Decisión nº PJ0642011000105 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 21 de Junio de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia

Maracaibo, veintiuno de junio de dos mil once

201º y 152º

ASUNTO: VP01-R-2011-000179

DEMANDANTE: J.T., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 14.357.849, con domicilio en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

Procuradores de Trabajadores de la Parte Demandante: B.V., K.M., J.G., YETSY URRIBARRI, A.R., A.P., A.V., EDELYS ROMERO, K.R. E I.M. inscritos en el inpreabogado bajo los Nrosº 96.874, 79.842, 67.714, 105.484, 51.965, 105.261, 112.436, 112.536, 123.750 Y 36.202 respectivamente.

DEMANDADA: INDUSTRIAS JATU CONOCIDA PUBLICITARIAMENTE COMO ARROW.

Apoderados Judiciales de la parte Demandada: H.M., D.M., VICTORIA GRANADILLO, DUVRAZKA VILLASMIL, A.R., CARLOS MORELL Y M.H., inscritos en el inpreabogado bajo los Nrosº 14.695, 108.257, 140.200, 142.961, 23.529, 121.031 Y 129.554 respectivamente.

Motivo: PRESTACIONES SOCIALES Y ENFERMEDAD OCUPACIONAL.

Visto que antes de la celebración de la Audiencia de Apelación pautada para el día 16 de Junio de 2011 a las 10:30 a.m. por este Tribunal Superior Laboral, las partes intervinientes del proceso, solicitaron a este Despacho conversar con la Jueza a los fines de consignar Copia Certificada del Convenio celebrado entre las partes ante el Juzgado Duodécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia por la cantidad de Bs. 74.000,oo, en cheque de gerencia emitido a favor de la demandante junto con acta de audiencia oral de homologación de acuerdo reparatorio, en la que este Tribunal de Alzada ordenó agregar en actas como se refleja en el Acta de fecha 16 de Junio de 2011.

En este orden de ideas, corresponde a éste Tribunal verificar los términos del mencionado acuerdo de las partes, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículos 10 y 11 del Reglamento de dicha Ley, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente, no sin ante entender que es Transacción. Así se establece.

En los artículos 86 al 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (Gaceta Oficial No.5.453 del 24 de marzo del 2000, con enmienda No. 1 publicada en Gaceta Extraordinaria No.5.908 de fecha 19/02/2009), se consagran los principios rectores en materia del trabajo, siendo estos Principios: la Intangibilidad, Progresividad, Primacía de la Realidad de los Hechos sobre las Formas o Apariencias, la IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS AL TRABAJO y el principio pro operario (aplicación de la norma más favorable al trabajador).

De tal manera que, y en base a estos principios constitucionales, las disposiciones laborales se encuentran encuadradas dentro de los derechos de rango social, por lo que corresponde al Estado, el deber de velar por su cumplimiento, como garante y tutor de los derechos humanos fundamentales, procurando en todo momento que exista la equidad, en virtud que en los conflictos del trabajo, existen dos posiciones desiguales (empleador-trabajador), por lo que se constituyen la Legislación Laboral, en normas de orden público, con base al Principio Constitucional de la Irrenunciabilidad de los Derechos del Trabajador y concibiéndose a la relación laboral, como un estricto hecho social, objeto de una irrefutable protección o tutela del Estado.

Frente a esta situación real, en el presente asunto es preciso señalar que la transacción, en el Texto Constitucional, se sometió a rigurosos requisitos con el propósito de garantizar la irrenunciabilidad a los derechos laborales.

A partir de esta configuración conceptual, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ajustándose al criterio de la doctrina y jurisprudencia francesa, confirió validez a la transacción sólo al término de la relación laboral y, en efecto, ésta sólo puede perfeccionarse al concluir la relación de trabajo. Asimismo, y con la misma finalidad, asignó a la transacción solemnidades y requisitos que delegó en la ley especial correspondiente. Existiendo hoy en día un cambio, ya que el Constituyente, la legislación y la jurisprudencia venezolana anteriormente reconocían plena validez a la transacción realizada antes y durante la vigencia de la relación de trabajo.

