Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 29 de Octubre de 2015
| Fecha de Resolución | 29 de Octubre de 2015 |
| Emisor | Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Dayana Del Valle Ortiz Rubio |
| Procedimiento | Querella |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR SEXTO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
205° y 156°
PARTE QUERELLANTE: TAHIRY T.V.D., titular de la cédula de identidad Nro. 7.414.711, debidamente asistida por el profesional del derecho abogado G.O.A., inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 90.554.
PARTE QUERELLADA: INTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME).
MOTIVO: QUERELLA FUNCIONARIAL CON A.C..
TIPO DE SENTENCIA: INTERLOCUTORIA.
I
DE LA ADMISIBILIDAD
Vista la querella funcionarial incoada por la ciudadana TAHIRY T.V.D., titular de la cédula de identidad Nro. 7.414.711, debidamente asistida por el profesional del derecho abogado G.O.A., inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 90.554, mediante la cual solicita la Nulidad Absoluta del Acto Administrativo, designado bajo el número 15-0681, de fecha 01 de julio de 2015 y recibido por la querellante el 18 de agosto del 2015, y por cuanto este Tribunal ha realizado la revisión del escrito y sus recaudos en relación con el artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y no observa la existencia de algunas de las causales de inadmisibilidad establecidas en el articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ADMITE en cuanto ha lugar en derecho la presente querella funcionarial, salvo su apreciación en la definitiva. En consecuencia, cítese al Presidente del Instituto de Previsión Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), para que de conformidad con lo establecido en el segundo aparte del artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, comparezca ante este Órgano Jurisdiccional a dar contestación a la querella, dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, previo cumplimiento de las formalidades previstas en los artículos 81 y 82 del Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, lapso que se computará por días de despacho. Igualmente, se solicita el expediente administrativo del querellante, el cual deberá constar en original o en copias debidamente certificadas y foliadas, dentro de un plazo de quince (15) días continuos a partir de su citación. Notifíquese al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela y al Ministerio del Poder Popular para la Educación, acompañándoles copias certificadas del libelo y del presente auto. Líbrense oficios.-
II
DE LA SOLICITUD DE A.C.
En cuanto a la Acción de A.C. solicitada, la querellante expone lo siguiente:
“… En razón de lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el segunda parte del artículo 27 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 5 de la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías Constitucionales, y 585 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, solicito a este Superior Tribunal, se decrete la Medida Cautelar de Amparo “…en contra el acto administrativo dictado por el IPASME, contentivo de la P.A. Nº 15-0681 de fecha 001-07-2015”. Señalo que Fomus B.I. o presunción grave del derecho que se reclama se desprende del contenido mismo de los hechos y denuncias efectuadas en la presente querella funcionarial y del acto administrativo recurrido de nulidad absoluta; el cual produjo violación de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, ante la ausencia absoluta de un procedimiento administrativo ajustado a derecho con garantía de igualdad en franca aplicación de las normas legales que conllevan un procedimiento en donde se aplique las reglas y los requerimientos de la ley, lo cual indudablemente implica la violación de los derechos o garantías Constitucionales del trabajo, al salario y a la estabilidad, al ejercicio de la función pública, previstos en los artículos 87, 91, 93, y 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; producidos, como son la violación al debido proceso y al derecho a la defensa”(sic). Contemplados en el artículo 49 de Nuestra Constitución…”
III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR LA SOLICTUD DE A.C.
Admitido el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial y explanados los alegatos de la solicitud de a.c., este Juzgado procede de inmediato a emitir pronunciamiento sobre la procedencia del amparo solicitado.
En este sentido, el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo señala:
… Artículo 104: A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el Tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva…
La norma transcrita contempla la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo de carácter particular, constituyendo una derogatoria al principio de ejecutoriedad y ejecutividad que rige a los actos administrativos, es decir, que enerva la eficacia material de un acto administrativo de efectos particulares cuya nulidad hubiere sido demandada, por lo que la suspensión es de naturaleza excepcional y extraordinaria, estableciendo unos parámetros de los cuales ha de guiarse el Juzgador para otorgarla, siempre y cuando el pronunciamiento cautelar no signifique una ejecución anticipada del juicio principal ni mucho menos, un pronunciamiento anticipado de lo que será el mérito de la causa principal.
Al respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sentó criterio con relación a los extremos que condicionan la procedencia de los amparos cautelares invocadas con el fin de obtener protección inmediata a derechos de rango Constitucional y dispuso:
… es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumus boni juris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado, por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación…
(Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de marzo de 2001, caso: M.E.S.V.).
A tal efecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha mantenido un criterio pacífico y reiterado a este particular indicando que el Juez, debe velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio por parte del solicitante presuntamente agraviado, sino que debe ser desplegada una argumentación precisa que conlleve a la acreditación de hechos concretos, de los cuales nazca la convicción de que existe o es inminente un verdadero perjuicio de los derechos constitucionales del accionante, y que además, sea evidente la posibilidad de que el fallo definitivo sea inocuo en cuanto a sus efectos, al no ser posible revertir los daños causados por la actuación presuntamente violatoria de los derechos y garantías constitucionales una vez transcurrido el juicio.
Ahora bien, en el caso de autos, quien aquí decide observa que la parte querellante alega la violación de sus derechos constitucionales, tales como, el debido proceso y derecho a la defensa, alegando que de no mediar la protección cautelar de orden constitucional, sería objeto de un gravamen irreparable, más sin embargo, no efectuó ninguna actividad alegatoria o probatoria tendiente a crear la convicción en esta Juzgadora, de que presuntamente existen elementos suficientes para determinar una posible violación de derechos de rango constitucional, o la proximidad e inminencia de su violación, por cuanto no se evidencian cuáles son los presuntos vicios de inconstitucionalidad de que adolece el acto administrativo, ni se denota con claridad la urgencia con la que debe ser resuelta la presente pretensión cautelar, ya que la Administración hasta ahora, según se desprende de los autos, no ha realizado alguna otra actividad de carácter extraordinario que vulnere o amenace de violación la vida, la salud, el derecho al trabajo, entre otros derechos que ameriten el otorgamiento de la protección cautelar por la vía del a.c.; es por ello que este Tribunal considera IMPROCEDENTE la acción de a.c. solicitada en la presente causa. Así se decide
IV
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dicta la siguiente decisión:
Se declara COMPETENTE para conocer el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial incoada por la ciudadana TAHIRY T.V.D., titular de la cédula de identidad Nro. 7.414.711, debidamente asistida por el profesional del derecho abogado G.O.A., inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 90.554, mediante la cual solicita la Nulidad Absoluta del Acto Administrativo, designado bajo el número 15-0681, de fecha 01 de julio de 2015 y recibido por la querella el 18 de agosto del 2015, emanada del Instituto de Previsión Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME).
Se Admite el referido Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto conjuntamente con solicitud de A.C..
Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de a.c. interpuesta conjuntamente con la pretensión principal.
Se ordena CITAR al Presidente del Instituto de Previsión Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME).
Se ordena NOTIFICAR al ciudadano Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela y al Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el control de sentencias llevado por este Tribunal.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los veinticinco (29) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
LA JUEZA,
D.O.R..
LA SECRETARIA,
G.S.P..
En esta misma fecha siendo las dos post y veinte meridiem (02:00 p.m.), se publicó registró la anterior decisión; así como, y se libraron oficios.
LA SECRETARIA,
G.S.P..
EXP. 15-3869/bm.-
