Decisión de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Noviembre de 2010

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 29 de noviembre de 2010

200º y 151º

Recurso Contencioso Tributario

Asunto Nº AP41-U-2010-000226 Sentencia Nº 0069/2010

Vistos

Con Informes de las partes

Recurrente: Taurel & Cia. Sucrs, C.A, sociedad mercantil inscrita en el Juzgado de primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal el día 19 de enero de 1949, bajo el No. 99, Tomo 5-D, cuyo documento Constitutivo Estatutario ha sido varias veces modificado, constando su últimas reformas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 21 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro mercantil Segundo de ala circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 19 de diciembre de 1966, bajo el No. 13, Tomo 693-A-Sgdo y Acta de Asamblea de General Extraordinaria de Accionistas realizada el 15 de abril de 20054, inscrita en el citado Registro mercantil el 27 de mayo de 2004, bajo el No. 22, Tomo 80 A-Sgdo, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-000359148.

Apoderada Judicial de la contribuyente: ciudadana Y.L.N., venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, titular de la Cédula de Identidad No. 10.535,882, inscrita en el Inpreabogado con el No. 60.448.

Actos Recurridos: Los actos administrativo identificados como Decisión Administrativa SNAT/INA/GAPG/MAR/AJJ/2010/ No.01321 de fecha 19 de marzo de 2010, notificada en fecha 22 de marzo de 2010; emanada de la Gerencia de Aduana Principal de Maracaibo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con el cual se impone a la sociedad mercantil Taurel & Cía, Sucrs C.A, la sanción de multa prevista en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas, por no haber efectuado la reexpedición de sesenta y dos (62) contenedores vacíos dentro del plazo establecido en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas de 1.991, por la cantidad de Ochocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta Bolívares Fuertes (Bs. F. 866.880,00); y como Planilla de Pago, Forma 99081, número 1094521306, de fecha 19 de marzo de 2010, notificada el día 22 de marzo de 2010, en cual se cuantifica la cantidad correspondiente a la sanción de multa impuesta.

Administración Tributaria Recurrida: Gerencia de la Principal de la Aduana de Maracaibo.

Representación de la Administración Tributaria: ciudadanos R.A.F. y C.A.V., venezolanos, mayores de edad, abogados, titulares de las Cédulas de Identidad números 10.829.286 y 1-080-015, respectivamente, inscritos en el Inpreabogado con los números 140.594 y 40.259, también respectivamente, funcionarios adscritos al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), actuando como sustitutos de la ciudadana Procuradora General de la República

Tributo: Aduanas

I

RELACIÓN

Se inicia este procedimiento con el escrito presentado el día 04 de mayo de 2010, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los Tribunales Contenciosos Tributarias del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana Y.L., antes identificada, apoderada judicial de la recurrente, contentivo del Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente en contra de los actos administrativo identificados como Decisión Administrativa SNAT/INA/GAPG/MAR/AJJ/2010/ No.01321 de fecha 19 de marzo de 2010, notificada en fecha 22 de marzo de 2010; y la Planilla de Pago, Forma 99081, número 1094521306, de fecha 19 de marzo de 2010, ambos actos emanados de la Aduana Principal de Maracaibo, con los cuales se impone y liquida multa, respectivamente, por la cantidad de Ochocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta Bolívares Fuertes (Bs. F. 866.880,00)

Por auto de fecha 05 de mayo de 2010, se ordena la formación del expediente bajo el No. AP41-U-2010-000226 y la notificación a los ciudadanos Procuradora General de la República, y Gerente General de Servicios Jurídicos del SENIAT. En el mismo auto, se ordena solicitar de éste último, la remisión del respectivo expediente administrativo a este Tribunal, en original o copia debidamente certificada.

Cumplidas las notificaciones ordenadas e incorporadas a los autos las boletas de notificación, debidamente firmadas, el Tribunal admitió el recurso mediante decisión de fecha 06 de junio de 2010. En el mismo auto, se declaró la causa abierta a pruebas, ope legis, el primer día de Despacho siguiente a esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 268 del Código Orgánico Tributario.

En fecha 12 de julio de 2010 la apoderada judicial de la contribuyente consignó escrito de promoción de pruebas.

