Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 24 de Marzo de 2010

CAUSA 1JM-814-04.-

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

o JUEZ PRESIDENTE: ABG. J.H.O.

o FISCAL NOVENO DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. J.L.G.T.

o ACUSADO: T.V.C.A., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural Estado Táchira, nacido en fecha 13-02-1969, de 41 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.240.072, de profesión u oficio Obrero, de estado civil casado, residenciado en la Urbanización Borriqueros, calle 4, casa N° 39, la Grita, Estado Táchira

o DELITO: APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 472, del Código Penal, vigente para la fecha de comisión del hecho punible.

o DEFENSOR PRIVADO ABG. M.M. Y ABG. G.C.

o SECRETARIA DE SALA: ABG. ANYELITH L.M.Z.

RELACIÓN DE LOS HECHOS

Los tres acusados nombrados primeramente trabajan en Helados la Grita, ubicada en la carrera 9 de la Grita y aprovechando su condición de confianza, por se empleados se dedicaban a sacar mercancía propia para la elaboración de helados y se los vendían al acusado C.T.V., para cometer el hecho lo hacían de noche o madrugada. La acción no ocurrió una sola vez sino que lo venían haciendo desde tiempo atrás, causando el daño económico que reflejan los estados financieros de la victima.

DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO

A los Diez (10) días del mes de Marzo del año dos mil diez (2010), siendo las Ocho y Treinta horas de la Mañana, día fijado para la del Juicio Oral y Público, en la causa Penal Nº 1JM-814-04, incoada por la Fiscalía Novena del Ministerio Público, en contra del acusado T.V.C.A., por el delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 472, del Código Penal, vigente para la fecha de comisión del hecho punible.

El Ciudadano Juez hizo acto de presencia en la sala, y ordenó a la Secretaria se sirva en verificar la presencia de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal, informando la misma que se encuentran presentes en la sala: el Fiscal Noveno del Ministerio Público Abogado J.L.G.T., el acusado T.V.C.A., previa citación, y los Defensores Privados Abogados M.M. Y GEOVVANY CORZO.

Acto seguido, el ciudadano Juez declaró abierto el Juicio Oral y Pública, de conformidad con lo establecido en el articulo 344 del Código Orgánico Procesal Penal, e informó al acusado sobre la importancia y trascendencia del mismo, el hecho atribuido y que debe estar atento a todo lo sucedido en el presente acto, informándole igualmente que puede comunicarse con su respectivo defensor salvo cuando estén declarando ó siendo interrogados. A las partes las instó a litigar de buena fe y al público presente la compostura que deben guardar durante el desarrollo del Juicio.

Seguidamente, el Juez le concedió el derecho de palabra al ciudadano Representante Fiscal Abogado J.L.G.T., quien expuso sus alegatos de apertura realizando un relato de los hechos acaecidos en fechas 10-06-2002; los cuales encuadran dentro del tipo penal de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 472, del Código Penal, vigente para la fecha de comisión del hecho punible; circunstancia esta que será demostrada a través del discurrir del Juicio Oral y Público, con la evacuación de los distintos órganos de pruebas que fueron debidamente promovidos y admitidos en su oportunidad legal correspondiente al momento de celebrarse la Audiencia Preliminar, solicitando en su efecto que se dicte la correspondiente sentencia condenatoria y que sean aplicadas las penas accesorias de ley respectivas.

De inmediato y una vez finalizados los alegatos del Representante del Ministerio Público, le fue concedido el derecho de palabra a la Defensa a los fines de que expusiera sus alegatos de apertura, quien entre otras cosas manifestó:”Oída la acusación de la representante del Ministerio Público en contra de mi defendido, esta defensa debe indicar como punto previo que solicito la prescripción de la acción penal, en virtud de que los hechos ocurrieron el 10-06-2002, y hasta la fecha de hoy han transcurrido mas de 8 años, sin que el Juicio se hubiese realizado, para lo cual destaco el artículo 108 en concordancia con el artículo 110 ambos del Código Penal, que determinan las prescripciones penales tanto ordinario como extraordinaria. En el supuesto caso de que este honorable Tribunal no considerara prescrita la acción penal esta defensa sostiene la inocencia de mi representado quien no tiene relación alguna con los hechos señalados por la vindicta pública resaltando que mi defendido es un ciudadano trabajador funcionario público quien no registra antecedentes penales alguno y no se acogió a ninguna formula alternativa a la prosecución del proceso por ser inocente y para demostrar efectivamente su no culpabilidad, por último invoco la justicia que es la finalidad del proceso y solicito una sentencia absolutoria, es todo”.

