Decisión nº 045-12 de Tribunal Primero en Funciones de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Enero de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunales en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

Maracaibo, 9 de Enero de 2012

201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : VP02-S-2012-000261

ASUNTO : VP02-S-2012-000261

DECISION N° 045-12

LA JUEZA PROFESIONAL: N.B.M..

EL SECRETARIO: JULIO ARRIAS

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA TERCERA ABG. FLORHYMAR BECERRA

VICTIMA: E.C.L.

DEFENSA PUBLICA ABOG. F.S.

IMPUTADO: C.J.V.H., de nacionalidad Venezolano, fecha de nacimiento 11/12/1968, de estado civil SOLTERO de profesión u oficio LATONERO AUTOMOTRIZ, quien manifestó ser portador de la cédula de identidad V.- 12.216.029, hijo de A.H. Y CARMELO VALESTRINI (DIF), con domicilio en: HATICOS POR ARRIBA INVASION NUEVA FUNDACION CALLE 125 CASA SIN NUMERO, TELEFONO: NO POSEE

DELITOS: VIOLENCIA FISICA Y AMENAZA, previstos y sancionados en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V..

Celebrada como ha sido la audiencia de aprehensión en flagrancia, de conformidad con el artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., corresponde a este Tribunal fundamentar lo decidido en audiencia, con motivo de las actuaciones presentadas por la Fiscalía 41° del Ministerio Público, en contra del ciudadano : C.J.V.H. por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA Y AMENAZA, previstos y sancionados en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana E.C.L. .

En audiencia la fiscal 3° representante del Ministerio Público solicita a este Tribunal: 1) Sea decretado el procedimiento de Aprehensión en Flagrancia respecto de conformidad con lo establecido en el articulo 93 de la Ley Especial de Genero 2) Se solicita sea impuesta la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 256, ordinales: 3° y 4° del COPP 3) Se decreten las Medidas de Protección y Seguridad establecidos en el artículo 87, ordinales: 5°, 6° y 13° de la Ley Especial y solicito 4) Se continúe la presente causa por el procedimiento especial establecido en el artículo 94 ejusdem, es todo”.

ENUNCIACION DE LOS HECHOS QUE SE ATRIBUYEN

La fiscalía 3° del Ministerio Público atribuye al ciudadano C.J.V.H. , los hechos expuestos por la víctima, a través de denuncia, de fecha 08-01-2012, la cual riela al folio tres (03) del asunto y que consta en acta policial de esa misma fecha, tomada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía del Estado Zulia, por su presunta participación activa en los delitos de VIOLENCIA FISICA Y AMENAZA, previstos y sancionados en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana E.C.L. , todo lo cual refiere que: “El día de hoy 08/01/12 me encontraba frete a la casa de una vecina cuando llego Carmelo en una moto y me había ofendiéndome diciéndome maldita yo le fui a reclamar por las ofensas y se me fue encima y me tomo por el cuello y me decía que me iva a matar y me amenazaba con su puño yo como pude me le solté y me decía que me iva a matar luego se marcho y me gritaba desde su casa mi nombre y que me IVA a matar, luego me traslade con una vecina hasta el hospital por que me dolió el cuello y luego me traslade hasta la comandancia.”

DECLARACIÓN DEL PRESUNTO AGRESOR Y SU DEFENSA

El Tribunal luego de haber oído la exposición del Fiscal 2° en cu carácter de representante del Ministerio Público, procede de conformidad con el artículo 131 a realizar advertencia preliminar al presunto agresor y éste encontrándose provisto de todas las garantías procesales y del precepto constitucional que lo exime de declarar en su contra, de conformidad con el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente asistido por la DEFENSA PUBLICA, quien se identifico de la siguiente manera: C.J.V.H., de nacionalidad Venezolano, fecha de nacimiento 11/12/1968, de estado civil SOLTERO de profesión u oficio LATONERO AUTOMOTRIZ, quien manifestó ser portador de la cédula de identidad V.- 12.216.029, hijo de A.H. Y CARMELO VALESTRINI (DIF), con domicilio en: HATICOS POR ARRIBA INVASION NUEVA FUNDACION CALLE 125 CASA SIN NUMERO, TELEFONO: NO POSEE y libre de toda coacción y apremio siendo las 03:10 PM, expone: “ No deseo declarar, es todo”

La defensa PUBLICA: ABG. F.S., quien expuso: “En esta fase inicial del proceso y analizadas las actas que conforman la presente causa, esta defensa invoca a favor de mi defendido los principios de presunción de inocencia, afirmación de la libertad y estado de libertad, establecidos en los artículos 8, 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a las medidas solicitadas por el Ministerio público solicito se aparte de la del ordinal 4 , ya que considero que las presentaciones periódicas son suficientes, solicito que a todo evento en caso de que se decreten las presentaciones periódicas solicito que sean lo mas extensas posibles, solicito el cese de la detención judicial y copia del presente acto, es todo”.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR:

PRECALIFICACIÓN JURÍDICA: La fiscalía 3° del Ministerio Público, precalifica los hechos narrados como los delitos de VIOLENCIA FISICA Y AMENAZA, previstos y sancionados en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana E.C.L., precalificación ésta que quien decide comparte.

En este sentido, cabe mencionar que el artículo 14 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. define la violencia contra las mujeres como “…todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.

Por su parte Baiz define la violencia física como consistente en “…el uso y abuso de la fuerza física y de la amenaza severa y real como medio para obligar a la mujer a comportarse de alguna manera; su límite es la muerte”.

Como se observa, tanto la doctrina como la elaboración legislativa y la política criminal en general, han activado la búsqueda de nuevos conceptos y estructuras dogmáticas, en la actual dimensión que hoy enfrenta el derecho penal, con el afán de exteriorizarlo y habilitarlo para el cumplimiento de sus funciones sociales.

Dentro de este punto de vista se sitúa el caso de la violencia ejercida en contra de las mujeres, donde el desencadenamiento fáctico originado por el peligro abarca, entre otros, fenómenos o sucesos de índole social en los que intervienen como protagonistas los varones colectivamente considerados, amparados por un poder históricamente reconocido como opresor y marginador de las mujeres. Y ello es así, lógicamente, porque los bienes protegidos por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., son intereses de entidad social, a los que la misma sociedad atribuye un valor. Es decir, se replantea la teoría del bien jurídico desde una dimensión sociológica del derecho, por ende, desde un enfoque externo, incluso, al sistema jurídico.

Por tanto, si se quiere poder vivir en sociedad es preciso que las expectativas de cada individuo sobre las actuaciones sobre las actuaciones de los otros o las otras estén aseguradas. Y dado que estas expectativas sociales no pueden ser aseguradas cognitivamente, vale decir, racionalmente, lo serán normativamente. Las expectativas normativas aseguran, entonces, en quien confía en ellas, que actúa correctamente y que el defecto está en la persona que las ha defraudado.

Es este el papel que juega la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., demandando del o la intérprete de la norma, una visión clara, objetiva y amplia del fenómeno de la violencia y el reconocimiento de las características particulares, tanto de las figuras delictivas, como del procedimiento especialísimo dado e incluso de la actuación de los actores y las actrices que participan en la elaboración investigativa, desde el primer acto del proceso, todo lo cual intenta desmembrar los diferentes ciclos que evolucionan en el tiempo, tanto en recurrencia como en intensidad. Por tal motivo, el juzgador o la juzgadora no puede detenerse en omisiones para ajustar la precalificación jurídica aportada por el Ministerio Público en una audiencia de aprehensión por flagrancia, sino que debe recurrir a la amplitud de apreciación que le otorgó tanto el legislador o la legisladora sustantiva como la adjetiva, incluyendo la sana crítica, la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. En efecto, ante la carencia de cualquier elemento probatorio, el carácter protector de la Ley especial, le otorga primacía al dicho de la víctima, in visibilizada en el pasado con procesos ortodoxos diseñados para exculpar al varón opresor; dicho que puede ser expresado haciendo presencia en la audiencia o a través de la denuncia reproducida para su lectura, lo que generará elementos suficientes para el juzgador o la juzgadora a la hora de acoger o apartarse de una precalificación jurídica realizada por el Ministerio Público. Sobre el particular, la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. pretende dar cumpliendo al mandato Constitucional que impone al estado, garantizar el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de las mujeres sin ningún tipo de limitaciones. Es por ello que estamos las Juezas y Jueces Especializado en materia de Violencia Contra la Mujer, obligados en brindar la protección frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la tranquilidad física y psicológica de la Mujer. En el presente caso esta Juzgadora debe aplicar la proporcionalidad. En tal sentido, no puede verse desde la óptica del agresor; sino que debe verse desde la óptica de la mujer victima, que invoca su derecho a la v.l.d.V. con fundamento en el articulos 55 y 22 ambos Constitucionales, debiendo esta Juzgadora ponderar los aludidos bienes Jurídicos y aquilatar la efectividad de la Medida positiva de protección. Los Jueces y Juezas especializadas estamos en la obligación de instruir los Procesos Penales de forma tal que propenden al esclarecimiento de los hechos en la comisión del hecho punible, así como la responsabilidad penal de las personas señaladas como actores o participes, en fiel acatamiento a la Sentencia No. 09-0891 de fecha 08 de Diciembre de 2010, de la Sala Constitucional bajo la ponencia de la Dra. C.Z.D.M..

