, y procurar por todos los medios, no variar la residencia del niño, para evitar cambios bruscos en su vida familiar y cotidiana, el padre ha sido privado de la potestad de su hijo y la madre no está actualmente en condiciones de cuidad, mantener y vigilar a su hijo. Esta situación también nos lleva a estar seguro, que en este país junto a su familia materna, el adolescente debe encontrar la estabilidad que necesita y mal podría ser devuelto al país, que solicita la restitución, para ser ingresado a una institución, dedicada a éstos, o como lo llamamos aquí, en un entidad de atención, que nunca podrá sustituir el afecto y cariño familiar. Y así se decide. También considera esta Sentenciadora, que la familia domiciliada en la República de Italia, debe brindar apoyo a estos familiares, no sólo desde el punto de vista afectivo, sino también económico.

Esta Sala de Juicio N° 2 analizando el caso concreto y tomando en consideración el articulo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que contempla el INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, es menester que esta sentenciadora deba analizar la situación fáctica que se encuentran los progenitores del adolescente, y la familia materna conformada por su abuela, tía, primos y tío político, aunado al hecho de la recomendación dada por el Equipo Técnico Multidisciplinario de este Tribunal en sus recomendaciones manifiesta que el adolescente A.M., debe permanecer bajo la guarda y Custodia de su familia materna. Y así se decide.-

Es por ello que esta Sala de Juicio Nro 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la acción de RESTITUCIÓN INTERNACIONAL propuesta por la Fiscal Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Dra. A.R.V., en representación del adolescente A.M., de doce (12) años de edad actualmente, hijo de W.J.M.P. y R.M., identificados en autos, y en consecuencia: ACUERDA que será la tía materna W.M., por recomendación del equipo multidisciplinario adscrito a este Tribunal, con la anuencia de su madre y abuela materna del adolescente ciudadana O.D.J.P., ambas identificada en autos. Y así se decide.

En consecuencia se acuerda:

Que el adolescente permanezca en la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al lado de su familia extendida, conformada por la tía materna W.M. y su familia, junto con la abuela materna O.D.J.P., las cuales viven en el Estado Anzoátegui,

Que al mismo se le tramite un cupo en un Colegio privado, donde el adolescente tenga atención personalizada.

Que el mismo sea inscrito en actividades complementarias, pudiendo ser de tipo deportivos, a los fines de que se mantenga en constante actividad.

Que tanto la tía y la abuela materna W.M. Y O.J.P., al igual que los familiares con quienes convive a diario el adolescente, sean orientados psicológicamente, comisionándose a los efectos al INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR SECCIONAL ANZOATEGUI, para que a través de su equipo multidisciplinario, por un lapso de seis meses, sean atendidas, debiendo informar periódicamente sobre sus asistencias, a los fines de que creen controles y supervisión del adolescente.-

Que el adolescente sea orientado continuamente por el equipo multidisciplinario adscrito al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Anzoátegui, para que recibo tratamiento psicoterapéutico, una vez por semana durante un año.

Que se haga un seguimiento del presente caso, por un lapso de un año, contados a partir de la presente fecha, comisionándose a los efectos, a las trabajadoras sociales adscritas al equipo multidisciplinario.

Se ordena remitir copia certificada de la presente sentencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, Autoridad Central para la Aplicación del Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y al SERVICIO SOCIAL INTERNACIONAL.

Se acuerda notificar a las partes, así como a la Fiscal del Ministerio Público, para que interpongan los recursos previstos en la Ley, los cuales comenzarán a computarse una vez conste en auto la notificación de la última de las partes.

Librénse los oficios y boletas respectivos.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio Nro. 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los veinte (20) días del mes de Julio del año dos mil cinco (2005). 195° de la Independencia y 146° de la Federación.-

LA JUEZ PROVISORIO UNIPERSONAL Nro 02.

DRA. A.J.D..

LA SECRETARIA

ABOG. F.M.A..

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia. Conste.

LA SECRETARIA,

ABOG. F.M.A..