De seguidas el ciudadano Juez una vez oída la solicitud hecha por la defensa le informa que de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Constitucional se debe aperturar el debate contradictorio a fin de determinar si el hecho ocurrió o no y la consecuente responsabilidad penal o no del acusado de autos, en consecuencia su petición será resuelta como punto previo de la sentencia definitiva. Y así se Decide.

De seguidas el ciudadano procede a imponer al acusado T.V.C.A., del contenido del precepto contenido en el artículo 49 numeral 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así mismos los impuso del artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la garantía de no estar obligados a confesarse culpable o declarar contra sí mismo, su cónyuge, concubina o concubino, o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad, y que en caso de hacerlo no estar sometido a juramento, presión, apremio o coacción de naturaleza alguna, e igualmente que su declaración es un medio para sus defensa y por tanto tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre él recaiga, manifestando el acusado su deseo de no declarar y de acogerse al precepto constitucional.

De seguidas el ciudadano Juez declara abierta la fase de recepción de pruebas, de conformidad con el artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal, y visto que no comparecieron órganos de prueba procede a incorporar por su lectura:

1. - Acta de Inspección Policial suscrita por el Funcionario J.G..

3. - Planilla de Remisión N° 280.

4. - Actas de Inspección Nros 731 y 732.

5. - Avalúo Comercial N° 9700-078-490.

6. - Estado de Ganancias y Pérdidas 01-01-2002 al 31-05-2002.

   De seguidas la representante del Ministerio Público, manifestó que visto que la causa se encuentra prescrita acuerda prescindir del resto de órganos de prueba GEOFONTES VELASCO, J.C., VARELA PEREZ, J.G., Z.Z., G.C., V.R., A.Q., K.M., A.M., J.M., ARLETTES DE TELLO, Y C.G..

   De seguidas la defensa manifestó que no tenía objeción alguna a la solicitud hecha por la vindicta pública.

   De seguidas el ciudadano Juez una vez oído lo expuesto por las partes da por concluida la fase de recepción de pruebas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 360 del Código Orgánico Procesal Penal,

   DE LAS CONCLUSIONES

   Se da inicio a la fase de discusión final y cierre del debate, concediéndosele el derecho de palabra al Ministerio Público para que expusiera sus conclusiones, señalando entre otras cosas, que dejo a criterio del Tribunal de la decisión que ha bien tenga a tomar una vez que se han ventilado todas la pruebas documentales .

   De seguidas se le cede el derecho de palabra a la defensa fin de que exponga sus conclusiones, quien entre otras cosas manifestó:”Tal como se hizo los alegatos de apertura mi defendido es inocente de los hechos que imputara el Ministerio Público, por cuanto la vindicta pública no demostró la responsabilidad penal de mi representado, razones por las cuales solicito una sentencia absolutoria, y que se decida como punto previo la prescripción de la acción penal, es todo”.

   Se deja constancia que el Ministerio Público no ejerció el derecho a réplica y por ende la defensa no ejerció la contrarréplica.

   De seguidas el ciudadano Juez procede a preguntar al acusado si tiene algo más que agregar manifestando él mismo que no.

   Concluido el debate la Juez procedió a suspender la presente audiencia por un lapso de diez (10) minutos a los fines de deliberar con los Jueces y reanudada la audiencia, se constituyó nuevamente el Tribunal y la Juez, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 365 primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal

   VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

   El Tribunal pasa a valorar las pruebas promovidas y evacuadas conforme a lo previsto en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala:

   Apreciación de las pruebas. Las pruebas se apreciarán por el Tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia

   Entendiéndose por:

   MAXIMAS DE EXPERIENCIA: Definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos.

