Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Protección del Niño y el Adolescente de Yaracuy, de 15 de Marzo de 2013

PARCIALMENTE CON LUGAR, la presente acción de cumplimiento de contrato de venta y como consecuencia de ello los demandados deben proceder en forma inmediata a efectuar la declaración sucesoral pendiente, para que una vez obtenida la solvencia correspondiente, puedan otorgar públicamente el contrato suscrito y los actores terminen de pagar el remanente del precio convenido. Pueden, sin embargo; los actores, si los demandados no realizan la declaración sucesoral en el término que se les conceda para el cumplimiento voluntario de la sentencia, proceder a efectuar como interesados, con cargo a los demandados, la declaración sucesoral correspondiente, y una vez obtenida, quedan todos obligados (demandantes y demandados) a otorgar públicamente la venta en la cual han convenido, debiendo en dicho acto, los actores pagar, a los demandados, la diferencia del precio del bien objeto del contrato que quedó a ser abonado en dicha oportunidad, descontando del mismo, en el caso que hubieren ellos efectuado la declaración sucesoral, el costo real de los gastos en que hubieren incurrido para ello.

Se declara sin lugar la petición de daños y perjuicios por no haber sido demostrados éstos y sus causas.

Se exonera a los demandados del pago de las costas procesales por no haber sido vencidos totalmente conforme a lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.-CUARTO: La cuantía de la acción se determina en la cantidad de: Ciento Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 140.000) equivalentes a 1.842,10 unidades tributarias…”

4. - De la Tercería.-En fecha 16 de noviembre de 2012, Los ciudadanos A.C.M.B. y A.R.M.B., debidamente asistidos por el Abg. A.A.G., Inpreabogado Nº 67.387, bajo los siguientes términos alegaron lo siguiente: (f- 113 al 115):

   • Que es el caso que son hijos de la ciudadana A. delC.A.B., venezolana, titular de la cedula de identidad Nº V-7.029.518, quien a su vez es hija de M. de la Luz Alvarado de B., siendo este el verdadero nombre de la progenitora de los demandados y no de M. de la Cruz como se pretende dejar establecido los demandantes.

   • Que anexan copia certificada de partidas de nacimientos, marcadas “A” y “B” (f-116 y f-117)

   • Que su madre falleció, según consta copia certificado de Partida de Defunción, la cual anexan marcado “C” (f-118).

   • Que son sus herederos, por derecho de representación de la ciudadana M. de la Luz Alvarado de Bàrraez (abuela), por lo que concurren con los demandados en la herencia de ella como coherederos y no suscribieron contrato alguno por tal razón es que acuden de conformidad al artículo 370 del Código de Procedimiento Civil a los fines de ayudar a los demandados, así mismo pide se declare con lugar la apelación interpuesta por los codemandados y sin lugar la demanda.

   • Que consignan marcada “E” copias simples de cédula de identidad de su abuela M. de la Luz Alvarado de B., cuya original reposa en el escrito de informes consignados por el apelante. (f-119)

   • Que anexan marcado “X” copia de partida de matrimonio de los ciudadanos M. de la Luz Alvarado de Barraez (abuela) y N.R.B. y la cual sugieren que se pida de conformidad con el articulo 514 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil copia certificada de la misma y demostrar que la ciudadana Arisol del Carmen es madre de ellos y de los codemandados. (f-120)

   • Que anexan marcado “W” copia simple del contrato de construcción del inmueble a fin de corroborarse el verdadero nombre de su abuela M. de la Luz, la cual no se deja ver con exactitud en el contrato anexo por los apelantes a los folios 3 y 4. (f-112)

   • Que igualmente consignan copia simple de la partida de defunción de su abuelo N.R.B., donde consta el nacimiento de su madre A. delC., anexo marcado “T”. (f-125)

   • Que consignan copia simple de la cedula de identidad de su madre A. delC., marcado “H”. (f-126).

   Anexos:

   • Marcado “A”, partida de nacimiento (f-116)

   • Marcado “B”, partida de nacimiento (f-117)

   • Marcado “C”, copia certificado de Partida de Defunción, (f-118).

   • Marcada “E”, copias simples de cédula de identidad de la ciudadana (abuela) M. de la Luz Alvarado de B., (f-119).

   • Marcado “X”, copia de partida de matrimonio de los ciudadanos M. de la Luz Alvarado de Barraez (abuela) y N.R., (f-120).

   • Marcado “W”, copia simple del contrato de construcción del inmueble, (f-112).

   • Marcado “T”, copia simple de la partida de defunción de su abuelo N.R.B., (f-125).

   • Marcado “H”. copia simple de la cedula de identidad de la ciudadana A. delC., (f-126).