Para algunos es una tesis rígida y restrictiva mientras para otros estudiosos del derecho, como el Maestro Mario de la Cueva, “se debe diferenciar el patrimonio humano del obrero, del otro patrimonio: el económico del empleador que, en toda transacción, define los alcances de los derechos que se cede al trabajador”.

En esa línea argumental, si bien la Constitución restringe la validez de las transacciones o resoluciones convencionales del proceso, sólo con la finalidad de proteger el débil jurídico, en este caso, el trabajador, para que éste tenga el alcance de analizar si le conviene o no ceder sus derechos a cambio de que la otra parte igualmente ceda concesiones de manera reciprocas, no es menos cierto que tales contratos bilaterales “Transacciones”, DEBEN concurrir con ciertos requisitos; abordemos entonces con la siguiente pregunta: ¿QUÉ ES LA TRANSACCIÓN LABORAL?

Dentro del derecho civil, la transacción es un contrato accesorio, resolutorio, consensual y bilateral. En el Derecho del Trabajo es, también, un contrato. Un acto bilateral mediante el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, dan por terminado un litigio pendiente o acuerdan prevenir un conflicto eventual.

Para Mario de la Cueva, la transacción laboral es absolutamente diferente al contrato contenido en el Derecho Civil. En efecto, para el tratadista mexicano, los patrimonios que en la relación de trabajo entran en juego, son totalmente distintos al ámbito del derecho privado. Uno es el patrimonio humano del trabajador (su energía humana) y el otro es un patrimonio económico (el del patrono) teñido de un interés metálico o de papel, grotescamente monetarizado.

Como bien lo expresara G.S., “la energía humana es un fluido que sale de cada hombre y de cada mujer en busca de una satisfacción que ambos necesitan para vivir, mientras que el otro patrimonio, el del patrono, nada tiene que ver con el ser físico y espiritual del empleador”.

Para De la Cueva, esa diferenciación constituye la última ratio de “la irrenunciabilidad de los derechos laborales” y, por ello, el gran maestro mexicano está en desacuerdo con la transacción como forma de dar por terminados los litigios laborales. En verdad, el contrato de transacción plantea un grave y serio conflicto con “la irrenunciabilidad de los derechos laborales”.

La jurisprudencia venezolana, vacila al momento de determinar los linderos legítimos entre la renuncia y la transacción. Ésta, ciertamente, equivale a una dejación de derechos. “Recíprocas concesiones” no quiere decir otra cosa que ceder derechos. Cede el empleador y cede el trabajador para ponerle fin a un conflicto o para evitar un litigio futuro, y esas flaquezas para apurar resultados, por parte del obrero, no tiene otro nombre que entrega y desistimiento de algunos derechos reales o presuntos.

Eminentes laboralistas, europeos y americanos, resienten la transacción laboral y no le asignan validez alguna. La niegan de pleno derecho. Para ellos, es nula y no produce efecto jurídico alguno. Para ellos, la transacción violenta la letra y el espíritu de la normativa laboral porque en el fondo de ella misma admite la irrenunciabilidad.

Se considera, en consecuencia, que la admisión de la transacción en el Derecho Laboral hace recaer en el trabajador una cápitis diminutio; una situación de inferioridad jurídica que ¡vaya contrasentido! es lo que la irrenunciabilidad se propone evitar. En efecto, el trabajador se enfrenta con un patrono, cuya resistencia en los litigios es mayor que la suya y cuya posición es absolutamente preponderante frente a él.

Una vez señalado lo referente a lo entendido como transacción, cabe preguntarse ¿Qué es homologación?

En primer término, nos referimos a la aprobación del funcionario público competente, esa aprobación u homologación es la confirmación que otorga el funcionario público competente a los actos de las partes con la finalidad de darles firmeza y, eventualmente, el carácter de cosa juzgada.