   LÓGICA: Stuart Mill, define la lógica como "La ciencia de las operaciones intelectuales que sirven para la estimación de la prueba". Esto quiere decir que es el procedimiento general, que va de lo conocedor a lo desconocedor, y de las operaciones auxiliares de esta operación fundamental. Como se ve, es una lógica real que tiene por objeto el hecho y no las ideas o las leyes a priori.

   CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS: Existe un tipo de actividad humana, cuyo propósito fundamental es precisamente la adquisición y perfeccionamiento constante de los conocimientos de la humanidad, es la actividad científica. Los conocimientos adquiridos por esta vía se denominan científicos, los mismos se diferencian esencialmente de los cotidianos en que generalmente se refieren a las características esenciales de los objetos del conocimiento, tienen alto grado de sistematización y generalización, son abstractos y para considerarlos ciertos se exige su verificación práctica.

   El conocimiento científico es resultado de la aplicación consecuente de un método especial que muchos denominan método científico el cual posee, como elementos esenciales, la observación intencionada y minuciosa (de fenómenos, objetos, procesos, etc.), la formulación de problemas e hipótesis, la creación de modelos y su estudio, la experimentación y la revisión, análisis y síntesis minuciosas de la información existente sobre el objeto que se investiga, todo lo cual tiene como fin explicar (revelar las causas, la esencia) de la realidad que se investiga.

   Con base en lo anterior, pasa a analizar y valorar los medios de prueba de la siguiente manera:

1. - Acta de Inspección Policial suscrita por el Funcionario J.G., adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, deja constancia de la siguiente diligencia policial, “ dando inicio a la presente averiguación relacionada con la investigación N° G-119-738, aperturaza por la presunta comisión de uno de los delitos contra la propiedad, me traslade en compañía del funcionario GENOFONTES VELAZCO, en la unidad P-581, hacia la carrera 9, entre calles 3 y 4, local comercial registrado bajo el nombre de Cordillera Andinas, Helados La Grita, nomenclatura 3-69, de la Población de La Grita, Estado Táchira con la finalidad de practicar todas las diligencias pertinentes al total esclarecimiento del hecho, donde una vez apersonados allí nos entrevistamos con la ciudadana RAMIREZ DE CONTRERAS VIVIANA ELIZABETH… la cual nos manifestó verbalmente lo siguiente: “ con relación al presente caso lo que quiero decir es que el día martes de la semana pasada, me dirigía en compañía de mi amiga A.Q., hacia la ciudad de Cúcuta Colombia, a fin de realizar algunas diligencias personales, entonces como a eso de las 5:00 de la madrugada cuando saldo de mi casa con mi amiga, tenia que ir a buscar la cantidad de 100.000 bolívares en nuestro negocio ya que mi esposo G.C., me iba a prestar, entonces cuando llegamos en nuestro vehiculo clase camioneta, a la esquina de la carrera 9, observe que se encontraban saliendo del local comercial antes mencionado, el señor EDGAR, apodado el Bagre, en compañía de otro obrero, pero no lo detalle quien era hacia la casa del señor C.A.T., y llevaban una bolsa tobita de color negro ocultando algo, pero de inmediato apago las luces del carro y no retiramos hacia la casa y le comente lo sucedido a mi esposo G.C., es todo lo que se”.

   Prueba documental valorada por el tribunal, debidamente recepcionada por su lectura en el debate oral y público, las partes no realizaron observaciones ni objeciones a la misma.

3. - Planilla de Remisión N° 280, en el cual se observa DESCRIPCION DE LAS EVIDENCIAS “Dos bultos de azúcar refinado, marca Cazta, dos bultos de leche en polvo marca Torondoy, dos envases de vidrio contentivo en su interior de liquido de color rojo denominado esencias de piña, una caja de paletas, un bulto de extracto de fresa.”

   Prueba documental valorada por el tribunal, debidamente recepcionada por su lectura en el debate oral y público, las partes no realizaron observaciones ni objeciones a la misma.

