Decisión de Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Aragua, de 27 de Junio de 2011

Se inició la presente causa mediante escrito presentado en fecha veintiséis (26) de Febrero de dos mil nueve (2009), por ante la secretaría de este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Central, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano R.R.S.T., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.732.014, debidamente asistido por la abogada en ejercicio Haira R.P., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro 59.488, contra el Municipio J.M.d.E.G..

Por auto de fecha dos (02) de marzo de dos mil nueve (2009) éste Órgano Jurisdiccional con fundamento a la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con lo establecido en el artículo 93 eiusdem, declara su COMPETENCIA para conocer del Recurso interpuesto, asimismo de conformidad con el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, ADMITE cuanto ha lugar en derecho la presente Querella.

En fecha 04 de marzo de 2009, por auto siendo la oportunidad procesal y de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública este Tribunal Superior ordenó notificar mediante oficio al ciudadano Sindico Procurador del Municipio J.M.d.E.G., a los fines de su comparencia a dar contestación a la presente Querella en los lapsos correspondientes, y a los fines de solicitarle los Antecedentes Administrativos del caso. De igual modo se ordenó notificar al ciudadano Alcalde del Municipio J.M.d.E.G., remitiéndoles copia certificada del Libelo con sus anexos y del mismo auto.

En fecha 02 de abril de 2009, compareció el abogado B.R.M., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 41.713, actuando como apoderado judicial del ciudadano R.R.S.T., titular de la cédula de identidad N° V-13.732.014, parte querellante, quien presentó escrito de reforma de demanda, en ocho (8) folios útiles, y anexos en tres (3) folios útiles.

Por auto de fecha 16 de abril de 2009, se admitió la reforma de demanda, dejándose sin efecto los oficios librados en fecha 04 de marzo de 2009, ordenándose notificar mediante oficio al ciudadano Sindico Procurador del Municipio J.M.d.E.G., a los fines de su comparencia a dar contestación a la presente Querella en los lapsos correspondientes, y a los fines de solicitarle los Antecedentes Administrativos del caso. De igual modo se ordenó notificar al ciudadano Alcalde del Municipio J.M.d.E.G., remitiéndoles copia certificada del Libelo con sus anexos y del mismo auto Asimismo para la práctica de la citación y notificación ordenadas se comisionó al Juzgado del Municipio J.M. de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, y se nombró correo especial.

En fecha 27 de julio de 2009, se recibió la comisión librada al Juzgado del Municipio J.M. de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, junto con sus resultas.

En fecha 30 de junio de 2010, vista la diligencia estampada en fecha 04 de junio de 2010 por la ciudadana abogada Haira R.P., en su carácter de autos; éste Órgano Jurisdiccional procede al abocamiento según lo solicitado. Asimismo ordenó notificar a las partes de conformidad con los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, y se libró la comisión respectiva.

En fecha 05 de agosto de 2010, se recibió la comisión librada al Juzgado del Municipio J.M. de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, junto con sus resultas.

En fecha 02 de diciembre de 2010, la ciudadana abogada C.L.D., Sindico Procurador del Municipio J.M.d.E.G., presentó escrito de contestación en un (1) folio útil.

Por auto de fecha 06 de diciembre de 2010, éste Órgano Jurisdiccional siendo la oportunidad procesal fija el Cuarto (4°) día de despacho siguiente a la fecha indicada exclusive para la celebración del Acto de la Audiencia Preliminar de conformidad con el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Por Acta de fecha 10 de diciembre de 2010, se dejó constancia de la celebración de la audiencia preliminar, encontrándose presentes la abogada Haira J.R.P., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 59.488, apoderada judicial de la parte querellante. Asimismo se dejó constancia de comparecencia de la abogada C.L.D., Sindico Procurador del Municipio J.M.d.E.G., parte Querellada. La parte demandante ratificó en cada una de sus partes el escrito libelar consignado, así como los argumentos esgrimidos y las reclamaciones contenidas en el mismo y solicitó la apretura del lapso probatorio, e igualmente la representante del municipio querellado, ratificó sus argumentos de defensa esgrimidos en el escrito de contestación, solicitando la apertura del lapso probatorio. Acordándose por éste Órgano Jurisdiccional de acuerdo a lo solicitado la apertura del lapso probatorio de conformidad con el artículo 105 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En fecha 20 de diciembre de 2010, compareció la abogada Haira R.P., consignó escrito de promoción de pruebas en tres (3) folios útiles y anexos en diez (10) folios útiles

