Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Sucre, de 15 de Marzo de 2012
| Fecha de Resolución | 15 de Marzo de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior del Trabajo |
| Ponente | Ana Dubraska Garcia |
| Procedimiento | Recurso De Apelación |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior del Trabajo de Cumaná- Estado Sucre
Cumaná, quince de marzo de dos mil doce
201º y 153º
ASUNTO: RP31-R-2012-000015
SENTENCIA
PARTE ACTORA: E.B.R., titular de la cédula de identidad Nº V- 11.441.828.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: WUINFRE CEDEÑO, inscrito en el inpreabogado bajo los Nº 77.615.
PARTE DEMANDADA: SUBSEA INTERVENTION TECHNOLOGIES, S.A., (SITECH) y CORPORACIÓN INCON, C.A.
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYO.
MOTIVO: RECURSO DE APELACION
Se contrae el presente asunto a Recurso de Apelación, interpuesto por el Apoderado Judicial de la parte demandante hoy recurrente contra la decisión dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Extensión Carúpano, en fecha 11 de Enero de 2012, en la causa seguida por la ciudadana E.B.R., en contra las empresas SUBSEA INTERVENTION TECHNOLOGIES, S.A., (SITECH) y CORPORACIÓN INCON, C.A., por motivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
Recibidas las actuaciones ante esta Alzada en fecha 07-02-2012, me avoco al conocimiento de la presente causa, teniendo lugar la celebración de la Audiencia Oral y Pública el día 08 de Marzo de 2012.
Siendo el día y la hora fijada para el para que tenga lugar la Audiencia Oral y Pública, se deja constancia que compareció la parte demandante y recurrente, así mismo se deja constancia de la incomparecencia de la parte demandada. Mediante el cual esta Alzada declara: VERIFICADO como ha sido un vicio de Orden Público, se ordena la reposición de la causa a los fines de librar nuevas notificaciones. Y por lo que estando esta Alzada en la oportunidad legal para publicar el cuerpo completo de la sentencia, procede a hacerlo bajo los siguientes términos y consideraciones:
En fecha 15 de Febrero de 2011, el Juzgado del Municipio Bermúdez del Segundo Circuito Judicial del estado Sucre, una vez vista la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y otros Derechos Laborales, presentada por la ciudadana E.B.R., titular de la cédula de identidad Nº V- 11.441.828, asistida por los Abogados en ejercicios: A.G. y M.H., inscritos en el inpreabogado bajo los Nº 22.338 y 144.192, contra las empresas SUBSEA INTERVENTION TECHNOLOGIES, S.A., (SITECH) y CORPORACIÓN INCON, C.A. Dicho Juzgado DECLINA la competencia por ante el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
En fecha 17/02/2011, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de Carúpano recibió oficio N° 3050-141, proveniente del Juzgado del Municipio Bermúdez del Estado Sucre-Carúpano, contentivo del expediente N° 5.208, por demanda suscrita por la ciudadana E.B.R., contra las empresas SUBSEA INTERVENTION TECHNOLOGIES, S.A., (SITECH) y CORPORACIÓN INCON, C.A., por Cobro de Prestaciones Sociales y otros Derechos Laborales.
En fecha 03/05/2011, el Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Sucre, Extensión Carúpano le da entrada a la presente causa. Y en fecha 04/05/2011 declara la inadmisibilidad de la demanda, por cuanto no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 123 numeral 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En fecha 31/05/2011, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de Carúpano, recibió subsanación de la demanda suscrita por la ciudadana E.B.R., asistida por el Abogado A.G.. Y en fecha 02/06/2011, el Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Sucre, Extensión Carúpano Admite la demanda y ordena las notificaciones respectivas. En fecha 30/11/2011, la secretaria certificada la notificación de las partes demandadas, la cual riela en el folio 57.
En fecha 14/12/2011, se celebra la audiencia preliminar, y se deja constancia de la comparecencia de la parte demandante y de la incomparecencia de la parte demandada. De igual forma se deja constancia que la parte actora consigno escrito de pruebas.
En fecha 11/01/2012, el Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Sucre, Extensión Carúpano, declara parcialmente con lugar la demanda de Cobro de Prestaciones Sociales intentada por la ciudadana E.B.R., contra las empresas SUBSEA INTERVENTION TECHNOLOGIES, S.A., (SITECH) y CORPORACIÓN INCON, C.A.
En fecha 18/01/2012, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de Carúpano, recibe Recurso de Apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la decisión dictado por el Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Sucre, Extensión Carúpano en fecha 11/01/2012.