Por auto de fecha 06 de octubre de 2010, se deja constancia del vencimiento del lapso de evacuación de pruebas y se fija el decimoquinto día de Despacho siguiente para que tenga lugar la celebración del Acto de Informes, de acuerdo con establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Tributario.

Con diligencia de fecha 25 de octubre de 2010, la Representación Judicial de la República consigna el expediente administrativo de la contribuyente.

En fecha 27 de octubre de 2010, la apoderada judicial de la contribuyente y la representación judicial de la República, consignaron sus respectivos escritos de informes.

Mediante auto de fecha 09 de noviembre de 2010, este Órgano Jurisdiccional deja constancia del vencimiento del lapso para las Observaciones a los informes, dice “Vistos” y entra en la etapa de los sesenta (60) días continuos para dictar sentencia.

II

ACTOS RECURRIDOS

Los actos administrativo identificados como Decisión Administrativa SNAT/INA/GAPG/MAR/AJJ/2010/ No.01321 de fecha 19 de marzo de 2010, notificada en fecha 22 de marzo de 2010; emanada de la Gerencia de Aduana Principal de Maracaibo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con el cual se impone a la sociedad mercantil Taurel & Cía, Sucrs C.A, la sanción de multa prevista en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas, por no haber efectuado la reexpedición de sesenta y dos (62) contenedores vacíos dentro del plazo establecido en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas de 1.991, por la cantidad de Ochocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta Bolívares Fuertes (Bs. F. 866.880,00); y como Planilla de Pago, Forma 99081, número 1094521306, de fecha 19 de marzo de 2010, notificada el día 22 de marzo de 2010, en cual se cuantifica la cantidad correspondiente a la sanción de multa impuesta.

III

ALEGATOS DE LAS PARTES

1. De la Contribuyente.

   La apoderada judicial de la contribuyente, en el escrito recursivo presentado, plantea las siguientes alegaciones:

   Falso Supuesto de derecho por errónea interpretación del artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas.

   En esta alegación, expone que la Gerencia de Aduana Principal de Maracaibo, al dictar los actos administrativos recurridos, mediante el cual impone y liquida a la Sociedad Mercantil Laurel & Cía, Sucrs, C.A, la sanción de multa prevista en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas, por no haber efectuado la reexpedición de los sesenta y dos (62) contenedores vacíos dentro del plazo establecido en el artículo 79 del Reglamento general de la Ley Orgánica de Aduanas de 1.991, obvió su condición de Auxiliar de la Administración Aduanera y otorgó el carácter de mercancía a los implementos de transporte.

   Amplía, que la Administración Aduanera y Tributaria no consideró que la Ley Orgánica de Aduanas establece en su artículo 13, que todo vehículo que practique operaciones de tráfico internacional debe contar con un representante domiciliado en el lugar del país donde vayan a efectuarse dichas operaciones, como es el caso de la Sociedad Mercantil Taurel & Cía. Sucrs, C.A., quien en su carácter de Agente Naviero, Auxiliar de la Administración Aduanera, representa en Venezuela a la empresa Naviera, propietaria de los containeres en cuestión, añadiendo al respecto, que el legislador diferencia de forma taxativa las mercancías de los implementos de navegación y movilización de carga, cuando estos últimos sean un elemento de equipo de transporte.

   Más adelante, expone que en la Ley Orgánica de Aduanas está claro el tratamiento jurídico aduanero que se le debe aplicar al ingreso a territorio aduanero nacional de los implementos de navegación y movilización de carga, expresando al respecto, que no es el mismo establecido en la normativa jurídica aduanera para las mercancías, a lo cual añade, que los contenedores o implementos de transporte tienen un régimen propio que resulta ser el contemplado en el Reglamento general de la Ley Orgánica de Aduanas.

   Posteriormente, manifiesta que los actos administrativos recurridos se encuentran afectados de un vicio de falso supuesto de derecho, por errónea interpretación de la Ley aplicable, por cuanto, la conducta de su representada no encuadra en el tipo infraccional previsto en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas, ya que Taurel & Cía, Sucrs, C.A, al no ser un importador de mercancías, sino un Agente Naviero debidamente registrado ante el SENIAT, que introduce al país temporalmente implementos de transporte o containeres, que facilitan la movilización de mercancías pertenecientes a los distintos consignatarios o propietarios señalados en los respectivos documentos de transporte o conocimientos de embarque, para su posterior reembarque, todo ello con base a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 Parágrafo Único de la Ley Orgánica de Aduanas, 79 del Reglamento general de la Ley Orgánica de Aduanas y XVI, Capítulo 4, de la Ley Aprobatoria del Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional.

   Al concretar este planteamiento, expresa que el dispositivo del artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas está dirigido a sancionar conductas de consignatarios o importadores temporales de mercancías, exportadores o remitentes y no de los Auxiliares de la Administración Aduanera, como es el caso de su representada, quien es una Agencia Naviera, Auxiliar de la Administración Aduanera según lo dispuesto en el artículo 145 eiusdem, que actúa como representante solidario de las empresas de transporte y de los buques que realizan operaciones de tráfico marítimo internacional, conforme a lo tipificado en los artículos 7 y 13 de la citada Ley, por lo que solicita a este órgano jurisdiccional declare la nulidad de la Decisión Administrativa con la cual se impone la multa; así como de la Planilla de Pago que cuantifica la cantidad correspondiente a la sanción de multa impuesta, al considerar que la Gerencia de la Aduana Principal de Maracaibo, en la conformación de los actos administrativos recurridos, incurrió en un falso supuesto de derecho al imponer una sanción que no resulta aplicable al caso de autos.

2. De la Administración Tributaria.

   La representación judicial de la República, en su escrito del acto de informes, ratifica el contenido de los actos recurridos. Al refutar los planteamientos de la contribuyente, lo hace en los siguientes términos:

   Luego de transcribir los artículos 79, 80 y 81 del Reglamento de la Ley Orgánica de aduanas, 16 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1978; 13 de la ley vigente, del cual trasncribe el parágrafo único, señala:

   Es así como este parágrafo único del artículo 13 antes transcrito, en ausencia del artículo 16 de la Ley de 1978, es el que sirve de fundamento legal para las disposiciones reglamentarias referentes a los equipos de transporte para la movilización de carga ( articulo 79 y siguientes del Reglamento).

   por otra parte, por remisión de este Parágrafo, debe observarse el contenido del artículo 7 de Ley Orgánica de Aduanas…

   A continuación transcribe el mencionado artículo 7, para después exponer:

   De la precitada norma se colige que tanto las mercancías como los medios de transporte, sus aparejos, accesorios, implementos de navegación y movilización de carga, entre otros, están sometidos a potestad aduanera.

   Posteriormente, continúa exponiendo:

   En este sentido debe destacarse conforme a la normativa antes indicada, que la presente controversia se circunscribe exclusivamente a la falta de reembarque de los contenedores vacíos introducidos temporalmente al país, lo cual debe realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes a su entrada, conforme lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas

   Más adelante, refiriéndose al contenido del artículo 79 eiusdem, señala que “según el requerimiento contenido en el mencionado artículo, los contenedores, furgones y demás equipos similares que sean considerados un elemento del equipo de transporte, pueden ingresar temporalmente al territorio nacional por un lapso máximo de tres meses, contados a partir de su arribo, plazo dentro del cual deben ser reembarcados.”

   Luego, hace una distinción entre reembarque y reexpedición, para concluir afirmando que a los contenedores no le es aplicable el procedimiento previsto en los artículos 49 y 52 de la Ley Orgánica de Aduanas.

   Al refutar el planteamiento de la contribuyente sobre el falso supuesto de derecho que afecta a los actos recurridos, la representación de la República, ratifica en hecho que si bien los contenedores están excepcionados del cumplimiento de las formalidades del régimen de admisión temporal, en lo que respecta a su introducción; sin embargo, le son aplicables las normas reglamentarias de dicho régimen, incluyendo las que tienen que ver con su reexpedición.