En fecha 31 de enero de 2011, vista la diligencia estampada en fecha 25 de enero de 2011 por la ciudadana Abogada Haira R.P., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 59.488, en su carácter de autos, y previa solicitud éste Órgano Jurisdiccional procede al abocamiento para el conocimiento de la presente causa en los términos pautados en los artículos 14 y 90 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo a los fines de darle continuidad a la presente causa se practicó por Secretaría el computo de los transcurridos desde el 10 de diciembre de 2010 exclusive, hasta el 10 de enero de 2011, inclusive, y se ordenó dejar transcurrir el lapso de los diez (10) días de despacho establecidos en los artículos supra mencionados, para que una vez vencido los mismos, la causa continuara su curso legal.

En fecha 16 de febrero de 2011, el Tribunal a los fines de darle continuidad, se ordenó agregar las pruebas promovidas.

Por auto de fecha 24 de febrero de 2011, éste Órgano Jurisdiccional visto el escrito de pruebas presentado en fecha 20 de diciembre de 2011, por la abogada HAIRA ROMAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 59.488, en su carácter de Apoderado Judicial de la recurrente, y por cuanto las pruebas documentales promovidas en el Capítulo Primero no se apreciaron manifiestamente ilegales ni impertinentes se admitió cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva. En relación a las promovidas en el capitulo segundo y tercero, niega su admisión por improcedente.

Por auto de fecha 17 de marzo de 2011, éste Órgano Jurisdiccional siendo la oportunidad procesal fija el quinto (5°) día de despacho siguiente a la fecha indicada exclusive para la celebración del Acto de la Audiencia Definitiva de conformidad con el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En fecha 25 de marzo de 2011, mediante Acta se deja constancia de la celebración de la Audiencia Definitiva en el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, caso: R.R.S., titular de la cédula de identidad N° V- 13.732.014, contra el Municipio J.M.d.e.G. por Prestaciones Sociales y demás derechos laborales. Anunciándose el acto a las puertas de Tribunal conforme a la Ley, se encontró presente por la parte querellante la abogada Haira Román, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro 59.488 en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ut supra identificada; no así la representación judicial de la parte querellada, Seguidamente la ciudadana Juez Superior, concedió un lapso de cinco (05) minutos al apoderado judicial de la parte querellante, a los fines que hiciera uso del derecho de palabra para defender su posición, quien manifestó: que ratifica en todo y cada una de sus partes los alegatos expuestos en el escrito libelar; así como las pruebas aportadas en su oportunidad procesal. A continuación, este Órgano Jurisdiccional consideró dictar auto para mejor proveer, solicitándole al ente demandado los documentos que demuestren la determinación de la relación laboral del querellante, así como los sueldos devengados, fijándose el lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos la notificación respectiva para la remisión de lo solicitado.

En fecha 18 de abril de 2011, fue consignada las resultas de comisión, donde consta la notificación debidamente practicada relacionada con el auto para mejor proveer dictado en el presente procedimiento.

En fecha 29 de abril de 2011, la ciudadana abogada C.L.d.C., actuando como Síndico Procurador del Municipio J.M.d.E.G., quien presento escrito en tres (3) folios útiles y anexos en treinta y cinco (35) folios útiles.

Por auto de fecha 03 de mayo de 2011 y vencido como se encuentra el lapso establecido en el auto de mejor proveer, se reanuda la causa, en consecuencia se ordena dejar transcurrir el lapso de 5 días de Despacho para dictar el dispositivo del fallo y vencido dicho lapso se publicara el extenso del fallo dentro de los diez (10) días de Despacho siguientes.