4. - ACTAS DE INSPECCIÓN NROS 731, de fecha diez de junio del año 2002, se constituyo una comisión del cuerpo Técnico de Policía Judicial, integrada por los funcionarios INSPECTOR GENOFONTES VELAZCO MUJICA Y AGENTE J.P.G., se acordó efectuar inspección de conformidad con lo establecido en el articulo 202 del Código Orgánico Procesal Penal y en la cual dejaron constancia de la siguiente diligencia Policial “ el lugar a inspeccionar resulta ser una vivienda tipo familiar, la cual presenta como fachada, paredes de bleque, completamente revestida y pintada de color blanco, el inmueble esta construido, por paredes de bleque, completamente frisadas, y pintadas de color blanco, techo de platabanda y piso de granito y cemento, la misma esta conformada, por tres habitaciones, una sala de recibo y pasillo, una cocina y comedor, patio techado de acerolic trasparente, un baño el lugar especifico a inspeccionar resulta ser en el área de la sala, donde se aprecia un juego de recibo de color marrón y comedor, a nivel de la entrada de la primera habitación en el suelo se localizo un bulto cubierto de bolsas de material sintético de color negro, y en su interior contentivo de un Nylon de color blanco, contentivo de azúcar refinada de color blanco con un peso de 50 Kilogramos y en la tercera habitación entrando a mano izquierda se visualiza una cama de tipo individual de madera y debajo de la misma se localizo una bolsa de material sintético de olor negro, contentivo en su interior de un bulto de leche marca Torondoy con un peso de 25 Kilogramos, no se localizo mas ninguna evidencia de interés criminalístico que guarde relación con el presente caso…”

   ACTAS DE INSPECCIÓN NROS 732, de fecha diez de junio del año 2002, se constituyo una comisión del cuerpo Técnico de Policía Judicial, integrada por los funcionarios INSPECTOR GENOFONTES VELAZCO MUJICA Y AGENTE J.P.G., se acordó efectuar inspección de conformidad con lo establecido en el articulo 202 del Código Orgánico Procesal Penal y en la cual dejaron constancia de la siguiente diligencia Policial “El lugar a inspeccionar resulta ser una vivienda de tipo familiar y comercial, la cual consta de dos niveles y presenta como fachadas paredes de bloque completamente revestidas y pintadas de color salmón y azul, en la planta baja presenta dos entradas, una de ellas de metal de doble batiente, pintada de color bronce, la cual conduce al área de las oficinas administrativas y viviendas, el lugar especifico a inspeccionar resulta ser la primera planta esta conformada por un cuarto de congelación, pasillo, un área de sellado y empaque dos depósitos, un área de producción, un laboratorio y un cuarto de desahogo, el sitio exacto a inspeccionar resulta ser en el área del primer deposito ubicado a mano derecha donde se aprecian estantes y varis cajas de diferentes tamaños y mercancía variada, utilizada como materia prima, para la elaboración de los helados, la cual se encuentra en completo orden, para el momento de la inspección, no se observan evidencias de interés criminalístico…”

   Pruebas documentales valoradas por el tribunal, debidamente recepcionadas por su lectura en el debate oral y público, las partes no realizaron observaciones ni objeciones a la misma.

5. - AVALÚO COMERCIAL N° 9700-078-490, de fecha 12 de junio del 2002, suscrito por el detective VARELA P.J.C., experto en el servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, mediante la cual expone: “ EXPOSICIÓN: el examen en referencia resulto ser: 01.- dos (02) bultos de azúcar refinada marca cazta, cada una valorada por la cantidad de veinticuatro mil ochocientos , siendo un total justipreciado de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (49.600,00), 02.- dos (02) bultos de leche en polvo, marca Torondoy valorados cada uno por la cantidad de sesenta y tres bolívares, siendo un total de ciento veintiséis mil bolívares (126.000,00), 03.- dos (02) envases de vidrio contentivos en su interior de un liquido de color rojo y amarillo respectivamente, denominados sustancias de cola piña, valorado cada un por la cantidad de siete mil olivares, siendo un total de catorce mil bolívares (14.000,00), 04.- una (01) caja de paletas de madera, marca fiesta valorada por la cantidad de treinta y tres mil bolívares (33.000,00), 05.- un (01) bulto de extracto de fresa valorado por la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (20.000,00). CONCLUSION: para los efectos del presente avalúo comercial, se tomo muy en cuenta el material, marca, estado de uso, conservación y valor actual en el mercado cuyo monto total ascendió la cantidad de doscientos cuarenta y dos mil seiscientos con cero céntimos (242.000,000)…”

   Prueba documental valorada por el tribunal, debidamente recepcionada por su lectura en el debate oral y público, las partes no realizaron observaciones ni objeciones a la misma.