En fecha 19/01/2012, dicho Tribunal oye el Recurso de Apelación en ambos efectos y ordena la remisión de la presente causa al Tribunal Primero Superior del Trabajo de este Circuito Judicial Laboral.
FUNDAMENTO DE LA APELACION
ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE HOY RECURRENTE:
Aduce el representante judicial de la parte demandante hoy recurrente, que el presente recurso esta dirigido en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Sucre, Extensión Carúpano, en virtud, que en el momento de señalar en el libelo de la demanda la narración de los hechos, identifica que la ciudadana E.B.R. prestó servicios para las empresas SUBSEA INTERVENTION TECHNOLOGIES, S.A., (SITECH) y CORPORACIÓN INCON, C.A., relacionadas por los mismos accionistas y tienen el mismo objeto. Dichas empresas prestaban servicios a PDVSA GAS, del Estado Sucre, fue contratada para realizar exploraciones de suelos y subsuelos marinos en la plataforma deltaza del Estado Sucre. Expone que su representada por ser una trabajadora de una empresa que presta servicio para PDVSA, esta gozaba de los Derechos laborales o del contrato colectivo de la industria petrolera, sin embargo, al momento de dictar la sentencia el Tribunal de Primera Instancia, no toma en cuenta cada contrato, sino que ordeno cancelar las prestaciones sociales en función de la Ley Orgánica del Trabajo. Y que no fue notificado el Procurador General de la República en su debida oportunidad.
MOTIVACION PARA DECIDIR
Una vez escuchados los alegatos expuestos por la parte demandante recurrente desciende esta alzada a la revisión de las actas procesales, a los fines de determinar si la decisión proferida por el Tribunal de Primera instancia se encuentra ajustada a derecho.
Analizado el recorrido procesal en la presente causa, esta Alzada para decidir observa que el asunto sometido a consideración consiste en determinar, si es procedente o no los alegatos expuestos en la audiencia oral y pública de apelación relativos a la falta de notificación, de la Procuraduría General de la República, ya que se refiere a un ente donde el Estado Venezolano tiene participación, dados los privilegios y prerrogativas procesales que le confiere nuestro ordenamiento jurídico, para verificar si existe el vicio de orden público denunciado por el recurrente, que se traduciría en una posible reposición de la causa o si por el contrario el tribunal A quo actuó de acuerdo a la normativa legal que regula las circunstancias en las cuales la República es parte en un determinado juicio.
Ahora bien, revisadas las actas procesales, esta Juzgadora, observa que no consta en autos la notificación de la empresa PDVSA PETROLEO, S.A ni la notificación de la Procuraduría General de la República.
Establece el artículo 97 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Gaceta Oficial N° 5.892 Extraordinario del 31 de julio de 2008) lo siguiente:
Artículo 97. Los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de la República. Estas notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañados de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. En tales casos, el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación de la notificación practicada en el respectivo expediente. El Procurador o Procuradora General de la República, o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado…
Por su parte, el artículo 98 del mencionado Decreto-Ley prevé que:
Artículo 98. La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causales de reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República.
Del contenido de las normas referidas se desprende que uno de los presupuestos necesarios para la validez de un proceso judicial en el que se encuentren involucrados directa o indirectamente los intereses patrimoniales de la República lo constituye la notificación de cualquier actuación que pudiese afectar dichos intereses y tal notificación debe hacerse a la Procuraduría General de la República, órgano que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. La importancia de dicha notificación la revela la consecuencia jurídica contemplada en la última de las normas citadas (artículo 98), al señalar que la falta de notificación o la notificación defectuosa, según sea el caso, justificará la reposición de la causa al estado de su realización, en cualquier estado y grado del proceso.
En tal sentido, resulta necesario señalar que la notificación a la Procuraduría General de la República no se circunscribe únicamente a aquellas causas en las que sea parte la República, sino que la misma es necesaria y cobra relevancia en las causas en las que intervengan los organismos descentralizados funcionalmente, incluso entes privados siempre y cuando de forma directa o indirecta puedan verse afectados los intereses patrimoniales de la República (Vid. sentencia N° 2040 del 29 de julio de 2005 emanada de la Sala Constitucional de este M.T., entre otras).