6. - De los Escritos de Fundamento traído a esta alzada. (f-129 al f-139)

   6.1 De la Parte Codemandada, el 16 de noviembre de 2011 la abogada D.A.C., inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 156.235 en su carácter de apoderada judicial de los codemandados, presentó informes que adujo lo siguiente:

   Como Primero, alega que:

   • Que el ciudadano C.A.V.G., quien se identifica en la presente demanda como venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 11.271.401, la cual se identificó como suscriptor de dicho contrato la cual citan textualmente.

   • Que lo cierto es que el demandante no puede ser parte ya que el no suscribió, firmo, ni en modo alguno estuvo presente en dicha celebración del contrato.

   • Que invita a revisar dicho contrato, inserto a los folios 3 y 4 siendo que al folio 4 se encuentran las firmas de A.B., N.B., C.B., Solimar Sanabria Tarazona y absolutamente ninguna otra.

   • Que el señor C.A.V. no suscribió dicho contrato, y que consecuencialmente se ha constituido un litisconsorcio activo conformado por los actores y un litisconsorcio pasivo conformado por sus representados, adminiculado esto, con el hecho ostensible, comprobable, demostrable y absolutamente probado.

   • Que en dicho contrato el ciudadano C.A.V., no es parte y que resulta obligatorio declarar con lugar dicha apelación y sin lugar la demanda, siendo que el supuesto negado por lo ya dicho se convirtió en un litisconsorcio.

   • Que consideran sería una violación de todo el estamento jurídico venezolano, y mucho peor sería que se declare con lugar la presente demanda puesto que consideran innecesario dilucidar la falta de cualidad en virtud del principio IURA NOVIT CURIA.

   • Que en el presente caso que no se cumpla con el literal a del artículo 146 del código de Procedimiento Civil la cual citan textualmente.

   Como Segundo; aduce que: la demanda es ambigua, y que crea indefensión siendo así que viola la constitución nacional en lo atinente al debido proceso y al derecho a la defensa y la cual citan textualmente al folio 1.

   • Que posteriormente en el Petitium, hacen mención como Primero, y que a la final en dicha sentencia terminan condenando a la parte que representa como si se tratase de un contrato de compraventa, y además ordenan a la demandante a pagar el resto del precio siendo que el mismo no fue demandado, ni se hizo oferta real y deposito alguno.

   Como Tercero, alegan que: la demanda fue presentada el 27 de enero de dos mil doce, y dicho contrato tiene fecha de suscripción del 21 de mayo de dos mil once, siendo que el Código Civil establece que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes, y la clausula tercera tiene fuerza de igual manera, y que establece que el lapso de duración de contrato de opción a compraventa es de cinco meses contados a partir de la firma del dicho documento.

   • Que si el contrato fue firmado en fecha 21 de de mayo de dos mil once, lapso este que los demandantes pudieron ejercer una acción de Oferta Real y Deposito para lograr los efectos estipulados en dicho contrato y no se hizo.

   • Que por otra parte la única penalidad establecida en dicho contrato contra los optantes vendedores es la de devolver veintinueve mil bolívares y ninguna otra y la otra posibilidad establecida en la cláusula cuatro del contrato, es la de devolver cuarenta y nueve mil bolívares (49.000,00) a los optantes compradores, siendo que nunca jamás previeron los efectos que considero el aquo.

   Como Cuarto, alegan que: en dicha sentencia establece al folio 104 que declaran Parcialmente con lugar la presente acción, por lo que consideran fue una galimatía, y de las cuales realizan unas preguntas en las alegan además que la cualidad de propietarios la adquirían una vez hecha Declaración Sucesoral y emitida por el Estado Venezolano el acto administrativo correspondiente.

   • Que consideran como disparatada la presente acción en que los demandados no son hijos de M. de la Cruz Alvarado de B., siendo que los demandados son hijos de la ciudadana M. de la luz A. de Barraez, la cual anexan marcado “A” original de cédula de identidad. (f-134).

   • Que anexan marcado “B” copia certificada del contrato de construcción del inmueble objeto del contrato que origino este proceso.(f-135 al f-138).

   Como Quinto, alegan: en que parte de la demanda se pidió que: A.- ¿Se obligase a los demandados a efectuar la Declaración Sucesoral?; B.- ¿A que se autorice a los demandantes a tramitar la Declaración Sucesoral?; C- ¿A que se autorizara a los demandantes a pagar el resto del precio?

   • ¿Que se hacen la pregunta que cuando se pidió eso? y que si se lee la ambigua y desastrosa demanda, siendo este mal redactado, incoherente e inexistente en el derecho venezolano contrato de “opción de compraventa” y los puntos en que se establecieron los contratantes.

   • Que dichos pronunciamientos de la Sentencia constituyen dos vicios de la sentencia que son conocidos con los nombres de Extrapetita y Ultrapetita.

