Decisión nº DECIMO-06-0069 de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 31 de Julio de 2006

Alegó el apoderado judicial de los codemandados, la cuestión previa referida a la Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado del actor y la Ilegitimidad de la persona que se presenta como representante del actor, por no tener la representación que se atribuye, establecida en el ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:

(...) Nuestra representación considera que no fue otorgado en forma legal la sustitución de poder que realizó el día ocho (8) de marzo de 2.005, el abogado J.F.H. a las abogadas S.M.H.T. y Ottilde Porras, la cual riela al folio 320 del presente expediente, toda vez que el colega J.F.H. no tenía facultad expresa para sustituir el poder que le fuera conferido apud acta por el ciudadano F.R.R. el día 18 de febrero de 1.999, y que riela al folio 113 de este expediente. (...)

Con relación a la ilegitimidad del representante de la actora, ciudadano F.R.R., quien presenta la demanda en su carácter Tutor de la ciudadana J.M.G.G., le observó al tribunal, que de conformidad con lo previsto en el artículo 364 del Código Civil, requería el referido tutor para intentar cualquier acción judicial autorización del Protutor de la entredicha, la cual no consta en los autos del presente expediente, en consecuencia, no puede el representante de la actora accionar omitiendo la formalidad prevista en la norma antes invocada, pido así se declare. Adicionalmente y sin detrimento de nuestro argumento anterior, debo informar al tribunal, que en la actualidad existe una solicitud de remoción de la tutela del ciudadano R.R., en el expediente signado con el N° 1854 llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por no haber dado cumplimiento a los requisitos legales para asumir el cargo de tutor, así como también, existe pendiente un juicio por rendición de cuentas en contra del mencionado ciudadano F.R.R. a través del expediente signado con el N° 7325 tramitado ante el mismo Juzgado Segundo de Primera instancia antes citado. (...)

(sic).

Por su parte, la abogada S.M.H.T., apoderada judicial de la parte actora, mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2005, rechazó la cuestión previa planteada en los siguientes términos:

(...) Arguyó la representación legal de los demandados la ilegitimidad de las apoderadas S.M.H. y Ottilde Porras Cohen, en quienes el apoderado actor sustituyó el mandato que a su vez le había sido conferido por el tutor F.R.R., para defender los derechos e intereses de su representada J.M.G.G., en razón, dice el demandado, de que el mandatario sustituyente carece de potestad expresa en el poder para sustituirlo en otro abogado.

En este sentido es de señalar lo que al respecto dice el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil (...)

Por lo tanto, de conformidad con el artículo parcialmente transcrito la sustitución del poder a favor de las mencionadas abogadas anteriormente identificadas, es absolutamente legítima, por consiguiente la cuestión previa debe ser declarada sin lugar y así respetuosamente lo solicito (...)

(sic)

Así las cosas, corresponde a este Tribunal analizar y decidir la anterior cuestión previa y para ello observa:

Dispone el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 3° lo siguiente:

La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no éste otorgado en forma legal o sea insuficiente

Al analizar la disposición legal anteriormente transcrita, se evidencia que la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, contempla tres supuestos a saber: 1) por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, 2) por no tener la representación que se atribuya, y 3) porque el poder no este otorgado en forma legal o sea insuficiente.

En el caso de autos, el apoderado judicial de los codemandados, al plantear la cuestión previa citada, señala que la abogada S.M.H.T. no tiene legitimidad para presentarse como apoderada judicial de la parte actora, por cuanto no fue otorgado en forma legal la sustitución de poder que le hiciera el abogado J.F.H., mediante diligencia de fecha 8 de marzo de 2005, alegando que el mismo no tenía facultad expresa para sustituir el poder que le fuera conferido apud acta por el ciudadano F.R.R. el día 18 de febrero de 1999.

Cuando la cuestión previa contenida en el ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, señala que el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente, se refiere a que el mismo no cumple con los requisitos previstos en el artículo 151 ejusdem, que dispone: “El poder para actos judiciales debe otorgarse en forma pública o auténtica...”.Es decir, que el poder debe otorgarse bajo la autoridad del funcionario competente para darle fe pública.

En el caso de marras, se observa que cursa al folio 113 poder apud acta otorgado por el ciudadano F.R.R., en su carácter de tutor de la ciudadana J.M.G.G. (parte actora) a varios abogados, por lo que en este caso el otorgamiento del poder para actuar en el presente juicio fue apud acta, vale decir, que su otorgamiento se hizo cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el mismo se considera otorgado en forma legal.

Ahora bien, observa el Tribunal que el apoderado judicial promovente de la cuestión previa analizada, fundamentó erróneamente la defensa ya que señaló que la sustitución del poder no fue otorgada en forma legal, toda vez que el sustituyente no tenía facultad expresa para sustituir. Sin embargo, considera necesario esta Juzgadora acotar lo siguiente: el poder apud acta cursante al folio 113 del expediente es un poder especial amplio y suficiente otorgado por el tutor de la ciudadana J.M.G.G., a varios abogados entre ellos J.F.H. para que defiendan los intereses de su representada, que si bien es cierto, en el mismo no se le otorgó de manera expresa la facultad de sustituir el mencionado poder, no es menos cierto, que tal omisión deba entenderse como una prohibición legal, ya que el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, le otorga tal facultad al disponer : “Si en el poder nada se hubiese dicho de sustitución, el apoderado podrá sustituirlo también en abogado de reconocida aptitud y solvencia,...”.