En fecha 11 de mayo de 2011, cumplidos los trámites procedimentales establecidos en la Ley del Estatuto de la Función Pública, y estando dentro de la oportunidad legal para dictar el dispositivo del fallo en la presente causa, a tenor de lo establecido en el artículo 107 ejusdem, este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Central con sede en Maracay, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley resolvió: 1) Declarar parcialmente con lugar Recurso el Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano R.R.S.T., titular de la cédula de identidad N° V-13.732.014, contra el Municipio J.M.d.E.G., Recibido en este Tribunal en fecha 26 de febrero de 2009, quedando signado con el Nº 9589. 2) Dictar la sentencia escrita sin narrativa dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes, a tenor de lo previsto en los artículos 107 y 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así se decidió.

2. ALEGATOS DE LAS PARTES

   1. DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE

   La parte recurrente en el escrito libelar y su reforma señala que: “Ingresé a prestar servicios personales para el Municipio J.M.d.E.G., el quince (15) de mayo de 2003, como empleada desempeñando los cargos de Asistente, Operador de Datos y Directora de Recursos Humanos, hasta la fecha primero (1°) de Diciembre de 2008, que fui notificado de la remoción constituyendo ésta la fecha de terminación de la relación laboral.

   A la fecha el Municipio no ha procedido hacerme efectivo de mis Prestaciones Sociales y demás conceptos laborales.

   …Es necesario señalar que el salario mensual devengado lo integraba un salario base que era incrementado bien por el Ejecutivo Nacional, o en la Ordenanza de Presupuesto, o por Acuerdo del Concejo Municipal, más una Prima mensual de antigüedad calculada de acuerdo a la Cláusula N° 42 de la Convención Colectiva de Trabajadores de la Alcaldía del Municipio J.M.d.E.G., más una cantidad en efectivo denominada complemento de sueldo, la cual eran depositadas quincenalmente en mi cuenta nóminas…

   …debo mencionar que el salario mensual de todos los trabajadores de la alcaldía desde el primero de mayo de 2008, fue aumentado en un treinta por ciento (30%) por Acuerdo del Concejo Municipal N° 015-2008 de fecha 18 de noviembre de 2008, publicado en la Gaceta Municipal el 03 de diciembre de 2008...

   .... que a los efectos de los pagos de la bonificación de fin de año, así como el bono vacacional, el municipio tomaba en consideración la totalidad de los componentes salariales (salario base, prima por antigüedad y el complemento salarial) para determinar el salario con que se hacia efectivo dicho pago.....

   …es el caso de que el municipio no me canceló la diferencia salarial desde mayo del 2008, como tampoco la diferencial salarial de los 40 días de bono vacacional ni las de los 90 días de bonificación de fin de año, toda vez que los mismos fueron cancelados sin incluir en incremento salarial por el aumento....

   ...No obstante el Municipio otorga el disfrute de veinte (20) días hábiles con una antigüedad hasta 5 años, de Veinticinco (25) días de 6 a 10 años, de Treinta (30) días de 11 a 15 años, de Treinta y Cinco (35) días de 16 a 20 años y Cuarenta (40) días de Veinte (20) año en adelante (Cláusula 33 de la Convención Colectiva).

   ….Como quiera que comencé a laboral para el Municipio en fecha 15 de marzo del año 1991, y la nueva Ley Orgánica del Trabajo entró en vigencia el 19 de junio de 1997, entre la primera fecha indicada y el 19 de junio de 1997, transcurrieron un total de seis (6) años, tres (3)meses y cuatro (04) días.