   • Que pide se declare Sin Lugar la presente demanda intentada pos los actores y con Lugar la apelación.

   RATIO DECIDENDI

   (Razón para decidir).

   Ahora bien en el presente caso se trata del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la decisión proferida por el a-quo que declaró parcialmente con lugar la demanda por cumplimiento de contrato. Pero antes de hacer un estudio al fondo veamos primero la figura procesal alegada por la parte recurrente en los informes presentados ante esta instancia en donde alega la falta de cualidad de la parte actora en los términos siguientes: “El ciudadano C.A.V.G., quien se identifica en la demanda como venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad 11.271.401, se identifica como suscriptor del contrato que origina este proceso cuando establece al folio 1…..(omisis)…. Ciudadano juez, lo cierto es que el demandante C.A.V.G. no puede ser parte en este proceso porque él no suscribió, firmó, ni en modo alguno estuvo presente en la celebración del contrato…..” (C. y negrillas añadidas.)

   Pero es bueno aclarar que independientemente que la parte demandada haya alegado o no la falta de cualidad en el acto procesal de la contestación a la demanda o si fue alegada dentro del proceso como acontece en este caso que fue alegada en los informes, dicha figura procesal es de eminente orden público o sea que puede ser decretada de oficio por el juez en cualquier estado y grado o instancia del proceso tal y como así lo dejó definido la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 20/6/2011, el expediente 2010-000400, con ponencia del Magistrado L.A.O.H. cuando abandonó el criterio sostenido de que la falta de cualidad no era de orden publico veamos un extracto de esta sentencia:

   De allí que, la falta de cualidad o legitimación ad causam (a la causa) es una institución procesal que representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 1930 del 14 de julio de 2003, expediente N° 02-1597, caso: P.M.J., por estar estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y defensa, materia ésta de orden público que debe ser atendida y subsanada incluso de oficio por los jueces. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 3592 del 6 de diciembre de 2005, expediente N° 04-2584, caso: C.E.T.A. y otros, ratificada en sentencias números 1193 del 22 de julio de 2008, expediente N° 07-0588, caso: R.C.R. y otros y 440 del 28 de abril de 2009, expediente N° 07-1674, caso: A.A.J. y otros).

   Tales criterios vinculantes de la Sala Constitucional fueron acogidos por esta Sala de Casación Civil en sentencia N° 462 del 13 de agosto de 2009, expediente N° 09-0069, caso: B.P.Q. c/ Inversiones Plaza América, C.A., ratificada en sentencia N° 638 del 16 de diciembre de 2010, expediente N° 10-203, caso: Inversora H9, C.A. c/ Productos Saroni, C.A., ambas con ponencia de quien suscribe, que aquí se reiteran.

   Ahora bien, como quiera lo sostenido en dichas decisiones discrepa de lo decidido por esta misma S. en otras oportunidades, conforme a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil juzga necesario garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, por lo que en su condición de máximo y último intérprete de la Constitución encargado de velar por su uniforme interpretación y aplicación, tomando en consideración que de acuerdo con lo establecido en dicho precepto, las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, abandona expresamente el criterio jurisprudencial según el cual, la falta de cualidad no puede ser declarada de oficio por el juez, sentado entre otras, en sentencia N° 207 del 16 de mayo de 2003, expediente N° 01-604, caso: N.J.M.A. y otros c/ J.L.M.C. y otra; sentencia N° 15 del 25 de enero de 2008, expediente N° 05-831, caso: Arrendadora Sofitasa C.A, Arrendamiento Financiero c/ M.C.B. y otro; sentencia N° 570 del 22 de octubre de 2009, expediente N° 09-139, caso: J.A.V.M. y otros contra Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A., así como cualquier otra decisión que contenga el aludido criterio que aquí se abandona.

   Pues bien, en el presente caso, observa esta Sala que ninguno de los jueces de instancia verificaron el cumplimiento de los aludidos presupuestos procesales, en primer lugar, porque no se percataron que el demandante acumuló la pretensión de cobro de honorarios profesionales por una actuación de naturaleza judicial con la pretensión de cobro de honorarios profesionales derivados de actuaciones de naturaleza extrajudicial incurriendo en inepta acumulación de pretensiones, lo cual constituye causal de inadmisibilidad de la demanda por tratarse de pretensiones que deben ser ventiladas mediante procedimientos distintos (Vid. sentencia N° 407 del 21 de julio de 2009, expediente N° 08-629, caso: T.C.R. y otros c/ F.E.B.P. y otras), y en segundo término, porque no se percataron que el sujeto pasivo de la pretensión es una persona jurídica distinta de las personas naturales beneficiarias de la mayoría de las actuaciones en las que se sustenta la pretensión de cobro de honorarios, sin que conste en autos –además que tampoco fue alegado por el demandante- que haya sido dicha persona jurídica la que contrató sus servicios profesionales para la realización de tales actuaciones a favor de las aludidas personas naturales, es decir, no evidenciaron la falta de cualidad de la parte demandada para sostener el juicio.”