6. - Estado de Ganancias y Pérdidas 01-01-2002 al 31-05-2002.

   Prueba documental valorada por el tribunal, debidamente recepcionada por su lectura en el debate oral y público, las partes no realizaron observaciones ni objeciones a la misma.

   FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

   Determinación del Hecho Punible y de la responsabilidad penal

   Establecidos tanto los hechos como las pruebas, estas últimas deben ser valoradas conforme a la sana crítica, observando las reglas de la lógica, las máximas experiencias y los conocimientos científicos, expresamente ordenado por el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. El Tribunal estima que el “thema decidendum”, lo constituye el hecho objeto del presente proceso, consistente en determinar con los medios de prueba ofrecidos y debidamente admitidos por el Tribunal y evacuados en el curso del juicio oral y público, la existencia o no del hecho punible: APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 472, del Código Penal, vigente para la fecha de comisión del hecho punible, y la consecuente responsabilidad del acusado T.V.C.A., en la comisión del delito referido, enmarcado en la solicitud de acusación fiscal, ello conforme a las reglas adjetivas penales del procedimiento ordinario. Así mismo, el tribunal considera que no está probado que el acusado haya cometido el hecho imputado, por lo que confrontado el material probatorio incorporado al proceso oral y público, celebrado con plenitud de las garantías constitucionales y legales de orden procesal; se concluyo mediante un juicio de valor estrictamente jurídico, que los hechos denunciados no se enmarcan dentro del supuesto previsto en el tipo penal alegado y que los mismos no son propios de la conducta desplegada por el acusado de marras, puesto que los testigos promovidos por la parte acusadora no concurrieron al juicio oral y público , para que en el debate probatorio, sus dichos fuesen sometidos al contradictorio; incluyendo ademas el poco interes presentado por la presenta victima, la cual igualmente no se presento en juicio para respaldar el reclamo de sus derechos.

   De allí que para este juzgador, con la prueba practicada en el juicio oral ha quedado demostrado que existe el resultado de que: T.V.C.A., en ningún momento incurrió en la comisión de los hechos, por los cuales el Ministerio Público lo acusa de la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 472, del Código Penal, vigente para la fecha de comisión del hecho punible

   Ahora bien es necesario realizar las siguientes consideraciones, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas;... (OMISIS)”, y con el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal que establece lo siguiente: “Nadie podrá ser condenado sin juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas ante un Juez o Tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de éste Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”.

   A su vez el artículo 8 del mismo cuerpo adjetivo penal, establece lo siguiente: “Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”

   En este orden de ideas, los dispositivos constitucionales y legales antes transcritos, consagran un Principio que se ha denominado por la doctrina como la Garantía del Debido Proceso, cuyo respeto permite la realización de la Justicia, valor superior consagrado tanto en la Constitución de la República como en el Código Orgánico Procesal Penal.

   En términos amplios el Debido Proceso es aquel razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de formas consistentes con las otras finalidades del Ordenamiento Jurídico; en cuanto a determinar si se ha dado una violación legal y en que circunstancias. En otros términos no es otra cosa que el derecho de toda persona a un p.j. y equitativo; garantía de rectitud y corrección de cualquier procedimiento judicial en el que se trate de determinar la eventual responsabilidad penal de una persona y, como tal se trata de un derecho completamente estructurado, conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus componentes o integrantes, dentro de los cuales entra la Presunción de Inocencia, uno de los pilares fundamentales del nuevo procedimiento penal venezolano, según el cual, toda persona a quien se le impute un hecho punible se presume inocente hasta tanto se pruebe lo contrario y en consecuencia se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

