Decisión nº 97 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 18 de Julio de 2014
| Fecha de Resolución | 18 de Julio de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Dayana Ramona Perdomo Sierra |
| Procedimiento | Amparo |
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA,
con sede en Maracaibo.
Exp. 15.267
Mediante escrito presentado en fecha 09 de julio de 2014, el ciudadano E.J.A.M., titular de la cédula de identidad No. V-2.738.308, actuando en su condición de PRESIDENTE del INSTITUTO DE PREVISION SOPCIAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA (I.P.P.L.U.Z), asistido por los abogados E.V. y E.A.L., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 40.947 y 214.717, interpone ACCION DE A.C. en contra del ciudadano J.P. en su condición de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.
En fecha 15 de julio de 2014 se le dio entrada, asignándosele la numeración Nº 15.267.
Siendo la oportunidad procesal para decidir sobre la admisión de la presente acción, pasa este Juzgado a resolver lo conducente:
I
PRETENSIONES DE LA PARTE PRESUNTA AGRAVIADA
Fundamenta la parte presuntamente agraviada su demanda en los siguientes alegatos:
Indicó que, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigaciones de la Universidad del Zulia (I.P.P.L.U.Z), es una asociación civil sin fines de lucro con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos ingresos están constituidos, entre otros, por las contribuciones de los asociados y afiliados especiales inscritos en el mismo, a través de una cuota ordinaria aportada mensualmente, la cual es deducida del sueldo de los asociados y afiliados, la cual debe ser enterada mensualmente en su totalidad y de forma inmediata por la Universidad del Zulia al Instituto, posterior a la realización de las deducciones correspondientes.
Señaló que, “...el C.d.D., en acatamiento a lo dispuesto en los Estatutos que rigen su comportamiento Discrecional, y de conformidad con lo reportado por el Banco Central de Venezuela, en relación al impacto inflacionario en la Economía del País en los últimos seis (6) años (...) y como quiera que el ultimo incremento en las cuotas del Plan Integral de Exceso para los asociados y Afiliados del Instituto se remite al año Dos Mil Ocho (2008), resolvió en su reunión ordinaria Nº 05/2014 del diez (10) de A.d.D.M.C. (10-04-2014), incrementar a partir del primero (01) de Mayo del presente año (01-05-2014), una nueva cobertura del PLAN INTEGRAL DE EXCESO DE CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 1000.000,OO), cuya tabla de deducciones por tipo fue publicada en el Diario “LA VERDAD” de esta Ciudad y Municipio Maracaibo, mediante un COMUNICADO (...) en fecha cinco (05) de mayo del corriente año (05-2014), se envió correspondencia al ciudadano DR. J.P., en su condición de Rector Presidente y demás miembros del C.U. de la Universidad del Zulia (...) en la cual se le hace una explanada y detallada argumentación respecto de la DECISION asumida por el C.d.D. de I.P.P.L.U.Z., a los efectos de que la Universidad del Zulia, por vía de su Departamento de Nomina, procesa a efectuar las deducciones correspondientes y enterarlas al INSTITUTO (...) Pero es el caso, (...) que el precipitado Dr. J.P., se ha negado reiterativamente a dar cumplimiento a lo RESUELTO por [ese] C.d.D., tal como se evidencia de comunicación que se dirigiera al ciudadano Lic. EDWIN PEREZ, Jefe de Nomina de la Universidad del Zulia, en fecha doce (12) de Mayo del corriente año...”.
Alegó que, “...se le han enviado tres (3) correspondencias adicionales fechadas cada una de ellas trece (13) y treinta (30) de Mayo, y dos (02) de Julio respectivamente (...) en las cuales se le reitera lo resuelto en su oportunidad por el C.d.D. y a la fecha no ha sido posible que la Universidad del Zulia, proceda a hacer lo que le corresponde en razón de lo aprobado por el I.P.P.L.U.Z, generando en consecuencia, graves perjuicios para el mismo, dado los diversos compromisos que [esa] Institución mantiene con los distintos Institutos de Previsión Social y Organismos similares del País y con sus Asociados y Afiliados que son en definitiva la razón de ser de [ese] Instituto”.