   Por último, insiste en afirmar que los contenedores son mercancías y por tanto, su falta de reexpedición temporáneamente tiene como consecuencia la aplicación de la multa prevista en el artículo 118 de la ley Orgánica de Aduanas

   IV

   MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

   En virtud del contenido de los actos impugnados; las alegaciones formuladas en su contra por la apoderada judicial de la recurrente, en su escrito recursivo; así como de las pruebas promovidas y evacuadas en el lapso procesal correspondiente, el Tribunal delimita la controversia en tener que decidir sobre la legalidad de Decisión Administrativa SNAT/INA/GAPG/MAR/AJJ/2010/ No.01321 de fecha 19 de marzo de 2010, notificada en fecha 22 de marzo de 2010, y la legalidad de la Planilla de Pago, Forma 99081, número 1094521306, de fecha 19 de marzo de 2010, notificada el día 22 de marzo de 2010, ambos actos emanada de la Gerencia de Aduana Principal de Maracaibo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con los cuales se impone y liquida a la sociedad mercantil Taurel & Cía, Sucrs C.A, la sanción de multa prevista en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas, por no haber efectuado la reexpedición de sesenta y dos (62) contenedores vacíos dentro del plazo establecido en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas de 1.991, por la cantidad de Ochocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta Bolívares Fuertes (Bs. F. 866.880,00).

   Advierte el Tribunal que, en forma previa, debe emitir pronunciamiento sobre el vicio de falso supuesto de derecho con el cual estaría afectado el acto recurrido, según planteamiento efectuado por la contribuyente recurrente. .

   Así delimitada la litis pasa el Tribunal y al respecto, observa:

   Punto Previo.

   Del Falso Supuesto De Derecho:

   En cuanto al falso supuesto de derecho, según lo expuesto por la Representación Judicial de la contribuyente, éste radica en la errónea interpretación de la normativa aduanera, por parte de las autoridades de la Administración Aduanera, al imponer la multa por el incumplimiento de reembarcar los contenedores vacíos dentro plazo reglamentario, lo cual advierte el Tribunal constituye, al mismo tiempo, el fondo de la controversia sobre la multa impuesta, razón que obliga a considerar que al decidir sobre el fondo de la controversia, estará decidiéndose sobre el falso supuesto de derecho alegado. Así se declara.

   Del Fondo de la Controversia.

   En la Decisión Administrativa objeto de impugnación, se señala que en análisis del artículo 79 del Reglamento “…que los contenedores, furgones y demás equipos similares que sean considerados un elemento del equipo de transporte, pueden ingresar temporalmente al territorio nacional por un lapso de tres meses, contados a partir de su arribo, lapso a partir del cual deben ser reexpedidos…” Luego, precisan que entre las consecuencias jurídicas por la falta de reexpedición o nacionalización de esos contenedores, en el plazo reglamentario, está la aplicación de la multa prevista en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas.

   La contribuyente, afirma que la Gerencia de Aduana Principal de Maracaibo, la sancionó con la multa prevista en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas, por no efectuar, dentro del plazo de los tres meses establecido en el artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de Adunas, la reexpedición de los contenedores vacíos que ingresaron al territorio nacional.

   Señala que el supuesto sancionador del articulo 118 eiusdem, está referido de manera expresa, entre otros supuestos, a la falta de reexportación o nacionalización de mercancías introducidas bajo el régimen de admisión de temporal, dándole erróneamente la calificación de mercancías a los contenedores; que en el caso concreto los contenedores constituyen implementos de movilización de carga, de conformidad a lo dispuesto en la lectura concatenada de los artículos 13, parágrafo único; y 7, numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica de Aduanas; artículo XVI - Capítulo 4, de la Ley Aprobatoria del Convenio Para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional; y los artículos 79, 80 y 81, del Reglamento general de la Ley Orgánica de Aduanas.

