Decisión nº 051-10 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio. Sede Cabimas de Zulia (Extensión Cabimas), de 27 de Octubre de 2010
| Fecha de Resolución | 27 de Octubre de 2010 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio. Sede Cabimas |
| Ponente | Zulima Boscan Vásquez |
| Procedimiento | Fijación De Obligacion De Manutención |
Asunto No.: TI-2U-8528-09.-
Sent. Definitiva No.: JJ1-051-10.
Fecha:27-10-10.
Manutención
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SEDE CABIMAS
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO
Cabimas, 27 de octubre de 2010
200º y 151º
ASUNTO: TI-2U8528-09.
DEMANDANTE: T.M.R.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.721.921, domiciliada en el Municipio Cabimas del Estado Zulia.
ABOGADOS DE LA DEMANDANTE: A.G. DUNO, JORELITZE ISEA y YOANNY LIZARDO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 138.041, y con domicilio en el Municipio Cabimas del estado Zulia.
DEMANDADO: O.J.H., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.129.898, domiciliado en la carretera 2, Barrio La Peñita, número 21-47, del Municipio Guanare del Estado Zulia.
NIÑOS (AS): O.J. y OSMAILY COROMOTO H.R., de 15 y 13 años de edad.
MOTIVO: FIJACION DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN.
ADMISIÓN: 29 de junio de 2009.
SETENCIA: DEFINITIVA.-
Se inició este procedimiento por ante el extinto Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, Juez Profesional Unipersonal No. 02, cuando es presentado por el Apoderado Judicial de la ciudadana T.M.R.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.721.921, domiciliada en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, el Abogado en Ejercicio A.G., inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 138.041, y con domicilio en el Municipio Cabimas del estado Zulia, quien actúa en este acto por interés y en beneficio de sus hijos, los niños y/o adolescentes O.J. y OSMAILY COROMOTO H.R., para demandar por concepto de la Obligación de Manutención, al ciudadano: O.J.H., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.129.898, domiciliado en la carretera 2, Barrio La Peñita, número 21-47, del Municipio Guanare del Estado Portuguesa.
Se deja expresa constancia que se elabora la narrativa de este fallo atendiendo a lo establecido en el artículo 243, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil y a la interpretación que de esa norma ha hecho la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia.
En el escrito de demanda, el Apoderado Judicial de la actora alegó que, desde hace varios meses el Ciudadano, anteriormente identificado, irresponsablemente se ha desligado de la obligación de suministrarle a sus menores hijos sus alimentos, no aportando el dinero necesario para su manutención, negándose sustancialmente a cubrir las necesidades prioritarias tales como: Alimentación, Vestuarios, Educación, Habitación, Asistencia Medica entre otras; pese a las gestiones amigables realizadas por su representada, para que cumpla con el sagrado deber que como padre le corresponde; viéndose muchas veces en la necesidad de requerir de la ayuda económica de familiares, puesto que el salario que devenga no es suficiente para cubrir todas las necesidades que requieren sus menores hijos, aunado a esto la situación de no poseer vivienda propia y por ende cancelar cánones de arrendamiento mensual para ofrecer así una v.d. que le permitan un desarrollo integral de los niños. De igual manera el ciudadano antes identificado ha abandonado no sólo material sino también en lo espiritual y moral a sus menores hijos, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente…, ante su negativa en nombre de su representada procede a demandarlo por obligación de manutención.
Presentada la solicitud, correspondió por distribución conocer de la presente causa a este Tribunal, por lo que en fecha veintinueve (29) de junio del año 2009, se admitió la demanda ordenándose lo pertinente al caso, entre ello la citación personal del reclamado de autos y la notificación de la Fiscal Trigésima Sexta (36ª) del Ministerio Público del Estado Zulia.
Por auto de fecha veinte (20) de julio de 2009, se agregó a las actas del presente expediente, la Boleta de Notificación de la Fiscal Trigésima Sexta (36ª) del Ministerio Público del Estado Zulia, debidamente firmada.
Por auto de fecha quince (15) de abril de 2010, se agregó a las actas del presente expediente, comisión de citación del demandado, cumplida.
En fecha veintidós (22) de abril de 2010, día fijado para llevarse a efecto el Acto Conciliatorio entre las partes del presente juicio, se dejó constancia que no comparecieron las partes, ni por sí ni por medio de Apoderados Judiciales, por lo que se declaró Desierto el acto.
En fecha tres (03) de junio de 2010, compareció la Abogada Yoanny Lizardo en representación de la ciudadana T.M.R.C. y presentó diligencia.
En fecha veintiuno (21) de julio de 2010, en virtud de la resolución No. 2009-00045-B, de fecha 30 de Septiembre de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, fue suprimida la Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Cabimas, y creado el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Cabimas, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio, así como el señalado en el Nuevo Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Resolución que ordena en su artículo 4 ibidem, que los expedientes sean redistribuidos a través de la Unidad Receptora de Documentos (URDD) y por cuanto de la revisión del presente asunto se desprende que se encontraba en la etapa de transición, se acordó conforme a las normas de régimen procesal transitorio, establecido en el artículo 681, literal “c” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, continuar la tramitación del presente asunto por las normas de la Ley Orgánica para la Protección de Niño y del Adolescente de 2000, remitir el presente asunto a la URDD, para su redistribución.
Por auto de fecha Veintitrés (23) de Julio de 2010, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, redistribuyó el presente asunto asignándolo a este Tribunal, el cual se abocó al conocimiento en fecha Veintiséis (26) de Julio de 2010.
Cumplidas como han sido las formalidades legales, este Tribunal a los fines de dictar Sentencia, efectúa las siguientes consideraciones:
Para resolver, el Tribunal hace previamente las siguientes consideraciones: Dispone el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que: “La obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia médica, medicinas, recreación y deportes requeridos por el niño y el adolescente…”, asimismo, el artículo 366 de la citada Ley, establece que la obligación de manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aún cuando exista privación o extinción de la patria potestad o cuando no se tenga la guarda de los hijos.
Asimismo, para determinar si la solicitud de fijación de obligación de manutención es procedente o no, es necesario analizar las probanzas producidas por las partes y los demás recaudos que constan en actas.
Sin embargo, antes es conveniente señalar que la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional, han establecido que la obligación de manutención debe tender a proporcionar a los niños y/o adolescentes lo necesario para que se desarrollen en la plenitud de sus capacidades físicas, pero también que el Juez al fijarla debe tener en cuenta la capacidad económica del obligado. En consecuencia para determinar la capacidad económica, el Juez deberá estimar:
1) Los ingresos provenientes por concepto de sueldo, bonos, rentas, bienes muebles e inmuebles, etc.;
2) Los gastos necesarios para la propia existencia del individuo, alimentos, vestuarios, transporte, pago de servicios públicos, etc.;
3) Los descuentos o deducciones de carácter obligatorio impuesto sobre la renta, seguro social obligatorio, etc.;
4) La concurrencia demostrada de otros hijos, también menores y con iguales derechos.
En lo que respecta a las pruebas producidas por las partes, este Tribunal las analiza y valora de la siguiente manera:
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
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- A los folios dos (02) y cuatro (04) del presente asunto, riela copia certificada de las Partidas de nacimiento de los adolescentes O.J. y OSMAILY COROMOTO H.R., expedidas por las autoridades competentes del Registro Civil y en virtud de tratarse de documentos públicos, los aprecia esta sentenciadora como tales, conforme a los artículos 1359 y 1360 del Código Civil. De dichos documentos se infiere la filiación existente entre las partes de este proceso. ASI SE DECLARA.
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- A los folios doce (12) y trece (13) del presente asunto, riela copia certificada de contrato de arrendamiento suscrito entre las ciudadanas M.B.H.M. y T.M.R.C., expedidas por las autoridades competentes y en virtud de tratarse de documentos públicos, los aprecia esta sentenciadora como tales, conforme a los artículos 1359 y 1360 del Código Civil. De dichos documentos se infiere la relación de arrendadora y arrendataria que existe entre las mencionadas ciudadanas. ASI SE DECLARA.
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- Al folio dieciséis (16) del presente asunto corre inserta C.d.E., emitida por la U.E. “Jesús Aníbal Alfonzo”, de fecha cinco de mayo de 2009, mediante la cual hace constar que el alumno O.J.H.R., cursa estudios en esta institución, a la cual se le resta valor probatorio, por cuanto la información que contiene no fue ratificada en tiempo hábil por la autoridad respectiva, conforme a lo establecido en el Artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.-
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- Al folio diecisiete (17) del presente asunto corre inserta C.d.E., emitida por la U.E. “ EMERIO LUNAR GONZALEZ”, de fecha trece de mayo de 2009, mediante la cual hace constar que la alumna OSMAILY COROMOTO H.R., cursa estudios en esta institución, a la cual se le resta valor probatorio, por cuanto la información que contiene no fue ratificada en tiempo hábil por la autoridad respectiva, conforme a lo establecido en el Artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.-
PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA
La parte demandada no hizo uso del derecho de promoción y evacuación de pruebas, por lo que este Tribunal no tiene pruebas que valorar.
Hecho de esta manera el resumen de este procedimiento que hoy se decide, se procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, a dictar sentencia:
De acuerdo con lo solicitado y teniendo en cuenta que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece en su artículo 30 que:
Todos los niños y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende, entre otros el disfrute:
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Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y salud.
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Vestido apropiado al clima y que proteja la salud;
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Vivienda digna, segura, higiénica, y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales.
Parágrafo Primero: Los padres, representantes tiene la obligación principal de garantizar dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno y efectivo de este derecho...”
Igualmente establece en su artículo 366 que:
La Obligación de Manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoría de edad...
En este orden de ideas tenemos que el Código Civil establece en su artículo 282 que: “El padre y la madre están obligados a mantener, educar e instruir a sus hijos menores...”.
En virtud de lo anteriormente considerado, se concluye que ha quedado demostrado los supuestos de carácter sobrevivientes indispensables que debe tomar en cuenta el Juez para la fijación de la pensión alimentaria, por lo tanto, este Tribunal considera que procede la petición de Fijación de la Obligación de Manutención formulada por la ciudadana T.M.R.C., por lo que no habiendo demostrado el obligado alimentario cargas suficientes para suministrar la pensión alimentaria a sus hijos OSMAR y OSMAILY H.R., esta sentenciadora debe declarar con lugar la presente demanda, y por cuanto no consta en actas la capacidad económica del obligado se tendrá como referencia el monto del salario mínimo mensual establecido por el Ejecutivo Nacional. ASI SE DECIDE.-
En merito a las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: CON LUGAR la demanda por Fijación de Obligación de Manutención, intentada por la ciudadana: T.M.R.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.721.921, domiciliada en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, representada por los Abogados A.G. DUNO, JORELITZE ISEA y YOANNY LIZARDO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 138.041, 132.956 y 132.958, y con domicilio en el Municipio Cabimas del estado Zulia, en contra del ciudadano O.J.H., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.129.898, domiciliado en la carretera 2, barrio La Peñita, número 21-47, del Municipio Guanare del Estado Zulia, y en beneficio de los niños O.J. y OSMAILY COROMOTO H.R., en consecuencia y tomándose en consideración la capacidad económica del obligado, se establece por concepto de Obligación de Manutención en beneficio de las mencionadas adolescentes, lo siguiente:
Se fija como Obligación de Manutención mensual, la cantidad de cuatrocientos ocho bolívares (Bs.408,00), previéndose el ajuste automático y proporcional sobre el incremento que sufra el salario del trabajador en un Veinte por ciento (20%), teniéndose en cuenta el índice de la tasa de inflación determinada por el Banco Central de Venezuela, que deberá suministrar el obligado, dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes.
Se fija como pensión extraordinaria para satisfacer necesidades materiales y espirituales de las adolescentes de autos en Navidad y Año Nuevo, la cantidad de ochocientos dieciséis bolívares (Bs.816,00), la cual deberá suministrar el obligado dentro de los quince primeros días del mes de diciembre de cada año.
Se fija la cantidad de cuatrocientos ocho bolívares (Bs.408,00), a los fines de cubrir los gastos por concepto de útiles y uniformes escolares que anualmente requieran las adolescentes de autos, la cual deberá suministrar el obligado antes del inicio del año escolar.
Se insta al obligado a estar pendiente de las necesidades de su hijo, para mejorar la pensión fijada, todo dentro de lo que sus posibilidades económicas se lo permitan y en atención al alto costo de la vida, así como de cualquier gasto extraordinario no previsto en este fallo.
Se acuerda asimismo que el demandado deberá costear el cincuenta por ciento (50%) de los gastos de asistencia médica y de medicinas.
Se ordena que las cantidades fijadas en esta sentencia sean entregadas directamente y en las oportunidades señaladas por el ciudadano O.J.H. a la ciudadana T.M.R.C..
No se hace pronunciamiento sobre las costas procesales, debido a la naturaleza del procedimiento.
Déjese por secretaria copia certificada de este fallo conforme lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil artículo 1.384 del Código Civil y el artículo 72, ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
PUBLÍQUESE. INSÉRTESE. NOTIFÍQUESE.-
Dado, firmado y sellado en la Sala del Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZ PRIMERA DE JUICIO
ABOG. Z.B.V.
LA SECRETARIA
ABOG. LERIS CLAVEL DE FERRER
En la misma fecha anterior, siendo las 11:30 a.m, previo el anuncio de Ley a las puertas del Despacho, se dicto y publicó la Sentencia que precede, quedando inserta bajo el número JJ1- 051-10, en el libro respectivo.
LA SECRETARIA
ABOG. LERIS CLAVEL DE FERRER
ZBV/lcdef