Así las cosas, por cuanto el poder apud acta cursante al folio 113 del expediente conferido a los abogados por el tutor de la ciudadana J.M.G.G. fue otorgado en forma legal y no existiendo prohibición alguna, se concluye que la sustitución de poder que hiciera el abogado J.F.H. a las abogadas S.M.H. y Ottilde Porras Cohen, fue igualmente otorgada en forma legal en atención a los requisitos contemplados en el código procesal, por lo que la misma resulta legítima y así se establece.

Asimismo, señaló el apoderado promovente de la cuestión previa que con relación a la ilegitimidad del representante de la actora, ciudadano F.R.R., Tutor de la ciudadana J.M.G.G., para intentar cualquier acción requería la autorización del protutor de la entredicha, conforme al artículo 364 del Código Civil, y que actualmente existe solicitud de remoción de la tutela, por no haber dado cumplimiento a los requisitos legales para asumir el cargo de tutor, así como juicio por rendición de cuentas.

A este respecto, observa el Tribunal que de la revisión de las actas que conforman el expediente se evidencia que el ciudadano F.R.R., al momento de interponer la presente acción, acompañó como anexo al libelo de demanda, copia de la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Familia y Menores del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 30 de junio de 1998, para acreditar su carácter de Tutor de la ciudadana J.M.G.G., carácter que fue confirmado en sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de noviembre de 1998 al declarar con lugar la interdicción definitiva de la ciudadana J.M.G.G. y nombrar Tutor definitivo al ciudadano F.R.R..

Así, considera esta Juzgadora que nuevamente el apoderado promovente de la cuestión previa, plantea erróneamente su defensa, ya que quedo demostrado en los autos la condición de Tutor del ciudadano F.R.R., máxime con las pruebas documentales que el mismo promovente trajo en la articulación probatoria de la incidencia, referidas a la solicitud de remoción de tutela y juicio de rendición de cuentas, vale decir, que el ciudadano F.R.R. ostenta la representación que se atribuye, razón por la cual resulta improcedente la cuestión previa planteada y así se decide.

Alegó el apoderado judicial de los codemandados la cuestión previa referida al defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo previsto en el ordinal 6° del artículo 346 ejusdem, de la manera siguiente:

“(...) El artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 5°, establece, que el libelo de demanda deberá expresar: “5° la relación de los hechos y los fundamentos de derecho (...) La parte actora en su escrito de reforma de libelo de demanda, tacha de falso un documento y cuando va a fundamentar en derecho su petición señala un artículo y un ordinal sin determinar a que norma sustantiva ó adjetiva pertenece, por lo que, nuestra representación considera que no está fundamentada la tacha, es decir, se incurrió en el supuesto de hecho previsto en la norma jurídica aquí invocada y en consecuencia, procede en derecho la cuestión previa opuesta, pido así se declare (...)”(sic)

Por su parte, la apoderada judicial de la parte actora, mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2005, procedió a subsanar la cuestión previa planteada en los siguientes términos:

“ (...) Fundamentamos la presente acción, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1380 del Código Civil, ordinal 3°.- “Que es falsa la comparecencia del otorgante ante el funcionario, certificada por este, sea que el funcionario haya procedido maliciosamente o que se le haya sorprendido en cuanto a la identidad del otorgante (...)” (sic)

Así las cosas, considera esta Juzgadora que la parte actora subsano la cuestión previa planteada, al señalar los fundamentos de derecho en que basa su pretensión, y así se decide.

Alegó el apoderado judicial de los codemandados la cuestión previa referida a la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto, prevista en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:

(...) Efectivamente, tal como lo determina la propia actora en su libelo de demanda existe pendiente un proceso penal, por denuncia formulada por la accionante de este juicio, ante el antiguo Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público con sede en esta ciudad de Caracas, exp. N° 8549, el cual en la actualidad esta signado con el N° C-33-1009-02, en poder del Fiscal para el Régimen Transitorio J.C. (...)

(sic)

Por su parte la apoderada judicial de la parte actora, mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2.005, al referirse a la cuestión previa planteada señaló:

(...) Efectivamente, existe una acción penal instaurada contra los demandados en el presente juicio, la cual se lleva por ante el juzgado Trigésimo Tercero en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuaciones contenidas en el Expediente N° 1009, la cual se encuentra íntimamente ligada al asunto de fondo aquí debatido, lo cual requiere para su resolución la decisión previa de aquella causa (...)

(sic).

De lo transcrito anteriormente, se desprende que la parte actora convino en la cuestión previa planteada, aunque no lo señaló expresamente en su escrito, por tal razón resulta procedente la cuestión previa promovida y así se decide.