De las alegaciones hecha por la parte actora en el libelo de la demanda se observa que el mismo manifiesta que trabajó para la empresa SUBSEA INTERVENTION TECHNOLOGIES, S.A (SITECH), empresa ésta contratada por PDVSA PETROLEO, S.A para el proyecto “SERVICIOS DE EQUIPO ROV TIPO COMANCHE PARA OPERACIONES DE PERFORACIONES Y COMPLETACION SUBMARINA DEL PROYECTO MARISCAL SUCRE, sin embargo el Juzgado de Sustanciación, Mediación Y Ejecución al efectuar las notificaciones respectivas sobre la admisión de la demanda obvió ordenar las notificaciones de PDVSA PETROLEO, S.A y por ende, a la Procuraduría General de la República.
Señala la sentencia N° 435 del 18 de abril de 2009 de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, lo siguiente:
…Es importante destacar que resulta claro, y no es objeto de discusión, que la notificación de la Procuradora General de la República es una de las prerrogativas procesales de la República, por lo que se requiere que tal notificación se realice previamente al inicio de la sustanciación de cualquier juicio que, directa o indirectamente, obre contra los intereses de la República, estando condicionada la validez y eficacia de cualquier acto procesal que se lleve a cabo en estos procesos, al requisito previo de la notificación a la Procuradora. Esto es evidentemente lógico y tiene sentido en los casos donde la República participa directamente.
De lo anterior se colige que dicha obligación de notificación no puede entenderse como un mero formalismo dentro del proceso en la realización de la justicia, ya que su omisión implica un menoscabo del derecho a la defensa y al debido proceso de la República, quien quedaría en un estado de indefensión al no poder recurrir del fallo que afecte sus intereses, por ello…
Así las cosas, ésta alzada, en el marco del criterio referido constata que, en el caso de autos, el juez A quo, no acordó las notificaciones de la empresa PDVSA PETROLEO, S.A y por ende, a la Procuraduría General de la República, a tenor del contenido establecido en el artículo 97 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, siendo que es indiscutible el interés que pueda tener el Estado Venezolano en las resultas del presente proceso, en virtud del ente involucrado, en el cual pudiese verse afectados los intereses patrimoniales de la República.
Al respecto, esta Juzgadora observa que la Reposición de la causa, con la consabida consecuencia de nulidad del acto procesal viciado, debe ser la excepción y no la regla dentro del proceso, así lo ha venido interpretando la doctrina y la jurisprudencia reiterada de nuestro m.T. de la República, en base a las garantías procesales, establecidas en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 257, que disponen “...El Estado garantizará una Justicia...sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles...”, “...No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales...”; Garantías constitucionales éstas que se encontraban presente en los fundamentos del legislador cuando estableció la disposición del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, que dispone la obligación para los Jueces de procurar la estabilidad de los juicios, por ello deben corregir faltas, errores que observen, en aras de evitar futuras nulidades. Este mandato legal tiene su fundamento en la necesidad de estabilidad de los procesos y de la economía procesal; de lo expuesto se infiere que la reposición debe seguir un fin útil, que no puede considerarse que sea el de corregir errores de las partes, sino faltas del Tribunal que son contrarias al orden público o perjudican los intereses de las partes litigantes, sin que ellas tengan culpa de tales errores. En tal sentido, se colige la necesidad de notificación de toda solicitud o demanda que obre en contra de los intereses patrimoniales de la República.
Ahora bien, en el caso sub examine se admitió una demanda en contra de la sociedad SUBSEA INTERVENTION TECHNOLOGIES, S.A (SITECH), empresa esta contratada por PDVSA PETROLEO, S.A; en consecuencia, en el marco de un debido proceso, debe cumplirse a cabalidad la notificación de esta última y de la Procuraduría General de la República la cual el Tribunal A quo omitió, razón por la cual quien decide declara la reposición de la causa al estado de notificar a PDVSA PETROLEO, S.A y a la Procuraduría General de la Republica de la demanda intentada, en resguardo del debido proceso y el derecho a la defensa y se fije la oportunidad para la celebración de la Audiencia preliminar, sin necesidad de librar nueva notificación a las partes ya notificadas; por cuanto las mismas se encuentran a derecho de conformidad con lo establecido el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE DECIDE.
DECISIÓN
En consideración a todos los razonamientos de hecho antes expuestos y en atención a los méritos que de ellos se desprenden, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Verificado como ha sido un vicio de orden público, se ordena la reposición de la causa a los fines de librar nuevas boletas de notificación; SEGUNDO: REMÍTASE la presente causa en su oportunidad legal al Juzgado de origen.
PUBLÍQUESE - REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. En Cumaná, a los quince (15) días del mes de Marzo de dos mil Doce (2012), Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ SUPERIOR
A.D.G.
LA SECRETARIA
nota: en esta misma fecha, previa las formalidades de ley, se dictó y publicó la anterior sentencia.
LA SECRETARIA