A los efectos, es preciso puntualizar que señala la legislación al respecto, según el Reglamento de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, ese funcionario competente puede ser un Juez o un Inspector del Trabajo. Uno u otro pueden homologar o rechazar la transacción que les fuere presentada. En el caso del Inspector del Trabajo -señala la norma- se puede dar a las partes un lapso para que subsanen los errores en el contrato antes de impartir la homologación. Tambien podría considerarse que el órgano jurisdiccional puede hacer uso de la misma facultad que se concede al funcionario administrativo. Así se establece.-

Debe existir en el documento, requisito para la validez de la transacción; que se especifiquen de manera inequívoca en el texto del documento que la contiene, los derechos que corresponden al trabajador para que éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que ésta produce. Así se establece.-

Así las cosas, establece la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social «Dr. G.C.» Honrando el pensamiento unificador del Dr. G.C.. Fundada por el Dr. Osvaldino Rojas Lugo. Presidente Internacional: Dr. Á.G.R.M.. Referido a la transacción laboral en Venezuela, que para que exista una transacción es necesario que concurran los requisitos, los cuales son seis (6):

1. - La transacción sólo es posible al término de la relación de trabajo: Esta tesis enarbolada por la doctrina y la jurisprudencia francesa, descansa sobre el falso argumento de que concluida la relación de trabajo, los actores de esa relación han recobrado a plenitud su independencia y ha cesado la subordinación y la inferioridad del trabajador respecto del patrono.

   Nuestra Sala de Casación Social agrega que, en verdad, “en ese momento ya no existe el peligro de que se modifiquen las condiciones mínimas de trabajo establecidas por el legislador y que, además, como parte económicamente débil, el trabajador es el mas interesado en poner término a un proceso judicial largo y costoso”. (Sentencia 397 del 6 de mayo de 2004).

   Se puede concluir, que con relación al cumplimiento del primer requisito examinado en el acuerdo suscrito por las partes del caso examinado, se cumple en virtud de la terminación de la relación laboral existiendo sentencia definitiva en el presente asunto, en la que fue presentado ante una Jurisdicción distinta a la laboral, vale decir, ante el Juzgado Duodécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. Así se establece.

2. - La transacción debe contener una relación circunstanciada de los hechos que la motiven.

   Este requisito ha sido también desarrollado por la Sala de Casación Social con base a los siguientes argumentos: “… la transacción se basa en recíprocas concesiones, no basta por ello que se la exprese de manera genérica… sino que es necesario que esa transacción sea circunstanciada, es decir, que especifiquen de manera inequívoca los hechos que la motivan, para que el trabajador pueda apreciar las ventajas y desventajas que ella le produce y valorar de esa forma que los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de algunas de las prestaciones que ha dejado de recibir”. (Sentencia 397 del 6 de mayo de 2004).

   Se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo contiene los hechos que la motivan, vale decir, que se efectúa tal transacción debido a que se está cancelando una cantidad superior a la condena que declaró el Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y en virtud de una causa por la comisión del delito de Lesiones Culposas gravísimas en contra de la demandante como victima. Así se establece.

3. - La transacción debe contener, igualmente, una relación circunstanciada de los derechos en ella comprendidos. De la misma manera como se circunstancian los hechos, deben discriminarse los derechos para que el trabajador evalúe y valore cuáles de esos derechos deja de lado.

   A este respecto se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo, se observa que se discrimina lo siguiente: El pago de la cantidad de Bs. 74.000,oo previo el consentimiento de la parte actora en el presente juicio y como victima en la causa que cursó ante el Juzgado Duodécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia por delito de lesiones culposas gravísimas, cheque éste signado con el Nro. 00000207 girado en contra del Banco Universal Bicentenario Avenida B.V. de fecha 04 de Mayo de 2011 como único pago a favor de la victima. Así se establece.

4. - La transacción debe versar sobre derechos litigiosos o discutidos. Es el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 9, el instrumento legal que establece el no reconocimiento de la transacción cuando ella verse sobre “derechos litigiosos o discutidos”. Este es el ya anunciado sofisma de los derechos indefinidos, aquellos que están por ser o no ser declarados jurisdiccional o administrativamente como válidos y ciertos.