Promovió el apoderado judicial de los codemandados la cuestión previa contenida en el ordinal 10° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la caducidad de la Acción establecida en la Ley, en los siguientes términos:

(...)Nuestra representación considera que la presente acción de nulidad de asientos y venta caducó, de conformidad con lo previsto y sancionado en el artículo 1346 del Código Civil, que establece un plazo de cinco años para intentar la referida acción. En el presente caso, se pretende la nulidad de una convención celebrada el 17 de noviembre de 1.994, la querella fue presentada el día 31 de julio de 1.998, y la citación de los demandados se produjo a mediados del año 2.005, por lo que, transcurrieron entre el acto supuestamente anulable y la citación de los demandados once (11) años. En consecuencia, pido al Tribunal deseche la presente demanda y declare extinguido el proceso (...)

.

Por su parte, la apoderada judicial de la parte actora al rechazar la cuestión previa planteada, señaló lo siguiente:

(...) Alega la representación de los demandados, la caducidad prevista en el artículo 1346 del Código Civil, en razón de que, según él, han transcurrido más de cinco años desde el 17 de noviembre de 1.994, cuando se celebró la convención.

A este respecto, hemos de señalar que la convención que alude el demandado es el producto de un fraude, se refiere a un documento inexistente, que no contiene venta alguna, en fin fue obtenido mediante dolo; por tal razón, contra ésta acción no corre lapso de caducidad alguno, (...) En autos esta demostrado, ciudadana Jueza, el dolo, el fraude cometido contra los bienes de J.M.G.G., que dicho acto fue descubierto en el año 1998, en pleno proceso de interdicción de la entredicha, y en ese mismo año se intentó la presente acción de nulidad, conjuntamente con la acción penal que hemos aludido (...)

(sic).

Así las cosas, corresponde a este Tribunal analizar y decidir la anterior cuestión previa y para ello observa:

La caducidad es un plazo que concede la ley para hacer valer un derecho o ejercer una acción, con un carácter fatal, es decir, que una vez transcurrido dicho plazo, el derecho no puede ser ejercitado, lo cual conduce a que el interesado pierda la posibilidad que le concedía la ley.

Dispone el artículo 1346 del Código Civil, lo siguiente:

La acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco años, salvo disposición especial de la Ley.

Este tiempo no empieza a correr en caso de violencia, sino desde el día en que ésta ha cesado; en caso de error o de dolo, desde el día en que han sido descubiertos; respecto de los actos de los entredichos o inhabilitados, desde el día en que haya sido alzada la interdicción o inhabilitación; y respecto de los actos de los menores, desde el día de su mayoridad.

En todo caso, la nulidad puede ser opuesta por aquel que ha sido demandado por la ejecución del contrato

El artículo 1.346 del Código Civil, es una disposición que señala que la acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco (5) años, salvo disposición especial de la Ley, y que la nulidad sólo puede ser opuesta por aquel que ha sido demandado por ejecución del contrato, dicha disposición a criterio de este Tribunal establece lo siguiente:

Ciertamente el artículo 1.346, en sus postulados generales establece que la petición de nulidad de una convención dura cinco (5) años.

Que como excepción a esa regla general en el aparte primero de la referida norma, se establece que el tiempo no empieza a correr en caso de violencia, sino desde el día en que esta ha cesado; en caso de error o dolo, desde el día en que han sido descubiertos; y respecto de los entredichos o inhabilitados, desde el día en que haya sido alzada la interdicción o la inhabilitación; y en relación con los menores, es decir de los actos de los mismos desde el día de su mayoridad.

Dentro de este escenario que plantea el artículo 1.346, del Código Civil, en el caso de marras se evidencia, que la parte actora solicita la nulidad de la venta celebrada el día 17 de noviembre de 1994, mediante querella presentada en fecha 21 de julio de 1998, tal y como se evidencia del sello húmedo que aparece al pie de la querella, es decir, si tomamos en consideración que el lapso establecido en el citado artículo es de cinco años, resulta improcedente la cuestión previa planteada, ya que desde la fecha del otorgamiento del documento de venta, el día 17 de noviembre de 1994, hasta la fecha de la presentación de la demanda 21 de Julio de 1998, no había transcurrido el citado lapso.

En razón de lo expuesto, este tribunal llega a la conclusión de que la cuestión previa planteada resulta improcedente y así se decide.

-IV-

DISPOSITIVO

Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

Sin Lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado del actor, y la ilegitimidad de la persona que se presenta como representante del actor.

Subsanada la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida al defecto de forma del libelo de demanda.

Con Lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto.

Sin Lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 10° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la caducidad de la acción establecida en la Ley.

Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE

Dada, firmada y Sellada en la Sala de despacho del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2.006. Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.-

LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL

A.E.G.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

J.L.M.

En esta misma fecha siendo las tres y treinta (3:30 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL

J.L.M.

AEG/JLM/dm

Sentencia N° DECIMO-06-0069.-