En el presente caso, los hechos denunciados por la víctima, ya identificada, los cuales se encuentran inmersos en las actuaciones policiales y denuncia, lo cual permite encuadrarlos en los tipos penales de: VIOLENCIA FISICA Y AMENAZA, previsto y sancionado en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., Un aspecto importante y novedoso a destacar en materia procesal que prevé la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., es el de la flagrancia el cual rompe con el paradigma tradicional que contempla el articulo 248 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, reconociendo que la violencia mal llamada doméstica en lugar de intrafamiliar asume formas y modalidades ocultas, con características propias referidas a la relación de poder y dependencia autor–víctima; habitualidad–reincidencia; lugar de comisión en la intimidad del hogar, la percepción de la comunidad como problemas familiares o de pareja y no de interés público lo que podría excluir la participación de cualquier ciudadano o ciudadana para efectuar o denunciar la posible comisión de un hecho punible a través del procedimiento por flagrancia, contenido en el articulo 93 de la referida y tantas veces nombrada Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una v.L.d.V.. El artículo 19 de la norma penal establece que los Jueces y las Juezas de la República les corresponderá velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo atender siempre a la norma constitucional por encima de cualquier otra ley, así se tiene que el artículo 44, numeral 1 de la norma fundamental venezolana, dispone que la libertad personal es inviolable. A los fines de legalizar la detención del imputado de autos se califica como flagrante su aprehensión, en relación a los delitos de VIOLENCIA FISICA Y AMENAZA, previstos y sancionados en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., una vez analizados los elementos de convicción traídos por la representante del Ministerio Público, como lo son: ACTA POLICIAL DE FECHA 08-01-12, SUSCRITA POR LOS FUNCIONARIOS: J.M., B.G. Y HELIGIO JIMERNEZ ADSCRITOS AL CUERPO DE POLICIA DEL ESTADO ZULIA, ACTA DE NOTIFICACION DE DERECHOS DE FECHA 08-01-12, DOS ACTAS DE INSPECCION TECNICA, OFICIO DE REMISION A LA MEDICATURA FORENSE DE FECHA 08-01-12, INFORME MEDICO PROVISIONAL DE FECHA 08-01-12 EMITIDO POR EL HOSPITAL DR. PEDRO ITURBE, ACTA DE ENTREVISTA DE LA DOLESCENTE K.D. y ACTA DE DENUNCIA COMUN DE LA VICTIMA E.C.L. quien expuso:“ El día de hoy 08/01/12 me encontraba frete a la casa de una vecina cuando llego Carmelo en una moto y me había ofendiéndome diciéndome maldita yo le fui a reclamar por las ofensas y se me fue encima y me tomo por el cuello y me decía que me iva a matar y me amenazaba con su puño yo como pude me le solté y me decía que me iva a matar luego se marcho y me gritaba desde su casa mi nombre y que me IVA a matar, luego me traslade con una vecina hasta el hospital por que me dolió el cuello y luego me traslade hasta la comandancia”.- las cuales se dan por reproducidas, y se adminiculan entre si, lo que trae como consecuencia la precalificación de los delitos de: VIOLENCIA FISICA Y AMENAZA, previstos y sancionados en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana E.C.L.. En cuanto a la aprehensión en flagrancia del presunto agresor C.J.V.H., observa esta Juzgadora que el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., establece los supuestos de la aprehensión en flagrancia, los cuales están dados en el presente caso en relación a los delitos de VIOLENCIA FISICA Y AMENAZA, previstos y sancionados en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana E.C.L., por cuanto por delito flagrante se conoce en el concepto usual, el que se está cometiendo de la manera singularmente ostentosa o escandalosa que hace necesaria la urgente intervención de alguien que termine con esa situación anómala y grave, a fin de hacer cesar el delito, en virtud que se está produciendo un daño que debe impedirse inmediatamente o porque es posible conseguir que el mal se corte y no vaya en aumento, y que el agresor sea sorprendido, visto en el momento de agredir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito, tal y como sucedió de acuerdo a los elementos aportados tanto en el asunto como en la audiencia celebrada. En consecuencia, de acuerdo a lo que consta en las presentes actuaciones, el presunto agresor fue aprehendido dentro del lapso de 24 horas que exige el segundo aparte del precitado artículo 93, constituyéndose así la aprehensión en flagrancia, tal y como fue precalificada por la representación fiscal y titular de la acción penal en esta audiencia oral. Se acuerda el procedimiento especial, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.. En cuanto a las medidas cautelares se acuerdan las contenidas en los ordinales 3° y 4° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales consisten en: La Presentación Periódica (CADA 30 DIAS) por ante el Departamento de Alguacilazgo a partir del día 10-01-12 y La Prohibición de salida de la Jurisdicción del estado Zulia sin la autorización del Tribunal. (DECLARANDO CON LUGAR LA SOLICITUD FISCAL Y SIN LUGAR LA SOLICITUD FORMULADA POR LA DEFENSA PÚBLICA EN CUANTO A QUE EL TRIBUNAL SE APARTARA DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA ESTABLECIDA EN EL ORDINAL 4 DEL ARTÍCULO 256 DE LA N.A.P., POR CUANTO LAS PRESENTACIONES PERIÓDICAS RESULTAN INSUFICIENTES PARA ASEGURAR LAS RESULTAS DEL PROCESO). En cuanto a las medidas de seguridad y protección solicitadas a los fines de salvaguardar la integridad física y psicológica de la mujer, su entorno familiar de forma expedita y efectiva, y de aplicación preferente, este Tribunal decreta las contenidas en los numerales: 5°, 6° y 13° del artículo 87 de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., consistentes en: ORDINAL 5.-Prohibir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida, en consecuencia no podrá acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida, ORDINAL 6.-Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia y ORDINAL 13: Presentarse por ante el Equipo Interdisciplinario adscrito a estos Tribunales Especializados, a partir del 10-01-12, a los fines de que se le practique la experticia BIO-PSICO-SOCIAL-LEGAL. ASI SE DECLARA