   Este principio de la Presunción de Inocencia, constituye una presunción iuris tantum; es decir, que admite prueba en contrario, prueba en contrario ésta que le corresponde o cuya carga recae en cabeza del Estado como titular de la potestad punitiva o ius punendi y más específicamente en el órgano del Ministerio Público que en nuestro sistema probatorio es quien represa o acapara en sí, por lo menos respecto de los delitos de acción pública, el ejercicio de la acción penal; en consecuencia es a éste órgano a quien le corresponde mediante la actividad probatoria enervar esta presunción y demostrar más allá de toda “duda razonable” la culpabilidad del Acusado; por lo tanto mientras el Estado, a través del Ministerio Público, no haya demostrado de manera contundente y con certeza la autoría y responsabilidad de una persona, respecto al determinado hecho delictuoso que se le impute, no puede proferirse en su contra sentencia condenatoria alguna, sin que ella misma entre a demostrar su inocencia; ya que esta se presume.

   Si a una persona no se le ha probado suficientemente la autoría de un determinado hecho ilícito del cual sea acusado o si no se ha logrado desvirtuar una duda razonable que haga suponer que esa persona no es responsable del delito del cual se le atribuye la autoría, debe entonces asumirse que esta persona es inocente acogiendo una m.d.D.P. llamada “Indubio Pro Reo”, que significa: “La duda favorece al Reo”, esto es que, si no se puede probar la culpabilidad de una persona en una causa, se considerará inocente de toda culpa.

   En definitiva y, quedando un amplio margen de duda razonable, desprendida de las declaraciones y hechos probados en autos y, en atención a la m.I.P.R., según la cual ante la duda se favorece al acusado de un determinado delito, este Tribunal procede a ABSOLVER al ciudadano acusado T.V.C.A., en ningún momento incurrió en la comisión de los hechos, por los cuales el Ministerio Público lo acusa de la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 472, del Código Penal, vigente para la fecha de comisión del hecho punible; por cuanto no puede este Tribunal adquirir certeza, de la participación del acusado en los hechos, observándose en consecuencia que no ha quedado acreditado el hecho imputado, debiendo en consecuencia declararlo inocente; y en consecuencia absuelto. Y así se decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

   Por tanto, de las pruebas anteriores necesario es concluir que no existen razones suficientes para acreditarle la responsabilidad penal al imputado por la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 472, del Código Penal. ASÍ SE DECIDE.-

   DEL SOBRESEIMIENTO

   Corresponde a la Juez determinar sí efectivamente ese obstáculo legal alegado por la Defensa existe, por lo que debe considerarse:

1. - El hecho objeto de investigación y según consta de las actuaciones procesales se perpetró el día diez (10) de junio de 2002); esto es, que para la fecha del dispositivo de la sentencia, han transcurrido ocho años.

2. - Que la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 472, del Código Penal establece una pena de TRES (03) A CINCO (05) AÑOS DE PRISION.

3. - El numeral 4 del artículo 108 del Código Penal Venezolano, al establecer los lapsos de prescripción, dispone que la acción penal prescribe por CINCO (05) AÑOS, sí el delito mereciere pena de prisión por tiempo de mas de TRES (03) AÑOS; en el caso de marras, la pena media por el delito consumado es de CUATRO AÑOS DE PRISION, por lo que el lapso para la prescripción ordinaria es de CINCO (05) AÑOS, contados desde la fecha de su comisión.

4. - Por su parte, el artículo 110 eiusdem en su primer aparte in fine, dispone: Pero sí el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se declarara prescrita la acción penal. Por tanto, la prescripción judicial en el presente caso es de un máximo de SIETE (07) AÑOS Y SEIS 06) MESES DE PRISION, que equivale al lapso de la prescripción ordinaria más la mitad de la pena en el delito de de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 472, del Código Penal, por ende, necesariamente debe este Tribunal reconocer que operó la prescripción de la acción penal, por cuanto el delito se cometió en fecha diez de junio de 2002 momento desde el cual debe empezar a contarse la prescripción judicial, habiendo transcurrido SIETE (07) AÑOS DIEZ MESES (10), lo que trae como consecuencia, se decrete el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 108 y 110 eiusdem. ASÍ SE DECIDE.-

   DISPOSITIVA

   En consecuencia de lo anterior, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO NÚMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: