Decisión nº 275-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 25 de Febrero de 2014
| Fecha de Resolución | 25 de Febrero de 2014 |
| Emisor | Tribunal Séptimo de Control |
| Ponente | Rómulo José GarcÃa Ruiz |
| Procedimiento | Revisión De Medida Cautelar |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL EL ESTADO ZULIA
JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL
Maracaibo, 25 DE Febrero de 2014.-
203° y 154°
RESOLUCIÓN N° 7C-275-14
Vista la solicitud presentada en fecha 24-02-2014 por parte del Abg. A.P., Defensor Público Trigésimo Penal, adscrito a la Unidad de Defensas Públicas Penales del Estado Zulia, obrando en su condición de defensor de las ciudadanas T.T.G.E., A.G.E., mediante la cual solicita la modificación de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, acordada por este tribunal en fecha 10-02-2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 242 numerales 8 del Código Orgánico Procesal Penal, por la caución juratoria, prevista en el artículo 245 ejusdem; este Tribunal realiza las siguientes consideraciones antes de resolver:
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DE LA SOLICITUD INCOADA POR LA DEFENSA DE AUTOS:
El Abg. A.P., Defensor Público Trigésimo Penal, adscrito a la Unidad de Defensas Públicas Penales del Estado Zulia, obrando en su condición de defensor de las ciudadanas T.T.G.E., A.G.E. solicitó entre otras cosas el examen y revisión de las Medidas Cautelares Sustitutivas a La Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con el articulo 242 ordinales 3° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal, que le fueron decretadas al ciudadano imputado en cuestión, toda vez que las mismas se han tornado de imposible cumplimiento para su defendido, no obstante, el nivel socioeconómico del mismo y de sus familiares hace inverosímil conseguir unas personas que cumplan como fiadores.
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DE LA MOTIVACIÓN DE ESTE TRIBUNAL PARA RESOLVER:
Estudiadas como han sido todas y cada una de las actas que conforman la presente investigación, de las mismas se desprende que la individualización de las imputadas de actas ante este tribunal, se produjo en fecha 10-02-2014, acto en el cual este tribunal 7° de Primera Instancia en Funciones de Control de este circuito decretó la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra de las imputadas T.T.G.E., A.G.E., por considerar que las mismas se encontraban presuntamente inmersos en la comisión de los delitos de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado en el articulo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en Gaceta Oficial No. 40340 de fecha 23 de enero de 2014 en concordancia con el articulo 56 de la referida ley que establece la figura de Desestabilización de la Economía; y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo ello en concordancia con el articulo 4 ejusdem; por cuanto la acción desplegada por los ciudadanos es un acto intencionado que tienen como finalidad perjudicar, intimidar, desestabilizar la estructura económica y social de la población y el país, delitos cometidos en perjuicio de la COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO VENEZOLANO, todo de conformidad con lo previsto en los articulo 242 ordinales 3 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal.
Posteriormente, luego la defensa publica en fecha 24-02-2014 solicito se le sustituya la medida dictada por ante este despacho, de conformidad con el articulo 242 ordinales 3° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que las mismas carecen de solvencia económica así como también se les imposibilita presentar fiadores a su favor.-
En tal sentido, es oportuno para este juzgador indicar que la defensa a los fines de justificar su solicitud, se enfoca en el principio de proporcionalidad de las medidas coercitivas de libertad, indicando que la medida aplicada no es proporcional a los delitos a él atribuidos, siendo que además, previamente la defensa alegó la imposibilidad de poder cumplir con el requerimiento de fianza, en virtud de que los imputados no consta con una seguridad económica y vive en condiciones perecederas, lo que hace imposible la presentación de alguna persona que cumpla ante este despacho como fiador del mismo.
Al respecto es menester para este juzgador señalar que el artículo 245 del texto adjetivo penal, establece taxativamente lo siguiente:
Artículo 259. Caución juratoria. El tribunal podrá eximir al imputado de la obligación de prestar caución económica cuando, a su juicio, éste se encuentre en la imposibilidad manifiesta de presentar fiador, o no tenga capacidad económica para ofrecer la caución, y siempre que el imputado prometa someterse al proceso, no obstaculizar la investigación y abstenerse de cometer nuevos delitos
. (Subrayado por el Tribunal).
Bajo tal presupuesto, es evidente que queda dentro del poder discrecional del juez, determinar si el imputado se encuentra o no en capacidad para cumplir con la obligación de fianza personal; sin embargo, tal discreción por encontrarnos dentro de un proceso garantista, debe ser convalidada con circunstancias de derecho reales y sustentadas en los diferentes principios y garantías procesales constitucionales amparadas en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, así como en aquellas circunstancias que envuelvan el entorno familiar, laboral y social del propio imputado, tales como arraigo, conducta predelictual, comportamiento durante el proceso, entre otros.
Dicho lo anterior, considera quien aquí resuelve, que los hechos aducidos por la defensa, determinan indudablemente, la incapacidad del mismo para poder sufragar el requisito de fianza personal a él impuesto, siendo que es una carga del imputado y de su defensa, producir elementos razonables y sustentables que determinen de manera irrefutable, tal incapacidad, aportando garantías que de alguna u otra forma hagan viable la fianza juratoria, tales como Carta de Trabajo del Imputado, C.d.R., o cualquier otro instrumento que genere confianza en el hecho de que la fianza juratoria es un aval suficiente para garantizar las resultas del proceso, lo cual efectivamente se ha producido el presente caso, donde además, pese a que el imputado se encuentra detenido desde el 10-02-2014, sin que hasta la fecha la Representación Fiscal haya interpuesto acto conclusivo alguno, existiendo circunstancias que establecen el cambio o la mutación de las razones que conllevaron a este tribunal a acordar la medida de fianza requerida.
Por tales razones, es procedente en el presente caso, declarar con lugar la solicitud interpuesta por el Abg. A.P., Defensor Público Trigésimo Penal, adscrito a la Unidad de Defensas Públicas Penales del Estado Zulia, obrando en su condición de defensor las ciudadanas T.T.G.E., A.G.E., mediante la cual solicita la modificación de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, acordada por este tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 242 numerales 3 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, por la caución juratoria, prevista en el artículo 245 ejusdem.
En tal sentido, dicha fianza sólo será ejecutada, una vez que el supra citado imputado, comparezca ante este tribunal y se comprometa mediante acta firmada, a no ausentarse de la jurisdicción del tribunal, ni cambiar de residencia sin autorización del mismo, y a presentarse ante la Oficina de Atención al Público, ubicada en Planta baja de esta sede, cada treinta (30) días contados a partir de su efectiva liberación. A tales efectos, el imputado se identificará plenamente, aportando sus datos personales, dirección de residencia, y el lugar donde debe ser notificado, asimismo, un número de teléfono en el cual pueda ser ubicado, para lo cual deberá ser trasladado desde el centro de Arrestos y Detenciones Preventivas “El Marite” hasta este despacho el día 26-02-2014 a las (09.00) minutos de la mañana.
DECISION.
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEPTIMO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la petición incoada en fecha 24-02-2014 por el Abg. A.P., Defensor Público Trigésimo Penal, adscrito a la Unidad de Defensas Públicas Penales del Estado Zulia, obrando en su condición de defensor de los ciudadanos T.T.G.E., A.G.E., mediante la cual solicita la modificación de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, acordada por este tribunal en fecha 10-02-2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 242 numerales 3 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, por la caución juratoria, prevista en el artículo 245 ejusdem. A tales efectos ofíciese al centro de Arrestos y Detenciones Preventivas “El Marite, a objeto de hacer efectivo el traslado hasta la sede de este despacho del imputado aquí referido para el día el día 26-02-2014 a las (09.00) minutos de la mañana.. Regístrese la presente decisión, Publíquese y Notifíquese. ASÍ SE DECIDE. --------
EL JUEZ SEPTIMO DE CONTROL,
DR. R.J.G.R.
LA SECRETARIA,
ABOG. L.N.R.
En esta misma fecha se dio cumplimiento a la presente decisión, se registra bajo el N° 275-2014.-
LA SECRETARIA,
ABOG. L.N.R.
RJGR/ALE
Causa No. 7C-30070-2014