   Observa el Tribunal que la controversia involucra sesenta y dos (62) contenedores vacíos, los cuales no fueron reembarcados dentro de los tres meses posteriores a su ingreso al territorio aduanero nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas; recepcionados por la sociedad mercantil Taurel & Cía, Sucrs, C.A, quien es un Agente Naviero, Auxiliar de la Administración Aduanera, según lo dispone la normativa aduanera, representante legal de empresas propietarias de los vehículos (buques) que realizan operaciones de tráfico marítimo internacional, que aparece inscrita con el número 0023, según Oficio identificado bajo el alfanumérico HDOA-310-5194 de fecha 23/10/1987, emanado de la Dirección de Operaciones Aduanera de la extinta Dirección General Sectorial de Aduanas (hoy Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria del SENIAT), inserto a los autos. Este Registro como de Agente Naviero, de la contribuyente, también aparece inscrito en el extinto Ministerio de Comunicaciones-Dirección General de Transporte y T.M. – Dirección de Transporte Marítimo (hoy Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA) Gerencia General de Seguridad y Gente de Mar – Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, bajo el alfanumérico DCRC-00011 en fecha 03-11-1977, recaudo, igualmente, incorporado a los autos.

   Aprecia el Tribunal que, en este caso en particular, los referidos contenedores son implementos de movilización de carga, a tenor de lo preceptuado en los artículos 13, parágrafo único; y 7, numeral 3, de la Ley Orgánica de Aduanas, razón por la cual, en esta oportunidad y para el caso de la controversia, no pueden ni deben ser considerados mercancías, en los términos de los artículos 7, numeral 1, de la Ley Orgánica de Aduanas y 80 de su Reglamento General; en consecuencia, ellos no están sometidos a impuestos, tasas u otros requisitos establecidos para la importación y exportación de mercancías, sino a un régimen que permitió su introducción temporal al país para ser reembarcados dentro de los tres meses siguientes a su entrada al territorio nacional exceptuándolos, a los fines de su introducción, de las formalidades reglamentarias previstas para la admisión temporal.

   Conforme al análisis de la normativa jurídica anteriormente transcrita, estima este juzgador que, según la forma como se introduzcan al territorio aduanero nacional, los contenedores pueden ser considerados implementos de movilización de carga o simplemente mercancías.

   En el primer supuesto, funcionan como un elemento auxiliar de transporte, de carácter permanente, concebido para facilitar el traslado de mercaderías, sin ruptura de los bienes muebles que moviliza, dotado de dispositivos que permiten su manejo en forma sencilla, ideado para facilitar la carga y descarga de mercancía; podrían considerarse como un equipo o accesorio del vehículo transportador, utilizados por los porteadores y/o las líneas navieras, a los fines de la prestación de los servicios de transporte por vía marítima. El ingreso de estos equipos a territorio aduanero nacional, los cuales deben ser recepcionados en la zona primaria de Aduana por un Agente Naviero, en su condición de Auxiliar de la Administración Aduanera, estará exceptuado de las formalidades previstas por la norma reglamentaria para la admisión temporal de mercancías, de manera tal que podrán ser introducidos temporalmente para ser reembarcados, posterior a su desaduanamiento por parte de los consignatarios o propietarios de las mercancías que transportan, dentro de los tres meses siguientes a su entrada.

   En el segundo supuesto, los contenedores ingresan al territorio aduanero nacional de forma definitiva y no como implementos de movilización de carga de un porteador y/o línea naviera, sino mediante una importación ordinaria en cuyo caso, sus consignatarios o propietarios quedan obligados a los impuestos, tasas y otros requisitos aplicables a la importación de mercancías, tal y como lo prevé el artículo 80 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas.

   También pueden ingresar temporalmente mediante el cumplimiento de las formalidades del régimen aduanero especial de admisión temporal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32, literal l) del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas Sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y Otros Regímenes Aduaneros Especiales, y de acuerdo al cual entre las “mercancías” que son susceptibles de acogerse a este régimen, se encuentran los “…contenedores y demás instrumentos que se utilizan para el transporte de mercancías…”.

   De lo anterior se infiere una clara distinción entre los contenedores utilizados como “implementos de movilización de carga”, especialmente ideados para facilitar el transporte de mercancías por los porteadores y/o las líneas navieras, y aquellos contenedores que en sí mismos deben ser considerados como una “mercancía” y; en consecuencia, objeto de una importación ordinaria o de ser ingresados al territorio bajo régimen aduanero especial de admisión temporal.