Arguyó que, sobre la base de los hechos anteriormente descritos, la Universidad del Zulia ha transgredido presuntamente sus Derechos Sociales como el Derecho a la Salud, por lo que solicitó a este Juzgado que “...se dicte un mandamiento de A.C. contra el ciudadano Dr. J.P., en su condición de Rector de la Universidad del Zulia, ordenándole la inmediata suspensión del acto administrativo indicado a la Oficina de Personal, causante del AGRAVIO en contra de [esa] Institución, para de esta manera dicha oficina proceda a hacer las retenciones correspondientes indicadas de acuerdo a la carga familiar del Docente, según archivo enviado por el Instituto al departamento de Nomina, a la atención del Mgs. GERMAN ZAVALA””.
II
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar debe este Juzgado determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa:
El artículo 7 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales consagra la norma rectora que fija la competencia por razón del grado, de la materia y del territorio, para conocer de las acciones de a.c..
Según el encabezamiento del artículo en referencia, son competentes, para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violada o amenazada de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde hubiese ocurrido el hecho, acto u omisión causante del presunto agravio.
En el caso de autos, se puede deducir que el amparo fue ejercido por la presunta violación de los derechos sociales constitucionales de los miembros del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigaciones de la Universidad del Zulia (I.P.P.L.U.Z), primordialmente del Derecho a la Salud, consagrado en el artículos 83 y 84 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, por parte de la Universidad del Estado Zulia.
Ahora bien, atendiendo a los criterios atributivos de competencia, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley que rige la materia; y por cuanto las omisiones imputadas a los órganos del Estado se encuentra bajo el control jurisdiccional de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, según lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y siendo el caso de autos que el presunto agraviante es la UNIVERSIDAD DEL ZULIA, este Juzgado se declara competente para el conocimiento de la presente acción de a.c.. ASÍ SE DECLARA.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Así las cosas, esta Juzgadora pasa a decidir sobre la admisibilidad o no de la presente acción de a.c. ejercida por la representación del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigaciones de la Universidad del Zulia (I.P.P.L.U.Z).
En tal sentido, resulta pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales señala los casos de inadmisibilidad de las acciones de Amparo, estableciendo en su numeral 5° que la acción es inadmisible: “…Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes(…)”.
Ahora bien, en relación al numeral anteriormente trascrito, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 23 de noviembre de 2001 (Caso: M.T.G. y otro) indicó que:
…la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría P.d.D., Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de M.N.)
. (Negrillas del Tribunal).
En este orden de ideas, considera esta Sentenciadora que en los términos en que fue incoada la presente acción no se observa una violación directa de derechos constitucionales, sino a normas de carácter legal las cuales ha podido demandar por las vías especiales y no por la excepcional del amparo, ya que para el presente caso existe otra vía breve y eficaz como lo es el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.
Partiendo de lo anterior, considera este Órgano Jurisdiccional oportuno recalcar la idoneidad del recurso contencioso administrativo, como medio procesal para lograr el restablecimiento de situaciones jurídicas lesionadas y, en tal sentido observa que en sentencia de fecha 3 de junio de 2004, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, (caso: R.H.D.V.), se dictaminó:
(…) En relación con la eficacia del recurso contencioso administrativo de nulidad, la Sala estableció en la sentencia nº 82/2001, que: ‘la eficacia del recurso contencioso administrativo de anulación como medio judicial a los fines del cabal restablecimiento de la situación jurídica infringida, se evidencia de las amplias potestades que por disposición del texto constitucional le han sido otorgadas al juez contencioso, dado que no solo puede anular el acto administrativo impugnado, sino también ‘…disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa’, lo cual demuestra su absoluta idoneidad, con relación a lo que ocurre con el juez constitucional de amparo, para alcanzar así la efectiva protección de los derechos y garantías constitucionales que han sido conculcados por el acto administrativo impugnado
.
