Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Mayo de 2013
| Fecha de Resolución | 22 de Mayo de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Marisol Alvarado Rondon |
| Procedimiento | Exequatur |
REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR OCTAVO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 22 de mayo de 2013
203º y 154º
SOLICITANTES: ciudadanos J.M.C.R. y M.G.A.B., venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédula de identidad Nros. V-13.465.805 y V-16.285.043, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LAS PARTES SOLICITANTES: F.A.R.D.C. y J.F.R.S., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 23.956 y 43.211, respectivamente.
MOTIVO: EXEQUATUR.
EXPEDIENTE: AP71-S-2013-000019.
I
En fecha 03 de abril de 2013, previa insaculación de Ley, fue recibida la presente solicitud de Exequátur por ante este Juzgado Superior Octavo en lo Civil Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitiéndose por auto de la misma fecha y se ordenó la notificación del Ministerio Público, todo de conformidad con los artículos 131 y 132 del Código de Procedimiento Civil y ordinal 17 del articulo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Posteriormente mediante diligencia de fecha 08 de abril de 2013, la apoderada judicial de las partes solicitante consignó las copias correspondientes para que se expida la notificación correspondiente al Ministerio Público. Realizando el pago de la expensas en ésta misma fecha.
En fecha 10 de abril de 2013, éste Juzgado instó a la apodera judicial de los solicitantes presentara poder que acreditara la representación de la ciudadana M.G.A.B..
En diligencia 17 de abril de 2013, la ciudadana M.G.A.B. se da por notificada de la presente solicitud y otorga poder a la abogada F.A.R.d.C.. En ésta misma fecha la prenombrada abogada comparece a éste Tribunal a los fines de informar sobre un error involuntario en la solicitud de Exequátur.
El 22 de abril de 2013, el alguacil titular de éste Juzgado deja constancia de trasladarse a la Fiscalía 94º del Ministerio Público.
La apoderada judicial de las partes solicitantes, en fecha 24 de abril de 2013, consigna poder especial otorgado por la ciudadana M.G.A.B..
Así las cosas, el día 15 de mayo de 2013, compareció en la sede de este Juzgado el ciudadano F.J.L.R., en su carácter de Fiscal Nonagésimo Cuarto (94º) del Ministerio Público con Competencia en Protección, Civil y Familia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y emitió pronunciamiento al respecto de la presente solicitud en los siguientes términos:
…Vista la solicitud a través de la cual se solicita el pase o exequátur de la disolución dictada por El Juzgado de Primera Instancia Nº 79 de Madrid en fecha 21 de septiembre de 2011, en la cual se declaró la disolución del vinculo matrimonial del prenombrado ciudadano y la ciudadana M.G.A.B., y por otra parte habiéndose estudiado los recaudos anexados a dicha sentencia, este Despacho Fiscal observa que la misma atiende a los requisitos previstos en artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional privado vigente, en lo que se refiere a lo siguiente: A) La sentencia extranjera fue dictada en materia Civil específicamente en un juicio de divorcio. B) Tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Gobierno de Madrid. C) La Sentencia proferida por la Jurisdicción de dicho país no contiene declaraciones ni disposiciones contrarias al orden público o al derecho interno de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia esta Representación Fiscal del Ministerio Público, no tiene objeción que formular en lo que respecta al pase de la Sentencia de Divorcio decretada el 21 de septiembre de 2011, por el tribunal antes señalado…
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Siendo la oportunidad para dictar sentencia, este Juzgado lo hace en los siguientes términos:
II
PUNTO PREVIO
El Exequátur es el procedimiento judicial mediante el cual se pretende que una sentencia dictada en el extranjero en materia privada, tenga efecto extraterritorial en otro Estado.
Ahora bien, por tratarse de una materia que revierte y posee elementos de carácter internacional esta debe analizarse a la luz del Derecho Internacional Privado, y en tal sentido es necesario atender para ello al orden establecido en cuanto a la prelación de la fuentes de derecho con la finalidad de decidir el caso que se nos presenta.
Para nuestra legislación dicho orden de prelación se encuentra establecido en el artículo 1º de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual expresa:
Articulo 1.- Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados
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En este orden de ideas, la norma transcrita refiere a los tratados internacionales vigentes en Venezuela, las normas de derecho internacional privado venezolano, y a falta de ellas la analogía o los principios generales del Derecho Internacional Privado.
En el presente caso observamos que se solicita el exequátur de una sentencia de divorcio entre los ciudadanos J.M.C.R. y M.G.A.B., dictada en fecha 21 de septiembre de 2011, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 79 de Madrid, España.
En este sentido, debe entenderse que la normativa aplicable es la Ley de Derecho Internacional Privado Venezolano, de conformidad con lo establecido en su capitulo X, sobre la eficacia de las sentencias extranjeras, la cual derogo parcialmente las disposiciones contenidas en los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, relativas al exequátur.
III
DE LA COMPETENCIA
En relación a la competencia de este Juzgado para conocer del presente asunto, siendo que la mencionada Ley de Derecho Internacional Privado Venezolano no establece parámetros en cuanto a la competencia para decidir sobre estas solicitudes, se mantiene en plena vigencia las establecidas en el Código de Procedimiento Civil, la cual establece en su articulo 856, lo siguiente:
Artículo 856.- El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sea aplicables
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Establecida la competencia, en el presente asunto, este Tribunal, decide en los siguientes términos:
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El Exequátur es el procedimiento judicial mediante el cual se pretende que una sentencia dictada en el extranjero en materia privada, tenga efecto extraterritorial en otro Estado.