   Ahora, observa este juzgador que la sanción prevista en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas lo es por la falta de reexportación o nacionalización legal de “mercancías” introducidas bajo el régimen aduanero especial de admisión temporal, o su utilización o destinación para fines diferentes a los considerados para el otorgamiento de la autorización respectiva. Se trata de evitar que el régimen de admisión temporal, esto es, el régimen por el cual se introducen mercancías al territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de los impuestos de importación y otros recargos o impuestos nacionales que les fueren aplicables, pueda ser utilizado más allá de los límites o condiciones conformes a los cuales ha sido otorgada la autorización al beneficiario de dicho régimen aduanero. El referido artículo prevé como supuesto de hecho la falta de reexportación o nacionalización legal de “mercancías”, lo que sugiere que el legislador ha utilizado la expresión “reexportación” como sinónimo de “reexpedición”, esta última más apropiada cuando se está en presencia del régimen aduanero especial de admisión temporal de mercancías, si se tiene presente el contenido del artículo 31 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas Sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y Otros Regímenes Aduaneros Especiales, el cual es solicitado a instancias del importador temporal, previo al arribo de las mercancías a la Aduana de entrada.

   Lo anterior contrasta con el “reembarque”, cuya solicitud tiene lugar a instancias del Agente Naviero en su condición de Auxiliar de la Administración Aduanera, actuando en representación del porteador y/o línea naviera, tal y como sucede para el caso de los contenedores que fungen como implementos de movilización de carga sujetos al “reembarque” señalado en el artículo 79 del Reglamento general de la Ley Orgánica de Aduanas.

   Para este juzgador, en el caso de autos, resulta evidente que no se trata de mercancías introducidas bajo el régimen aduanero especial de admisión temporal, sino de implementos de movilización de carga o simplemente contenedores vacíos que no fueron “reembarcados” por el Agente Naviero en su carácter de Auxiliar de la Administración Aduanera, actuando en representación del porteador y/o línea naviera, de conformidad a lo establecido en los artículos 13 y 123 de la Ley Orgánica de Aduanas, dentro del lapso de los tres meses siguientes a su entrada al territorio aduanero nacional.

   En tal sentido, ante la imposibilidad de considerar tales contenedores como mercancías ingresadas bajo régimen de admisión temporal, sino como implementos de movilización de carga, mal puede imponerse la sanción prevista en el artículo 118 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de Aduanas, cuando estos no son reembarcados dentro del plazo reglamentario. Interpreta el Tribunal que el artículo 118 eiusdem sanciona la falta de reexpedición de “mercancías” introducidas bajo el régimen aduanero especial de admisión temporal, o su utilización o destinación para fines diferentes a los considerados para el otorgamiento de la autorización respectiva.

   En ese sentido, advierte el Tribunal que la sanción aplicada por la Gerencia de la Aduana Principal de Maracaibo a la empresa Taurel & Cía, Sucrs, C.A, tiene su fundamento en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas, que copiado a la letra prevé:

   Artículo 118.- “La falta de reexportación, o nacionalización legal, dentro del plazo vigente, de mercancías introducidas bajo el régimen de admisión temporal, o su utilización o destinación para fines diferentes a los considerados para la concesión del permiso respectivo, serán penados con multa equivalente al valor total de las mercancías.” (Destacado del Tribunal)

   De igual manera, llama la atención el Tribunal sobre el contenido del último párrafo del artículo 30 eiusdem, en el cual se dispone:

   Artículo 30.- “(…)

   Cuando las mercancías sujetas a una operación aduanera hayan sido objeto de liberación o suspensión de gravámenes, licencias, permisos, delegaciones, restricciones, registros u otros requisitos arancelarios, el consignatario aceptante o exportador remitente deberá ser el destinatario o propietario real de aquellas”. (Destacado del Tribunal)

   Las transcripciones que anteceden dejan en evidencia la tipificación de una sanción de multa destinada a ser aplicada teniendo en cuenta el “…valor total de las mercancías”, por una parte; por otra, que debe ser aplicada al “…consignatario aceptante o exportador remitente…”,

   Ahora, en el caso de autos, no se trata de “mercancías” que hayan sido introducidas al territorio aduanero nacional bajo el régimen aduanero especial de admisión temporal, sino de implementos de movilización de carga o simplemente contenedores vacíos, destinados a la prestación de los servicios de transporte por vía marítima por parte de los porteadores y/o las líneas navieras; no “reembarcados” dentro del lapso de tres meses siguientes a su entrada al territorio aduanero nacional, por el Agente Naviero, en su carácter de Auxiliar de la Administración Aduanera.