Esto se compagina, asimismo con la jurisprudencia reiterada del M.T. de la República, en el sentido que a tenor de lo indicado en el artículo 259 de la Constitución de la República, le están dadas a los Tribunales con competencia en lo contencioso administrativo un conjunto de facultades que permiten que los justiciables puedan accionar contra la Administración Pública con el fin de solicitar el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad de dicha Administración incluidas vías de hecho o actuaciones materiales, de allí que dicho precepto constitucional señala como potestades de los órganos judiciales con competencia en lo contencioso administrativo no sólo la posibilidad de anular actos administrativos, de condenar al pago de sumas de dinero por concepto de indemnización de daños y perjuicios y de conocer de las reclamaciones relativas a la prestación de los servicios públicos prestados mediante gestión directa o indirecta, sino también el poder de restablecer las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad material o jurídica de los órganos y entes que integran la Administración Pública.
En tal sentido, la jurisprudencia ha considerado que es necesario que la resolución sobre la violación constitucional no implique determinar en forma previa una infracción de rango legal, de aceptarse lo contrario el amparo sustituiría la totalidad del orden procesal, pues cada vez que se infringe la ley, indirectamente se viola la Constitución.
Al respecto, cabe observar que tal y como ha sido reiteradamente establecido por nuestro M.T., la acción de amparo no es supletoria ni en forma alguna sustitutiva de los recursos ordinarios que le son conferidos a las partes, los cuales agotados como sean por su falta de ejercicio o por su consumación, no nace supletoriamente la acción de amparo, pues de ser así y permitirse el uso desmedido de esta acción se sustituiría todo el orden procesal, lo que en ningún caso fue la intención del legislador.
En virtud de esto cabe citar lo reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de que:
El amparo sólo procede cuando no existe un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional, pues el amparo no es supletorio ni sustitutivo ordinario ni extraordinario previsto en nuestro ordenamiento jurídico. El agraviado debe probar que no existen otras vías idóneas para tutelar su derecho, pues de no invocarse y demostrarse ese extremo, el amparo resulta inadmisible.
(Sala Constitucional, Sentencia de fecha 23-09-98, juicio J.R.d.F.. P.T.: Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Tomo 9, págs. 33 y 34).
Precisemos que, ante la interposición de una acción de amparo, debe necesariamente, el tribunal constitucional, verificar la existencia o no de un mecanismo eficiente de impugnación contra la decisión que hubiese sido impugnada, lo cual condiciona la admisibilidad de este medio, máxime si se atiende al deber tuitivo de los derechos y garantías fundamentales que la vigente Constitución impuso a todos los jueces de la República en su misión de impartir justicia, de lo cual se concluye que el amparo constituye un mecanismo residual en la defensa de tales derechos y garantías.
Por todo ello, y en razón de que no constan en los alegatos de la parte accionante supuesta agraviada, elementos suficientes de los cuales se pueda deducir que es el amparo, y no uno de los medios ordinarios o extraordinarios, el instrumento idóneo para el logro del restablecimiento eficaz de la situación jurídica supuestamente infringida que se denunció, procede la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de a.c. interpuesta, de conformidad con lo que preceptúa el ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales. ASÍ SE DECIDE.-
IV
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la acción de A.C., ejercida por el ciudadano E.J.A.M., actuando en su condición de PRESIDENTE del INSTITUTO DE PREVISION SOPCIAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA (I.P.P.L.L.U.Z), contra el ciudadano J.P. en su condición de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA, de conformidad con lo previsto en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales.
No se hace especial pronunciamiento en costas por la naturaleza de la decisión.
PUBLIQUESE, REGISTRESE y NOTIFIQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3º y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la sala del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
LA JUEZA TEMPORAL,
DRA. D.P.S.
EL SECRETARIO TEMPORAL,
ABG. A.M.L.
En la misma fecha y siendo las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana (11:45 a.m.) se publicó y se registró el fallo anterior bajo el Nº 97, anotado en el libro de control de sentencias interlocutorias llevados por este Tribunal.
EL SECRETARIO TEMPORAL,
ABG. A.M.L.
Exp. 15.267