   Con relación al cuarto (4to) de los requisitos, se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo, se observa el acuerdo del pago sobre la cantidad mayor a la condena así como los derechos discutidos en la jurisdicción laboral. Así se establece.

5. - La transacción debe hacerse constar por escrito. Este es un requisito formal, de absoluta solemnidad, que tiene por objeto fundar con prueba documental lo que las partes han convenido. En conclusión este requisito se cumple en el presente convenio, constante de tres (03) folios útiles, junto con un anexo, contentivo de 1 cheque de gerencia a favor de la demandante, por la cantidad de Bs.F 74.000,oo; además de ello se hace constar de conformidad con el articulo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, el convenimiento antes referido en el acuerdo reparatorio, en la que el imputado ciudadano J.S.M. ofreció a la victima ciudadana J.T., la cantidad de dinero antes señalada, por concepto de la indemnización establecida en el articulo 130 Numeral 3 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y todos los daños eventuales, daños morales y lucro cesante que pudieran habérsele causado de su relación laboral con la empresa Industrias Jatu S.A., asimismo se deja constancia de la aceptación de la oferta de indemnización, en la que acuerdan ambas partes satisfacer la pretensión impuesta en la sentencia de fecha 21 de marzo de 2011, dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia de juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Régimen Transitorio del Trabajo de esta Circunscripción. Igualmente se dejó constancia de que el Ministerio Publico no se opuso a que el acuerdo reparatorio sea homologado por el Tribunal Penal, ratificando la solicitud de sobreseimiento de la causa conforme al articulo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con lo establecido en el articulo 48 ordinal 6° ejusdem, por lo tanto se dio cumplimiento a su homologación, sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal y así se declaró. Así se establece.

6. - La transacción debe estar debidamente homologada por el Juez o el Inspector del Trabajo competente para que tenga efectos de cosa juzgada. La homologación, como ya lo advertimos anteriormente, es la confirmación que da el Juez o el Inspector del Trabajo al contrato de transacción, para asegurar su firmeza, su certeza jurídica y el carácter de cosa juzgada de dicho acto. Es, igualmente, un requisito de solemnidad.

   En este orden de ideas, este Tribunal de Alzada, de una revisión de las actas que conforman el presente asunto, al haber verificado los términos del mencionado acuerdo de las partes, y del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículos 10 y 11 del Reglamento de dicha Ley, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente, HOMOLOGA y/o declara la ratificación de la homologación impartida por el Tribunal Duodécimo en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia sobre el acuerdo transaccional de fecha once (11) de Mayo de 2011, así como la ratificación del sobreseimiento de la causa y todas y cada una de las partes en que convinieron las partes. Así se decide.

   Finalmente, este Juzgado Superior Laboral declara que de esta manera se concluye el litigio judicial en forma definitiva, a través de un medio alterno de resolución de conflictos en materia laboral y en materia penal como acuerdo reparatorio, sin la condena de costas, por haber resultado parcial la demanda. Así se decide.

   DECISIÓN

   Por lo expuesto, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, éste Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara: 1°) HOMOLOGADO el acuerdo transaccional celebrado entre la parte demandada INDUSTRIAS JATU S.A, y la ciudadana J.T. ante el Tribunal Duodécimo en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia como acuerdo reparatorio ante la materia penal y presentado ante este Tribunal Superior como medio de autocomposición procesal en materia laboral. 2º ORDENA la remisión del expediente al Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para los trámites procesales correspondientes al archivo del expediente. 3° NO HAY CONDENATORIA en costas procesales.-

   Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada por Secretaria.-

   En Maracaibo, a los veintiuno (21) días del mes de Junio de dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.-

   LA JUEZ SUPERIOR

   T.V.S.

   B.L.V.

   LA SECRETARIA

   En la misma fecha, se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las 3:13 p.m. de la tarde bajo el No. PJ0642011000105.-

   B.L.V.

   LA SECRETARIA