   En consecuencia, atendiendo a esa situación y al hecho que Taurel & Cía, Sucrs, C.A, es un Operador de Transporte (Agente Naviero), cuya actuación está orientada a ser representante solidario de las empresas de transporte y de los vehículos (buques) que efectúan operaciones de tráfico marítimo internacional, conforme a lo tipificado en los artículos 13 y 123 de la Ley Orgánica de Aduanas, recepcionando contenedores, furgones y demás implementos de transporte sometidos a potestad aduanera, y que se ubica dentro de los denominados Auxiliares de la Administración Aduanera, según lo dispuesto en los artículos 13, 123 y 145 de la Ley Orgánica de Aduanas, mal puede ser sancionado bajo el imperio del artículo 118 en referencia, pues el sentido, propósito y razón de dicho artículo va dirigido al “…consignatario aceptante o exportador remitente…”, pero en modo alguno a otros operadores que realizan actividades en el contexto del tráfico aduanero.

   Dentro del contexto de las consideraciones precedentemente expuestas y tomando en consideración la finalidad última de la jurisprudencia como fuente no sólo de inspiración normativa sino orientadora del ordenamiento jurídico; ya que por medio de ella se persigue que los particulares obtengan un mínimo de certeza jurídica respecto de las decisiones emanadas de los órganos jurisdiccionales, razones por las cuales constituye una herramienta fundamental del derecho, garantista de la estabilidad de los pronunciamientos judiciales, este Tribunal Superior acoge el criterio expuesto por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 01866 de fecha 21-11-2007, con ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, donde se establece que la propia Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 121, dispone un régimen sancionatorio para los Auxiliares de la Administración Aduanera.

   En atención a lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional considera que la Administración Aduanera incurrió en falso supuesto de derecho al aplicar el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas para sancionar la conducta de un Auxiliar de la Administración Aduanera, específicamente a un Operador de Transporte (Agente Naviero), al incumplir éste con la obligación de reembarcar, dentro del plazo de tres meses, establecido en el artículo 79 del Reglamento general de la Ley Orgánica de Aduanas, los contenedores vacíos, utilizados como implementos para el transporte de mercancía introducida al territorio aduanero nacional. Así se declara.

   Sin embargo, no obstante la precedente declaratoria, este Tribunal Superior atendiendo al criterio emanado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Caso: Industria Azucarera S.C. C.A., con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, en el sentido de que en virtud de las amplias facultades de control de la legalidad que han sido conferidas a los jueces contencioso-tributarios, pueden éstos confirmar actos administrativos, modificarlos o revocarlos, sin que ello constituya violación del principio dispositivo que rige en el procedimiento civil ordinario, regulado en nuestro ordenamiento positivo por el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil; con fundamento en lo expresado y atendiendo al hecho que la labor del juez contencioso tributario está orientada fundamentalmente por el principio inquisitivo, el cual le faculta, entre otras circunstancias, a corregir irregularidades que no hayan sido alegadas por las partes, con base en el principio del control de la legalidad y del orden público y; por último, con base al análisis de la situación planteada, este órgano jurisdiccional observa que el Operador de Transporte (Taurel & Cía Sucrs, C.A), Auxiliar de la Administración Aduanera, efectivamente no procedió al reembarque de los contenedores vacíos dentro del lapso reglamentario de tres meses siguientes a su entrada, retrasando con tal conducta el control que le corresponde ejercer a la oficina aduanera, situación que se traduce en una infracción al ejercicio de la potestad aduanera, la cual aparece sancionada, en forma expresa, en la Ley Orgánica de Aduanas, cuando señala:

   Artículo 121.- “Las infracciones cometidas por los auxiliares de la Administración Aduanera: transportistas, consolidadores, porteadores, depositarios, almacenistas, agente de aduanas, mensajeros internacionales, serán sancionadas de la siguiente manera:

   (omissis)

   f) Cuando impidan o retrasen el ejercicio de la potestad aduanera, con multa equivalente entre cien unidades tributarias (100 U.T.) y mil unidades tributarias (1.000 U.T.).” (Destacado del Tribunal)

   Como consecuencia de lo expresado precedentemente, éste órgano jurisdiccional considera que la sanción aplicable a sociedad mercantil Taurel & Cía Sucrs, C.A., en su condición de Operador de Transporte (Agente Naviero), Auxiliar de la Administración Aduanera, es la establecida en el literal f del artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas, supra transcrito, sanción comprendida entre 100 y 1000 unidades tributarias; por tanto, el término medio normalmente aplicable es la cantidad de quinientas cincuenta unidades tributarias (550 U.T.) Así se declara.

   En virtud de la precedente declaratoria, el Tribunal considera que resulta inoficioso pronunciarse sobre cualquier otra denuncia y planteamiento efectuado por la representación de la recurrente en su escrito contentivo del recurso interpuesto. Así se declara.

   IV

   DECISIÓN

   En razón de lo expuesto, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la ciudadana Y.L.N., venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, titular de la Cédula de Identidad No. 10.535,882, e inscrita en el Inpreabogado con el No. 60.448, actuando como apoderada judicial de la sociedad mercantil Taurel & Cia. Sucrs, C.A, sociedad mercantil inscrita en el Juzgado de primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal el día 19 de enero de 1949, bajo el No. 99, Tomo 5-D, cuyo documento Constitutivo Estatutario ha sido varias veces modificado, constando su últimas reformas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 21 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro mercantil Segundo de ala circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 19 de diciembre de 1966, bajo el No. 13, Tomo 693-A-Sgdo y Acta de Asamblea de General Extraordinaria de Accionistas realizada el 15 de abril de 20054, inscrita en el citado Registro mercantil el 27 de mayo de 2004, bajo el No. 22, Tomo 80 A-Sgdo, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-000359148; en contra de los actos administrativo identificados como Decisión Administrativa SNAT/INA/GAPG/MAR/AJJ/2010/ No.01321 de fecha 19 de marzo de 2010, notificada en fecha 22 de marzo de 2010; y Planilla de Pago, Forma 99081, número 1094521306, de fecha 19 de marzo de 2010, notificada el día 22 de marzo de 2010, ambos actos emanados de la Gerencia de Aduana Principal de Maracaibo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con los cual se impone y liquida a la sociedad mercantil Taurel & Cía, Sucrs C.A, la sanción de multa prevista en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas, por no haber efectuado la reexpedición de sesenta y dos (62) contenedores vacíos dentro del plazo establecido en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas de 1.991, por la cantidad de Ochocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta Bolívares Fuertes (Bs. F. 866.880,00)

   Consecuencia, se declara:

Primero

Inválidos y sin efectos los actos administrativo identificados como Decisión Administrativa SNAT/INA/GAPG/MAR/AJJ/2010/ No.01321 de fecha 19 de marzo de 2010, notificada en fecha 22 de marzo de 2010; y Planilla de Pago, Forma 99081, número 1094521306, de fecha 19 de marzo de 2010, notificada el día 22 de marzo de 2010, ambos actos emanados de la Gerencia de Aduana Principal de Maracaibo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

Segundo

Se ordena al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria – SENIAT, por órgano de la Gerencia de Aduana Principal de Maracaibo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), liquidar con cargo a la sociedad mercantil Taurel & Cía, Sucrs, C.A, con el carácter identificado en esta sentencia, la multa establecida en el artículo 121 literal f) de la Ley Orgánica de Aduanas vigente, en su término medio normalmente aplicable, es decir, en la cantidad de quinientas cincuenta unidades tributarias (550 U.T.),

Contra esta sentencia procede interponer Recurso de Apelación.

Publíquese, regístrese y notifíquese.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintinueve (29) días del año dos mil diez (2010).- Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

El Juez Titular,

R.C.J.L.S.,

H.E.R.E..

La anterior decisión se publicó en su fecha, a las diez de la mañana (10:00 am).

La Secretaria,

H.E.R.E..

Asunto. AP41-U-2010-000226.

RCJ.