   Es necesario también analizar que es la falta de cualidad y el criterio general es que toda persona que se afirme titular de un interés jurídico propio, tiene cualidad para hacerlo valer en juicio (cualidad activa), y toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez cualidad para sostener el juicio (cualidad pasiva), por lo que a falta de correspondencia lógica entre el titular de la relación jurídico sustancial o hecho jurídico y el titular de la acción, considerada desde el punto de vista concreto, es lo que constituye la falta de cualidad en sentido amplio.

   La cualidad o legitimatio ad causam, se reitera, que la misma es un juicio de relación y no de contenido, donde existe esa relación jurídica entre el demandante y aquel a quien la ley da la acción, es decir, la posibilidad de pretender la satisfacción de su pretensión y la posibilidad de sostener el juicio como demandado. Esto quiere decir, que un proceso no debe instaurarse entre cualesquiera sujetos, sino precisamente entre aquellos que se encuentran frente a la relación material, por afirmarse titulares activos y pasivos de dicha relación.

   Dicho lo anterior en el presente caso se demandó el cumplimiento de un contrato de opción de compraventa entre los ciudadanos Solimar del Valle Sanabria Tarazona y C.A.V.G., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V-12.286.062 y V- 11.271.401, quienes se atribuyen la cualidad de demandantes y los ciudadanos A.A.B.A., N.A.B.A. y C.C.B.A., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nrosº V-7.061.442, V-7.015.712 y V-7.028.463, respectivamente a quienes se les atribuyó la cualidad de demandados, ahora con respecto al contrato privado se puede evidenciar que ciertamente está suscrito por todas las partes excepto por el ciudadano C.A.V.G. tal y como se demuestra en el documento privado consignado junto con el libelo de demanda y que cursa a los folios 3 con su vuelto y 4, lo que trae como consecuencia que los codemandados de auto no tengan ninguna obligación contractual con dicho ciudadano por lo que no existe un derecho de acción en contra de los ya mencionados codemandados por lo que existe una falta de cualidad activa ya que dicho ciudadano se atribuyó la cualidad de demandante cuando en su escrito de demanda señaló que demandaba como formalmente lo hacía a los ciudadanos A.A.B.A., N.A.B.A. y C.C.B.A. antes identificados ya que no firmó el documento fundamental de la acción y por lo tanto no hay obligación alguna, ahora bien no puede dejar pasar por alto este Juez Superior Civil Yaracuyano el hecho de que el a-quo haya admitido una demanda en donde se evidencia la falta de firma de uno de los codemandantes a sabiendas que el consentimiento se manifiesta con la firma estampada en el documento y es tan importante la manifestación del consentimiento mediante la firma que en un caso parecido y peor aun de la ausencia de firma de un pagaré, veamos en este punto un extracto la sentencia de la Sala Constitucional, de fecha 2/10/2003, con ponencia del Magistrado I.R.U., en el expediente 03-1578:

   “En efecto, de haberse analizado el alegato de ausencia de firma en el instrumento cambiario, la Sala de Casación Civil, conforme a lo dispuesto en el propio fallo recurrido, hubiese llegado a una conclusión distinta a la emitida, ya que la misma es del criterio que “la inexistencia de la firma podría conllevar a declarar inexistente el título”.

   Finalmente con apoyo en los argumentos antes mencionados no cabe la menor duda para quien aquí decide que la presente demanda por cumplimiento de contrato de opción a compraventa resulta del todo inadmisible por haberse configurado una falta de cualidad de la parte actora como así se decidirá en la parte dispositiva de esta sentencia y así se decide.

   Por lo antes expuesto es que se hace imposible pronunciamiento alguno sobre el merito de la causa.

   DECISION

   Por todos los argumentos precedentes, este Juzgado Superior en lo Civil, M. y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE la demanda por cumplimiento de contrato de compraventa interpuesto por los ciudadanos Solimar del Valle Sanabria Tarazona y C.A.V.G., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V-12.286.062 y V- 11.271.401,en contra de los ciudadanos A.A.B.A., N.A.B.A. y C.C.B.A., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nrosº V-7.061.442, V- 7.015.712 y V- 7.028.463, respectivamente.

   No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión.

   P. y regístrese. D. copia certificada.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, M. y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en San Felipe, a los quince días del mes de marzo de dos mil trece. Años 202º de la Independencia y 154º de la Federación.

   El J. Superior,

   Abg. E.J.C..

   La Secretaria,

   Abg. L.V.M.

   En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las 3:20 de la tarde.

   La Secretaria,

   Abg. L.V.M.