Ahora bien, por tratarse de una materia que revierte y posee elementos de carácter internacional esta debe analizarse a la luz del Derecho Internacional Privado, y en tal sentido es necesario atender para ello al orden establecido en cuanto a la prelación de la fuentes de derecho con la finalidad de decidir el caso que se nos presenta.
Para nuestra legislación dicho orden de prelación se encuentra establecido en el artículo 1º de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual expresa:
…Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados…
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En este orden de ideas, la norma transcrita refiere a los tratados internacionales vigentes en Venezuela, las normas de derecho internacional privado venezolano, y a falta de ellas la analogía o los principios generales del Derecho Internacional Privado.
En el presente caso observamos que se solicita el exequátur de una sentencia dictada, dictada en fecha 21 de septiembre de 2011, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 79 de Madrid, España país que en materia de eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbítrales no posee convenios ni tratados, suscrito con nuestro país; ahora bien no existiendo convenios a razón de lo antes mencionado debe serle aplicadas las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano.
Ahora bien, dicho lo anterior debe entenderse que la normativa aplicable es la Ley de Derecho Internacional Privado Venezolano, lo establecido en su capitulo X, sobre la eficacia de las sentencias extranjeras, la cual derogo parcialmente las disposiciones contenidas en los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, relativas al exequátur.
El artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado Venezolano, establece:
…Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos: 1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas; 2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas; 3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio; 4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley; 5. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa; 6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera…
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Ahora bien, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 79 de Madrid. España, en fecha 21 de septiembre de 2011, señalo lo siguiente:
(…) Señala el artículo 85 del Código Civil que el matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, entre otras causas, por el divorcio. Por su parte, el artículo 86 del Código Civil, modificado por la Ley 15/2008 de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, señala que se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos, o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancia exigidos en el art. 81 del Código Civil..
… En el presente caso, la prueba practicada acredita el transcurso de más de tres meses desde la celebración del matrimonio, así como la voluntad inequívoca de ambos cónyuges de interrumpir definitivamente su convivencia, habiendo prestado ambas partes su libre consentimiento al divorcio, ratificando el convenio regulador aportado, lo que supone la aceptación de su contenido en todos sus extremos; convenio que debe ser homologado judicialmente, por no considerarlo perjudicial para ninguno de los cónyuges.
…Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Dª R.M.S. en nombre y representación de Dª J.M.C.R., debo aclarar y declaro el DIVORCIO MATRIMONIAL de los expresados con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración (…)
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Dicho lo anterior del estudio y análisis de los recaudos presentados junto al escrito de solicitud de exequátur, de conformidad con los extremos de establecidos en el artículo 53 de la Ley especial, se verifica que se han cumplido los requisitos para declarar la ejecutoria de la sentencia objeto de la presente solicitud, a razón de:
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Evaluada la sentencia se logra verificar que versa sobre la disolución del vínculo matrimonial, lo cual es netamente de naturaleza civil.
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Posee fuerza de Cosa Juzgada.
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No versa sobre derechos reales respecto a inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela, por lo tanto no hay estado de contención con respecto a bienes ubicados en el país; tampoco se le ha arrebatado a Venezuela la Jurisdicción exclusiva para conocer del negocio jurídico, por cuanto el fallo fue dictado en fecha 21 de septiembre de 2011, por el Juzgado de 1ª Instancia Nº 79 Madrid, no estando por lo demás acreditado en autos, que al tiempo que fue interpuesta demanda de divorcio el domicilio conyugal hubiera estado ubicado en territorio venezolano, ya que el último domicilio conyugal fue en Madrid, Calle A.d.F., Nº 16, Esc. D, 5º - 506, C.P28036.
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De las actas aportadas a los autos se evidencia que el tribunal que conoció de la causa tenía jurisdicción para conocer del asunto.
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De las actas que conforman el presente expediente, no se evidencia que la sentencia objeto de solicitud de exequátur sea incompatible con sentencia previa que tenga autoridad de cosa juzgada, ni se encuentre pendiente en la Republica Bolivariana de Venezuela, algún juicio que verse sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado previamente al fallo de la sentencia extranjera que nos ocupa y de igual forma, no es contraria el orden público, debido a que fue dictada atendiendo a una solicitud de divorcio de las partes, con fundamento en el mutuo acuerdo.
Ahora bien, en virtud de lo antes expuesto y llenos los extremos contemplados en la ley, considera pertinente quien aquí suscribe declarar CON FUERZA EJECUTORIA en el territorio nacional, la sentencia de divorcio dictada en fecha dictado en fecha 21 de septiembre de 2011, por el Juzgado de 1ª Instancia Nº 79 Madrid, que declaró disuelto el vinculo matrimonial entre el ciudadano J.M.C.R. y la ciudadana M.G.A.B., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-13.465.805 y V-16.285.043, respectivamente.
V
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
UNICO: CON FUERZA EJECUTORIA en el territorio nacional, la sentencia de divorcio dictada en fecha 21 de septiembre de 2011, por el Juzgado de 1ª Instancia Nº 79 Madrid, que declaró disuelto el vinculo matrimonial entre el ciudadano J.M.C.R. y la ciudadana M.G.A.B., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V-13.465.805 y V-16.285.043, respectivamente.
Déjese copia certificada de la presente decisión en el Copiador de Sentencias de este Tribunal.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZ PROVISORIO,
M.A.R.
EL SECRETARIO TEMPORAL
J.A.F.P.
En esta misma fecha siendo la _________ (______) se publicó, registró, la anterior decisión.-
EL SECRETARIO TEMPORAL
J.A.F.P.
MAR/JAFP/Bestalia.-
Exp. Nº AP71-S-2013-000019