DISPOSITIVA:

Por las razones y los fundamentos antes expuestos, ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: El tribunal se acoge a la solicitud fiscal y declara con lugar la Aprehensión en Flagrancia de conformidad con lo establecido en el segundo aparte del articulo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., y se Decreta el PROCEDIMIENTO ESPECIAL, establecido en el artículo 94 ejusdem. SEGUNDO: SE DECRETAN MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en los ordinal: 3° y 4° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, a favor del ciudadano: C.J.V.H., de nacionalidad Venezolano, fecha de nacimiento 11/12/1968, de estado civil SOLTERO de profesión u oficio LATONERO AUTOMOTRIZ, quien manifestó ser portador de la cédula de identidad V.- 12.216.029, hijo de A.H. Y CARMELO VALESTRINI (DIF), con domicilio en: HATICOS POR ARRIBA INVASION NUEVA FUNDACION CALLE 125 CASA SIN NUMERO, TELEFONO: NO POSEE, referidas a: ORDINAL 3: La Presentación Periódica (CADA 30 DIAS) por ante el Departamento de Alguacilazgo a partir del día 10-01-12 y ORDINAL 4: La Prohibición de salida de la Jurisdicción del estado Zulia sin la autorización del Tribunal. (DECLARANDO CON LUGAR LA SOLICITUD FISCAL Y SIN LUGAR LA SOLICITUD FORMULADA POR LA DEFENSA PÚBLICA EN CUANTO A QUE EL TRIBUNAL SE APARTARA DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA ESTABLECIDA EN EL ORDINAL 4 DEL ARTÍCULO 256 DE LA N.A.P., POR CUANTO LAS PRESENTACIONES PERIÓDICAS RESULTAN INSUFICIENTES PARA ASEGURAR LAS RESULTAS DEL PROCESO). Por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA y AMENAZA, previstos y sancionados en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana E.L.. TERCERO: SE DECRETAN las MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD contenidas en los numerales: 5°,6° y 13° del artículo 87 de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., consistentes en: ORDINAL 5.-Prohibir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida, en consecuencia no podrá acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida, ORDINAL 6.-Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia y ORDINAL 13: Presentarse por ante el Equipo Interdisciplinario adscrito a estos Tribunales Especializados, a partir del 10-01-12, a los fines de que se le practique la experticia BIO-PSICO-SOCIAL-LEGAL. Ordenándose oficiar al Equipo Interdisciplinario Asimismo, se impone la obligación al imputado de autos de que en caso de que cambie de residencia y salida de la Jurisdicción del estado Zulia, debe informar por escrito al Tribunal, de conformidad con el artículo 260 de la N.A.P., CUARTO: Se proveen las copias solicitadas por Secretaría. QUINTO: Se ordena la L.I. del imputado de autos y se ordena oficiar al Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas el Marite. Se deja constancia que en esta acta se cumplieron con todas las formalidades de ley. LA JUEZA PRIMERA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS (S)

DRA. N.B.M.

EL SECRETARIO

ABOG. JULIO ARRIAS