   En cuanto al petitorio expone la parte querellante: “que la Alcaldía del Municipio J.M.d.E.G. convenga a pagar o en su defecto sea condenado por el Tribunal a pagarle las prestaciones sociales y otros conceptos laborales siguientes: PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando en cuanta el salario devengado por mi persona mensualmente durante toda la relación de trabajo, según el grafico que al respecto se desarrollo supra, la cantidad de Dieciséis Mil Setecientos Bolívares con noventa y seis céntimos (BS. 16.700,96) por concepto de indemnización de antigüedad; SEGUNDO: Con fundamento en los artículos anteriores citados y tomando en cuenta los índices que establece mensualmente el BANCO CENTRAL VENEZUELA, de acuerdo al grafico la suma de Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Bolívares con Veinticinco Céntimos (BS. 5.657,25), por conceptos de intereses sobre prestaciones sociales. TERCERO: Tomando en cuenta el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, Literal c), y según el grafico que al respecto se desarrolló, la cantidad de Cuatro Mil Cinco Bolívares con Veinte Céntimos (BS. 4.005,20) por concepto de diferencias de días de antigüedad; CUARTO: Tomando en cuenta el primer párrafo de la Cláusula Nº 33 de la Convención Colectiva de los Trabajadores de la Alcaldía del Municipio J.M.d.E.G., y según el grafico que al respecto se desarrollo supra, la cantidad de Novecientos Diecinueve Bolívares con Cincuenta Céntimos (BS. 919,50), por concepto de Vacaciones Fraccionadas. QUINTO: Tomando en cuenta el primer párrafo de la Cláusula Nº 33 de la Convención Colectiva de los Trabajadores de la Alcaldía del Municipio J.M.d.E.G., y según el grafico que al respecto se desarrollo supra, la cantidad de Mil Cuatrocientos Setenta y Un Bolívares con Veinte Céntimos (BS. 1.471,20), por concepto de Bono Vacacional Fraccionado. SEXTO: Tomando en cuenta el Acuerdo del Concejo Municipal N° 015-2008 de fecha 18 de noviembre de 2008, y según el grafico que al respecto se desarrollo supra, la cantidad de Dos Mil Setecientos Treinta Bolívares (BS. 2.730,00), por concepto de Diferencias Salarial SÉPTIMO: Tomando en cuanta el salario correspondiente al mes de mayo de 2008, y según el grafico que al respecto se desarrollo supra, la cantidad de Quinientos Veinticinco Bolívares con Setenta Céntimos (BS. 525,70), por concepto de de Diferencia Salarial en el pago de Bono Vacacional. OCTAVO: Tomando en cuanta el salario correspondiente al mes de noviembre de 2008, y según el grafico que al respecto se desarrollo supra, la cantidad de Mil Ciento Ochenta y un Bolívares con Setenta Céntimos (BS. 1.181,70), por concepto de de Diferencia Salarial en el pago de la Bonificación de Fin de Año. Dichos conceptos arrojan un total de Treinta y Tres Mil Ciento Noventa y un Bolívares, con Cincuenta y Un Céntimos (BS. 33.191,51). NOVENO: Respetuosamente solicito del Tribunal se sirva ordenar la CORRECCIÓN MONETARIA, (…). DÉCIMO: Asimismo, con todo respeto solitito del Tribunal se aplique al presente procedimiento los INTERESES MORATORIOS, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. DÉCIMO PRIMERO. Por último, pido que se condene al Municipio al pago de costas, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.”

   IV.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

   Precisadas las anteriores pasa de seguida este Juzgado Superior a pronunciarse del fondo de la presente controversia y consideraciones que sirven de fundamento a la parte querellante para ejercer el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, se observa del escrito libelar que se pretende hacer efectivo el pago por concepto de prestaciones sociales y otros conceptos laborales generados con ocasión a la relación de empleo público que vinculó al querellante con el Municipio J.M.d.E.G., específicamente por los conceptos pago de las prestaciones sociales, con todos los beneficios y derechos que le corresponden tales como: indemnización de antigüedad, intereses sobre las sumas adeudadas por concepto de indemnización de antigüedad, diferencia parágrafo primero del artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo Literal c; y los días de antigüedad adicionales, vacaciones fraccionadas, Bono vacacional Fraccionado, Diferencia Salarial, Diferencia Salarial pago de Bono Vacacional, Diferencia Salarial de Pago de Bono de Fin de Año, Corrección Monetaria, intereses moratorios, costas entre otros, que ascienden aproximadamente a la cantidad de (BS. 33.191.51).

   De la Contestación:

   Por su parte la ciudadana abogada C.L.D.C., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 85.722, actuando como Síndico Procurador del Municipio J.M.d.E.G., cuando dio contestación a la querella, expresó que: Niega, rechaza y contradice en todas y cada una de sus partes la querella interpuesta en contra de su representado y muy especial que se le adeude al querellante la cantidad de Treinta y Un Mil Trescientos Noventa Bolívares con Noventa y Cuatro Céntimos (Bs. 31.390,94), por los conceptos de antigüedad, intereses sobre prestaciones sociales, diferencia de antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, retroactivo e incidencias salariales por aumento salarial, en razón que la tabla de los salarios alegaos por el demandante, no identifica de donde se derivan, ni los conceptos que los integran; alegando que mal podía condenarse al municipio que representa en su totalidad en la definitiva sin quedar demostrado los salarios que realmente devengaba el demandante.

   Este Tribunal Superior pasa de seguidas realizar las siguientes consideraciones, este órgano jurisdiccional en los términos siguientes:

   Las prestaciones sociales son un derecho inalienable, imprescriptible, irrenunciable de todo trabajador que ha prestado un servicio, en el caso bajo estudio, corresponde a la prestación de un servicio a la administración pública nacional, estadal o municipal; además de ello, las prestaciones sociales constituyen créditos laborales de exigibilidad inmediata por parte del trabajador, cuyo vínculo laboral se ha extinguido por alguna de las causales contempladas en el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este derecho en el ordenamiento jurídico venezolano es de rango Constitucional y se encuentra consagrado en el artículo 92 de la Carta Magna.

   El carácter de exigibilidad inmediata que poseen las prestaciones sociales al momento de la culminación de la relación laboral posibilita, que en caso de existir mora en el pago de ésta por parte del querellado que se encuentre obligado a ello, genere los denominados intereses moratorios, lo cual no es más que una garantía para el trabajador o funcionario y una obligación para el ente administrativo, empresa u organismo, cuyo fin es acelerar el proceso de pago y proteger como contraprestación la antigüedad del trabajador por el servicio prestado.

   De lo anterior se puede colegir, que es un derecho del trabajador y una obligación para la administración cancelar de manera inmediata el monto acumulado por ese concepto una vez terminada la relación laboral, lo cual debe ser proporcional al tiempo de servicio prestado.

   Revisadas las actas que componen la presente causa se pudo constatar que la apoderada judicial de la parte querellante en su escrito recursivo, específicamente en el Capítulo III, titulado “PETITORIO”, reclama el pago de las prestaciones sociales y conceptos indicados en el mismo, que asciende a la cantidad de (Bs.33.191,51), conjuntamente con los intereses moratorios contemplados en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como la corrección monetaria y las costas procesales.

   Siendo ello así, que la Alcaldía del Municipio J.M.d.e.G., adeuda al querellante las reclamadas prestaciones sociales, en virtud de que no consta en autos, que la accionada le hubiere cancelado al querellante las prestaciones sociales, lo que configura un incumplimiento al precepto constitucional establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   En virtud de lo precedentemente expuesto, debe este Juzgado Superior ordenar al ente querellado cancelar al ciudadano R.R.S.T., titular de la cédula de identidad N° V-13.732.014, las prestaciones sociales adeudadas. Y Así se decide.

   Cabe destacar, que en cuanto a la Prestación de Antigüedad, Nuevo Régimen, este tribunal considera oportuno destacar lo establecido en la norma contenida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo lo siguiente:

   Artículo 108. Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes.

   Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta treinta (30) días de salario

   .

   De este modo, el salario base para el cálculo de este concepto será el que establece la norma contenida en el artículo 146 parágrafo segundo de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, el salario integral devengado en el mes correspondiente, al cual le corresponde la alícuota parte del bono vacacional y la alícuota parte de las utilidades, tomando como base al salario mensual de la parte recurrente.-

   En consecuencia, en base a lo anterior debe dejarse establecido que el salario integral se obtendrá de la suma de los salarios antes indicados por la alícuota del bono vacacional y la alícuota de las utilidades, por lo que el ente querellado deberá pagarle al querellante la cantidad de los cinco (5) días generados por cada mes de servicio prestado adicional a los dos (2) días por cada año de servicio prestado. En este punto es importante acotar que la querellante dejo de prestar servicios efectivamente para la Alcaldía del Municipio J.M.d.E.G., en fecha 01/12/2008, tal como se evidencia de las actas corrientes en el presente expediente judicial, por lo que para el cálculo de las prestaciones sociales a las que tiene derecho debe ser tomada en cuenta la fecha cierta de la terminación de la relación laboral (1° de diciembre de 2008); la fecha de ingreso al organismo querellado (15 de mayo de 2003) y el salario integral devengado por el querellante en cada mes correspondiente, por lo que las mismas deben ser calculadas a razón de cinco (05) años, seis (06) meses y dieciséis (16) días. En tal sentido, declara Procedente este Juzgado Superior el pago de la prestación de antigüedad, correspondiente a cinco (05) años, seis (06) meses y dieciséis (16) días, y visto el tiempo de servicio y la diversidad de salarios ordena sea calculado a través de la práctica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil y, así se decide.

   En referencia a los Intereses sobre las prestaciones sociales, estima quien decide, que vista a la declaratoria anterior, por consiguiente debe forzosamente este órgano jurisdiccional declarar la procedencia en el pago de los Intereses sobre las sumas adeudadas por concepto de prestación de antigüedad al querellante de autos, conforme a lo dispuesto en el literal c) del articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, para lo cual se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil y, así se decide

   Por otra parte, el apoderado judicial del accionante, en su escrito recursivo y su reforma, solicita conjuntamente Diferencia del Parágrafo Primero del Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, Literal c) Y de los días adicionales. A este respecto considera quien suscribe que tal, pretendido complemento se genera única y exclusivamente, durante y hasta el transcurso del primer (1er) año de prestación de servicios del trabajador, tal como lo expresa el artículo 108 de la Ley Orgánica de Trabajo, a saber:

   ..PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a:

   c) Sesenta (60) días de salario después del primer año de antigüedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, siempre que hubiere prestado por lo menos seis (6) meses de servicios, durante el año de extinción del vinculo laboral…

   (Cursivas, y subrayado del tribunal).

   En franca sintonía con lo anteriormente expuesto, se evidencia que la parte querellante, ciudadano R.R.S., titular de la cédula de identidad número 13.732.014, posee una antigüedad de cinco (05) años, seis (06) meses y dieciséis (16) días, por lo que evidentemente sobre paso el tiempo del primer año de servicio, no siendo procedente por consiguiente dicho concepto. En consecuencia, debe declarar forzosamente este Tribunal Superior Improcedente el pago de complemento de antigüedad (fracción mayor de 06 meses). Así se decide.

   Con respecto a los días adicionales solicitados por el querellante en su escrito recursivo, esta juzgadora estima que en virtud de la declaratoria anterior, tal rubro no procede. En tal sentido se declara Improcedente el pago de los días adicionales con respecto al complemento de la prestación de antigüedad alegada. Así se decide.-

   Por otra parte, la Apoderada Judicial de la parte recurrente, en su escrito recursivo y su reforma, solicita conjuntamente con el cobro de las prestaciones sociales, las Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados del año 2008, En este reglón, siendo ello así, se le adeuda al querellante las reclamadas vacaciones fraccionadas correspondientes al período 2008, por otro lado no consta en autos, que la accionada le hubiere cancelado al querellante dicho concepto, lo que configura un incumplimiento de la misma. En virtud de lo antes expuesto, debe este Juzgado Superior ordenar al ente querellado cancelar al ciudadano R.R.S.T., titular de la cédula de identidad número 13.732.014, las vacaciones y Bono Vacacional fraccionado 2008, conforme a lo dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajadores de la Alcaldía del Municipio J.M.d.e.G., adeudadas a razón de seis (06) meses y dieciséis (16) días de prestación de servicios efectivo; para lo cual se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.-

   Asimismo, reclama el querellante la diferencia Salarial por incremento salarial del Treinta por Ciento (30%) a todo el personal de la Alcaldía del Municipio J.M.d.E.G., desde el mes de mayo de 2008, aprobado en fecha 18 de Noviembre de 2008, por Acuerdo N° 015-2008, publicado en Gaceta Municipal del referido Municipio en fecha 03 de diciembre de 2008, correspondiente a los meses Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2008, e igualmente reclama la diferencia del Bono Vacacional y Bonificación de Fin de año, con ocasión a la diferencia salarial, en virtud del antes referido incremento aprobado. A este respecto, observa, quien decide que el querellante reclama los conceptos antes indicado en base al Acuerdo N° 015-2008, publicado en Gaceta Municipal del referido Municipio en fecha 03 de diciembre de 2008, el cual no fue un hecho controvertido por la representante judicial del ente querellado, siendo consignado elemento probatorio en la oportunidad respectiva, por lo que se advierte de donde deviene tales conceptos, aunado que en el escrito recursivo, así como su reforma aplicó el procedimiento demostrativo que ilustrara a este Tribunal a cerca de los mismos, por lo que en consonancia con el artículo 95 numeral 3° de la Ley del estatuto de la Función Pública vigente, resulta procedente el pago reclamado, en los términos expuestos, para lo cual se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

   En relación a los Intereses Moratorios, este Tribunal observa que la mora en el pago de las prestaciones sociales crea la obligación de pagar los mismos que se generan por dicho retardo en el pago, lo que constituye la reparabilidad del daño de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República, a los fines de mantener un equilibrio económico y resarcir el retardo en la cancelación de la deuda.

   En este sentido, quien aquí decide, se permite traer a colación decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 17 de marzo de 2009, caso: O.C.d.B. contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en la cual se estableció lo que a continuación parcialmente se transcribe:

   …Observa esta Corte que conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Carta Magna, el pago de las prestaciones sociales es de exigibilidad inmediata y el retraso o demora en su pago genera intereses. Igualmente se advierte, que la vigente Ley Orgánica del Trabajo, prevé en su artículo 108 la forma de calcular el monto de las prestaciones sociales que le corresponden a los trabajadores, no estando incluidos los funcionarios públicos, pero por la naturaleza de sus funciones y la prestación de sus servicios, a éstos últimos se les aplica para el cálculo la rata que más se asemeja dada la naturaleza de la obligación, y es la que dispone el literal “C” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al cual remite el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, pago que se cancelará de forma no capitalizable, atendiendo a la tasa promedio activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (06) principales bancos comerciales del país, si fuere en la contabilidad de la empresa, es decir, este método es aplicable sólo cuando no exista la creación de un fideicomiso, de un fondo de prestaciones sociales de antigüedad o cuando no se haya depositado el monto de prestaciones sociales en una entidad financiera (supuesto previsto en el literal “A” del aludido artículo 108), ni cuando el trabajador hubiere solicitado que se le hicieran los depósitos de tal manera y el patrono no hubiere cumplido (supuesto previsto en el literal “b”).

   Así, salvo que se hubiese demostrado que se habían constituido los referidos fondos (fideicomiso o de prestación de antigüedad) lo cual no consta en el expediente, siempre corresponderá al patrono el cálculo y pago de los intereses sobre las prestaciones sociales, de la forma prevista en el literal “C” del aludido artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, modo que resulta igualmente aplicable a los intereses moratorios, en virtud del retardo en el pago de las prestaciones sociales.

   En tal sentido, al existir normas expresas en nuestro ordenamiento jurídico que establecen de manera especial las condiciones para el goce de las prestaciones sociales, así como su forma de cálculo y de los intereses acumulados sobre prestaciones sociales (fideicomiso), y al ser los intereses moratorios un concepto accesorio a aquellas, calificados en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como deudas de valor, aclara esta Corte que con la entrada en vigencia de dicha Ley Fundamental resulta procedente el pago de los intereses moratorios, que deberán ser calculados de conformidad con lo previsto en el artículo 108 literal “C” de la Ley Orgánica del Trabajo. (Vid. Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, de fecha 19 de octubre de 2004, caso: M.A.R.M. vs la Sociedad Mercantil Súper Clone, CA.)…”

   En base a las consideraciones antes expuestas, quien suscribe la presente decisión observa que la parte querellante en fecha 1° de diciembre de 2008, fue notificado de la remoción al cargo que venía desempeñando en el Municipio J.M.d.e.G., tal y como lo reconoce la parte actora en su escrito libelar, por lo que resulta evidente que existe demora en la cancelación de las prestaciones sociales, por tanto, de conformidad a lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde a la querellante el pago de los Intereses Moratorios en el período comprendido desde el primero (1°) de diciembre de 2008, fecha exclusive, hasta la efectiva cancelación de sus prestaciones sociales. Y así se establece.

   En este sentido, a los fines de determinar la cantidad pecuniaria que por concepto de prestaciones sociales, ( intereses y prestaciones, vacaciones fraccionadas, y bono vacacional fraccionado, Diferencia Salarial, Diferencia salarial Bono Vacacional y Diferencia Salarial Bono de Fin de año) e intereses moratorios adeuda por el Municipio J.M.d.e.G., al ciudadano R.R.S.T., titular de la cédula de identidad N° V-13.732.014, se ordena realizar Experticia Complementaria del Fallo, a tenor de lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la cual en el primero de los conceptos adeudados (prestaciones sociales), deberá ser calculado desde la fecha del ingreso del querellante al Municipio J.M.d.E.G., esto es, 15-05-2003, a la fecha en la cual el querellante egreso del cargo que venía desempeñando, esto es, 1° de diciembre de 2008. Y así se decide.

   Ahora bien, en lo relacionado a la indexación solicitada, la misma no debe ser acordada, ya que las deudas referidas a los funcionarios públicos no son susceptibles de ser indexadas, ya que los mismos mantienen un régimen estatutario en el cual no existe un dispositivo legal que ordene la indexación o corrección monetaria, tal como se desprende de la sentencia emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 11 de Octubre de 2001, ratificada el 27 de marzo de 2006 y 27 de Junio de 2006, entre otras y así se decide.

   Respecto a la solicitud de la condenatoria en costas, en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, formulada por la querellante en su escrito libelar, considera este Órgano Jurisdiccional necesario señalar que:

   Las normas sobre la condena en costas, se encuentran en el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 287 y 274, y artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, los cuales son del tenor siguiente:

   Artículo 287 “Las costas proceden contra las Municipalidades, contra los Institutos Autónomos, empresas del Estado y demás establecimientos públicos, pero no proceden contra la Nación”. (Negrilla Tribunal),

   Artículo 274 “A la parte que fuere vencida totalmente en proceso o en una incidencia, se le condenará el pago de las costas” (Negrilla Tribunal)

   Artículo 156. “El Municipio o las entidades municipales podrán ser condenadas en costas. Para que proceda la condenatoria en costas, será necesario que resulte totalmente vencida en juicio por sentencia definitivamente firme.

   El monto de la condenatoria en costas, cuando proceda, no podrá exceder del diez por ciento (10%) del valor de la demanda. En todo caso, el juez o jueza podrá eximir de costas al Municipio o a las entidades municipales cuando éstas hayan tenido motivos racionales para litigar.

   De las normas transcritas se colige que efectivamente las Municipalidades podrán ser condenadas en costas, hasta un (10) % del valor de la demanda, pero esta condenatoria procederá solo si resultare totalmente vencida, y siendo que en la presente querella se declaró parcialmente con lugar, se niega la condenatoria en costas. Así se decide.

5. DECISIÓN

   Por las razones que fueron expuestas, este JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRAL, ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, resuelve: